Ley 6043 de Zona Marítimo Terrestre: zona pública, zona restringida y concesiones
Texto vigente de la Ley 6043, con buscador, y lo esencial de la zona pública, la zona restringida y las concesiones en la costa.
La Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre es la Ley N.° 6043 de 2 de marzo de 1977, publicada en el Alcance 36 a La Gaceta N.° 52 del 16 de marzo de 1977 y vigente desde ese día. Declara que la franja de 200 metros a lo largo de las costas del Atlántico y del Pacífico «constituye parte del patrimonio nacional, pertenece al Estado y es inalienable e imprescriptible» (artículo 1). La divide en dos secciones: la zona pública, de 50 metros contados desde la pleamar ordinaria, dedicada al uso público y al libre tránsito, y la zona restringida, de los 150 metros restantes, donde las municipalidades pueden otorgar concesiones de 5 a 20 años, con un canon y bajo un plan regulador costero. Tiene 83 artículos y 8 transitorios.
Su texto vigente completo está en esta página, en el articulado vigente, cotejado con SINALEVI el 28 de octubre de 2026 y con buscador por número de artículo o por palabra. La guía explica cómo funcionan las zonas, quién administra la costa, qué exige una concesión y cuánto cuesta, qué se puede construir y qué han dicho la Sala Constitucional, la Sala Primera, la jurisdicción penal y la Procuraduría General de la República.
Dónde leer el texto vigente de la Ley 6043
El articulado íntegro figura más abajo, en el articulado vigente. La fuente oficial que debe citarse en un escrito es el texto consolidado de SINALEVI, el Sistema Costarricense de Información Normativa de la Procuraduría General de la República, que registra 9 versiones de la ley. La vigente es la 9, del 5 de abril de 2022.
Las copias que circulan en PDF suelen omitir las reformas recientes. La Ley N.° 9974, de 9 de abril de 2021, agregó al artículo 50 la prórroga anticipada de las concesiones; la Ley N.° 9221, de 2014, reformó el artículo 6 para excluir las zonas urbanas litorales; y la última reforma, la Ley N.° 10236 de 2022, sometió las zonas litorales de Caldera, en Esparza, a un plan regulador urbano. La Sala Constitucional anuló el artículo 64 en el voto 5755-94 e interpretó el artículo 13 en el voto 5756-96.
El Reglamento de la ley es el Decreto Ejecutivo N.° 7841-P, de 16 de diciembre de 1977, publicado en el Alcance 16 a La Gaceta N.° 20 del 27 de enero de 1978. Su texto vigente en SINALEVI es la versión 7 de 7, con las últimas reformas de los Decretos 37278 de 2012 y 37882 de 2013, que fijan hoy el avalúo y el canon.
Las reformas de la ley desde 1977
Leyes que reformaron, adicionaron o interpretaron la Ley 6043, y los dos votos de la Sala Constitucional que tocaron su texto. El articulado que se publica en esta página las incorpora todas.
| Norma | Qué cambió |
|---|---|
| Ley N.° 651525-09-1980 | Adicionó el Transitorio VI, que exceptúa de la ley los predios de la zona urbana del distrito nueve del cantón central de Puntarenas adquiridos legítimamente. Transitorio VI |
| Ley N.° 689004-09-1983 | Adicionó el Transitorio VII: las municipalidades cobran canon a los ocupantes, en forma provisional y sin que eso les dé derecho alguno a una concesión. Transitorio VII |
| Ley N.° 695129-02-1984 | Reformó el artículo 18. La Ley 7210 de Zonas Francas derogó después esa reforma, y SINALEVI advierte que el texto no se restituyó al estado anterior. art. 18 |
| Ley N.° 697530-11-1984 | Ley de Presupuesto Extraordinario: adicionó el Transitorio VIII, que exonera del derecho de arrendamiento a ciertas instituciones. Transitorio VIII |
| Ley N.° 699015-07-1985 | Ley de Incentivos para el Desarrollo Turístico: su artículo 17 interpretó auténticamente la Ley 6043. Las concesiones de la zona restringida no pueden impedir el acceso del público a la zona de cincuenta metros, salvo que exista una vía destinada a ese efecto. capítulo VI |
| Ley N.° 71081988 | Ley de presupuesto: adicionó tres párrafos al artículo 76, que la Sala Constitucional anuló en el voto 5-95 del 01-02-1995, según el Sistema de Información Legislativa. art. 76 |
| Voto 5755-9404-10-1994 | La Sala Constitucional anuló el artículo 64, que sancionaba la violación de «cualquiera de las prohibiciones» de la ley o su reglamento, por ser un tipo penal abierto. art. 64 |
| Voto 5756-9630-10-1996 | La Sala Constitucional interpretó el artículo 13 sin anularlo: antes de ordenar la demolición en un proceso pendiente, el juez debe constatar que las obras están en la zona y se hicieron al margen de la ley. art. 13 |
| Ley N.° 79151999 | Amplió el artículo 59, según el registro de SINALEVI. art. 59 |
| Ley N.° 850628-04-2006 | Adicionó el artículo 73 bis: las competencias municipales corresponden a los concejos municipales de distrito con territorio en la costa. art. 73 bis |
| Ley N.° 903611-05-2012 | Al transformar el IDA en el INDER, derogó «las obligaciones contempladas en la Ley Nº 6043» en relación con el Instituto de Desarrollo Agrario (art. 82). toda la ley |
| Ley N.° 922127-03-2014 | Reformó el artículo 6 para excluir de la ley, además, las zonas urbanas litorales (art. 25 de la Ley 9221). art. 6 |
| Ley N.° 978019-12-2019 | Reformó el inciso b) del artículo 59: ese 40 % también puede cubrir las unidades de guardavidas. art. 59 |
| Ley N.° 994615-02-2021 | Adicionó un párrafo al artículo 76: reserva de cincuenta metros para la carretera panorámica de Puntarenas. art. 76 |
| Ley N.° 997409-04-2021 | Adicionó el párrafo final del artículo 50, la prórroga anticipada. Rige desde el 23-04-2021. art. 50 |
| Ley N.° 1023605-04-2022 | Reformó el artículo 79: las zonas litorales del distrito de Caldera, en Esparza, se ordenan con un plan regulador urbano. Es la última reforma. art. 79 |
La última reforma es la Ley N.° 10236, de 5 de abril de 2022, sobre Caldera. La versión vigente en SINALEVI es la 9 de 9. Cotejo del 28 de octubre de 2026.
Fuente: SINALEVI, Ley N.° 6043, historial de versiones y normativa que la afectó; Sistema de Información Legislativa.
Zona pública y zona restringida: los 200 metros
El artículo 9 define la zona marítimo terrestre como «la franja de doscientos metros de ancho a todo lo largo de los litorales Atlántico y Pacífico de la República, cualquiera que sea su naturaleza, medidos horizontalmente a partir de la línea de la pleamar ordinaria y los terrenos y rocas que deja el mar en descubierto en la marea baja». Comprende también las islas, islotes y peñascos marítimos y toda formación natural que sobresalga del océano dentro del mar territorial, con excepción de la Isla del Coco y de las islas cuyo régimen fijen leyes especiales.
El artículo 10 la divide en dos secciones. La zona pública es «la faja de cincuenta metros de ancho a contar de la pleamar ordinaria, y las áreas que quedan al descubierto durante la marea baja»; la zona restringida está «constituida por la franja de los ciento cincuenta metros restantes, o por los demás terrenos en caso de islas». Los islotes, peñascos y formaciones pequeñas que sobresalen del mar son zona pública.
Los manglares y esteros amplían la zona pública: «Zona pública es también, sea cual fuere su extensión, la ocupada por todos los manglares de los litorales continentales e insulares y esteros del territorio nacional» (artículo 11). Un manglar puede llevar, por eso, la zona pública más allá de los 50 metros. La normativa contiene decenas de decretos con los que el Instituto Geográfico Nacional delimita la zona pública de manglares, esteros y rías, una delimitación técnica que se hace caso por caso.
La consecuencia del carácter inalienable e imprescriptible es que nadie adquiere la zona por compra ni por el paso del tiempo. El artículo 7 dispone que sus terrenos «no pueden ser objeto de informaciones posesorias» y que los particulares no pueden apropiárselos ni legalizarlos a su nombre «por éste u otro medio». La Sala Constitucional describió el régimen como «un régimen especial de propiedad del Estado» en el que la zona pública «está por definición excluida de cualquier tipo de explotación o construcción en manos de particulares, y no puede ser objeto de ocupación en ningún caso», y la restringida admite uso privado solo por concesión y sigue siendo del Estado (voto 5756-96).
Las propiedades inscritas
El artículo 6 excluye de la ley las áreas de las ciudades situadas en los litorales, las zonas urbanas litorales, «las propiedades inscritas, con sujeción a la ley, a nombre de particulares» y aquellas cuya legitimidad reconozcan las leyes. La expresión «con sujeción a la ley» limita la exclusión a las inscripciones legítimas. La Procuraduría explica que la Ley 4558 de 1970 permitió, por un transitorio derogado en 1971, titular lotes de la franja de 150 metros con 30 años de posesión, y que las informaciones posesorias posteriores y las inscripciones que incorporan demanio sin asiento previo lícito tienen nulidad absoluta. Mientras la inscripción exista, la municipalidad no puede concesionar ni desalojar por vía administrativa y debe demandar la nulidad ante el Tribunal Contencioso Administrativo, porque «la inscripción hace inoperante la actuación de la potestad de reintegro de oficio del bien (art. 13; Ley 6043)» (dictamen C-132-2019).
Las fincas legítimamente inscritas en la franja de 150 metros se planifican con el plan regulador del cantón: «los terrenos legítimamente inscritos a favor de particulares pueden ser objeto de planificación por parte del plan regulador cantonal, pero no por el plan regulador costero», salvo que el propietario pida su inclusión conforme al artículo 15 (dictamen C-170-2013). Si una finca inscrita comprende zona pública, su uso particular requiere acuerdos expresos de la municipalidad, el ICT y el INVU (artículo 25).
Quién administra la zona marítimo terrestre
La ley reparte las competencias entre varias instituciones. El Instituto Costarricense de Turismo (ICT) ejerce, en nombre del Estado, «la superior y general vigilancia» de la zona (artículo 2); elabora el plan general de uso de la tierra (artículo 26), declara las zonas turísticas o no turísticas mediante publicación en La Gaceta (artículo 27) y aprueba las concesiones en las áreas turísticas (artículo 42).
