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Guía práctica

Proceso de lesividad en Costa Rica: plazos, requisitos y trámite

Cuándo puede la Administración pedir al juez que anule un acto que reconoció derechos, quién debe declararlo lesivo, los dos plazos de un año del Código Procesal Contencioso-Administrativo, qué pasa con lo ya pagado y cómo lo resuelven la Sala Primera y el Tribunal de Casación.

Por
Lic. Esteban Pérez Herrera
Más de 9 años en litigio contencioso-administrativo. Notario Público. Maestrando en Derecho Público (UCR).

El proceso de lesividad es el juicio en que la Administración demanda la nulidad de un acto propio que reconoció derechos a una persona. Antes de demandar, el superior jerárquico supremo debe declarar ese acto lesivo a los intereses públicos, económicos o de cualquier otra naturaleza, en una resolución fundada. Lo regulan los artículos 10.5, 34 y 39 del Código Procesal Contencioso-Administrativo (CPCA), y es la vía obligada siempre que la Administración quiera eliminar un acto favorable cuya nulidad no sea absoluta, evidente y manifiesta.

La figura pertenece al derecho administrativo. El «principio de lesividad» del derecho penal, que exige que el delito afecte un bien jurídico, es otra institución.

Esta guía explica cuándo procede, quién debe declarar la lesividad, los dos plazos de un año que la rigen, qué ocurre con lo que el administrado ya recibió y cómo resuelven estos procesos la Sala Primera y el Tribunal de Casación.


Por qué existe la lesividad

Un acto administrativo que reconoce derechos a una persona, como una pensión, un plus salarial, una concesión o un permiso, no puede ser desconocido después por la misma Administración que lo dictó. La Sala Constitucional llama a esa garantía intangibilidad de los actos propios y la deriva del artículo 34 de la Constitución, que prohíbe dar efecto retroactivo a la ley en perjuicio de derechos patrimoniales adquiridos o de situaciones jurídicas consolidadas. La regla quedó fijada en el voto 1994-002186, redactado por el magistrado Piza Escalante:

«el principio de intangibilidad de los actos propios, que tiene rango constitucional en virtud de derivarse del artículo 34 de la Carta Política, obliga a la Administración a volver sobre sus propios actos en vía administrativa, únicamente bajo las excepciones permitidas en los artículos 155 y 173 de la Ley General de la Administración Pública. Para cualquier otro caso, debe el Estado acudir a la vía de la lesividad, ante el juez de lo contencioso administrativo»

La Administración tiene, entonces, tres caminos para eliminar un acto favorable. Puede revocarlo por razones de oportunidad, conveniencia o mérito, con dictamen favorable de la Contraloría y la indemnización completa de los daños causados (artículos 152 a 155 de la Ley General de la Administración Pública, LGAP). Puede anularlo por sí misma si la nulidad es absoluta, evidente y manifiesta, con el procedimiento y el dictamen favorable del artículo 173. Y en todos los demás casos debe acudir al juez por medio de la lesividad. Las diferencias entre los grados de invalidez están en nuestra guía sobre nulidad absoluta y relativa del acto administrativo.

El tercer camino nació de un hueco que se advirtió al redactar la LGAP. En 1970, cuando Eduardo Ortiz Ortiz propuso limitar la anulación administrativa a la nulidad «evidente y manifiesta», Rodolfo Piza Escalante observó en la Comisión de Gobierno y Administración que «siempre quedaría un campo ahí de nadie, el caso de que haya nulidad absoluta pero no manifiesta y evidente» (sesión n.º 103, expediente 4118, folio 381). La ley lo cubrió extendiendo la lesividad a ese supuesto, y de ahí viene la fórmula del artículo 183.3: fuera de los casos del artículo 173, la Administración no puede anular de oficio los actos declaratorios de derechos, salvo por la vía del proceso de lesividad.

Para la Sala Primera, la lesividad funciona también como una garantía del administrado: la Administración no le impone la nulidad, sino que debe probarla ante un juez. De esa idea saca dos consecuencias que se verán más adelante, la prohibición de reclamarle daños al titular del derecho y la de pedir la lesividad por contrademanda. Lo dijo así en el voto 1692-F-S1-2012, redactado por el magistrado González Camacho:

«Se advierte que la pretensión indemnizatoria en un proceso de lesividad es improcedente, pues al constituir éste una garantía al administrado, resulta incompatible con el examen de extremos económicos de esa clase en su contra.»


Qué actos se pueden declarar lesivos

El artículo 10.5 del CPCA dice que la Administración podrá impugnar «un acto propio, firme y creador de algún derecho subjetivo, cuando el superior jerárquico supremo haya declarado, en resolución fundada, que es lesivo a los intereses públicos». Cada una de esas palabras tiene consecuencias.

