Todas las publicaciones
Guía práctica

Ley 6043 de Zona Marítimo Terrestre: zona pública, zona restringida y concesiones

Texto vigente de la Ley 6043, con buscador, y lo esencial de la zona pública, la zona restringida y las concesiones en la costa.

La Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre es la Ley N.° 6043 de 2 de marzo de 1977, publicada en el Alcance 36 a La Gaceta N.° 52 del 16 de marzo de 1977 y vigente desde ese día. Declara que la franja de 200 metros a lo largo de las costas del Atlántico y del Pacífico «constituye parte del patrimonio nacional, pertenece al Estado y es inalienable e imprescriptible» (artículo 1). La divide en dos secciones: la zona pública, de 50 metros contados desde la pleamar ordinaria, dedicada al uso público y al libre tránsito, y la zona restringida, de los 150 metros restantes, donde las municipalidades pueden otorgar concesiones de 5 a 20 años, con un canon y bajo un plan regulador costero. Tiene 83 artículos y 8 transitorios.

Su texto vigente completo está en esta página, en el articulado vigente, cotejado con SINALEVI el 28 de octubre de 2026 y con buscador por número de artículo o por palabra. La guía explica cómo funcionan las zonas, quién administra la costa, qué exige una concesión y cuánto cuesta, qué se puede construir y qué han dicho la Sala Constitucional, la Sala Primera, la jurisdicción penal y la Procuraduría General de la República.


Dónde leer el texto vigente de la Ley 6043

El articulado íntegro figura más abajo, en el articulado vigente. La fuente oficial que debe citarse en un escrito es el texto consolidado de SINALEVI, el Sistema Costarricense de Información Normativa de la Procuraduría General de la República, que registra 9 versiones de la ley. La vigente es la 9, del 5 de abril de 2022.

Las copias que circulan en PDF suelen omitir las reformas recientes. La Ley N.° 9974, de 9 de abril de 2021, agregó al artículo 50 la prórroga anticipada de las concesiones; la Ley N.° 9221, de 2014, reformó el artículo 6 para excluir las zonas urbanas litorales; y la última reforma, la Ley N.° 10236 de 2022, sometió las zonas litorales de Caldera, en Esparza, a un plan regulador urbano. La Sala Constitucional anuló el artículo 64 en el voto 5755-94 e interpretó el artículo 13 en el voto 5756-96.

El Reglamento de la ley es el Decreto Ejecutivo N.° 7841-P, de 16 de diciembre de 1977, publicado en el Alcance 16 a La Gaceta N.° 20 del 27 de enero de 1978. Su texto vigente en SINALEVI es la versión 7 de 7, con las últimas reformas de los Decretos 37278 de 2012 y 37882 de 2013, que fijan hoy el avalúo y el canon.

Las reformas de la ley desde 1977

Leyes que reformaron, adicionaron o interpretaron la Ley 6043, y los dos votos de la Sala Constitucional que tocaron su texto. El articulado que se publica en esta página las incorpora todas.

NormaQué cambió
Ley N.° 651525-09-1980Adicionó el Transitorio VI, que exceptúa de la ley los predios de la zona urbana del distrito nueve del cantón central de Puntarenas adquiridos legítimamente. Transitorio VI
Ley N.° 689004-09-1983Adicionó el Transitorio VII: las municipalidades cobran canon a los ocupantes, en forma provisional y sin que eso les dé derecho alguno a una concesión. Transitorio VII
Ley N.° 695129-02-1984Reformó el artículo 18. La Ley 7210 de Zonas Francas derogó después esa reforma, y SINALEVI advierte que el texto no se restituyó al estado anterior. art. 18
Ley N.° 697530-11-1984Ley de Presupuesto Extraordinario: adicionó el Transitorio VIII, que exonera del derecho de arrendamiento a ciertas instituciones. Transitorio VIII
Ley N.° 699015-07-1985Ley de Incentivos para el Desarrollo Turístico: su artículo 17 interpretó auténticamente la Ley 6043. Las concesiones de la zona restringida no pueden impedir el acceso del público a la zona de cincuenta metros, salvo que exista una vía destinada a ese efecto. capítulo VI
Ley N.° 71081988Ley de presupuesto: adicionó tres párrafos al artículo 76, que la Sala Constitucional anuló en el voto 5-95 del 01-02-1995, según el Sistema de Información Legislativa. art. 76
Voto 5755-9404-10-1994La Sala Constitucional anuló el artículo 64, que sancionaba la violación de «cualquiera de las prohibiciones» de la ley o su reglamento, por ser un tipo penal abierto. art. 64
Voto 5756-9630-10-1996La Sala Constitucional interpretó el artículo 13 sin anularlo: antes de ordenar la demolición en un proceso pendiente, el juez debe constatar que las obras están en la zona y se hicieron al margen de la ley. art. 13
Ley N.° 79151999Amplió el artículo 59, según el registro de SINALEVI. art. 59
Ley N.° 850628-04-2006Adicionó el artículo 73 bis: las competencias municipales corresponden a los concejos municipales de distrito con territorio en la costa. art. 73 bis
Ley N.° 903611-05-2012Al transformar el IDA en el INDER, derogó «las obligaciones contempladas en la Ley Nº 6043» en relación con el Instituto de Desarrollo Agrario (art. 82). toda la ley
Ley N.° 922127-03-2014Reformó el artículo 6 para excluir de la ley, además, las zonas urbanas litorales (art. 25 de la Ley 9221). art. 6
Ley N.° 978019-12-2019Reformó el inciso b) del artículo 59: ese 40 % también puede cubrir las unidades de guardavidas. art. 59
Ley N.° 994615-02-2021Adicionó un párrafo al artículo 76: reserva de cincuenta metros para la carretera panorámica de Puntarenas. art. 76
Ley N.° 997409-04-2021Adicionó el párrafo final del artículo 50, la prórroga anticipada. Rige desde el 23-04-2021. art. 50
Ley N.° 1023605-04-2022Reformó el artículo 79: las zonas litorales del distrito de Caldera, en Esparza, se ordenan con un plan regulador urbano. Es la última reforma. art. 79

La última reforma es la Ley N.° 10236, de 5 de abril de 2022, sobre Caldera. La versión vigente en SINALEVI es la 9 de 9. Cotejo del 28 de octubre de 2026.

Fuente: SINALEVI, Ley N.° 6043, historial de versiones y normativa que la afectó; Sistema de Información Legislativa.


Zona pública y zona restringida: los 200 metros

El artículo 9 define la zona marítimo terrestre como «la franja de doscientos metros de ancho a todo lo largo de los litorales Atlántico y Pacífico de la República, cualquiera que sea su naturaleza, medidos horizontalmente a partir de la línea de la pleamar ordinaria y los terrenos y rocas que deja el mar en descubierto en la marea baja». Comprende también las islas, islotes y peñascos marítimos y toda formación natural que sobresalga del océano dentro del mar territorial, con excepción de la Isla del Coco y de las islas cuyo régimen fijen leyes especiales.

El artículo 10 la divide en dos secciones. La zona pública es «la faja de cincuenta metros de ancho a contar de la pleamar ordinaria, y las áreas que quedan al descubierto durante la marea baja»; la zona restringida está «constituida por la franja de los ciento cincuenta metros restantes, o por los demás terrenos en caso de islas». Los islotes, peñascos y formaciones pequeñas que sobresalen del mar son zona pública.