Las municipalidades velan directamente por el cumplimiento de la ley, y les corresponde «el usufructo y administración de la zona marítimo terrestre, tanto de la zona pública como de la restringida» (artículo 3). Son las únicas que otorgan concesiones en su jurisdicción (artículo 40) y nombran inspectores con libre acceso a terrenos e instalaciones, excepto a los domicilios particulares (artículo 34). Desde la Ley 8506 de 2006, esas atribuciones corresponden a los concejos municipales de distrito que tienen territorio en la costa (artículo 73 bis).
La Procuraduría General de la República ejerce «el control jurídico» del cumplimiento de la ley y puede gestionar la anulación de concesiones, permisos, contratos o actos contrarios a ella (artículo 4). La Asamblea Legislativa es la única que puede conceder permisos o concesiones en las zonas cubiertas permanentemente por el mar, salvo las instalaciones de protección y salvamento (artículo 5), y debe aprobar las concesiones en islas e islotes (artículo 42).
En las áreas no turísticas, el artículo 42 encarga la aprobación al Instituto de Tierras y Colonización, que luego fue el IDA y hoy es el INDER. La Ley 9036 de 2012, que transformó el IDA en el INDER, derogó «las obligaciones contempladas en la Ley Nº 6043, Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, de 2 de marzo de 1977, en relación con el Instituto de Desarrollo Agrario» (artículo 82 de esa ley).
Parte de la costa está fuera del régimen municipal. La ley no se aplica a la zona marítimo terrestre incluida en parques nacionales y reservas equivalentes, que se rigen por su legislación (artículo 73). Los bosques y terrenos forestales de titularidad estatal dentro de la zona son patrimonio natural del Estado por la Ley Forestal y los administra el SINAC: «Las Municipalidades están inhibidas para otorgar concesiones sobre los bosques o terrenos forestales de la zona marítimo terrestre que integran el Patrimonio Natural del Estado y no administran» (dictamen C-297-2004). Bahía Culebra queda bajo administración directa del ICT (artículo 74) y Caldera, en Esparza, se ordena con un plan regulador urbano, con exclusión de la zona pública, el patrimonio natural del Estado y los manglares (artículo 79).
El plan regulador costero
La ley condiciona todo uso de la zona a su planificación. Mientras el ICT no declare la aptitud turística, «no podrán autorizarse obras ni construcciones, reconstrucciones o remodelaciones, de ninguna clase» (artículo 19), y la municipalidad debe conservar la situación existente (artículo 35). El artículo 38 es la base del requisito: «Las municipalidades no podrán otorgar concesiones en las zonas turísticas, sin que el Instituto Costarricense de Turismo y el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo hayan aprobado o elaborado los planos de desarrollo de esas zonas».
El Reglamento lo desarrolla. No se aprueban obras sin declaratoria de aptitud turística o no turística del ICT, plan regulador costero aprobado y publicado y contrato de concesión inscrito (artículo 15 del Reglamento); no se otorgan concesiones donde el Instituto Geográfico Nacional no haya demarcado la zona pública (artículo 62); y los planes reguladores costeros siguen el Plan General de Uso de la Tierra del ICT y requieren la aprobación del INVU y del ICT (artículo 17). Según la Procuraduría, los elabora la municipalidad, con aprobación del INVU y del ICT, audiencia pública y viabilidad ambiental de SETENA, y el SINAC aporta la certificación del patrimonio natural del Estado (dictamen C-170-2013).
La jurisprudencia lo trata como requisito indispensable. La Sala Constitucional resolvió que «por imperativo legal las municipalidades se encuentran imposibilitadas de otorgar concesiones en áreas turísticas si en la zona no se cuenta con un plan de desarrollo», de modo que el solicitante solo tiene una expectativa, y que haber otorgado concesiones irregulares a otros no crea derecho a igual trato (voto 2004-01475). El Tribunal Contencioso Administrativo sostuvo que «la existencia del plan regulador, en la zona en que se pretende obtener la concesión, es requisito sine qua non para el trámite de este tipo de solicitudes» (resolución 3522-2010). Y el criterio más reciente de la Procuraduría lo extiende a toda concesión municipal en la zona, incluidas las de marinas y atracaderos turísticos de la Ley 7744: «la existencia del plan regulador costero en el sector donde se pretende obtener concesión en la zona marítimo terrestre es requisito sine qua non para que la municipalidad pueda otorgarla». Un reglamento no puede suprimir esa exigencia, y solo otro instrumento fijado por ley, como el plan maestro de Papagayo, el plan regulador urbano de las ciudades litorales o el régimen de las zonas urbanas litorales, puede ocupar su lugar (dictamen PGR-C-156-2025).
Las concesiones en la zona restringida
Solo en la zona restringida pueden otorgarse concesiones (artículo 39), solo las municipalidades las otorgan en su jurisdicción (artículo 40) y su objeto es «únicamente para el uso y disfrute de áreas determinadas en la zona restringida, por el plazo y bajo las condiciones que esta ley establece» (artículo 41). La concesión no transmite la propiedad del terreno.
Requisitos y trámite
Las concesiones se otorgan por el principio de que «el primero en tiempo es primero en derecho»; el reglamento puede fijar un orden de prioridades, y en igualdad de condiciones se prefiere al ocupante que haya poseído el terreno en forma quieta, pública, pacífica y continua (artículo 44). En las áreas turísticas, la concesión requiere la aprobación del ICT, que solo puede denegarla, en forma razonada, si viola la ley; en islas e islotes, la de la Asamblea Legislativa (artículo 42). Sin esa aprobación legislativa, la concesión en una isla carece de eficacia, y la Sala Primera advirtió que «la posibilidad de no aprobación legislativa de la concesión es un riesgo que debe correr quien pretende desarrollar algún proyecto en una isla o islote marítimos» (sentencia 771-F-S1-2008).
El Reglamento ordena el trámite. La solicitud se presenta en la fórmula del ICT o con los requisitos legales, autenticada por abogado, con los datos del solicitante, el porcentaje de socios o capital extranjero si es persona jurídica, un croquis, los linderos y el uso (artículos 27 y 30). Se publica un edicto en La Gaceta, con 30 días hábiles para oposiciones (artículos 38 y 40); el Alcalde tiene 30 días hábiles para presentar el proyecto de resolución, que decide el Concejo (artículo 42), y el interesado cuenta con 30 días hábiles para firmar el contrato y pagar la primera anualidad (artículo 44). El contrato pasa luego al instituto para su aprobación y se inscribe en el Registro General de Concesiones del Registro Nacional: «Los contratos no surtirán efectos legales hasta tanto no se cuente con la inscripción» (artículo 46 del Reglamento). La ley dispone, a su vez, que esos títulos perjudican a terceros solo desde su recibo o presentación en el Registro (artículo 30).
No pueden ser concesionarios los regidores, el ejecutivo municipal ni sus parientes hasta el segundo grado (artículo 46), y en las zonas turísticas una persona, con su cónyuge e hijos menores, no puede tener más de una concesión (artículo 57). Ese mismo artículo reserva «Hasta una cuarta parte de la zona» para concesiones sin fin de lucro a cooperativas, sindicatos, asociaciones comunales y entidades similares.
Extranjeros y sociedades
El artículo 47 dispone que no se otorgarán concesiones «a) A extranjeros que no hayan residido en el país por lo menos durante cinco años; b) A sociedades anónimas con acciones al portador; c) A sociedades o entidades domiciliadas en el exterior; ch) A entidades constituidas en el país por extranjeros; y d) A entidades cuyas acciones o cuotas o capital, correspondan en más de cincuenta por ciento a extranjeros». Las entidades concesionarias y sus socios no pueden ceder cuotas o acciones a extranjeros, y esos traspasos «carecerán de toda validez». El artículo 25 del Reglamento exige que los 5 años de residencia sean continuos y se acrediten con certificación de Migración, y excluye a las entidades en las que más de la mitad de sus miembros no sean costarricenses. En los desarrollos turísticos, el artículo 31 admite entidades extranjeras solo si se trata de empresas turísticas cuyo capital para el desarrollo pertenezca en más de un 50 % a costarricenses.
Plazo y prórroga
«Las concesiones se otorgarán por un plazo no menor de cinco ni mayor de veinte años y deberán indicar el canon a pagar y su forma de pago. Ese canon sustituye el impuesto territorial» (artículo 48). Pueden prorrogarse sucesivamente, cada vez por un plazo no mayor de 20 años, si lo pide el interesado, lo acuerda la municipalidad y lo aprueba el instituto (artículo 50).
La solicitud de prórroga se presenta «dentro de los tres meses siguientes al aviso que dé la municipalidad al interesado sobre su vencimiento del plazo de su concesión»; para tramitarla hay que estar al día en el canon y en las obligaciones legales, y «La solicitud de prórroga presentada extemporáneamente se tendrá como nueva solicitud de concesión» (artículo 50). En la prórroga se paga el canon vigente a la fecha del acuerdo. El Reglamento fija el aviso municipal con no menos de 6 meses ni más de 1 año de anticipación y, a falta de aviso, permite pedir la prórroga dentro de los 6 meses anteriores al vencimiento (artículo 53 del Reglamento).
La falta de aviso no prorroga la concesión. La Sala Primera resolvió que «la concesión se extingue por el transcurso del tiempo sin que haya solicitud de prórroga, es decir, la extinción opera de pleno derecho», porque el concesionario conoce su plazo y puede pedir la prórroga dentro de los 6 meses anteriores al vencimiento; extinguida, no se hereda, y la parcela queda libre para una concesión nueva con las prioridades del artículo 44 (sentencia 495-F-S1-2010).
Desde la Ley 9974, vigente desde el 23 de abril de 2021, existe la prórroga anticipada: puede pedirse «una vez que haya transcurrido al menos la mitad del plazo otorgado en la concesión», y la municipalidad puede otorgarla «únicamente cuando el objetivo sea utilizar los derechos de concesión como garantía financiera para desarrollar nuevas inversiones o realizar mejoras en el inmueble, o para readecuar o refinanciar condiciones crediticias propias de la actividad realizada en la zona concesionada» (artículo 50, párrafo final).
La prórroga puede denegarse por utilidad pública o conveniencia general, porque la parcela quedó ubicada en la zona pública, porque se requiere para planes urbanísticos o turísticos aprobados por el INVU y el ICT, o por incumplimiento de las obligaciones del concesionario; en todo caso, los motivos «deberán ser debidamente comprobados» (artículo 51).