Debe ser un acto propio. La Administración legitimada es la que dictó el acto. Un ente que considera ilegal el acto de otro no puede declararlo lesivo: si quiere anularlo, demanda por el proceso ordinario de nulidad, sin declaratoria previa. La Sala Primera lo resolvió en el voto 121-F-S1-2026, sobre una institución que pretendía declarar lesiva una resolución del Tribunal Fiscal Administrativo:

«De esta normativa se desprende que la Administración legitimada para accionar en un proceso de lesividad es, necesariamente, aquella que emitió el acto cuya nulidad se pretende, y que la autorización para demandar debe provenir de su jerarca superior mediante resolución fundada.»

Lo mismo aplicó en el voto 861-F-S1-2023, donde la Contraloría impugnaba actos de otras entidades.

Debe declarar derechos. Un acto de trámite no reconoce nada, de modo que basta con declarar lesivo el acto final (94-F-S1-2011). Y un acto favorable que la declaratoria no menciona queda fuera del proceso y sigue protegido (2401-F-S1-2020): la declaratoria fija el objeto de la demanda.

La nulidad no debe ser evidente y manifiesta, o la Procuraduría no debe haberla tenido por tal. Si la Administración pide el dictamen del artículo 173 y la Procuraduría o la Contraloría lo niegan porque el vicio no es evidente, la anulación administrativa queda cerrada y solo queda el juez. La Sala Constitucional lo explicó en el voto 2006-008960, todavía bajo la ley anterior al CPCA:

«Si el dictamen de la Procuraduría o de la Contraloría Generales de la República es desfavorable, en el sentido que la nulidad absoluta del acto administrativo no es evidente y manifiesta, la respectiva administración pública se verá impedida, legalmente, para anular el acto en vía administrativa y tendrá que acudir, irremisiblemente, al proceso ordinario contencioso administrativo de lesividad.»

Esa negativa de la Procuraduría no rebaja el vicio. En el voto 591-F-S1-2022, la Sala Primera explicó que la nulidad conserva su carácter absoluto aunque no sea evidente, y confirmó la anulación con efectos retroactivos de un plus salarial municipal por la vía de la lesividad.


Quién declara la lesividad

La ley confía la declaratoria al superior jerárquico supremo de la Administración autora del acto (artículo 34.1 del CPCA). La regla se completa con dos casos especiales: el Consejo de Gobierno declara la lesividad de los actos dictados por dos o más ministerios, o por estos con algún ente descentralizado, sin que pueda hacerlo un ministro de distinto ramo (artículo 34.3); y en los órganos con personalidad jurídica instrumental la declara el superior jerárquico supremo, y no el órgano mismo (artículo 34.4).

CompetenciaFigura 1

Quién declara la lesividad, según quién dictó el acto

La ley la confía al superior jerárquico supremo. Si la declara otro órgano, la demanda es inadmisible.

Acto dictado porDeclara la lesividad
Un ministerioEl ministro del ramo. La competencia es indelegable; solo puede delegarse la firma de una decisión que conste tomada por el ministro. CPCA, art. 34.1; LGAP, art. 89.3; PGR, C-005-2024
Un órgano desconcentrado del Poder Ejecutivo, aunque tenga personalidad jurídica instrumentalEl ministro al que pertenece. El órgano puede litigar, pero no declarar lesivos sus propios actos. CPCA, art. 34.4; PGR, OJ-137-2014 y C-071-2016
Dos o más ministerios, o un ministerio con un ente descentralizadoEl Consejo de Gobierno. No puede hacerlo un ministro de distinto ramo. CPCA, art. 34.3; Casación, 1-F-TC-2012; Sala Primera, 135-F-S1-2026
Una institución autónomaSu órgano superior, de ordinario la junta o el consejo directivo. En la CCSS, la Junta Directiva y no la gerencia. Sala Primera, 94-F-S1-2011; PGR, C-227-2016
Una municipalidadEl Concejo Municipal, nunca el alcalde. A la alcaldía le toca ejecutar el acuerdo y asegurar que se presente la demanda. PGR, C-259-2016 y C-247-2012
La Administración Tributaria, frente a un fallo del Tribunal Fiscal AdministrativoNecesita la autorización escrita del Ministerio de Hacienda, previo informe motivado y dictamen del órgano legal. Código de Normas y Procedimientos Tributarios, art. 165

En las universidades públicas y en el Poder Judicial, la Procuraduría identifica el órgano superior supremo a propósito de la anulación del artículo 173 de la LGAP: el Consejo Universitario, salvo que el estatuto disponga otra cosa para ciertas materias, y la Corte Plena (C-206-2014, C-106-2022 y C-293-2014).

Fuente: Código Procesal Contencioso-Administrativo, art. 34; Sala Primera y Tribunal de Casación Contencioso-Administrativo; Procuraduría General de la República, dictámenes y opiniones jurídicas citados.