Los manglares y esteros amplían la zona pública: «Zona pública es también, sea cual fuere su extensión, la ocupada por todos los manglares de los litorales continentales e insulares y esteros del territorio nacional» (artículo 11). Un manglar puede llevar, por eso, la zona pública más allá de los 50 metros. La normativa contiene decenas de decretos con los que el Instituto Geográfico Nacional delimita la zona pública de manglares, esteros y rías, una delimitación técnica que se hace caso por caso.

La consecuencia del carácter inalienable e imprescriptible es que nadie adquiere la zona por compra ni por el paso del tiempo. El artículo 7 dispone que sus terrenos «no pueden ser objeto de informaciones posesorias» y que los particulares no pueden apropiárselos ni legalizarlos a su nombre «por éste u otro medio». La Sala Constitucional describió el régimen como «un régimen especial de propiedad del Estado» en el que la zona pública «está por definición excluida de cualquier tipo de explotación o construcción en manos de particulares, y no puede ser objeto de ocupación en ningún caso», y la restringida admite uso privado solo por concesión y sigue siendo del Estado (voto 5756-96).

Las propiedades inscritas

El artículo 6 excluye de la ley las áreas de las ciudades situadas en los litorales, las zonas urbanas litorales, «las propiedades inscritas, con sujeción a la ley, a nombre de particulares» y aquellas cuya legitimidad reconozcan las leyes. La expresión «con sujeción a la ley» limita la exclusión a las inscripciones legítimas. La Procuraduría explica que la Ley 4558 de 1970 permitió, por un transitorio derogado en 1971, titular lotes de la franja de 150 metros con 30 años de posesión, y que las informaciones posesorias posteriores y las inscripciones que incorporan demanio sin asiento previo lícito tienen nulidad absoluta. Mientras la inscripción exista, la municipalidad no puede concesionar ni desalojar por vía administrativa y debe demandar la nulidad ante el Tribunal Contencioso Administrativo, porque «la inscripción hace inoperante la actuación de la potestad de reintegro de oficio del bien (art. 13; Ley 6043)» (dictamen C-132-2019).

Las fincas legítimamente inscritas en la franja de 150 metros se planifican con el plan regulador del cantón: «los terrenos legítimamente inscritos a favor de particulares pueden ser objeto de planificación por parte del plan regulador cantonal, pero no por el plan regulador costero», salvo que el propietario pida su inclusión conforme al artículo 15 (dictamen C-170-2013). Si una finca inscrita comprende zona pública, su uso particular requiere acuerdos expresos de la municipalidad, el ICT y el INVU (artículo 25).


Quién administra la zona marítimo terrestre

La ley reparte las competencias entre varias instituciones. El Instituto Costarricense de Turismo (ICT) ejerce, en nombre del Estado, «la superior y general vigilancia» de la zona (artículo 2); elabora el plan general de uso de la tierra (artículo 26), declara las zonas turísticas o no turísticas mediante publicación en La Gaceta (artículo 27) y aprueba las concesiones en las áreas turísticas (artículo 42).

Las municipalidades velan directamente por el cumplimiento de la ley, y les corresponde «el usufructo y administración de la zona marítimo terrestre, tanto de la zona pública como de la restringida» (artículo 3). Son las únicas que otorgan concesiones en su jurisdicción (artículo 40) y nombran inspectores con libre acceso a terrenos e instalaciones, excepto a los domicilios particulares (artículo 34). Desde la Ley 8506 de 2006, esas atribuciones corresponden a los concejos municipales de distrito que tienen territorio en la costa (artículo 73 bis).

La Procuraduría General de la República ejerce «el control jurídico» del cumplimiento de la ley y puede gestionar la anulación de concesiones, permisos, contratos o actos contrarios a ella (artículo 4). La Asamblea Legislativa es la única que puede conceder permisos o concesiones en las zonas cubiertas permanentemente por el mar, salvo las instalaciones de protección y salvamento (artículo 5), y debe aprobar las concesiones en islas e islotes (artículo 42).

En las áreas no turísticas, el artículo 42 encarga la aprobación al Instituto de Tierras y Colonización, que luego fue el IDA y hoy es el INDER. La Ley 9036 de 2012, que transformó el IDA en el INDER, derogó «las obligaciones contempladas en la Ley Nº 6043, Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, de 2 de marzo de 1977, en relación con el Instituto de Desarrollo Agrario» (artículo 82 de esa ley).

Parte de la costa está fuera del régimen municipal. La ley no se aplica a la zona marítimo terrestre incluida en parques nacionales y reservas equivalentes, que se rigen por su legislación (artículo 73). Los bosques y terrenos forestales de titularidad estatal dentro de la zona son patrimonio natural del Estado por la Ley Forestal y los administra el SINAC: «Las Municipalidades están inhibidas para otorgar concesiones sobre los bosques o terrenos forestales de la zona marítimo terrestre que integran el Patrimonio Natural del Estado y no administran» (dictamen C-297-2004). Bahía Culebra queda bajo administración directa del ICT (artículo 74) y Caldera, en Esparza, se ordena con un plan regulador urbano, con exclusión de la zona pública, el patrimonio natural del Estado y los manglares (artículo 79).


El plan regulador costero

La ley condiciona todo uso de la zona a su planificación. Mientras el ICT no declare la aptitud turística, «no podrán autorizarse obras ni construcciones, reconstrucciones o remodelaciones, de ninguna clase» (artículo 19), y la municipalidad debe conservar la situación existente (artículo 35). El artículo 38 es la base del requisito: «Las municipalidades no podrán otorgar concesiones en las zonas turísticas, sin que el Instituto Costarricense de Turismo y el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo hayan aprobado o elaborado los planos de desarrollo de esas zonas».

El Reglamento lo desarrolla. No se aprueban obras sin declaratoria de aptitud turística o no turística del ICT, plan regulador costero aprobado y publicado y contrato de concesión inscrito (artículo 15 del Reglamento); no se otorgan concesiones donde el Instituto Geográfico Nacional no haya demarcado la zona pública (artículo 62); y los planes reguladores costeros siguen el Plan General de Uso de la Tierra del ICT y requieren la aprobación del INVU y del ICT (artículo 17). Según la Procuraduría, los elabora la municipalidad, con aprobación del INVU y del ICT, audiencia pública y viabilidad ambiental de SETENA, y el SINAC aporta la certificación del patrimonio natural del Estado (dictamen C-170-2013).

La jurisprudencia lo trata como requisito indispensable. La Sala Constitucional resolvió que «por imperativo legal las municipalidades se encuentran imposibilitadas de otorgar concesiones en áreas turísticas si en la zona no se cuenta con un plan de desarrollo», de modo que el solicitante solo tiene una expectativa, y que haber otorgado concesiones irregulares a otros no crea derecho a igual trato (voto 2004-01475). El Tribunal Contencioso Administrativo sostuvo que «la existencia del plan regulador, en la zona en que se pretende obtener la concesión, es requisito sine qua non para el trámite de este tipo de solicitudes» (resolución 3522-2010). Y el criterio más reciente de la Procuraduría lo extiende a toda concesión municipal en la zona, incluidas las de marinas y atracaderos turísticos de la Ley 7744: «la existencia del plan regulador costero en el sector donde se pretende obtener concesión en la zona marítimo terrestre es requisito sine qua non para que la municipalidad pueda otorgarla». Un reglamento no puede suprimir esa exigencia, y solo otro instrumento fijado por ley, como el plan maestro de Papagayo, el plan regulador urbano de las ciudades litorales o el régimen de las zonas urbanas litorales, puede ocupar su lugar (dictamen PGR-C-156-2025).