Traspaso y gravamen
El artículo 45 prohíbe «ceder o comprometer, o en cualquier otra forma traspasar o gravar, total o parcialmente, las concesiones o los derecho derivados de ellas, sin la autorización expresa de la municipalidad respectiva y del Instituto Costarricense de Turismo o del Instituto de Tierras y Colonización, según sea el caso. Carecerán de toda validez los actos o contratos que infringieren esta disposición». El Reglamento exige autorización escrita de la municipalidad y del instituto, y en el traspaso siguen vigentes todas las estipulaciones del contrato (artículos 58 a 60 del Reglamento). Tampoco puede cambiarse el destino de la parcela ni de lo edificado sin el consentimiento de la municipalidad y del instituto (artículo 43); el cambio de uso autorizado no altera el plazo original y puede modificar el canon. Los bancos del Sistema Bancario Nacional pueden prestar con garantía de la concesión y de sus edificaciones, mejoras e instalaciones (artículo 67).
Si el concesionario fallece o se declara su ausencia, sus derechos pueden adjudicarse a sus herederos; si no los hay, la concesión se tiene por cancelada y vuelve a la municipalidad con sus construcciones y mejoras (artículo 49).
El canon
El artículo 48 remite al Reglamento la fijación del canon, que sustituye el impuesto territorial. El artículo 49 del Reglamento, reformado por el Decreto 37882 de 2013, ordena que los cánones anuales se regulen por un reglamento municipal «técnicamente fundamentado que formará parte integral del Plan Regulador Costero», dentro de estos topes sobre el avalúo: uso agropecuario hasta un 2 %; habitacional hasta un 3 %; hotelero turístico o recreativo hasta un 4 %; comercial, industrial, minero o extractivo hasta un 5 %. Ningún canon puede ser menor al 0,25 % del avalúo. Mientras la municipalidad no dicte ese reglamento, aplica los porcentajes anteriores a la reforma de 2013.
El avalúo lo hace la municipalidad con un profesional, según la metodología del Órgano de Normalización Técnica y las plataformas de valores por zonas homogéneas; no se avalúan la zona pública ni los humedales, esteros y riscos, y el avalúo vale 5 años (artículo 50 del Reglamento). Se notifica, y los recursos contra él se presentan dentro de 15 días hábiles (artículo 51). El canon se paga por anualidades adelantadas, que pueden fraccionarse trimestralmente, y su cobro prescribe en 5 años (artículo 51 bis); para personas residentes de escasos recursos puede rebajarse hasta el 0,25 % cuando se trata de vivienda (artículo 52).
Para la Sala Constitucional, el canon es la contraprestación por usar un bien de dominio público; por eso no le alcanzan la reserva de ley tributaria ni la comparación con el impuesto de bienes inmuebles, y calcularlo sobre el valor de mercado no es irrazonable: «ni el canon es un tributo, ni los principios constitucionales en materia tributaria le son aplicables» (voto 2014-007453). La Sala Primera aplicó ese criterio como vinculante (sentencia 406-2014).
Lo que recibe la municipalidad por concesiones se distribuye así: el 20 % forma un fondo para pagar mejoras; el 40 % se invierte en obras de mejoramiento de las zonas turísticas, incluidas desde 2019 las unidades de guardavidas; y el 40 % restante en obras del cantón (artículo 59).
Extinción y cancelación
Las concesiones se extinguen por vencimiento del plazo sin solicitud de prórroga en forma legal, por renuncia o abandono, por fallecimiento o ausencia sin adjudicación a los herederos, por denegatoria de la prórroga y por cancelación (artículo 52). Pueden ser canceladas por falta de pago del canon, por incumplimiento de las obligaciones del concesionario, por violación de la ley, si el concesionario «impidiere o estorbare el uso general de la zona pública» y por las demás causas legales (artículo 53).
La cancelación exige debido proceso. La Sala Constitucional rechazó la acción contra el artículo 53 porque la Ley General de la Administración Pública suple el procedimiento: «la cancelación de una concesión válidamente otorgada constituye uno de esos supuestos, razón por la cual es de observancia el procedimiento ordinario» (voto 2130-94). El Reglamento exige consulta previa al instituto y al IFAM, un procedimiento con debido proceso, acto final conforme a los artículos 128 y siguientes de esa ley y comunicación al Registro General de Concesiones (artículo 80 del Reglamento).
Si la concesión se extingue por causas ajenas al concesionario, se le reconoce el valor de las edificaciones y mejoras; si se extingue por motivos imputables a él, las mejoras quedan para la municipalidad sin pago alguno, sin perjuicio de los daños y perjuicios (artículo 55). Extinguida, el uso y disfrute plenos de la parcela revierten a la municipalidad (artículo 56).
Las medidas, los plazos y el canon de la zona marítimo terrestre
Cada artículo de la ley enlaza con su texto vigente en esta misma página; los del Reglamento, con SINALEVI.
| Qué | Medida o plazo |
|---|---|
| Ancho de la zona marítimo terrestre | 200 metros a todo lo largo de los litorales, medidos horizontalmente a partir de la línea de la pleamar ordinaria, más los terrenos y rocas que el mar deja al descubierto en la marea baja. art. 9 |
| Zona pública | Los primeros 50 metros desde la pleamar ordinaria y las áreas que quedan al descubierto en la marea baja. Los manglares y esteros son zona pública sea cual fuere su extensión. art. 10, art. 11 |
| Zona restringida | Los 150 metros restantes, o los demás terrenos en el caso de las islas. Solo en ella caben concesiones. art. 10, art. 39 |
| Plazo de la concesión | No menor de 5 ni mayor de 20 años. art. 48 |
| Prórroga | Sucesiva, cada vez por un plazo no mayor de 20 años. Se pide dentro de los 3 meses siguientes al aviso municipal de vencimiento; la solicitud extemporánea se tiene como nueva solicitud de concesión. art. 50 |
| Aviso de vencimiento y solicitud sin aviso | La municipalidad avisa con no menos de 6 meses ni más de 1 año de anticipación. Sin aviso, la prórroga se pide dentro de los 6 meses anteriores al vencimiento. El instituto resuelve en 30 días naturales y la municipalidad en otros 30. Reglamento, art. 53 |
| Prórroga anticipada | Cuando haya transcurrido al menos la mitad del plazo, y solo para usar la concesión como garantía de nuevas inversiones o mejoras, o para readecuar o refinanciar créditos de la actividad. art. 50 |
| Extranjeros | No se otorgan concesiones a extranjeros con menos de 5 años de residencia en el país (continua, según el Reglamento), ni a entidades con más del 50 % de su capital en manos de extranjeros. art. 47, Reglamento, art. 25 |
| Canon anual | Un porcentaje del avalúo que fija el reglamento municipal: uso agropecuario hasta 2 %; habitacional hasta 3 %; hotelero turístico o recreativo hasta 4 %; comercial, industrial, minero o extractivo hasta 5 %. Ningún canon puede ser menor al 0,25 % del avalúo. Reglamento, art. 49 |
| Avalúo | Lo hace la municipalidad y vale 5 años. Se notifica, y los recursos contra él se presentan dentro de 15 días hábiles. No se avalúan la zona pública ni los humedales, esteros y riscos. Reglamento, arts. 50, 51 |
| Pago del canon | Por anualidades adelantadas, que pueden fraccionarse trimestralmente. El cobro prescribe en 5 años. Reglamento, art. 51 bis |
| Rebaja para vivienda | Hasta 0,25 % del avalúo para personas residentes de escasos recursos, cuando se trata de vivienda. Reglamento, art. 52 |
| Destino de lo cobrado | 20 % para un fondo de pago de mejoras; 40 % para obras en las zonas turísticas, incluidas las unidades de guardavidas; 40 % para obras del cantón. art. 59 |
| Trámite de la solicitud | 30 días calendario para corregir lo prevenido; desistimiento tras 6 meses sin movimiento imputable al interesado; 30 días hábiles para oposiciones desde el edicto; 30 días hábiles para el proyecto de resolución del Alcalde y otros 30 para firmar el contrato y pagar la primera anualidad; 30 días naturales para la aprobación del instituto. Reglamento, arts. 30, 33, 38, 40, 42, 44, 46 |
| Pobladores | Costarricenses por nacimiento con más de 10 años de residencia en la zona pueden continuar en su lote si es su única propiedad, sujetos a la planificación y respetando la zona pública. art. 70 |
| Penas | Explotar flora o fauna sin autorización: 6 meses a 4 años de prisión. Construir o desarrollar contra la ley: 1 mes a 3 años. El funcionario que otorga o aprueba contra la ley: 3 meses a 2 años y despido. art. 61, art. 62, art. 63 |
Mientras una municipalidad no dicte el reglamento de cánones previsto en el artículo 49 del Reglamento, aplica los porcentajes anteriores a la reforma de 2013, según su transitorio único. En las zonas urbanas litorales el canon lo fija cada municipalidad con la plataforma de valores por zonas homogéneas del Ministerio de Hacienda (art. 19 de la Ley 9221).
Fuente: Ley N.° 6043 y su Reglamento (Decreto Ejecutivo 7841-P), textos vigentes en SINALEVI.
Qué se puede construir en la zona marítimo terrestre
En toda la zona es prohibido, «sin la debida autorización legal», explotar la flora y la fauna, cercar, levantar edificaciones o instalaciones, cortar árboles, extraer productos «o realizar cualquier otro tipo de desarrollo, actividad u ocupación» (artículo 12).
En la zona pública, «Salvo las excepciones establecidas por la ley, la zona pública no puede ser objeto de ocupación bajo ningún título ni en ningún caso. Nadie podrá alegar derecho alguno sobre ella. Estará dedicada al uso público y en especial al libre tránsito de las personas» (artículo 20). Las excepciones son estrechas: las secciones que por su configuración geográfica, su topografía o sus condiciones especiales no puedan aprovecharse para uso público, con autorización de la municipalidad y del ICT, sin enajenarlas y con una zona de libre tránsito (artículo 21); y las obras de infraestructura que aprueben el MOPT, el ICT, el INVU y la municipalidad atendiendo al uso público, o las instalaciones turísticas estatales de notoria conveniencia para el país (artículo 22). La Ley 6990 de 1985 interpretó auténticamente la ley en el sentido de que las concesiones de la zona restringida «no pueden impedir el acceso del público a la zona inalienable de cincuenta metros, salvo si dicho acceso es posible por una vía destinada a ese efecto». Si el mar avanza y una construcción queda dentro de la zona pública, el propietario conserva sus derechos pero no puede remodelar, y se procura su traslado o, en último caso, la expropiación (artículo 24).