El error de órgano se paga caro. La declaratoria es un presupuesto procesal, y el juez revisa de oficio si la emitió el órgano competente. En el voto 804-F-S1-2008, redactado por el magistrado González Camacho, la Sala Primera anuló de oficio una sentencia y declaró inadmisible la demanda porque el acto lo había dictado el Poder Ejecutivo y lo declaró lesivo solo el ministro. En la sentencia 1-F-TC-2012, el Tribunal de Casación invalidó las declaratorias separadas de un ministerio y de un ente descentralizado sobre una pensión, porque el acto era complejo y correspondía al Consejo de Gobierno; la Sala Primera mantuvo esa línea en el voto 135-F-S1-2026. Y la Procuraduría recoge sentencias del Tribunal Contencioso que declararon inadmisibles demandas del Estado porque quien resolvió la lesividad fue el viceministro y no la ministra, dado que esa competencia es indelegable (C-005-2024).


La declaratoria: qué debe contener y qué efectos tiene

El artículo 10.5 exige una resolución fundada. La Procuraduría ha precisado su contenido mínimo: debe identificar el acto concreto que se declara lesivo, el vicio que se le atribuye y el interés público que lesiona. En el dictamen C-107-2005 se negó a presentar la demanda de un ministerio porque la resolución solo afirmaba que, al no haberse encontrado una nulidad evidente y manifiesta, procedía la lesividad, «lo cual obviamente no constituye una debida y correcta fundamentación».

La declaratoria no requiere procedimiento ordinario ni audiencia previa al titular del derecho. La diferencia con el artículo 173 es deliberada: allí la Administración anula por sí misma y debe oír antes al interesado; aquí solo decide acudir al juez, y es en el proceso donde el administrado se defiende. Lo sostienen la Procuraduría (C-259-2016 y C-251-2016) y el Tribunal Contencioso Administrativo, que en la sentencia 2025-009528 de su Sección Octava resolvió que la declaratoria «no requiere audiencia previa al tercero, pues su derecho de defensa y contradictorio se garantiza plenamente dentro del subsiguiente proceso judicial». La Sala Constitucional, por su parte, rechaza los amparos contra la apertura de una lesividad, porque «la instauración de un proceso judicial, en sí misma, no es una sanción» (voto 2020-002148).

La declaratoria tampoco anula ni suspende el acto. Es un presupuesto para demandar, y el acto declarado lesivo sigue produciendo efectos hasta que el juez decida. Así lo precisó la Procuraduría en el dictamen C-108-2005:

«Puesto que la declaratoria de lesividad es un presupuesto procesal, se sigue como lógica consecuencia, que no tiene efecto sobre la eficacia del acto que se declara lesivo. En ese sentido, la declaratoria de lesividad no anula el acto declarativo ni tiene como efecto su suspensión.»

Si la Administración quiere detener un pago o una obra mientras litiga, debe pedir una medida cautelar dentro del proceso (artículos 19 a 30 del CPCA). Esa suspensión cautelar, a su vez, no hace cesar los efectos del acto para el cómputo de los plazos (591-F-S1-2022).


Los plazos: un año para declarar y un año para demandar

La lesividad tiene dos plazos sucesivos, y confundirlos es la causa más frecuente de que la demanda muera antes de discutirse el fondo.

El primero es para declarar el acto lesivo: un año, «contado a partir del día siguiente a aquel en que haya sido dictado» (artículo 34.1). Corre desde el dictado del acto y no desde su notificación, como precisó la Procuraduría en el dictamen C-293-2014.

El segundo es para demandar: un año desde el día siguiente a la firmeza del acto que declara la lesividad (artículo 39.1.e). Se cuenta de fecha a fecha, según el calendario: el Tribunal de Casación resolvió que un año que empezó a correr el 4 de abril vencía el 4 de abril siguiente (181-F-TC-2024), y si el último día es inhábil se prorroga al siguiente hábil (167-F-TC-2022).

Los dos son plazos de caducidad: no se interrumpen y el juez puede declararlos de oficio. En la sentencia 2026-001527, el Tribunal Contencioso declaró inadmisible una demanda de lesividad porque la declaratoria se había dictado fuera del año. Las reglas generales de la caducidad en el contencioso están en nuestra guía de plazos para demandar al Estado.

La excepción de la nulidad absoluta de efectos continuados

El artículo 34.1 permite declarar la lesividad después del año si el acto contiene vicios de nulidad absoluta: en ese caso, la declaratoria puede hacerse «mientras perduren sus efectos», el año corre desde que cesan y la sentencia anula el acto «únicamente, para fines de su anulación e inaplicabilidad futura».

La excepción exige dos condiciones a la vez: nulidad absoluta y efectos que se prolonguen en el tiempo. Si la nulidad es relativa, la declaratoria fuera del año es extemporánea aunque los efectos continúen; y si el acto es de efecto instantáneo, el año corre desde su dictado aunque el vicio sea grave.