Las concesiones en la zona restringida

Solo en la zona restringida pueden otorgarse concesiones (artículo 39), solo las municipalidades las otorgan en su jurisdicción (artículo 40) y su objeto es «únicamente para el uso y disfrute de áreas determinadas en la zona restringida, por el plazo y bajo las condiciones que esta ley establece» (artículo 41). La concesión no transmite la propiedad del terreno.

Requisitos y trámite

Las concesiones se otorgan por el principio de que «el primero en tiempo es primero en derecho»; el reglamento puede fijar un orden de prioridades, y en igualdad de condiciones se prefiere al ocupante que haya poseído el terreno en forma quieta, pública, pacífica y continua (artículo 44). En las áreas turísticas, la concesión requiere la aprobación del ICT, que solo puede denegarla, en forma razonada, si viola la ley; en islas e islotes, la de la Asamblea Legislativa (artículo 42). Sin esa aprobación legislativa, la concesión en una isla carece de eficacia, y la Sala Primera advirtió que «la posibilidad de no aprobación legislativa de la concesión es un riesgo que debe correr quien pretende desarrollar algún proyecto en una isla o islote marítimos» (sentencia 771-F-S1-2008).

El Reglamento ordena el trámite. La solicitud se presenta en la fórmula del ICT o con los requisitos legales, autenticada por abogado, con los datos del solicitante, el porcentaje de socios o capital extranjero si es persona jurídica, un croquis, los linderos y el uso (artículos 27 y 30). Se publica un edicto en La Gaceta, con 30 días hábiles para oposiciones (artículos 38 y 40); el Alcalde tiene 30 días hábiles para presentar el proyecto de resolución, que decide el Concejo (artículo 42), y el interesado cuenta con 30 días hábiles para firmar el contrato y pagar la primera anualidad (artículo 44). El contrato pasa luego al instituto para su aprobación y se inscribe en el Registro General de Concesiones del Registro Nacional: «Los contratos no surtirán efectos legales hasta tanto no se cuente con la inscripción» (artículo 46 del Reglamento). La ley dispone, a su vez, que esos títulos perjudican a terceros solo desde su recibo o presentación en el Registro (artículo 30).

No pueden ser concesionarios los regidores, el ejecutivo municipal ni sus parientes hasta el segundo grado (artículo 46), y en las zonas turísticas una persona, con su cónyuge e hijos menores, no puede tener más de una concesión (artículo 57). Ese mismo artículo reserva «Hasta una cuarta parte de la zona» para concesiones sin fin de lucro a cooperativas, sindicatos, asociaciones comunales y entidades similares.

Extranjeros y sociedades

El artículo 47 dispone que no se otorgarán concesiones «a) A extranjeros que no hayan residido en el país por lo menos durante cinco años; b) A sociedades anónimas con acciones al portador; c) A sociedades o entidades domiciliadas en el exterior; ch) A entidades constituidas en el país por extranjeros; y d) A entidades cuyas acciones o cuotas o capital, correspondan en más de cincuenta por ciento a extranjeros». Las entidades concesionarias y sus socios no pueden ceder cuotas o acciones a extranjeros, y esos traspasos «carecerán de toda validez». El artículo 25 del Reglamento exige que los 5 años de residencia sean continuos y se acrediten con certificación de Migración, y excluye a las entidades en las que más de la mitad de sus miembros no sean costarricenses. En los desarrollos turísticos, el artículo 31 admite entidades extranjeras solo si se trata de empresas turísticas cuyo capital para el desarrollo pertenezca en más de un 50 % a costarricenses.

Plazo y prórroga

«Las concesiones se otorgarán por un plazo no menor de cinco ni mayor de veinte años y deberán indicar el canon a pagar y su forma de pago. Ese canon sustituye el impuesto territorial» (artículo 48). Pueden prorrogarse sucesivamente, cada vez por un plazo no mayor de 20 años, si lo pide el interesado, lo acuerda la municipalidad y lo aprueba el instituto (artículo 50).

La solicitud de prórroga se presenta «dentro de los tres meses siguientes al aviso que dé la municipalidad al interesado sobre su vencimiento del plazo de su concesión»; para tramitarla hay que estar al día en el canon y en las obligaciones legales, y «La solicitud de prórroga presentada extemporáneamente se tendrá como nueva solicitud de concesión» (artículo 50). En la prórroga se paga el canon vigente a la fecha del acuerdo. El Reglamento fija el aviso municipal con no menos de 6 meses ni más de 1 año de anticipación y, a falta de aviso, permite pedir la prórroga dentro de los 6 meses anteriores al vencimiento (artículo 53 del Reglamento).

La falta de aviso no prorroga la concesión. La Sala Primera resolvió que «la concesión se extingue por el transcurso del tiempo sin que haya solicitud de prórroga, es decir, la extinción opera de pleno derecho», porque el concesionario conoce su plazo y puede pedir la prórroga dentro de los 6 meses anteriores al vencimiento; extinguida, no se hereda, y la parcela queda libre para una concesión nueva con las prioridades del artículo 44 (sentencia 495-F-S1-2010).

Desde la Ley 9974, vigente desde el 23 de abril de 2021, existe la prórroga anticipada: puede pedirse «una vez que haya transcurrido al menos la mitad del plazo otorgado en la concesión», y la municipalidad puede otorgarla «únicamente cuando el objetivo sea utilizar los derechos de concesión como garantía financiera para desarrollar nuevas inversiones o realizar mejoras en el inmueble, o para readecuar o refinanciar condiciones crediticias propias de la actividad realizada en la zona concesionada» (artículo 50, párrafo final).

La prórroga puede denegarse por utilidad pública o conveniencia general, porque la parcela quedó ubicada en la zona pública, porque se requiere para planes urbanísticos o turísticos aprobados por el INVU y el ICT, o por incumplimiento de las obligaciones del concesionario; en todo caso, los motivos «deberán ser debidamente comprobados» (artículo 51).

Traspaso y gravamen

El artículo 45 prohíbe «ceder o comprometer, o en cualquier otra forma traspasar o gravar, total o parcialmente, las concesiones o los derecho derivados de ellas, sin la autorización expresa de la municipalidad respectiva y del Instituto Costarricense de Turismo o del Instituto de Tierras y Colonización, según sea el caso. Carecerán de toda validez los actos o contratos que infringieren esta disposición». El Reglamento exige autorización escrita de la municipalidad y del instituto, y en el traspaso siguen vigentes todas las estipulaciones del contrato (artículos 58 a 60 del Reglamento). Tampoco puede cambiarse el destino de la parcela ni de lo edificado sin el consentimiento de la municipalidad y del instituto (artículo 43); el cambio de uso autorizado no altera el plazo original y puede modificar el canon. Los bancos del Sistema Bancario Nacional pueden prestar con garantía de la concesión y de sus edificaciones, mejoras e instalaciones (artículo 67).

Si el concesionario fallece o se declara su ausencia, sus derechos pueden adjudicarse a sus herederos; si no los hay, la concesión se tiene por cancelada y vuelve a la municipalidad con sus construcciones y mejoras (artículo 49).

