Expropiaciones

Para expropiar un bien es indispensable un acto motivado que lo declare de interés público, firmado por el ministro del ramo o por el jerarca del ente expropiador, que debe notificarse al interesado y publicarse en el diario oficial La Gaceta (art. 18). Esa declaratoria se anota provisionalmente en el Registro Nacional; la anotación caduca y se cancela de oficio si, dentro del año siguiente, no se presenta el mandamiento de anotación definitiva expedido por el Juzgado Contencioso-Administrativo y Civil de Hacienda (art. 20).

La Administración debe solicitar a la dependencia especializada —o, en su defecto, a la Dirección General de Tributación— el avalúo administrativo, que debe rendirse en un plazo máximo de un mes (art. 21). El avalúo se notifica al propietario, quien cuenta con cinco días hábiles para manifestar su conformidad o disconformidad con el precio. Si guarda silencio, la ley tiene el avalúo por aceptado y queda firme, sin posibilidad de oposición posterior en ninguna etapa del proceso (art. 25). Por eso este plazo es la decisión más importante de todo el procedimiento.

El artículo 22 obliga a que el avalúo indique todos los datos necesarios para valorar el bien y describa el método empleado. Tratándose de inmuebles, debe contemplar de forma obligatoria: la descripción topográfica del terreno, el estado y uso de las construcciones, los derechos de los inquilinos y arrendatarios (inciso d), las licencias o derechos comerciales —incluidos costos de producción, impuestos y seguros— (inciso e), los permisos y concesiones de explotación (inciso f), el precio de las propiedades colindantes (inciso g), los gravámenes (inciso h) y cualesquiera otros elementos o derechos susceptibles de valoración e indemnización (inciso i). Esta última cláusula, leída junto con la jurisprudencia de la Sala Primera, sustenta el reconocimiento del lucro cesante y del daño emergente.

Ante la disconformidad oportuna del expropiado —u otros supuestos del artículo 27—, la Administración dicta el acuerdo de expropiación e inicia el proceso especial ante el Juzgado Contencioso-Administrativo y Civil de Hacienda, donde debe depositar el monto del avalúo como requisito indispensable y previo a la entrada en posesión del bien (art. 28). En ese proceso solo se discute la revisión del avalúo para fijar la indemnización definitiva (art. 29). El juez nombra, de una lista rotativa de los colegios profesionales, un perito idóneo e independiente que revisa la valoración; a partir de la resolución inicial corren los plazos de desalojo: quince días hábiles, o dos meses cuando se trata de vivienda familiar (art. 30).

La Administración debe reconocer intereses de oficio, a la tasa legal vigente, desde la desposesión del bien hasta el pago efectivo; cuando existe un depósito del avalúo, se calculan sobre la diferencia con el justiprecio (art. 11). Si el propietario aceptó el avalúo y transcurren más de seis meses sin pago, puede pedir que el valor se actualice conforme a los índices de inflación del Banco Central de Costa Rica (art. 23). Tras el reconocimiento judicial del inmueble y la valoración de la prueba según la sana crítica, el juez dicta la resolución final dentro de los quince días hábiles siguientes; el monto de la indemnización no puede exceder la suma mayor estimada en los avalúos (art. 39).

Cuando la expropiación es parcial y la parte que no se expropia resulta inadecuada para su uso o explotación racional, el expropiado puede exigir la expropiación de la totalidad del inmueble; en terrenos urbanos se consideran sobrantes inadecuados los que queden con frente, fondo o superficie inferiores a lo autorizado para edificar (art. 17).

Además, transcurridos diez años desde la inscripción del inmueble a nombre del Estado, el expropiado o sus causahabientes pueden solicitar la restitución de las propiedades o partes sobrantes no utilizadas para el fin declarado, cubriendo su valor actual y dentro de los tres años siguientes (art. 16).

La parte disconforme con la resolución final puede apelar ante el Tribunal de Casación de lo Contencioso-Administrativo y Civil de Hacienda dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación; presentada la apelación y vencido el plazo, el juzgado eleva los autos de inmediato (art. 41).