La Sala Primera ha trazado la frontera caso por caso. Son de efecto continuado los pluses salariales y las exoneraciones que se aplican mes a mes. Sobre un plus de prohibición pagado a un funcionario municipal, dijo: «Este es un clásico ejemplo de acto administrativo de efecto continuado» (788-F-S1-2021), y en el voto 591-F-S1-2026, por mayoría, que un beneficio salarial produce consecuencias «mes a mes, mientras subsista el vínculo laboral o hasta que medie su supresión formal». En cambio, son de efecto instantáneo la resolución que declara prescrita una deuda, que extingue la obligación en el acto (165-F-S1-2020), y la licencia de construcción: «En el caso del permiso de construcción, como bien señaló la Jueza Tramitadora, el efecto es inmediato» (264-F-TC-2020).

La Sala Constitucional avaló esta regla en el voto 2017-015945, al declarar sin lugar una acción contra el artículo 34.1. Cuatro magistrados la consideraron una solución intermedia y los otros tres dieron razones diferentes. La sentencia, redactada por el magistrado Estrada Navas, la describe así:

«El sistema escogido por el legislador en este caso, es intermedio en el sentido que no cohonesta la firmeza y eficacia definitiva de actos nulos, que devinieron inimpugnables, pero tampoco genera la incertidumbre de que cualquier acto administrativo firme pueda ser anulado en cualquier momento.»

Dominio público: sin plazo

«La lesividad referente a la tutela de bienes del dominio público no estará sujeta a plazo» (artículo 34.2). La excepción protege bienes que son inalienables e imprescriptibles, pero exige demostrar que el bien concreto es demanial. En el voto 799-F-S1-2013, la Sala Primera aplicó la regla a un lote con manglar e ingreso de la marea, parte de la zona pública de la zona marítimo terrestre, y la negó para otro terreno de la misma institución, porque «no es posible considerar que todo fundo adquirido por el IDA constituye un bien del dominio público». En el voto 1123-F-S1-2015 la aplicó a un terreno con cobertura boscosa del patrimonio natural del Estado.

Materia tributaria

El artículo 41.2 del CPCA somete los procesos tributarios, «incluso el proceso de lesividad», al plazo de prescripción del derecho de fondo, que en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios es por regla general de cuatro años. La duda es si esa regla alcanza también al año para declarar la lesividad. La Sala Primera sostiene por mayoría que no: el artículo 41 modifica el plazo para demandar y deja intacto el año del artículo 34.1 (165-F-S1-2020, 1225-F-S1-2022 y 2418-F-S1-2022, todos con voto salvado de la magistrada Rojas Morales). La línea no es pacífica: el Tribunal de Casación resolvió lo contrario, también por mayoría, en la sentencia 269-F-TC-2020, y la propia Sala, en el voto 211-F-S1-2024, redactado por la magistrada Rojas Morales, aplicó el artículo 41.2 también a la declaratoria; cuatro meses después, el voto 911-F-S1-2024 volvió a la tesis de mayoría.

Cuando lo que se impugna es un fallo del Tribunal Fiscal Administrativo, la Administración Tributaria necesita además la autorización escrita del Ministerio de Hacienda, previo informe motivado y dictamen del órgano legal (artículo 165 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios).


Qué pasa con la sentencia: retroactividad y dinero recibido

La nulidad declarada en un proceso de lesividad tramitado dentro del año del artículo 34 tiene efectos retroactivos (artículo 39.2). Si la declaratoria se hizo después, al amparo de la nulidad absoluta de efectos continuados, el acto se anula solo hacia el futuro (artículo 34.1).

Esa diferencia decide qué pasa con lo que el titular ya recibió. Con nulidad retroactiva, la Sala Primera ordena restablecer la situación anterior: reintegrar lo pagado en ejecución del acto nulo y traerlo a valor actual, sin intereses, que serían una indemnización. Pero el reintegro depende de la buena fe del titular, que la Sala examina conforme al artículo 171 de la LGAP; en el voto 1692-F-S1-2012, sobre una pensión obtenida con certificaciones falsas, ordenó devolver los montos indexados desde que la titular fue notificada del proceso penal. Con nulidad solo hacia el futuro, lo recibido queda a salvo y la buena fe deja de importar, como explicó la Sala Primera en el voto 00004-F-S1-2022:

«a este caso en concreto corresponde la aplicación de norma especial, específicamente el artículo 34 del Código Procesal Contencioso Administrativo, lo que hace irrelevante el análisis de la buena fe en los términos del numeral 171 de la LGAP, en razón de que la declaratoria se hace sin efectos retroactivos.»


Cómo se tramita el proceso

Desde 2008 la lesividad sigue la demanda común del Código. La exposición de motivos del proyecto explicó que se eliminaban los escritos de interposición y los edictos de la ley anterior, y que la lesividad permanecía «como mecanismo especial y reforzado para la pretensión anulatoria de los actos propios declaratorios de derechos subjetivos» (expediente 15.134). La demanda debe acompañarse de la declaratoria, y el juez de trámite puede declarar inadmisible la demanda si esta no cumple sus condiciones, según la sentencia 260-2012-VI del Tribunal Contencioso citada por la Procuraduría en el dictamen C-120-2017. Las etapas del proceso están explicadas en cómo demandar al Estado.