El canon

El artículo 48 remite al Reglamento la fijación del canon, que sustituye el impuesto territorial. El artículo 49 del Reglamento, reformado por el Decreto 37882 de 2013, ordena que los cánones anuales se regulen por un reglamento municipal «técnicamente fundamentado que formará parte integral del Plan Regulador Costero», dentro de estos topes sobre el avalúo: uso agropecuario hasta un 2 %; habitacional hasta un 3 %; hotelero turístico o recreativo hasta un 4 %; comercial, industrial, minero o extractivo hasta un 5 %. Ningún canon puede ser menor al 0,25 % del avalúo. Mientras la municipalidad no dicte ese reglamento, aplica los porcentajes anteriores a la reforma de 2013.

El avalúo lo hace la municipalidad con un profesional, según la metodología del Órgano de Normalización Técnica y las plataformas de valores por zonas homogéneas; no se avalúan la zona pública ni los humedales, esteros y riscos, y el avalúo vale 5 años (artículo 50 del Reglamento). Se notifica, y los recursos contra él se presentan dentro de 15 días hábiles (artículo 51). El canon se paga por anualidades adelantadas, que pueden fraccionarse trimestralmente, y su cobro prescribe en 5 años (artículo 51 bis); para personas residentes de escasos recursos puede rebajarse hasta el 0,25 % cuando se trata de vivienda (artículo 52).

Para la Sala Constitucional, el canon es la contraprestación por usar un bien de dominio público; por eso no le alcanzan la reserva de ley tributaria ni la comparación con el impuesto de bienes inmuebles, y calcularlo sobre el valor de mercado no es irrazonable: «ni el canon es un tributo, ni los principios constitucionales en materia tributaria le son aplicables» (voto 2014-007453). La Sala Primera aplicó ese criterio como vinculante (sentencia 406-2014).

Lo que recibe la municipalidad por concesiones se distribuye así: el 20 % forma un fondo para pagar mejoras; el 40 % se invierte en obras de mejoramiento de las zonas turísticas, incluidas desde 2019 las unidades de guardavidas; y el 40 % restante en obras del cantón (artículo 59).

Extinción y cancelación

Las concesiones se extinguen por vencimiento del plazo sin solicitud de prórroga en forma legal, por renuncia o abandono, por fallecimiento o ausencia sin adjudicación a los herederos, por denegatoria de la prórroga y por cancelación (artículo 52). Pueden ser canceladas por falta de pago del canon, por incumplimiento de las obligaciones del concesionario, por violación de la ley, si el concesionario «impidiere o estorbare el uso general de la zona pública» y por las demás causas legales (artículo 53).

La cancelación exige debido proceso. La Sala Constitucional rechazó la acción contra el artículo 53 porque la Ley General de la Administración Pública suple el procedimiento: «la cancelación de una concesión válidamente otorgada constituye uno de esos supuestos, razón por la cual es de observancia el procedimiento ordinario» (voto 2130-94). El Reglamento exige consulta previa al instituto y al IFAM, un procedimiento con debido proceso, acto final conforme a los artículos 128 y siguientes de esa ley y comunicación al Registro General de Concesiones (artículo 80 del Reglamento).

Si la concesión se extingue por causas ajenas al concesionario, se le reconoce el valor de las edificaciones y mejoras; si se extingue por motivos imputables a él, las mejoras quedan para la municipalidad sin pago alguno, sin perjuicio de los daños y perjuicios (artículo 55). Extinguida, el uso y disfrute plenos de la parcela revierten a la municipalidad (artículo 56).

Plazos y cifrasFigura 1

Las medidas, los plazos y el canon de la zona marítimo terrestre

Cada artículo de la ley enlaza con su texto vigente en esta misma página; los del Reglamento, con SINALEVI.

QuéMedida o plazo
Ancho de la zona marítimo terrestre200 metros a todo lo largo de los litorales, medidos horizontalmente a partir de la línea de la pleamar ordinaria, más los terrenos y rocas que el mar deja al descubierto en la marea baja. art. 9
Zona públicaLos primeros 50 metros desde la pleamar ordinaria y las áreas que quedan al descubierto en la marea baja. Los manglares y esteros son zona pública sea cual fuere su extensión. art. 10, art. 11
Zona restringidaLos 150 metros restantes, o los demás terrenos en el caso de las islas. Solo en ella caben concesiones. art. 10, art. 39
Plazo de la concesiónNo menor de 5 ni mayor de 20 años. art. 48
PrórrogaSucesiva, cada vez por un plazo no mayor de 20 años. Se pide dentro de los 3 meses siguientes al aviso municipal de vencimiento; la solicitud extemporánea se tiene como nueva solicitud de concesión. art. 50
Aviso de vencimiento y solicitud sin avisoLa municipalidad avisa con no menos de 6 meses ni más de 1 año de anticipación. Sin aviso, la prórroga se pide dentro de los 6 meses anteriores al vencimiento. El instituto resuelve en 30 días naturales y la municipalidad en otros 30. Reglamento, art. 53
Prórroga anticipadaCuando haya transcurrido al menos la mitad del plazo, y solo para usar la concesión como garantía de nuevas inversiones o mejoras, o para readecuar o refinanciar créditos de la actividad. art. 50
ExtranjerosNo se otorgan concesiones a extranjeros con menos de 5 años de residencia en el país (continua, según el Reglamento), ni a entidades con más del 50 % de su capital en manos de extranjeros. art. 47, Reglamento, art. 25
Canon anualUn porcentaje del avalúo que fija el reglamento municipal: uso agropecuario hasta 2 %; habitacional hasta 3 %; hotelero turístico o recreativo hasta 4 %; comercial, industrial, minero o extractivo hasta 5 %. Ningún canon puede ser menor al 0,25 % del avalúo. Reglamento, art. 49
AvalúoLo hace la municipalidad y vale 5 años. Se notifica, y los recursos contra él se presentan dentro de 15 días hábiles. No se avalúan la zona pública ni los humedales, esteros y riscos. Reglamento, arts. 50, 51
Pago del canonPor anualidades adelantadas, que pueden fraccionarse trimestralmente. El cobro prescribe en 5 años. Reglamento, art. 51 bis
Rebaja para viviendaHasta 0,25 % del avalúo para personas residentes de escasos recursos, cuando se trata de vivienda. Reglamento, art. 52
Destino de lo cobrado20 % para un fondo de pago de mejoras; 40 % para obras en las zonas turísticas, incluidas las unidades de guardavidas; 40 % para obras del cantón. art. 59
Trámite de la solicitud30 días calendario para corregir lo prevenido; desistimiento tras 6 meses sin movimiento imputable al interesado; 30 días hábiles para oposiciones desde el edicto; 30 días hábiles para el proyecto de resolución del Alcalde y otros 30 para firmar el contrato y pagar la primera anualidad; 30 días naturales para la aprobación del instituto. Reglamento, arts. 30, 33, 38, 40, 42, 44, 46
PobladoresCostarricenses por nacimiento con más de 10 años de residencia en la zona pueden continuar en su lote si es su única propiedad, sujetos a la planificación y respetando la zona pública. art. 70
PenasExplotar flora o fauna sin autorización: 6 meses a 4 años de prisión. Construir o desarrollar contra la ley: 1 mes a 3 años. El funcionario que otorga o aprueba contra la ley: 3 meses a 2 años y despido. art. 61, art. 62, art. 63

Mientras una municipalidad no dicte el reglamento de cánones previsto en el artículo 49 del Reglamento, aplica los porcentajes anteriores a la reforma de 2013, según su transitorio único. En las zonas urbanas litorales el canon lo fija cada municipalidad con la plataforma de valores por zonas homogéneas del Ministerio de Hacienda (art. 19 de la Ley 9221).