En la zona restringida, se construye solo con concesión inscrita, conforme al plan regulador costero y a la declaratoria de aptitud turística (artículos 19 y 38; artículo 15 del Reglamento). La Ley 9242 prohíbe a las municipalidades, desde 2014, autorizar nuevas construcciones sin concesión inscrita y ajustada al plan regulador (artículo 6 de esa ley). Los planos de desarrollos urbanos o turísticos que afecten la zona requieren la aprobación del INVU y del ICT (artículo 31). En casos excepcionales, como plantas industriales, obras portuarias o maricultura, que necesiten estar junto al mar, puede autorizarse el uso de la zona con la aprobación expresa de la municipalidad, el ICT, el INVU, el MOPT y las demás instituciones competentes (artículo 18).
Desalojo y demolición
Ante una ocupación o construcción sin autorización, el artículo 13 ordena a las autoridades y municipalidades proceder, «previa información levantada al efecto si se estimare necesaria, al desalojo de los infractores y a la destrucción o demolición de las construcciones, remodelaciones o instalaciones realizadas por aquellos», a costa del dueño de lo construido. La Sala Constitucional fijó que, en los procesos jurisdiccionales pendientes, el juez debe constatar antes que las obras están en la zona y que se hicieron al margen de la ley (voto 5756-96, anotado por SINALEVI al pie del artículo 13).
En sede administrativa, la Sala exigió procedimiento: «si bien la Municipalidad no puede actuar unilateralmente, tan pronto tenga noticia de que se ha deslindado con cercas la zona marítimo terrestre, debe instaurar el procedimiento administrativo correspondiente» (voto 1999-00023). Su línea reciente admite que para recuperar bienes demaniales basta, en principio, un aviso previo y un plazo razonable, pero la potestad no se ejerce «de forma aislada, desarticulada o indiferente» a las personas vulnerables que habitan el lugar: con menores de edad o adultos mayores, la municipalidad debe coordinar antes con las instituciones de protección. Esa coordinación condiciona la forma de ejecutar: «Lo anterior no implica reconocer derecho alguno de permanencia sobre el bien demanial ni impide a la municipalidad ejercer sus potestades legales de recuperación» (voto 2026-010043).
Pobladores y ocupantes
La ley protege a los pobladores: costarricenses por nacimiento con más de 10 años de residencia en la zona, que pueden continuar en sus lotes si son su única propiedad, sujetos a la planificación, con posible reubicación e indemnización de sus mejoras, y respetando siempre la zona pública (artículo 70). Distinta es la situación de los ocupantes, a quienes el Transitorio VII permite cobrar canon en forma provisional, con la advertencia de que ese cobro «no produce derecho alguno para los ocupantes en lo que a concesión se refiere». El Tribunal Contencioso Administrativo recogió esa distinción en la resolución 3522-2010.
Leyes conexas: zonas urbanas litorales, Ley 9242 y moratorias
Tres grupos de leyes posteriores cambian hoy el panorama de la Ley 6043.
La Ley 9221, Ley Marco para la Declaratoria de Zona Urbana Litoral, de 27 de marzo de 2014, permite que, por decreto del Poder Ejecutivo y previo dictamen técnico de la comisión interinstitucional, se declaren zona urbana litoral las «áreas urbanas conformadas de hecho, que cuenten con una alta concentración urbana en el litoral, antes de la entrada en vigencia de esta ley». Exige plan regulador costero vigente, dictamen del ICT, declaratoria de área urbana del INVU, delimitación del Instituto Geográfico Nacional y evaluación ambiental estratégica de SETENA, y advierte que «no desafecta las áreas de naturaleza demanial» (artículos 1 y 5). En esas zonas hay concesiones de 5 a 20 años (artículo 14) e incluso concesiones en los 50 metros para terrenos ocupados antes de la ley, sin cambio de uso ni aumento de densidad (artículo 8). Su Transitorio I, reformado por la Ley 10735, da 8 años, contados desde el 30 de julio de 2025, para tramitar la declaratoria.
La Sala Constitucional declaró sin lugar la acción contra ese artículo 8. Varió su criterio anterior al considerar que la intangibilidad de la zona pública, aplicada sin excepciones, crearía «una norma pétrea» frente a poblaciones costeras históricas, y que el derecho a la vivienda digna justifica una ley que solo mira a situaciones pasadas y no regula «hacia el futuro nuevos asentamientos»: «La utilización de criterios del Derecho urbanístico y del Derecho ambiental no pueden considerarse del todo irreconciliables con el principio de intangibilidad del área pública de la zona marítimo terrestre» (voto 2016-000811, con voto salvado del magistrado Cruz Castro).
La Ley 9242, de 6 de mayo de 2014, regula las construcciones existentes en la zona restringida. Donde hay plan regulador costero, la ley da 6 meses para pedir la concesión o para ajustarse previa prevención, y luego procede el desalojo y la demolición (artículo 3). Donde no lo hay, su artículo 4, reformado por la Ley 10735 de 1 de julio de 2025, da a las municipalidades 8 años, contados desde el 30 de julio de 2025, para aprobar el plan; mientras tanto pueden conservar las construcciones existentes si no se acredita daño o amenaza ambiental, usadas «a título precario» con un canon por uso de suelo que «no generará derecho alguno».
Las moratorias de desalojo. La Ley 9073 de 2012 suspendió por 24 meses los desalojos y demoliciones en la zona marítimo terrestre, la zona fronteriza y el patrimonio natural del Estado. La Sala Constitucional la anuló en su totalidad porque, con ella, «el Estado se encuentra impedido para ejercer sus principales potestades de autotutela, para la protección oportuna y efectiva de las denominadas zonas especiales» (voto 2019-012746), y anuló también la Ley 9373 de 2016, una nueva moratoria de 24 meses, por aplicación de ese precedente (voto 2021-024147).
Sigue vigente la Ley 9577 de 2018, que suspende por 36 meses «las acciones administrativas de desalojo de personas, la demolición de obras, la suspensión de actividades comerciales, agropecuarias y cualquier otra actividad lícita y proyectos existentes en la zona marítima terrestre, zona fronteriza y patrimonio natural del Estado, salvo aquellas que sean ordenadas mediante resolución judicial o administrativa en firme, fundadas en la comisión de daño ambiental o cuando exista peligro o amenaza del daño del medio ambiente» (artículo 1). No crea derechos a favor de los ocupantes, prohíbe modificar las obras salvo el mantenimiento o las mejoras necesarias o urgentes y prohíbe nuevas ocupaciones (artículos 4 y 5). La Ley 10000 de 2021 y la Ley 10489 de 2024 la prolongaron, cada una «por un período de tiempo igual». La única acción de inconstitucionalidad localizada contra ella fue rechazada de plano por defectos formales, sin pronunciamiento de fondo (voto 2023-018293 de la Sala Constitucional, de 26 de julio de 2023, expediente 23-016406-0007-CO).
El reglamento y las leyes que completan la Ley 6043
Qué regula cada una y en qué estado está al 28 de octubre de 2026.
| Norma | Estado |
|---|---|
| Decreto Ejecutivo 7841-PReglamento a la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre (16-12-1977) | Vigente, versión 7 de 7; última reforma por el Decreto 37882 de 2013. Regula el trámite de la concesión, el canon (art. 49), el avalúo (art. 50) y la prórroga (art. 53). |
| Ley N.° 9221Ley Marco para la Declaratoria de Zona Urbana Litoral (27-03-2014) | Vigente. La Sala Constitucional declaró sin lugar la acción contra su artículo 8 (voto 2016-000811). La Ley 10735 dio ocho años, desde el 30-07-2025, para tramitar la declaratoria. |
| Ley N.° 9242Construcciones existentes en la zona restringida (06-05-2014) | Vigente. Su artículo 4, reformado por la Ley 10735, da a las municipalidades ocho años, desde el 30-07-2025, para aprobar el plan regulador costero; entretanto, uso a título precario que no genera derecho. |
| Ley N.° 9073Moratoria de desalojos y demoliciones por 24 meses (19-09-2012) | Anulada en su totalidad por la Sala Constitucional (voto 2019-012746). |
| Ley N.° 9373Nueva moratoria de 24 meses (28-06-2016) | Anulada por la Sala Constitucional (voto 2021-024147). |
| Ley N.° 9577Moratoria de 36 meses, salvo daño ambiental (27-06-2018) | Vigente. La prolongaron la Ley 10000 (01-07-2021) y la Ley 10489 (13-05-2024), cada una «por un período de tiempo igual». La única acción localizada se rechazó de plano (voto 2023-018293). |
| Ley N.° Forestal 7575Patrimonio natural del Estado (arts. 13 a 15) | Vigente. Los bosques y terrenos forestales estatales de la zona son patrimonio natural del Estado y los administra el SINAC (dictamen C-297-2004). |
Fuente: SINALEVI, fichas de cada norma; Nexus del Poder Judicial; Procuraduría General de la República.
Delitos en la zona marítimo terrestre
El capítulo VII tipifica tres delitos. Quien explote sin autorización la flora o la fauna de la zona o de los manglares, prisión de 6 meses a 4 años (artículo 61). Quien «en la zona marítimo terrestre construyere o realizare cualquier tipo de desarrollo contra lo dispuesto en esta ley o en leyes conexas, o impidiere la ejecución de una orden de suspensión o demolición de obras o instalaciones», prisión de 1 mes a 3 años, salvo delito más grave (artículo 62). El funcionario que otorgue concesiones o permisos o apruebe planos contra la ley, o haga nugatoria una orden de demolición o una sanción, prisión de 3 meses a 2 años y despido sin responsabilidad patronal; si es de elección popular, pierde la credencial previa información del Tribunal Supremo de Elecciones (artículo 63). El concesionario condenado pierde la concesión, que se cancela junto con sus edificaciones y mejoras (artículo 65).
La Sala Tercera calificó el delito del artículo 62 como continuo mientras se mantenga lo construido: «el delito en examen es de carácter continuo, pues su comisión supone una pluralidad de hechos dependientes entre sí» (sentencia 539-F-91). El Tribunal de Casación Penal de San José lo trató como delito de efectos permanentes, cuya prescripción corre desde que cesa la permanencia de la construcción, e hizo suyo este pasaje: «La inalterabilidad de los actos de posesión ejercidos sobre bien inalienable, mantiene la imprescriptibilidad de la acción penal» (sentencia 2003-000394).