Quién demanda. Si el acto es del Estado, lo representa la Procuraduría General de la República (artículo 16 del CPCA); los entes descentralizados, incluidas las municipalidades, demandan por sí mismos (C-259-2016). La decisión de declarar la lesividad y de demandar es de la Administración activa, y la Procuraduría no la toma por ella (C-247-2012), aunque, como representante del Estado, puede negarse a presentar una demanda caduca o mal fundada, como hizo en el dictamen C-107-2005.

A quién se demanda. A las personas que derivaron derechos del acto, que son parte demandada por el artículo 12.3 del CPCA.

Lo que no se puede pedir. La pretensión de lesividad no puede deducirse por la vía de la contrademanda (artículo 34.5 del CPCA y 173.7 de la LGAP). Si una persona demanda a la Administración y esta cree que el acto favorable que se le reclama es nulo, no puede pedir su anulación en la contestación: debe seguir su propio cauce, sea el artículo 173 o la lesividad (1308-F-S1-2014 y 361-F-S1-2021). Al presentar el anteproyecto ante la Corte Plena en 2002, la comisión redactora explicó por qué: la declaratoria requiere un proceso interno de la Administración que no se cumpliría en una contrademanda. Tampoco cabe pedir al administrado una indemnización por el acto anulado (1692-F-S1-2012).

La sentencia de primera instancia puede llevarse a la Sala Primera por medio del recurso de casación.


De cuatro años a uno: la historia del artículo 34

Hasta 2007 regía la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 1966, con un régimen muy distinto: cuatro años para declarar la lesividad y apenas dos meses para demandar. El CPCA invirtió la proporción.

Reforma de 2008Figura 2

La lesividad antes y después del Código Procesal Contencioso-Administrativo

El Código acortó el plazo para declarar y alargó el plazo para demandar.

AspectoLey Reguladora (1966-2007)CPCA (desde 2008)
Plazo para declarar la lesividadCuatro años desde que se dictó el acto (art. 35.1).Un año desde el día siguiente al dictado; con nulidad absoluta, mientras perduren sus efectos, y la sentencia anula solo hacia el futuro (art. 34.1).
Dominio públicoSin regla propia.La lesividad que tutela bienes del dominio público no está sujeta a plazo (art. 34.2).
Plazo para demandarDos meses desde el día siguiente a la declaratoria (art. 37.3).Un año desde el día siguiente a la firmeza de la declaratoria (art. 39.1.e).
Quién declaraEl órgano superior de la jerarquía administrativa que dictó el acto (art. 10.4).El superior jerárquico supremo; el Consejo de Gobierno en actos de varios ministerios o de un ministerio con un ente descentralizado (arts. 10.5 y 34.3-4).
Efectos de la sentenciaSin regla en la ley.Retroactivos si la lesividad se tramitó dentro del año del art. 34; solo hacia el futuro en la nulidad absoluta de efectos continuados (arts. 39.2 y 34.1).
Forma de iniciar el procesoDemanda directa con el expediente y la certificación de la declaratoria (art. 36.4).La demanda común del Código, sin escrito de interposición previo.

Fuente: Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, Ley N.° 3667, en su última versión; Código Procesal Contencioso-Administrativo, Ley N.° 8508.

El año para declarar fue polémico. En la Comisión de Asuntos Jurídicos, la diputada Emilia Rodríguez Arias preguntó a los magistrados que presentaban el proyecto: «¿Porqué a un plazo tan corto de un año?». El magistrado Óscar González Camacho, que coordinó la comisión redactora del Código, respondió con la simetría entre las partes (sesión n.º 20, 30 de agosto de 2005):

«El plazo anual, es un plazo genérico, que se ha optado o que se ha adoptado, para la impugnación de los actos, de parte del administrador. Es decir, el administrado goza con un plazo anual, para la impugnación de la decisión pública; igual plazo por tanto, estamos concediendo a la Administración, para que revierta, por invalidez, el acto a través del mecanismo de lesividad.»

El magistrado Ernesto Jinesta Lobo contó en la misma sesión que la comisión había pensado «originalmente» en el plazo cuatrienal, y que la Procuraduría «mantuvo la tesis de que de alguna forma, había que fijar, por razones de seguridad jurídica un plazo y se trató de estandarizar en un año». La Procuraduría, sin embargo, había advertido el costo meses antes en la subcomisión: «normalmente, la Administración tarda más de un año en darse cuenta de que tiene un acto absolutamente nulo», dijo la procuradora general Ana Lorena Brenes Esquivel (acta n.º 14, 30 de marzo de 2005, folio 949). La respuesta del Código fue la excepción de la nulidad absoluta de efectos continuados.