Fuente: Ley N.° 6043 y su Reglamento (Decreto Ejecutivo 7841-P), textos vigentes en SINALEVI.


Qué se puede construir en la zona marítimo terrestre

En toda la zona es prohibido, «sin la debida autorización legal», explotar la flora y la fauna, cercar, levantar edificaciones o instalaciones, cortar árboles, extraer productos «o realizar cualquier otro tipo de desarrollo, actividad u ocupación» (artículo 12).

En la zona pública, «Salvo las excepciones establecidas por la ley, la zona pública no puede ser objeto de ocupación bajo ningún título ni en ningún caso. Nadie podrá alegar derecho alguno sobre ella. Estará dedicada al uso público y en especial al libre tránsito de las personas» (artículo 20). Las excepciones son estrechas: las secciones que por su configuración geográfica, su topografía o sus condiciones especiales no puedan aprovecharse para uso público, con autorización de la municipalidad y del ICT, sin enajenarlas y con una zona de libre tránsito (artículo 21); y las obras de infraestructura que aprueben el MOPT, el ICT, el INVU y la municipalidad atendiendo al uso público, o las instalaciones turísticas estatales de notoria conveniencia para el país (artículo 22). La Ley 6990 de 1985 interpretó auténticamente la ley en el sentido de que las concesiones de la zona restringida «no pueden impedir el acceso del público a la zona inalienable de cincuenta metros, salvo si dicho acceso es posible por una vía destinada a ese efecto». Si el mar avanza y una construcción queda dentro de la zona pública, el propietario conserva sus derechos pero no puede remodelar, y se procura su traslado o, en último caso, la expropiación (artículo 24).

En la zona restringida, se construye solo con concesión inscrita, conforme al plan regulador costero y a la declaratoria de aptitud turística (artículos 19 y 38; artículo 15 del Reglamento). La Ley 9242 prohíbe a las municipalidades, desde 2014, autorizar nuevas construcciones sin concesión inscrita y ajustada al plan regulador (artículo 6 de esa ley). Los planos de desarrollos urbanos o turísticos que afecten la zona requieren la aprobación del INVU y del ICT (artículo 31). En casos excepcionales, como plantas industriales, obras portuarias o maricultura, que necesiten estar junto al mar, puede autorizarse el uso de la zona con la aprobación expresa de la municipalidad, el ICT, el INVU, el MOPT y las demás instituciones competentes (artículo 18).

Desalojo y demolición

Ante una ocupación o construcción sin autorización, el artículo 13 ordena a las autoridades y municipalidades proceder, «previa información levantada al efecto si se estimare necesaria, al desalojo de los infractores y a la destrucción o demolición de las construcciones, remodelaciones o instalaciones realizadas por aquellos», a costa del dueño de lo construido. La Sala Constitucional fijó que, en los procesos jurisdiccionales pendientes, el juez debe constatar antes que las obras están en la zona y que se hicieron al margen de la ley (voto 5756-96, anotado por SINALEVI al pie del artículo 13).

En sede administrativa, la Sala exigió procedimiento: «si bien la Municipalidad no puede actuar unilateralmente, tan pronto tenga noticia de que se ha deslindado con cercas la zona marítimo terrestre, debe instaurar el procedimiento administrativo correspondiente» (voto 1999-00023). Su línea reciente admite que para recuperar bienes demaniales basta, en principio, un aviso previo y un plazo razonable, pero la potestad no se ejerce «de forma aislada, desarticulada o indiferente» a las personas vulnerables que habitan el lugar: con menores de edad o adultos mayores, la municipalidad debe coordinar antes con las instituciones de protección. Esa coordinación condiciona la forma de ejecutar: «Lo anterior no implica reconocer derecho alguno de permanencia sobre el bien demanial ni impide a la municipalidad ejercer sus potestades legales de recuperación» (voto 2026-010043).

Pobladores y ocupantes

La ley protege a los pobladores: costarricenses por nacimiento con más de 10 años de residencia en la zona, que pueden continuar en sus lotes si son su única propiedad, sujetos a la planificación, con posible reubicación e indemnización de sus mejoras, y respetando siempre la zona pública (artículo 70). Distinta es la situación de los ocupantes, a quienes el Transitorio VII permite cobrar canon en forma provisional, con la advertencia de que ese cobro «no produce derecho alguno para los ocupantes en lo que a concesión se refiere». El Tribunal Contencioso Administrativo recogió esa distinción en la resolución 3522-2010.


Leyes conexas: zonas urbanas litorales, Ley 9242 y moratorias

Tres grupos de leyes posteriores cambian hoy el panorama de la Ley 6043.

La Ley 9221, Ley Marco para la Declaratoria de Zona Urbana Litoral, de 27 de marzo de 2014, permite que, por decreto del Poder Ejecutivo y previo dictamen técnico de la comisión interinstitucional, se declaren zona urbana litoral las «áreas urbanas conformadas de hecho, que cuenten con una alta concentración urbana en el litoral, antes de la entrada en vigencia de esta ley». Exige plan regulador costero vigente, dictamen del ICT, declaratoria de área urbana del INVU, delimitación del Instituto Geográfico Nacional y evaluación ambiental estratégica de SETENA, y advierte que «no desafecta las áreas de naturaleza demanial» (artículos 1 y 5). En esas zonas hay concesiones de 5 a 20 años (artículo 14) e incluso concesiones en los 50 metros para terrenos ocupados antes de la ley, sin cambio de uso ni aumento de densidad (artículo 8). Su Transitorio I, reformado por la Ley 10735, da 8 años, contados desde el 30 de julio de 2025, para tramitar la declaratoria.

La Sala Constitucional declaró sin lugar la acción contra ese artículo 8. Varió su criterio anterior al considerar que la intangibilidad de la zona pública, aplicada sin excepciones, crearía «una norma pétrea» frente a poblaciones costeras históricas, y que el derecho a la vivienda digna justifica una ley que solo mira a situaciones pasadas y no regula «hacia el futuro nuevos asentamientos»: «La utilización de criterios del Derecho urbanístico y del Derecho ambiental no pueden considerarse del todo irreconciliables con el principio de intangibilidad del área pública de la zona marítimo terrestre» (voto 2016-000811, con voto salvado del magistrado Cruz Castro).

La Ley 9242, de 6 de mayo de 2014, regula las construcciones existentes en la zona restringida. Donde hay plan regulador costero, la ley da 6 meses para pedir la concesión o para ajustarse previa prevención, y luego procede el desalojo y la demolición (artículo 3). Donde no lo hay, su artículo 4, reformado por la Ley 10735 de 1 de julio de 2025, da a las municipalidades 8 años, contados desde el 30 de julio de 2025, para aprobar el plan; mientras tanto pueden conservar las construcciones existentes si no se acredita daño o amenaza ambiental, usadas «a título precario» con un canon por uso de suelo que «no generará derecho alguno».