El antiguo artículo 64 sancionaba a quien violara «cualquiera de las prohibiciones» de la ley o su reglamento. La Sala Constitucional lo anuló por ser un tipo penal abierto que delegaba la tipificación en el reglamento, contra el artículo 39 de la Constitución: «no es posible determinar con certeza cuáles son las conductas que el legislador pretende sancionar» (voto 5755-94).
Historia legislativa de la Ley 6043
La ley nació del expediente legislativo n.º 7.371, presentado el 29 de septiembre de 1975 y acogido para su trámite por el diputado Alfonso Carro Zúñiga, presidente de la Asamblea. El proyecto lo redactó el Instituto Costarricense de Turismo y se publicó en el Alcance n.º 170 a La Gaceta n.º 196 del 16 de octubre de 1975 con el título «Declaratoria, planeamiento y desarrollo de las zonas marítimo-terrestre y terrenos insulares». Sus antecedentes son los expedientes 3.764, que llevó a la Ley 4558 de 1970, y 5.515.
La exposición de motivos, una carta del ICT firmada por su presidente ejecutivo, Carlos Lara Hine, describe el contexto: la Ley 4558 estaba suspendida desde la Ley 5602 de 1974, y el Instituto hablaba de «un problema de verdadera magnitud nacional, agravado actualmente por el dilatado impace [sic] que significa el mantenerse congelada la ley Nº 4558». Explica también por qué la zona es inalienable y se usa por concesión: el proyecto pretendía «conservar como patrimonio del Estado, tierras que históricamente han tenido el carácter de bienes de dominio público y que por disposición de la ley Nº 4558, fueron sometidas en un alto porcentaje a propiedad particular, al permitir su inscripción en el Registro Público por vía de informaciones posesorias», y proponía «un sistema de arrendamientos suficientemente flexible» que permitiera la explotación privada y la recuperación de las inversiones «sin necesidad de que se pretenda la propiedad plena de las tierras». Sobre los extranjeros, el ICT proponía admitir como concesionarios a quienes «han decidido radicarse en el país en carácter de residentes», idea que desembocó en los 5 años de residencia del artículo 47. Y pedía permitir el uso de «la zona de proteción [sic] o inalienables de cincuenta metros» solo por razones topográficas o de colindancia con esteros, antecedente del actual artículo 21.
El proyecto ya fijaba los 200 metros: definía la zona como «la franja de doscientos metros de ancho a lo largo de los litorales Atlántico y Pacífico … medidos horizontalmente a partir de la pleamar promedio» y declaraba los primeros cincuenta metros «inalienables», dedicados «al uso público para fines de esparcimiento, recreo o libre circulación». La ley final cambió «pleamar promedio» por «pleamar ordinaria» y endureció la zona pública en el artículo 20. La medida tiene una larga historia: según la Sala Primera, citada por la Procuraduría, la franja «ha sido de dominio público … desde 1828, por lo menos», y la legislación anterior a 1942 y 1943 «establecía una franja mayor en extensión -la llamada milla marítima- pero nunca menor» (dictamen C-132-2019).
En el plenario se discutió quién era el titular de la zona. El diputado Odio Madrigal criticó el artículo 8 del dictamen de la Comisión de Asuntos Jurídicos: «Las zonas marítimo terrestre con un ancho de 200 metros a lo largo de ambos litorales y los terrenos insulares, son del dominio del Estado, y qué es el Estado? Son todas sus instituciones» (Expediente Digital, documento 1002381, página 101, folio 0180). La ley final dice que la zona «pertenece al Estado» (artículo 1) y entrega su usufructo y administración a las municipalidades (artículo 3). La Asamblea aprobó la ley el 27 de enero de 1977, y se sancionó el 2 de marzo de ese año.
Articulado vigente de la Ley 6043
Se reproduce el texto consolidado de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, cotejado con SINALEVI el 28 de octubre de 2026 (versión 9 de 9, del 5 de abril de 2022), con sus 83 artículos y sus 8 transitorios y las notas de SINALEVI sobre reformas e interpretaciones. El buscador admite el número del artículo, por ejemplo «47», que regula a los extranjeros, o un término, como «canon» o «manglares». El artículo 64 fue anulado por la Sala Constitucional. El texto oficial conserva algunas erratas de origen, que se transcriben tal como figuran.
83artículos. Más 8 transitorios. Texto vigente, cotejado con SINALEVI el 28 de octubre de 2026 (versión 9 de 9, del 5 de abril de 2022), con la última reforma, la de la Ley 10236.
8 artículos
La zona marítimo terrestre constituye parte del patrimonio nacional, pertenece al Estado y es inalienable e imprescriptible. Su protección, así como la de sus recursos naturales, es obligación del Estado, de sus instituciones y de todos los habitantes del país. Su uso y aprovechamiento están sujetos a las disposiciones de esta ley.
Corresponde al Instituto Costarricense de Turismo, en nombre del Estado, la superior y general vigilancia de todo lo referente a la zona marítimo terrestre.
Sin perjuicio de las atribuciones de ese Instituto, compete a las municipalidades velar directamente por el cumplimiento de las normas de esta ley referentes al dominio, desarrollo, aprovechamiento y uso de la zona marítimo terrestre y en especial de las áreas turísticas de los litorales. El usufructo y administración de la zona marítimo terrestre, tanto de la zona pública como de la restringida, corresponden a la municipalidad de la jurisdicción respectiva.
La Procuraduría General de la República, por sí o a instancia de cualquier entidad o institución del Estado o de parte interesada, ejercerá el control jurídico para el debido cumplimiento de las disposiciones de esta ley. En consecuencia, hará las gestiones pertinentes respecto a cualesquiera acciones que violaren o tendieren a infringir estas disposiciones o de leyes conexas, o que pretendan obtener derechos o reconocimiento de estos contra aquellas normas, o para anular concesiones, permisos, contratos, actos, acuerdos o disposiciones obtenidos en contravención a las mismas. Lo anterior sin perjuicio de lo que corresponda a otras instituciones o dependencias de conformidad con sus facultades legales.
Salvo disposición legal en contrario, solamente la Asamblea Legislativa podrá conceder permisos u otorgar concesiones en las zonas cubiertas permanentemente por el mar, adyacentes a los litorales. Se exceptúan aquellas instalaciones de protección y salvamento, autorizadas por la respectiva municipalidad, que se hagan para resguardo de las personas y la seguridad en la navegación.
Las disposiciones de esta ley no se aplicarán a las áreas de las ciudades situadas en los litorales, ni a las zonas urbanas litorales, ni a las propiedades inscritas, con sujeción a la ley, a nombre de particulares, ni a aquellas cuya legitimidad reconozcan las leyes.
- Así reformado por el artículo 25 de la Ley marco para la declaratoria de zona urbana litoral y su régimen de uso y aprovechamiento territorial, N° 9221 del 27 de marzo del 2014
Los terrenos situados en la zona marítimo terrestre no pueden ser objeto de informaciones posesorias y los particulares no podrán apropiarse de ellos ni legalizados a su nombre, por éste u otro medio.
Se declara de utilidad pública la zona marítimo terrestre a efecto de que los lotes, parcelas o mejoras ubicados en ella, que hubieren sido vendidos, adquiridos o poseídos en propiedad, por particulares, puedan rescatarse para el patrimonio nacional por medio de expropiación.
Zona marítimo terrestre es la franja de doscientos metros de ancho a todo lo largo de los litorales Atlántico y Pacífico de la República, cualquiera que sea su naturaleza, medidos horizontalmente a partir de la línea de la pleamar ordinaria y los terrenos y rocas que deja el mar en descubierto en la marea baja. Para todos los efectos legales, la zona marítimo terrestre comprende las islas, islotes y peñascos marítimos, así como toda tierra o formación natural que sobresalga del nivel del océano dentro del mar territorial de la República. Se exceptúa la Isla del Coco que estará bajo el dominio y posesión directos del Estado y aquellas otras islas cuyo dominio o administración se determinen en la presente ley o en leyes especiales.
La zona marítimo terrestre se compone de dos secciones: la ZONA PUBLICA, que es la faja de cincuenta metros de ancho a contar de la pleamar ordinaria, y las áreas que quedan al descubierto durante la marea baja; y la ZONA RESTRINGIDA, constituida por la franja de los ciento cincuenta metros restantes, o por los demás terrenos en caso de islas. Los islotes, peñascos y demás áreas pequeñas y formaciones naturales que sobresalgan del mar corresponden a la zona pública.
Zona pública es también, sea cual fuere su extensión, la ocupada por todos los manglares de los litorales continentales e insulares y esteros del territorio nacional.
En la zona marítimo terrestre es prohibido, sin la debida autorización legal, explotar la flora y fauna existentes, deslindar con cercas, carriles o en cualquier otra forma, levantar edificaciones o instalaciones, cortar árboles, extraer productos o realizar cualquier otro tipo de desarrollo, actividad u ocupación.
Las autoridades de la jurisdicción correspondiente y las municipalidades respectivas, tan pronto tengan noticia de las infracciones a que se refieren los dos artículos anteriores procederán, previa información levantada al efecto si se estimare necesaria, al desalojo de los infractores y a la destrucción o demolición de las construcciones, remodelaciones o instalaciones realizadas por aquellos, sin responsabilidad alguna para la autoridad o la municipalidad. El costo de demolición o destrucción se cobrará al dueño de la construcción o instalación. Todo lo anterior sin perjuicio de las sanciones penales que procedan.
- La Sala Constitucional mediante resolución N° 5756 del 30 de octubre de 1996, declaró que la aplicación del presente artículo “…en procesos jurisdiccionales pendientes, que aún no concluyen con sentencia firme, no es violatorio del debido proceso y del derecho de defensa del imputado, siempre y cuando se interprete que es deber del juzgador, previo a la adopción de la medida de destrucción, demolición, constatar que los terrenos o las obras involucradas se encuentran efectivamente dentro de la zona marítimo terrestre y que éstas, se realizaron al margen de lo dispuesto en la presente Ley”.
Los dueños de fincas, inscritas o no en el Registro Público, o sus encargados, o las personas que adquieran concesiones, arrendamientos o posesión de terrenos colindantes con la zona marítimo terrestre, están obligados a protegerla y conservarla. Cuando se produzcan daños ocasionados por terceros, deberán denunciarlos inmediatamente a las autoridades respectivas.