Las dos reglas que completan el régimen salieron de la subcomisión. El cómputo del plazo para demandar desde la firmeza de la declaratoria (artículo 39.1.e) lo propuso el magistrado González Camacho para dar certeza: «En materia tributaria hemos tenido serios problemas» (acta n.º 13, 30 de marzo de 2005, folios 928 a 930). Y la retroactividad de la nulidad obtenida dentro del año (segunda oración del artículo 39.2) se aprobó en el acta n.º 14, también a propuesta suya, después de que la procuradora Brenes Esquivel observara que el artículo 34 no lo decía. En 2006, la comisión rechazó por 6 votos contra 2 una moción para añadir los intereses «ambientales» a los que puede lesionar el acto; el texto quedó con la fórmula «públicos, económicos o de cualquier otra naturaleza» (sesión n.º 38, 21 de marzo de 2006).


Normativa
  1. Código Procesal Contencioso-AdministrativoLey N.° 8508, arts. 10.5, 12.3, 16, 34, 39.1.e, 39.2 y 41.2
  2. Ley General de la Administración PúblicaLey N.° 6227, arts. 89.3, 171, 173 y 183
  3. Código de Normas y Procedimientos TributariosLey N.° 4755, art. 165
  4. Código Procesal CivilLey N.° 9342, art. 30.5 (cómputo de los plazos por años)
  5. Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-AdministrativaLey N.° 3667, arts. 10.4, 35, 36.4 y 37.3, derogada por el CPCA
Jurisprudencia
  1. Voto 1994-002186Sala Constitucional04-05-1994IntangibilidadLa intangibilidad de los actos propios deriva del art. 34 de la Constitución; fuera de los arts. 155 y 173 de la LGAP, el Estado debe acudir a la lesividad.
  2. Voto 2006-008960Sala Constitucional23-06-2006Lesividad y art. 173Si el dictamen de la Procuraduría o de la Contraloría es desfavorable, la Administración no puede anular en sede administrativa y debe ir a la lesividad.
  3. Voto 804-F-S1-2008Sala Primera04-12-2008Órgano incompetenteLa declaratoria emitida por un órgano incompetente es absolutamente nula; como presupuesto procesal, se revisa de oficio y la demanda es inadmisible.Redactó el magistrado González Camacho.
  4. Voto 94-F-S1-2011Sala Primera03-02-2011Superior jerárquico supremoEn la CCSS declara la Junta Directiva; basta declarar lesivo el acto final y no los de trámite.
  5. Sentencia 1-F-TC-2012Tribunal de Casación Contencioso-Administrativo12-01-2012Consejo de GobiernoEn un acto complejo de un ministerio y un ente descentralizado declara el Consejo de Gobierno; las declaratorias separadas son inválidas.Redactó el magistrado González Camacho.
  6. Voto 1692-F-S1-2012Sala Primera13-12-2012Efectos y reintegroLa lesividad es garantía del administrado: no cabe condenarlo a indemnizar, pero la nulidad absoluta obliga a reintegrar lo pagado e indexarlo, según su buena fe.Redactó el magistrado González Camacho.
  7. Voto 799-F-S1-2013Sala Primera25-06-2013Dominio públicoUn lote con manglar en la zona pública de la ZMT es demanial y su lesividad no tiene plazo; un fundo del IDA no es demanial por el solo hecho de serlo.
  8. Voto 2017-015945Sala Constitucional04-10-2017Constitucionalidad del art. 34.1Declara sin lugar la acción contra el art. 34.1: la lesividad mientras perduren los efectos, con anulación solo hacia el futuro, es una vía intermedia válida.
  9. Voto 165-F-S1-2020Sala Primera14-01-2020Materia tributariaPor mayoría: la prescripción del art. 41.2 rige el plazo para demandar, no el año para declarar la lesividad.
  10. Voto 1967-F-S1-2020Sala Primera03-06-2020CaducidadPor mayoría: caducó la potestad de declarar lesivo un acto de 2009 declarado así en 2013.
  11. Voto 2401-F-S1-2020Sala Primera08-10-2020Objeto de la declaratoriaUn acto favorable no comprendido en la declaratoria de lesividad sigue protegido por la intangibilidad de los actos propios.
  12. Sentencia 264-F-TC-2020Tribunal de Casación Contencioso-Administrativo10-12-2020Efecto instantáneoLa licencia de construcción produce efecto inmediato; su lesividad declarada después del año caducó.
  13. Sentencia 269-F-TC-2020Tribunal de Casación Contencioso-Administrativo15-12-2020Materia tributariaPor mayoría y en sentido opuesto al de la Sala Primera: el art. 41.2 también alcanza la declaratoria de lesividad.
  14. Voto 361-F-S1-2021Sala Primera18-02-2021ContrademandaLa pretensión de lesividad no puede deducirse por contrademanda; el demandado que quiere una pretensión propia debe contrademandar.
  15. Voto 788-F-S1-2021Sala Primera08-04-2021Efecto continuadoEl plus salarial es un clásico acto de efecto continuado; el año corre desde que la Administración ordena el cese del pago.