Las moratorias de desalojo. La Ley 9073 de 2012 suspendió por 24 meses los desalojos y demoliciones en la zona marítimo terrestre, la zona fronteriza y el patrimonio natural del Estado. La Sala Constitucional la anuló en su totalidad porque, con ella, «el Estado se encuentra impedido para ejercer sus principales potestades de autotutela, para la protección oportuna y efectiva de las denominadas zonas especiales» (voto 2019-012746), y anuló también la Ley 9373 de 2016, una nueva moratoria de 24 meses, por aplicación de ese precedente (voto 2021-024147).

Sigue vigente la Ley 9577 de 2018, que suspende por 36 meses «las acciones administrativas de desalojo de personas, la demolición de obras, la suspensión de actividades comerciales, agropecuarias y cualquier otra actividad lícita y proyectos existentes en la zona marítima terrestre, zona fronteriza y patrimonio natural del Estado, salvo aquellas que sean ordenadas mediante resolución judicial o administrativa en firme, fundadas en la comisión de daño ambiental o cuando exista peligro o amenaza del daño del medio ambiente» (artículo 1). No crea derechos a favor de los ocupantes, prohíbe modificar las obras salvo el mantenimiento o las mejoras necesarias o urgentes y prohíbe nuevas ocupaciones (artículos 4 y 5). La Ley 10000 de 2021 y la Ley 10489 de 2024 la prolongaron, cada una «por un período de tiempo igual». La única acción de inconstitucionalidad localizada contra ella fue rechazada de plano por defectos formales, sin pronunciamiento de fondo (voto 2023-018293 de la Sala Constitucional, de 26 de julio de 2023, expediente 23-016406-0007-CO).

El reglamento y las leyes que completan la Ley 6043

Qué regula cada una y en qué estado está al 28 de octubre de 2026.

NormaEstado
Decreto Ejecutivo 7841-PReglamento a la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre (16-12-1977)Vigente, versión 7 de 7; última reforma por el Decreto 37882 de 2013. Regula el trámite de la concesión, el canon (art. 49), el avalúo (art. 50) y la prórroga (art. 53).
Ley N.° 9221Ley Marco para la Declaratoria de Zona Urbana Litoral (27-03-2014)Vigente. La Sala Constitucional declaró sin lugar la acción contra su artículo 8 (voto 2016-000811). La Ley 10735 dio ocho años, desde el 30-07-2025, para tramitar la declaratoria.
Ley N.° 9242Construcciones existentes en la zona restringida (06-05-2014)Vigente. Su artículo 4, reformado por la Ley 10735, da a las municipalidades ocho años, desde el 30-07-2025, para aprobar el plan regulador costero; entretanto, uso a título precario que no genera derecho.
Ley N.° 9073Moratoria de desalojos y demoliciones por 24 meses (19-09-2012)Anulada en su totalidad por la Sala Constitucional (voto 2019-012746).
Ley N.° 9373Nueva moratoria de 24 meses (28-06-2016)Anulada por la Sala Constitucional (voto 2021-024147).
Ley N.° 9577Moratoria de 36 meses, salvo daño ambiental (27-06-2018)Vigente. La prolongaron la Ley 10000 (01-07-2021) y la Ley 10489 (13-05-2024), cada una «por un período de tiempo igual». La única acción localizada se rechazó de plano (voto 2023-018293).
Ley N.° Forestal 7575Patrimonio natural del Estado (arts. 13 a 15)Vigente. Los bosques y terrenos forestales estatales de la zona son patrimonio natural del Estado y los administra el SINAC (dictamen C-297-2004).

Fuente: SINALEVI, fichas de cada norma; Nexus del Poder Judicial; Procuraduría General de la República.


Delitos en la zona marítimo terrestre

El capítulo VII tipifica tres delitos. Quien explote sin autorización la flora o la fauna de la zona o de los manglares, prisión de 6 meses a 4 años (artículo 61). Quien «en la zona marítimo terrestre construyere o realizare cualquier tipo de desarrollo contra lo dispuesto en esta ley o en leyes conexas, o impidiere la ejecución de una orden de suspensión o demolición de obras o instalaciones», prisión de 1 mes a 3 años, salvo delito más grave (artículo 62). El funcionario que otorgue concesiones o permisos o apruebe planos contra la ley, o haga nugatoria una orden de demolición o una sanción, prisión de 3 meses a 2 años y despido sin responsabilidad patronal; si es de elección popular, pierde la credencial previa información del Tribunal Supremo de Elecciones (artículo 63). El concesionario condenado pierde la concesión, que se cancela junto con sus edificaciones y mejoras (artículo 65).

La Sala Tercera calificó el delito del artículo 62 como continuo mientras se mantenga lo construido: «el delito en examen es de carácter continuo, pues su comisión supone una pluralidad de hechos dependientes entre sí» (sentencia 539-F-91). El Tribunal de Casación Penal de San José lo trató como delito de efectos permanentes, cuya prescripción corre desde que cesa la permanencia de la construcción, e hizo suyo este pasaje: «La inalterabilidad de los actos de posesión ejercidos sobre bien inalienable, mantiene la imprescriptibilidad de la acción penal» (sentencia 2003-000394).

El antiguo artículo 64 sancionaba a quien violara «cualquiera de las prohibiciones» de la ley o su reglamento. La Sala Constitucional lo anuló por ser un tipo penal abierto que delegaba la tipificación en el reglamento, contra el artículo 39 de la Constitución: «no es posible determinar con certeza cuáles son las conductas que el legislador pretende sancionar» (voto 5755-94).


Historia legislativa de la Ley 6043

La ley nació del expediente legislativo n.º 7.371, presentado el 29 de septiembre de 1975 y acogido para su trámite por el diputado Alfonso Carro Zúñiga, presidente de la Asamblea. El proyecto lo redactó el Instituto Costarricense de Turismo y se publicó en el Alcance n.º 170 a La Gaceta n.º 196 del 16 de octubre de 1975 con el título «Declaratoria, planeamiento y desarrollo de las zonas marítimo-terrestre y terrenos insulares». Sus antecedentes son los expedientes 3.764, que llevó a la Ley 4558 de 1970, y 5.515.

La exposición de motivos, una carta del ICT firmada por su presidente ejecutivo, Carlos Lara Hine, describe el contexto: la Ley 4558 estaba suspendida desde la Ley 5602 de 1974, y el Instituto hablaba de «un problema de verdadera magnitud nacional, agravado actualmente por el dilatado impace [sic] que significa el mantenerse congelada la ley Nº 4558». Explica también por qué la zona es inalienable y se usa por concesión: el proyecto pretendía «conservar como patrimonio del Estado, tierras que históricamente han tenido el carácter de bienes de dominio público y que por disposición de la ley Nº 4558, fueron sometidas en un alto porcentaje a propiedad particular, al permitir su inscripción en el Registro Público por vía de informaciones posesorias», y proponía «un sistema de arrendamientos suficientemente flexible» que permitiera la explotación privada y la recuperación de las inversiones «sin necesidad de que se pretenda la propiedad plena de las tierras». Sobre los extranjeros, el ICT proponía admitir como concesionarios a quienes «han decidido radicarse en el país en carácter de residentes», idea que desembocó en los 5 años de residencia del artículo 47. Y pedía permitir el uso de «la zona de proteción [sic] o inalienables de cincuenta metros» solo por razones topográficas o de colindancia con esteros, antecedente del actual artículo 21.