Los dueños de propiedades colindantes con la zona marítimo terrestre podrán solicitar que sus inmuebles sean incorporados en la planificación que se haga de aquella, cubriendo por su cuenta la parte proporcional del costo respectivo y cediendo gratuitamente al Estado las áreas necesarias para usos públicos. En todo caso la planificación y explotación de esos terrenos, para edificaciones e instalaciones, deberá obedecer a las normas que señalen el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo y el Instituto Costarricense de Turismo, antes de ser aprobados por la respectiva municipalidad.
Toda cesión de derechos o traspaso de terrenos, mejoras o construcciones e instalaciones, a favor del Estado o sus instituciones, en la zona marítima terrestre, ya fuere voluntariamente o por medio de expropiación, o en terrenos colindantes con aquella o para obras de la misma, estarán exentos de toda clase de impuestos a cargo del trasmitente o cedente.
La municipalidad respectiva, el Instituto Costarricense de Turismo y las autoridades y dependencias correspondientes, deberán dictar y hacer cumplir las medidas que estimaren necesarias, para conservar o evitar que se perjudiquen las condiciones originarias de la zona marítimo terrestre y sus recursos naturales.
En casos excepcionales, como la construcción de plantas industriales, instalaciones de pesca deportiva o instalaciones artesanales, de obras portuarias, programas de maricultura, u otros establecimientos o instalaciones similares, para cuyo funcionamiento sea indispensable su ubicación en las cercanías del mar, se podrá autorizar el uso de las áreas de la zona marítimo terrestre que fueren necesarias para facilitar su edificación y operación, siempre que se cuente con la aprobación expresa de la municipalidad respectiva, del Instituto Costarricense de Turismo, del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo y demás instituciones del Estado encargadas de autorizar su funcionamiento, así como del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. En el caso de construcción, instalación y operación de astilleros y diques secos o flotantes, se podrá autorizar el uso de las áreas de la zona marítimo terrestre que fueren necesarias para su funcionamiento, previa aprobación expresa de la municipalidad respectiva. Sin embargo, cuando su vigencia exceda de quince años o sus prórrogas sumadas al plazo original sobrepasen ese plazo, se requerirá autorización legislativa.
- La reforma practicada a este artículo por el artículo 4° de la ley N° 6951 del 29 de febrero de 1984 , posteriormente fue derogada por el artículo 37 (actual 38) de la Ley Nº 7210 de 23 de noviembre de 1990, “Ley de Régimen de Zonas Francas” . Se advierte que dicha derogación no se ha aplicado a este texto, debido a que el ente emisor no indica expresamente que como consecuencia, debe volver éste al estado anterior a dicha reforma
- Nota de Sinalevi : Ver artículo 36 de la Ley Nº 7210 de 23 de noviembre de 1990, “Ley de Régimen de Zonas Francas”, en relación al funcionamiento de diques secos o Flotantes
Hasta tanto no se produzca la respectiva declaratoria de aptitud turística, no podrán autorizarse obras ni construcciones, reconstrucciones o remodelaciones, de ninguna clase, en la zona marítimo terrestre.
Salvo las excepciones establecidas por la ley, la zona pública no puede ser objeto de ocupación bajo ningún título ni en ningún caso. Nadie podrá alegar derecho alguno sobre ella. Estará dedicada al uso público y en especial al libre tránsito de las personas. Las entidades y autoridades que indica el artículo 18 deberán dictar y hacer cumplir las disposiciones necesarias para garantizar el libre y seguro tránsito de las personas y el uso público de esta zona.
Se exceptúan de lo anterior aquellas secciones que por su configuración geográfica, su topografía o sus condiciones especiales, no puedan aprovecharse para uso público, en cuyo caso se autorizará su desarrollo por la municipalidad respectiva y el Instituto Costarricense de Turismo, siempre que no se enajenen y se establezca una zona de libre tránsito que facilite el uso y disfrute públicos de las playas, riscos y esteros y se garantice la seguridad de los peatones.
En la zona pública no se permitirá ningún tipo de desarrollo, excepto las obras de infraestructura y construcción que en cada caso aprueben el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el Instituto Costarricense de Turismo, el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, y la respectiva municipalidad, atendiendo al uso público a que se destinen, o que se trate del establecimiento y operación de instalaciones turísticas estatales de notoria conveniencia para el país. Cuando el tipo de desarrollo se refiera a esteros o manglares, o puedan afectarse éstos, se requerirá el criterio técnico del Ministerio de Agricultura y Ganadería sobre las consecuencias en las condiciones ecológicas de dichos lugares.
El Estado o las municipalidades deberán construir vías, para garantizar el acceso a la zona pública. Se declara de interés público toda vía de acceso existente o que se origine en el planeamiento del desarrollo de la zona pública y procederá su expropiación. Pero si se trata de inmuebles que estuvieren con restricciones específicas para vías públicas a favor del Estado o sin inscribir en el Registro Público, bastará que sean declarados de libre tránsito mediante decreto ejecutivo.
Si por causas naturales variare la topografía del terreno con el consiguiente cambio en las distancias y por ese motivo una construcción o instalación resultare ubicada dentro de la zona pública, el propietario conservará sus derechos pero no podrá efectuar refacciones ni remodelaciones. Se procurará su traslado a la zona restringida o su alineación a ella, con ayuda que se autoriza de la respectiva municipalidad o del Instituto Costarricense de Turismo si se tratare de persona de escasos recursos económicos. De no ser posible lo anterior, procederá su expropiación.
En el caso de fincas debidamente inscritas en el Registro Público, que comprendan parcial o totalmente la zona pública, el uso particular de las mismas sólo se permitirá de conformidad con acuerdos expresos de la respectiva municipalidad, el Instituto Costarricense de Turismo y el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo.
Dentro del Plan Nacional de Desarrollo Turístico, que se declare de interés público, el Instituto Costarricense de Turismo, con la colaboración de la Oficina de Planificación y de otros organismos oficiales competentes, elaborará el plan general de uso de la tierra en la zona marítimo terrestre, de acuerdo con las prioridades de desarrollo nacional y teniendo en cuenta el interés de conservar esa zona como patrimonio nacional.
La facultad de declarar zonas turísticas o no turísticas, en la zona marítimo terrestre corresponde al Instituto Costarricense de Turismo, ya sea por propia iniciativa o a solicitud de las municipalidades. Esas declaratorias deberán publicarse en el Diario Oficial. A partir de la publicación la zona respectiva quedará afectada a las disposiciones de esta ley.
El Instituto podrá formular proyectos de desarrollo turístico integral que comprendan parte o el total de una zona turística, lo que deberán ajustarse a las regulaciones de esta ley. Se podrán financiar y administrar, ya sea únicamente por el Instituto o conjuntamente con la municipalidad interesada, en los términos que ambas entidades convinieren. Las municipalidades respectivas tendrán derecho a cobrar y percibir cánones sobre las concesiones otorgadas o que se otorguen para el disfrute de las áreas que ocupen esos desarrollos, salvo que ellas formaren parte importante de éstos.
El Instituto Costarricense de Turismo, dictará de acuerdo con las normas de esta ley y sus reglamentos, las disposiciones necesarias para el mejor aprovechamiento de las zonas declaradas de aptitud turística.
El Instituto llevará el Registro General de concesiones de la zona marítimo terrestre. A tal efecto las municipalidades deberán remitirle copia de las concesiones que otorguen, de las prórrogas que acuerden, de los traspasos y gravámenes u otras operaciones que autoricen, así como de los demás atestados que aquél les solicitare, sin perjuicio de que los interesados presenten directamente al Instituto los documentos correspondientes a esos actos o contratos o fotocopias de los mismos. Esos títulos no perjudicarán a terceros sino desde la fecha de su recibo o presentación en dicho Registro. El Reglamento de esta ley señalará la tasa de inscripción de esos documentos así como las normas para el funcionamiento del Registro. El Registro indicado pasará a formar parte del Registro Nacional, mediante decreto ejecutivo, aplicándose al efecto lo dispuesto en el párrafo segundo del transitorio I de la Ley del Registro Nacional, Nº 5695 de 28 de mayo de 1975.
Todos los planos de desarrollos urbanos o turísticos que afecten la zona marítimo terrestre deberán ser aprobados por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo y el Instituto Costarricense de Turismo, así como por los demás organismos oficiales que tuvieren competencia para intervenir al efecto de acuerdo con la ley. Solamente podrán intervenir, en desarrollos turísticos en la zona marítimo terrestre o con acceso a ella, personas físicas o jurídicas costarricenses que puedan tener concesiones. Igualmente podrán intervenir entidades extranjeras siempre que se trate de empresas turística, cuyo capital para el desarrollo pertenezca en más de un cincuenta por ciento a costarricenses.
Los bancos del Sistema Bancario Nacional quedan autorizados para financiar la elaboración de planos y estudios de factibilidad relativos a esos desarrollos urbanos o turísticos, mediante créditos que otorguen a las municipalidades interesadas en tales proyectos.
Quienes se propusieren realizar explotaciones turísticas en la zona marítimo terrestre, además de requerir aprobación de sus planos conforme indica el artículo 31, deben garantizar ante la municipalidad correspondiente la debida ejecución de sus proyectos mediante garantía previamente aprobada por el Instituto Costarricense de Turismo.
Las municipalidades deberán atender directamente al cuidado y conservación de la zona marítimo terrestre y de sus recursos naturales, en sus respectivas jurisdicciones. Para estos efectos, así como para el cumplimiento de las disposiciones de esta ley, nombrarán los inspectores necesarios, quienes en el desempeño de sus funciones estarán investidos de plena autoridad para lo que tendrán libre acceso a todos los terrenos e instalaciones excepto a los domicilios particulares, todo conforme a la ley.
Las municipalidades correspondientes mantendrán bajo su custodia y administración las áreas de la zona marítimo terrestre no reducidas a dominio privado mediante título legítimo. Deberán conservar la situación existente en la zona hasta tanto no se produzca la declaratoria de aptitud turística por el Instituto Costarricense de Turismo.
Las municipalidades deberán coordinar las funciones que esta ley les encomienda con el Instituto Costarricense de Turismo.
Ninguna municipalidad podrá autorizar proyectos de desarrollo turístico que ocupen áreas de la zona declarada turística, sin previa aprobación del Instituto Costarricense de Turismo mediante acuerdo de su Junta Directiva, o sin autorización legislativa cuando se trate de islas o islotes. El Instituto deberá resolver dentro de los tres meses siguientes al recibo de la gestión respectiva; si no lo hiciere en ese plazo se tendrá como otorgada tácitamente la aprobación. Igual autorización se requerirá del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo aplicándose al efecto los mismos procedimientos anteriores.