  16. Voto 00004-F-S1-2022Sala Primera13-01-2022Nulidad hacia el futuroDeclarada la lesividad fuera del año en un acto de efectos continuados, la nulidad vale solo hacia el futuro y la buena fe deja de incidir.
  17. Voto 10-F-S1-2022Sala Primera13-01-2022Efecto continuadoDistingue el año para declarar (art. 34.1) del plazo para demandar y anula la caducidad declarada de oficio sobre un incentivo salarial.
  18. Voto 591-F-S1-2022Sala Primera10-03-2022Lesividad y art. 173La negativa de la Procuraduría a dictaminar no vuelve relativa la nulidad; la suspensión cautelar del pago no hace cesar los efectos del acto.
  19. Voto 1225-F-S1-2022Sala Primera26-05-2022Dos plazosPor mayoría: el art. 41 es excepción al art. 39, no al año del art. 34.1.
  20. Sentencia 167-F-TC-2022Tribunal de Casación Contencioso-Administrativo12-08-2022CómputoEl año corre de fecha a fecha y, si vence en día inhábil, se prorroga al siguiente hábil.
  21. Voto 2418-F-S1-2022Sala Primera03-11-2022Materia tributariaPor mayoría, reitera que la declaratoria tributaria también está sujeta al año del art. 34.1.
  22. Voto 211-F-S1-2024Sala Primera07-03-2024Materia tributariaSin voto salvado, aplica el art. 41.2 también a la declaratoria de lesividad y acoge la demanda del Estado.
  23. Voto 911-F-S1-2024Sala Primera10-07-2024Materia tributariaPor mayoría, vuelve a sujetar la declaratoria al año del art. 34.1.
  24. Sentencia 181-F-TC-2024Tribunal de Casación Contencioso-Administrativo12-12-2024CómputoLos plazos por años se cuentan de fecha a fecha: el año que empieza el 4 de abril vence el 4 de abril siguiente.
  25. Sentencia 2025-009528Tribunal Contencioso Administrativo, Sección VIII30-09-2025Audiencia previaLa declaratoria de lesividad no requiere audiencia previa; la defensa se ejerce en el proceso judicial.
  26. Voto 121-F-S1-2026Sala Primera22-01-2026Solo actos propiosSolo la Administración autora puede declarar lesivo un acto; para anular el de otro ente se usa el proceso ordinario de nulidad.
  27. Voto 135-F-S1-2026Sala Primera22-01-2026Consejo de GobiernoPor mayoría: si intervienen un órgano ministerial y un ente descentralizado, declara el Consejo de Gobierno.
  28. Sentencia 2026-001527Tribunal Contencioso Administrativo09-03-2026CaducidadDeclara inadmisible la demanda por haberse declarado la lesividad fuera del año; la declaratoria no exige audiencia previa.
  29. Voto 591-F-S1-2026Sala Primera23-04-2026Efecto continuadoPor mayoría: el plus salarial produce efectos mes a mes; el año del art. 34.1 no corre desde su dictado.
  30. Voto 1016-F-S1-2026Sala Primera22-07-2026NaturalezaLa lesividad es una excepción a la intangibilidad de los actos propios, sujeta a los límites del art. 34.
Procuraduría General de la República
  1. Dictamen C-107-200509-03-2005 · La Procuraduría se niega a demandar una lesividad caduca y sin motivación
  2. Dictamen C-108-200511-03-2005 · La declaratoria es un presupuesto procesal: no anula ni suspende el acto
  3. Dictamen C-247-201218-10-2012 · Declarar la lesividad y demandar compete a la Administración activa
  4. Dictamen C-293-20142014 · Los dos plazos: un año desde la emisión del acto y un año para demandar
  5. Opinión jurídica OJ-137-201427-10-2014 · El órgano con personalidad instrumental no declara la lesividad de sus actos
  6. Dictamen C-071-201612-04-2016 · La competencia es del ministro, no del órgano desconcentrado
  7. Dictamen C-227-201602-11-2016 · El ente autónomo declara y demanda por sí mismo; no hay dictamen previo de la Procuraduría
  8. Dictamen C-251-201628-11-2016 · Basta la declaratoria fundamentada, sin procedimiento ordinario previo
  9. Dictamen C-259-201605-12-2016 · En las municipalidades declara el Concejo, nunca el alcalde
  10. Dictamen C-005-202425-01-2024 · La competencia del ministro es indelegable; la firma sí puede delegarse
Antecedentes legislativos
  1. LGAP, Comisión de Gobierno y Administración, sesión n.º 103Abril de 1970, expediente 4118, folio 381 · Piza Escalante y la nulidad absoluta no manifiesta
  2. Corte Plena, sesión n.º 28-2002, artículo XXIV24-06-2002 · La prohibición de la lesividad por contrademanda
  3. CPCA, subcomisión del expediente 15.134, acta n.º 1330-03-2005, folios 928 a 930 · Origen del art. 39.1.e
  4. CPCA, subcomisión del expediente 15.134, acta n.º 1430-03-2005, folio 939 · Origen de la segunda oración del art. 39.2
  5. CPCA, Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, sesión n.º 2030-08-2005 · El plazo de un año para la lesividad

Textos normativos: SINALEVI y bases GC, versión vigente al 28 de octubre de 2026. Jurisprudencia: Nexus del Poder Judicial; dictámenes: SINALEVI. Cotejo al 28 de octubre de 2026.