El proyecto ya fijaba los 200 metros: definía la zona como «la franja de doscientos metros de ancho a lo largo de los litorales Atlántico y Pacífico … medidos horizontalmente a partir de la pleamar promedio» y declaraba los primeros cincuenta metros «inalienables», dedicados «al uso público para fines de esparcimiento, recreo o libre circulación». La ley final cambió «pleamar promedio» por «pleamar ordinaria» y endureció la zona pública en el artículo 20. La medida tiene una larga historia: según la Sala Primera, citada por la Procuraduría, la franja «ha sido de dominio público … desde 1828, por lo menos», y la legislación anterior a 1942 y 1943 «establecía una franja mayor en extensión -la llamada milla marítima- pero nunca menor» (dictamen C-132-2019).

En el plenario se discutió quién era el titular de la zona. El diputado Odio Madrigal criticó el artículo 8 del dictamen de la Comisión de Asuntos Jurídicos: «Las zonas marítimo terrestre con un ancho de 200 metros a lo largo de ambos litorales y los terrenos insulares, son del dominio del Estado, y qué es el Estado? Son todas sus instituciones» (Expediente Digital, documento 1002381, página 101, folio 0180). La ley final dice que la zona «pertenece al Estado» (artículo 1) y entrega su usufructo y administración a las municipalidades (artículo 3). La Asamblea aprobó la ley el 27 de enero de 1977, y se sancionó el 2 de marzo de ese año.


Articulado vigente de la Ley 6043

Se reproduce el texto consolidado de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, cotejado con SINALEVI el 28 de octubre de 2026 (versión 9 de 9, del 5 de abril de 2022), con sus 83 artículos y sus 8 transitorios y las notas de SINALEVI sobre reformas e interpretaciones. El buscador admite el número del artículo, por ejemplo «47», que regula a los extranjeros, o un término, como «canon» o «manglares». El artículo 64 fue anulado por la Sala Constitucional. El texto oficial conserva algunas erratas de origen, que se transcriben tal como figuran.

83artículos. Más 8 transitorios. Texto vigente, cotejado con SINALEVI el 28 de octubre de 2026 (versión 9 de 9, del 5 de abril de 2022), con la última reforma, la de la Ley 10236.

8 artículos

Texto tomado del Sistema Costarricense de Información Jurídica, en su versión vigente. Para citar en un escrito, coteje siempre contra la fuente oficial.


Fuentes

Normativa
  1. Ley sobre la Zona Marítimo TerrestreLey N.° 6043 de 02-03-1977, La Gaceta N.° 52, Alcance N.° 36, de 16-03-1977; texto vigente, versión 9 de 9 (05-04-2022)
  2. Reglamento a la Ley sobre la Zona Marítimo TerrestreDecreto Ejecutivo N.° 7841-P de 16-12-1977, La Gaceta N.° 20, Alcance 16, de 27-01-1978; versión 7 de 7 (arts. 15, 17, 25, 27 a 53, 58 a 62 y 80)
  3. Ley Marco para la Declaratoria de Zona Urbana LitoralLey N.° 9221 de 27-03-2014, La Gaceta 79 de 25-04-2014; versión 4 de 4 (arts. 1, 5, 8, 14, 19 y 25; Transitorio I reformado por la Ley N.° 10735)
  4. Construcciones existentes en la zona restringidaLey N.° 9242 de 06-05-2014; versión 4 de 4 (arts. 3, 4 y 6; art. 4 reformado por la Ley N.° 10735 de 01-07-2025, vigente desde el 30-07-2025)
  5. Protección a los ocupantes de zonas clasificadas como especialesLey N.° 9577 de 27-06-2018, prolongada por las Leyes N.° 10000 de 01-07-2021 y N.° 10489 de 13-05-2024
  6. Fomentar la inversión y atracción turística en las concesiones de la zona marítimo terrestreLey N.° 9974 de 09-04-2021, vigente desde el 23-04-2021 (prórroga anticipada del art. 50)
  7. Ley ForestalLey N.° 7575, arts. 13 a 15 (patrimonio natural del Estado)
Jurisprudencia
  1. Sentencia 539-F-91Sala Tercera11-10-1991Delito del art. 62El delito de construir en la zona contra la ley es continuo mientras se mantenga lo construido, y la prescripción no corre desde la fecha de la obra.
  2. Voto 2130-94Sala Constitucional03-05-1994CancelaciónEl art. 53 no es inconstitucional: la cancelación de una concesión válidamente otorgada exige el procedimiento ordinario de la LGAP.
  3. Voto 5755-94Sala Constitucional04-10-1994Art. 64 anuladoAnuló el art. 64: sancionar la violación de «cualquiera de las prohibiciones» de la ley o su reglamento era un tipo penal abierto.
  4. Voto 5756-96Sala Constitucional30-10-1996Demanio y demoliciónLa zona es un régimen especial de propiedad del Estado; antes de ordenar la demolición en un proceso pendiente, el juez constata que la obra está en la zona y se hizo al margen de la ley (art. 13).
  5. Voto 1999-00023Sala Constitucional05-01-1999DesalojoLa municipalidad es competente para desalojar y demoler en la zona, pero no puede actuar unilateralmente: debe instaurar el procedimiento administrativo.
  6. Sentencia 2003-000394Tribunal de Casación Penal de San José08-05-2003Prescripción penalEl delito del art. 62 es de efectos permanentes: la prescripción corre desde que cesa la permanencia de la construcción.
  7. Voto 2004-01475Sala Constitucional13-02-2004Plan reguladorSin plan de desarrollo en la zona, la municipalidad no puede otorgar concesiones en áreas turísticas (art. 38); el solicitante solo tiene una expectativa.
  8. Sentencia 771-F-S1-2008Sala Primera18-11-2008Concesiones en islasSin la aprobación legislativa del art. 42 la concesión en una isla carece de eficacia; su falta no genera responsabilidad del Estado.
  9. Sentencia 495-F-S1-2010Sala Primera22-04-2010Extinción por vencimientoVencido el plazo sin solicitud de prórroga, la concesión se extingue de pleno derecho, aunque la municipalidad no haya dado el aviso del art. 50.
  10. Resolución 3522-2010Tribunal Contencioso Administrativo, Sección III17-09-2010Plan reguladorLa existencia del plan regulador es requisito sine qua non para tramitar una solicitud de concesión; distingue pobladores de ocupantes.
  11. Sentencia 406-2014Sala Primera20-03-2014CanonAplica como vinculante el criterio de la Sala Constitucional sobre la naturaleza del canon.
  12. Voto 2014-007453Sala Constitucional28-05-2014CanonEl canon es la contraprestación por usar un bien demanial y no un tributo; calcularlo sobre el valor de mercado no es irrazonable.
  13. Voto 2016-000811Sala Constitucional20-01-2016Ley 9221 y viviendaSin lugar la acción contra el art. 8 de la Ley 9221: el derecho a la vivienda justifica regularizar situaciones pasadas con requisitos técnicos y ambientales.
  14. Voto 2019-012746Sala Constitucional10-07-2019Moratoria anuladaAnuló la Ley 9073: suspender desalojos y demoliciones impide la autotutela del demanio y desprotege el ambiente.
  15. Voto 2021-024147Sala Constitucional27-10-2021Moratoria anuladaAnuló la Ley 9373 por aplicación del precedente de 2019.
  16. Voto 2026-010043Sala Constitucional20-03-2026Desalojo y vulnerabilidadPara recuperar el demanio basta, en principio, aviso previo y plazo razonable, con coordinación previa si hay personas vulnerables; no reconoce derecho de permanencia.
Procuraduría General de la República
  1. Dictamen C-297-200419-10-2004, al Ministerio del Ambiente y Energía: bosques y terrenos forestales de la zona como patrimonio natural del Estado
  2. Dictamen C-170-201326-08-2013: planes reguladores costeros y fincas inscritas en la franja de 150 metros
  3. Dictamen C-132-201914-05-2019: inscripciones registrales anteriores a la Ley 6043 y nulidad ante el Tribunal Contencioso Administrativo
  4. Dictamen PGR-C-156-202516-07-2025, al Ministerio de Turismo: el plan regulador costero como requisito de toda concesión
Otra resolución citada
  1. Voto 2023-018293 de la Sala Constitucional26-07-2023, exp. 23-016406-0007-CO: rechazo de plano de la acción contra las Leyes 9577 y 10000, por defectos formales (sin identificador de Nexus localizado)
Antecedentes legislativos
  1. Expediente legislativo n.º 7.371Presentado el 29-09-1975; aprobado el 27-01-1977 (Sistema de Información Legislativa)
  2. Proyecto «Declaratoria, planeamiento y desarrollo de las zonas marítimo-terrestre y terrenos insulares»Alcance n.º 170 a La Gaceta n.º 196 de 16-10-1975, con la exposición de motivos del Instituto Costarricense de Turismo
  3. Expediente Digital de la Asamblea Legislativa, documento 10023811.533 páginas escaneadas; intervención del diputado Odio Madrigal en el plenario (pág. 101, folio 0180)