Las municipalidades no podrán otorgar concesiones en las zonas turísticas, sin que el Instituto Costarricense de Turismo y el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo hayan aprobado o elaborado los planos de desarrollo de esas zonas. Las municipalidades podrán solicitar a esos institutos la elaboración de tales planos.
Solamente en la zona restringida podrán otorgarse concesiones referentes a la zona marítimo terrestre, salvo disposiciones especiales de esta ley.
- Nota de SINALEVI al capítulo VI: Mediante el artículo 17° de la ley de Incentivos para el Desarrollo Turístico, N° 6990 del 15 de julio de 1985, se indica: “… Interpretase auténticamente la Ley sobre la Zona Marítimo-Terrestre, Nº 6043 del 10 de marzo de 1977, en el sentido de que todas las concesiones otorgadas sobre la zona restringida, con fundamento en dicha ley, no pueden impedir el acceso del público a la zona inalienable de cincuenta metros, salvo si dicho acceso es posible por una vía destinada a ese efecto”
Unicamente las municipalidades podrán otorgar concesiones en las zonas restringidas correspondientes a la zona marítimo terrestre de su respectiva jurisdicción, de conformidad con lo dispuesto en esta ley, salvo las excepciones que ella establece.
Las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute de áreas determinadas en la zona restringida, por el plazo y bajo las condiciones que esta ley establece.
Las concesiones en las áreas turísticas requieren la aprobación del Instituto Costarricense de Turismo. En las demás áreas de la zona marítimo terrestre la aprobación corresponderá al Instituto de Tierras y Colonización. Estos institutos no podrán denegar la aprobación, salvo que ésta viole la ley, lo que deberán indicar expresamente, en forma razonada. Si la concesión se refiere a una isla o islote marítimos, o parte de las mismas, será necesaria la aprobación de la Asamblea Legislativa.
- Nota de SINALEVI al encabezado de la ley: Mediante el artículo 82 de la ley N° 9036 del 11 de mayo del 2012, "Transforma el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) en el Instituto de Desarrollo Rural (INDER)", se estableció lo siguiente: "... Deróganse las obligaciones contempladas en la Ley Nº 6043, Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, de 2 de marzo de 1977, en relación con el Instituto de Desarrollo Agrario"
Aunque no se exprese en los documentos respectivos, todas las concesiones otorgadas de conformidad con esta ley están sujetas a la condición de que los concesionarios no podrán variar el destino de su parcela y las edificaciones o instalaciones que hagan en ella, sin el consentimiento de la municipalidad respectiva y del Instituto de Tierras y Colonización o del Instituto Costarricense de Turismo, según corresponda.
Las concesiones se otorgarán atendiendo al principio de que el primero en tiempo es primero en derecho. Sin embargo, el reglamento de esta ley podrá establecer un orden de prioridades atendiendo a la naturaleza de la explotación y a la mayor conveniencia pública de ésta; pero en igualdad de condiciones se ha de preferir al ocupante del terreno que lo haya poseído quieta, pública y pacíficamente en forma continua.
Es prohibido ceder o comprometer, o en cualquier otra forma traspasar o gravar, total o parcialmente, las concesiones o los derecho derivados de ellas, sin la autorización expresa de la municipalidad respectiva y del Instituto Costarricense de Turismo o del Instituto de Tierras y Colonización, según sea el caso. Carecerán de toda validez los actos o contratos que infringieren esta disposición.
La municipalidad correspondiente, en la zona bajo su jurisdicción, no podrá otorgar ninguna concesión a favor de sus regidores, propietarios o suplentes, o del ejecutivo municipal, o de sus parientes en primero o segundo grados por consanguinidad o afinidad. Tanto respecto a ellos como para quienes intervinieren en el otorgamiento o autorización de concesiones y en general, regirán las disposiciones que establece el artículo 107 de la Ley de la Administración Financiera de la República Nº 5901 de 20 de abril de 1976. Se exceptúan las concesiones otorgadas antes de elegirse o nombrarse el funcionario respectivo.
No se otorgarán concesiones: a) A extranjeros que no hayan residido en el país por lo menos durante cinco años; b) A sociedades anónimas con acciones al portador; c) A sociedades o entidades domiciliadas en el exterior; ch ) A entidades constituidas en el país por extranjeros; y d) A entidades cuyas acciones o cuotas o capital, correspondan en más de cincuenta por ciento a extranjeros. Las entidades que tuvieren concesiones no podrán ceder o traspasar cuotas o acciones, ni tampoco sus socios, a extranjeros. En todo caso, los traspasos que se hicieren en contravención a lo dispuesto aquí, carecerán de toda validez.
Las concesiones se otorgarán por un plazo no menor de cinco ni mayor de veinte años y deberán indicar el canon a pagar y su forma de pago. Ese canon sustituye el impuesto territorial. El reglamento de esta ley establecerá la forma de tramitar la solicitud, las modalidades de la concesión, el canon a pagar en cada zona de acuerdo con sus circunstancias y, en forma especial, con la diferente situación de los pobladores o habitantes de la zona y quienes no lo sean, así como cualesquiera otras disposiciones que se estimaren necesarias para regular las relaciones entre las municipalidades y los concesionarios.
En caso de fallecimiento, o ausencia declarada del concesionario, sus derechos podrán adjudicarse a sus herederos o presuntos herederos parientes. Si no los hubiere, la concesión se tendrá como cancelada y volverá a la municipalidad respectiva incluyendo las construcciones y mejoras existentes.
Las concesiones podrán prorrogarse sucesivamente, al término de su vencimiento o de la prórroga anterior, por plazo no mayor que el estipulado en el artículo 48, siempre que lo solicite el interesado, lo acuerde la municipalidad respectiva y lo apruebe el Instituto correspondiente. La solicitud deberá presentarse dentro de los tres meses siguientes al aviso que dé la municipalidad al interesado sobre su vencimiento del plazo de su concesión. Tales avisos podrá darlos la municipalidad, directamente o por medio de publicación en el Diario Oficial. Para tramitar la solicitud es indispensable que el interesado se encuentre al día en el pago del canon respectivo y que esté a derecho en el cumplimiento de las obligaciones que establece esta ley; si no lo estuviere o se encontrare atrasado en el pago se tendrá como presentada su solicitud en la fecha en que haga el pago o cumpla sus obligaciones. La solicitud de prórroga presentada extemporáneamente se tendrá como nueva solicitud de concesión. En caso de prórroga, el canon a pagar será el vigente, conforme al reglamento correspondiente, a la fecha en que se acuerde la prórroga por la municipalidad respectiva. La persona concesionaria podrá solicitar de forma anticipada una prórroga y la municipalidad respectiva podrá otorgarla únicamente cuando el objetivo sea utilizar los derechos de concesión como garantía financiera para desarrollar nuevas inversiones o realizar mejoras en el inmueble, o para readecuar o refinanciar condiciones crediticias propias de la actividad realizada en la zona concesionada, sin perjuicio de los requisitos señalados en el párrafo segundo del presente artículo. La solicitud podrá plantearse una vez que haya transcurrido al menos la mitad del plazo otorgado en la concesión.
- Así adicionado el párrafo anterior por el artículo único de la ley Fomentar la inversión y atracción turística en las concesiones autorizadas correspondientes a la zona marítimo terrestre, N° 9974 del 9 de abril 2021
La municipalidad o el instituto correspondiente podrán denegar la prórroga de concesiones por motivos de utilidad pública o conveniencia general, porque la parcela haya quedado ubicada en la zona pública o se requiera para planes o desarrollos urbanísticos o turísticos debidamente aprobados por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo y el Instituto Costarricense de Turismo, o por incumplimiento de las obligaciones del concesionario establecidas en la ley, sus reglamentos o en el contrato. En todo caso los motivos deberán ser debidamente comprobados.
Las concesiones se extinguen por cualquiera de las siguientes causas: a) Por vencimiento del plazo fijado sin haber solicitud de prórroga en forma legal; b) Por renuncia o abandono que hicieren los interesados; c) Por fallecimiento o ausencia legal del concesionario sin hacerse adjudicación a los herederos o presuntos herederos parientes; d) Por no acordarse su prórroga conforme establece el artículo anterior; y e) Por cancelación de la concesión.
Las concesiones podrán ser canceladas por la municipalidad respectiva, o el Instituto Costarricense de Turismo o el de Tierras y Colonización según corresponda, en cualquiera de los siguientes eventos: a) Por falta de pago de los cánones respectivos; b) Por incumplimiento de las obligaciones del concesionario conforme a la concesión otorgada o su contrato; c) Por violación de las disposiciones de esta ley o de la ley conforme a la cual se otorgó el arrendamiento o concesión; d) Si el concesionario impidiere o estorbare el uso general de la zona pública; y e) Por las demás causas que establece esta ley. De toda cancelación, una vez firme, se deberá informar al Instituto Costarricense de Turismo, si éste no la hubiere decretado. Las cancelaciones deberán anotarse en la inscripción de la concesión en el Registro que indica el artículo 30.
De cada concesión deberá extenderse el respectivo contrato con los requisitos que señale el reglamento de esta ley.
Extinguida una concesión por causas ajenas al concesionario, se le deberá reconocer a éste el valor de las edificaciones y mejoras que existieren en la parcela objeto de la concesión. Extinguida una concesión por motivos imputables al concesionario, las mejoras, edificaciones e instalaciones que hubiere en esa parcela quedarán en favor de la municipalidad respectiva, sin que ésta deba reconocer suma alguna por aquellas. Lo anterior sin perjuicio del derecho de la municipalidad para demandar al concesionario la reparación civil correspondiente por su incumplimiento o por los daños y perjuicios respectivos, rebajándose de éstos el valor de dichas mejoras y edificaciones.
Extinguida una concesión, el uso y disfrute plenos de la parcela revertirán a la municipalidad respectiva.