Preguntas frecuentes

¿Qué es el proceso de lesividad en Costa Rica?

Es el proceso contencioso-administrativo en que la Administración demanda la nulidad de un acto propio que reconoció derechos a una persona. Antes de demandar, el superior jerárquico supremo debe declarar el acto lesivo a los intereses públicos, económicos o de otra naturaleza en una resolución fundada (artículos 10.5 y 34 del Código Procesal Contencioso-Administrativo). Es la vía obligada cuando la nulidad no es absoluta, evidente y manifiesta, porque en ese caso la Administración no puede anular el acto por sí misma.

¿Cuál es el plazo para declarar la lesividad de un acto administrativo?

Un año, contado desde el día siguiente a aquel en que se dictó el acto (artículo 34.1 del CPCA). Si el acto tiene un vicio de nulidad absoluta y sus efectos continúan, la declaratoria puede hacerse mientras perduren y el año corre desde que cesan, pero la sentencia lo anulará solo hacia el futuro. La lesividad que tutela bienes del dominio público no está sujeta a plazo (artículo 34.2).

¿Cuánto tiempo tiene la Administración para presentar la demanda de lesividad?

Un año desde el día siguiente a la firmeza del acto que declara la lesividad (artículo 39.1.e del CPCA). Son dos plazos distintos y sucesivos: el primero para declarar y el segundo para demandar. En materia tributaria el plazo para demandar es el de prescripción del tributo (artículo 41.2), aunque la Sala Primera sostiene, por mayoría y con algún voto en contrario, que el año para declarar la lesividad no cambia.

¿Quién declara la lesividad?

El superior jerárquico supremo de la Administración que dictó el acto: el ministro en un ministerio, aun respecto de sus órganos desconcentrados; el Consejo de Gobierno cuando el acto es de dos o más ministerios o de un ministerio con un ente descentralizado; la junta o el consejo directivo en las instituciones autónomas, y el Concejo Municipal en las municipalidades. Si la declara un órgano incompetente, la declaratoria es nula y la demanda inadmisible.

¿Hay que dar audiencia al interesado antes de declarar la lesividad?

No. La Procuraduría y el Tribunal Contencioso Administrativo coinciden en que la declaratoria no exige procedimiento ordinario ni audiencia previa, porque solo abre el proceso judicial y la defensa se ejerce ante el juez. Sí debe ser una resolución fundada que identifique el acto, el vicio y el interés público lesionado.

¿La declaratoria de lesividad suspende el acto o el pago?

No. La declaratoria es un presupuesto procesal: no anula el acto ni lo suspende, y el acto sigue produciendo efectos hasta la sentencia. Si la Administración quiere frenarlos mientras litiga, debe pedir una medida cautelar dentro del proceso.

¿Qué pasa con el dinero recibido si el juez anula el acto?

Depende del plazo y de la buena fe. Si la lesividad se tramitó dentro del año del artículo 34, la nulidad tiene efectos retroactivos y procede el reintegro de lo pagado, indexado y sin intereses, según la buena fe del titular. Si se declaró después, porque el acto era absolutamente nulo y de efectos continuados, la nulidad vale solo hacia el futuro y no se devuelve lo ya recibido. En el proceso de lesividad no cabe condenar al administrado a indemnizar.

¿Cuál es la diferencia entre la lesividad y la anulación del artículo 173?

El artículo 173 de la LGAP permite a la Administración anular por sí misma un acto que reconoció derechos cuando la nulidad es absoluta, evidente y manifiesta, después de un procedimiento ordinario con audiencia y con dictamen favorable de la Procuraduría o de la Contraloría. Cuando la nulidad no es evidente, o el dictamen es desfavorable, solo queda la lesividad: la Administración declara el acto lesivo y le pide al juez que lo anule.

¿Se puede pedir la lesividad en una contrademanda?

No. El artículo 34.5 del CPCA prohíbe deducir la pretensión de lesividad por la vía de la contrademanda, y la Sala Primera lo aplica tanto a la Administración demandada que quiere anular sus propios actos favorables como al proceso de lesividad en general.

Temas: Proceso de lesividad · Declaratoria de lesividad · CPCA · Artículo 34 · Intangibilidad de los actos propios · Nulidad del acto administrativo · Derecho administrativo

Contenido informativo, revisado al 28 de octubre de 2026. Su aplicación a un caso concreto depende del expediente. Política editorial.

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Sobre el autor
Lic. Esteban Pérez Herrera
Lic. Esteban Pérez Herrera

Abogado Asociado · Corporación GC

Más de 9 años en litigio contencioso-administrativo. Notario Público. Maestrando en Derecho Público (UCR).

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Área de práctica
Litigio Contencioso AdministrativoDemandas contra el Estado y entes públicos ante el Tribunal Contencioso Administrativo

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