Texto normativo: SINALEVI, versiones vigentes al 28 de octubre de 2026. Antecedentes: Sistema de Información Legislativa, Museo de Gacetas de la Imprenta Nacional y Expediente Digital de la Asamblea Legislativa. Jurisprudencia: Nexus del Poder Judicial, con los identificadores de la base de jurisprudencia de la firma; dictámenes de la Procuraduría en SINALEVI. Cotejo al 28 de octubre de 2026.


La ficha del área de zona marítimo terrestre explica cómo asesora Corporación GC en concesiones, prórrogas, traspasos y resoluciones municipales sobre la costa. Si tiene una consulta sobre una concesión o una orden municipal en la zona, puede escribirnos.

Preguntas frecuentes

¿Qué es la Ley 6043?

Es la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, Ley N.° 6043 de 2 de marzo de 1977, publicada en el Alcance 36 a La Gaceta N.° 52 del 16 de marzo de 1977 y vigente desde esa fecha. Declara que la franja costera de 200 metros pertenece al Estado y es inalienable e imprescriptible, la divide en zona pública y zona restringida y regula las concesiones que otorgan las municipalidades. Tiene 83 artículos y 8 transitorios; su versión vigente es la 9 de 9, del 5 de abril de 2022.

¿Cuántos metros mide la zona marítimo terrestre?

200 metros de ancho a todo lo largo de los litorales Atlántico y Pacífico, medidos horizontalmente a partir de la línea de la pleamar ordinaria, más los terrenos y rocas que el mar deja al descubierto en la marea baja (artículo 9). Comprende también las islas, islotes y peñascos marítimos, salvo la Isla del Coco y las islas regidas por leyes especiales.

¿Qué es la zona pública de 50 metros y se puede construir en ella?

Es la franja de 50 metros contados desde la pleamar ordinaria, más las áreas que quedan al descubierto en la marea baja; los manglares y esteros son zona pública sea cual fuere su extensión (artículos 10 y 11). Salvo las excepciones de ley, no puede ser objeto de ocupación bajo ningún título, nadie puede alegar derecho sobre ella y está dedicada al uso público y al libre tránsito (artículo 20). Solo se admiten obras de infraestructura aprobadas por el MOPT, el ICT, el INVU y la municipalidad, atendiendo al uso público, o instalaciones turísticas estatales de notoria conveniencia (artículo 22).

¿Cuánto dura una concesión en zona marítimo terrestre?

Entre 5 y 20 años, según lo fije el contrato, que debe indicar además el canon y su forma de pago (artículo 48). Puede prorrogarse sucesivamente por plazos no mayores de 20 años si el concesionario lo pide dentro de los 3 meses siguientes al aviso municipal de vencimiento, está al día en el canon y la municipalidad y el instituto lo aprueban (artículo 50). Si vence sin solicitud de prórroga, se extingue de pleno derecho.

¿Puede un extranjero tener una concesión en la playa?

La ley no permite otorgar concesiones a extranjeros que no hayan residido en el país por lo menos 5 años, ni a sociedades anónimas con acciones al portador, sociedades domiciliadas en el exterior, entidades constituidas en el país por extranjeros o entidades cuyo capital pertenezca en más de un 50 % a extranjeros (artículo 47). El Reglamento exige que la residencia sea continua y se acredite con certificación de Migración (artículo 25).

¿Cuánto se paga de canon en la zona marítimo terrestre?

Un porcentaje anual del avalúo de la parcela que fija el reglamento municipal de cánones: hasta 2 % para uso agropecuario, hasta 3 % habitacional, hasta 4 % hotelero turístico o recreativo y hasta 5 % comercial, industrial, minero o extractivo, con un mínimo de 0,25 % (artículo 49 del Reglamento, reformado por el Decreto 37882 de 2013). El avalúo vale 5 años y el canon se paga por anualidades adelantadas.

¿Se puede otorgar una concesión sin plan regulador costero?

No, salvo que una ley fije otro instrumento de planificación. El artículo 38 impide a las municipalidades otorgar concesiones en las zonas turísticas sin planos de desarrollo aprobados o elaborados por el ICT y el INVU, y el Reglamento exige declaratoria de aptitud turística, plan regulador aprobado y publicado y demarcación de la zona pública. La Sala Constitucional, el Tribunal Contencioso Administrativo y la Procuraduría (dictamen PGR-C-156-2025) tratan el plan regulador costero vigente como requisito sine qua non.

¿Dónde consultar la Ley 6043 y su reglamento actualizados?

La fuente oficial es SINALEVI, de la Procuraduría General de la República. Corporación GC publica el texto íntegro de la Ley 6043, con buscador y enlace a cada artículo, cotejado con SINALEVI el 28 de octubre de 2026 (versión 9 de 9). El Reglamento es el Decreto Ejecutivo 7841-P de 1977, versión 7 de 7, también disponible en SINALEVI.

Temas: Ley 6043 · Zona marítimo terrestre · Zona pública · Zona restringida · Concesiones · Canon · Texto vigente · Derecho Administrativo

Contenido informativo, revisado al 28 de octubre de 2026. Su aplicación a un caso concreto depende del expediente. Política editorial.

Atención directa

¿Enfrenta un caso relacionado con este tema?

Escríbanos por WhatsApp para una respuesta rápida y directa. Converse con nuestro equipo y reciba una orientación inicial de su situación.

Escribir por WhatsApp
Área de práctica
Zona Marítimo TerrestreConcesiones costeras, litigio en ZMT y planificación reguladora costera