En las zonas declaradas turísticas por el Instituto Costarricense de Turismo, además de las normas anteriores, las concesiones quedan sujetas a las siguientes disposiciones: a) Los lotes o parcelas destinados a edificar en ellos residencias o quintas de recreo para uso del concesionario y sus allegados, y que no constituyan actividad lucrativa, serán concedidos de acuerdo con el plan de desarrollo de la zona. Estos planes procurarán una distribución y uso racional de la tierra de acuerdo con las técnicas urbanísticas, determinarán la localización, el tamaño y el destino de los lotes, sin permitir cabidas menores a las mínimas establecidas por las normas sanitarias; b) Las parcelas destinadas a establecimientos de centros de recreo, instalaciones hoteleras, restaurantes y similares, residencias o quintas para alquilar, negocios comerciales, u otra clase de actividades fuera de las indicadas, podrán otorgarse por el área máxima que sea técnicamente necesaria de conformidad con los respectivos proyectos, de acuerdo con la planificación de la zona previa aprobación del Instituto Costarricense de Turismo; c) Hasta una cuarta parte de la zona deberá ofrecerse, como concesiones, para fines de esparcimiento, descanso y vacaciones, a cooperativas de turismo, agrupaciones gremiales o asociaciones de profesionales, sindicatos de trabajadores, federaciones de estudiantes, federaciones o confederaciones sindicales, juntas progresistas, asociaciones comunales o de desarrollo de la comunidad, o entidades de servicio social o clubes de servicio, sin ánimo de lucro. En estos casos las concesiones llevan la condición implícita de que las instalaciones que se construyan no podrán dedicarse a fines lucrativos ni usarse para fines político electorales, todo lo cual les estará prohibido; d) En ningún caso podrán darse parcelas para industrias que no sean las relacionadas con la explotación turística; y e) Ninguna persona junto con su cónyuge e hijos menores, podrá tener más de una concesión.
Las concesiones para fines agropecuarios deberán indicar el destino que se dará a los terrenos y la cabida de la parcela o lote respectivo, a cuyo efecto deberá levantarse el plano del área a concederse. Quedan sujetas a la condición de que el concesionario no podrá impedir, antes bien la facilitará, la construcción de vías de acceso a la zona pública, sin que el Estado o sus instituciones, ni las municipalidades deban reconocer suma alguna por las áreas tomadas para esas vías ni por los trabajos para hacerlas.
Los ingresos que perciban las municipalidades por concepto de concesiones en la zona restringida se distribuirán en la forma siguiente: a) Un veinte por ciento se destinará a formar un fondo para el pago de mejoras según lo previsto en esta ley; b) Un cuarenta por ciento será invertido en obras de mejoramiento en las correspondientes zonas turísticas, incluyendo en aquellas todas las inversiones necesarias en servicios de asesoramiento y gastos de administración requeridos para los fines de la presente ley. Asimismo, se podrá utilizar para cubrir costos de implementación y operación de las unidades de guardavidas. c) El cuarenta por ciento restante será invertido en obras de mejoramiento del cantón.
- Así reformado el inciso anterior por el artículo 11 de la Ley Implementación de unidades de guardavidas en las playas nacionales, N° 9780 del 19 de diciembre de 2019
El otorgamiento de concesiones se efectuará directamente con los solicitantes; pero en los casos en que se haya pagado por concepto de expropiación o de mejoras una suma mayor a la fijada por los incisos c) de los artículos 93, 94 y 95 de la Ley de la Administración Financiera de la República Nº 5901 de 20 de abril de 1976, el lote o parcela con las mejoras y construcciones que originaron dicho pago, sólo podrá ser objeto de concesión mediante licitación privada o pública conforme a las normas de esos artículos.
Quien explotare, sin la debida autorización, la fauna o flora existentes en la zona marítimo terrestre o los manglares a que se refiere el artículo 11, será reprimido con prisión de seis meses a cuatro años, sin perjuicio de las sanciones de otro tipo que procedieren y salvo que el hecho implicare un delito de mayor gravedad.
Quien en la zona marítimo terrestre construyere o realizare cualquier tipo de desarrollo contra lo dispuesto en esta ley o en leyes conexas, o impidiere la ejecución de una orden de suspensión o demolición de obras o instalaciones, o la aplicación de una sanción a un infractor a las disposiciones de aquellas leyes, sin perjuicio de las sanciones de otra clase, será reprimido con prisión de un mes a tres años, excepto que el hecho constituya delito de mayor gravedad.
El funcionario o empleado que otorgare concesiones o permisos de ocupación o de desarrollo o aprobare planos, contra las disposiciones de esta ley o leyes conexas, o impidiere o hiciere nugatoria la orden de suspensión o demolición, legalmente decretadas o dispuestas, de una obra o instalación, o la sanción de algún infractor a las normas de esta ley y sus reglamentos, será reprimido con prisión de tres meses a dos años si no se tratare de delito más grave. Además será despedido de su empleo sin responsabilidad patronal. Si el funcionario fuere de elección popular, procederá a la pérdida de su credencial a juicio del Tribunal Supremo de Elecciones, previa información que éste dispondrá levantar.
Anulado por Resolución de la Sala Constitucional Nº 5755-94 de las 14:57 horas del 4 de octubre de 1994.
- Anulado por la Sala Constitucional en el voto 5755-94, de las 14:57 horas del 4 de octubre de 1994 (exp. 2968-M-92), con efectos dimensionados a los procesos pendientes y a las personas que descontaban pena: sancionar a quien violara «cualquiera de las prohibiciones» de la ley o de su reglamento era un tipo penal abierto, contrario al artículo 39 de la Constitución.
En todos los casos de penas impuestas por delitos indicados en esta ley, o con motivo de hechos en relación con el abuso de la propiedad en la zona marítimo terrestre, si el autor o cómplice fuere un concesionario, perderá su concesión, que será cancelada, así como las edificaciones o mejoras o instalaciones que tuviere en su parcela y deberá pagar los daños y perjuicios causados con su acción u omisión.
En todos los casos de expropiación para los efectos de esta ley se seguirán, en lo que fueren aplicables, los trámites indicados en el título VI de la ley Nº 4574 de 4 de mayo de 1970 y sus reformas (artículos 157 a 170 del Código Municipal).
Los bancos del Sistema Bancario Nacional e instituciones del Estado quedan autorizados para conceder préstamos a los concesionarios de la zona restringida en la zona marítimo terrestre, con garantía de la respectiva concesión y sus edificaciones, mejoras e instalaciones.
Quienes en virtud de concesiones o arrendamientos estén, a la entrada en vigencia de esta ley, en posesión de lotes ubicados total o parcialmente en la zona pública, siempre que sus contratos hayan sido otorgados legalmente y estén vigentes, continuarán en posesión de sus parcelas mientras permanezcan en ellas, en los términos de sus respectivos contratos y en tanto no se remodelen, destruyan las edificaciones o instalaciones o se cancelen o extingan las concesiones o contratos.
Aquellas zonas donde hubiere edificaciones sin la respectiva autorización, conforme a esta ley, serán objeto de planificación de acuerdo con las normas urbanísticas que se dicten, las cuales les aplicarán gradualmente en casos de remodelaciones o reconstrucciones.
Los pobladores de la zona marítimo terrestre, costarricenses por nacimiento, con más de diez años de residencia en ella, según información de la autoridad de la Guardia de Asistencia Rural local o certificación del Registro Electoral sobre el domicilio del solicitante, podrán continuar en posesión de sus respectivos lotes siempre que fuere su única propiedad. Sin embargo, deberán sujetarse a la planificación de la zona, a cuyo efecto podrán ser reubicados e indemnizadas sus mejoras de acuerdo con esta ley. En todo caso deberá respetarse la zona pública.
Son absolutamente nulos todos los actos, contratos, acuerdos y disposiciones, realizados o tomados, a partir de la promulgación de la ley Nº 5602 de 4 de noviembre de 1974 y que fueren contrarios a sus disposiciones.
En caso de variarse la denominación, la organización o la naturaleza de las instituciones o entidades aquí indicadas, las funciones que les asigna esta ley serán llevadas a cabo por el organismo que las sustituya.
La presente ley no se aplica a las zonas marítimo terrestres, incluidas en los parques nacionales y reservas equivalentes, las cuales se regirán por la legislación respectiva.
Todas las atribuciones y competencias conferidas a las municipalidades mediante esta Ley, corresponderán a los respectivos concejos municipales de distrito que posean territorio en la zona costera. El usufructo, la administración de la zona marítima y, en general, todas las disposiciones de esta Ley Sobre la Zona Marítima para las municipalidades, corresponderán a los concejos municipales de distrito, en sus respectivas jurisdicciones. Los funcionarios de los concejos municipales de distrito estarán sujetos a lo dispuesto en el artículo 63 de esta Ley. Si se trata de funcionarios de elección popular, se les aplicará además lo establecido en el inciso e), del artículo 24 del Código Municipal, Ley Nº 7794, de 30 de abril de 1998, en relación con la pérdida de credenciales.
- Así adicionado por el artículo 1° de la ley N° 8506 del 28 de abril de 2006
En cuanto al proyecto de Desarrollo Integral de la Bahía Culebra, cuyo litoral limita al Norte en el punto de la Cuadrícula Lamber Costa Rica, latitud 2/94 y longitud 3/53, extendiéndose hasta el punto de latitud 2/84 y longitud 3/50, o sea desde Punta Cabuyal hasta Punta Cacique, las áreas afectadas quedarán bajo la administración directa del Instituto Costarricense de Turismo. La reglamentación que regirá ese desarrollo será formulada por el Poder Ejecutivo, previa consulta a ese Instituto. Todo lo anterior sin perjuicio del usufructo y cánones que correspondan a las municipalidades respectivas conforme a esta ley.
La Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica continuará con el dominio sobre los terrenos que le fueron traspasados en virtud del artículo 41, inciso b) de la ley Nº 5337 de 27 de agosto de 1973, excepto en la zona marítimo terrestre correspondiente a ambos lados del sistema de canales principales que unen los puertos de Moín y Barra del Colorado. En esa zona regirán con pleno vigor las estipulaciones de esta ley.
Se autoriza a la Municipalidad del cantón central de Puntarenas para que venda a los ocupantes actuales, o en su defecto, a quienes pueda interesar, las demasías de los terrenos vendidos por el Instituto Costarricense de Turismo en la franja marítimo terrestre comprendida entre Chacarita y la desembocadura del río Barranca, previo avalúo que de tales demasías hará la Dirección General de la Tributación Directa. El producto de dichas ventas los destinará la Municipalidad a obras de saneamiento de las poblaciones ubicadas al Este de La Angostura. La Municipalidad reservará una zona no menor de cincuenta metros de ancho a partir de la pleamar ordinaria que dedicará a la construcción de una alameda, cuya planificación hará conjuntamente con el Instituto Costarricense de Turismo. Queda así reformado lo dispuesto en el artículo 2º de la ley Nº 4071 de 22 de enero de 1968. Igualmente, reservará una zona no menor de cincuenta metros de ancho (50 m) a partir de la pleamar ordinaria, que dedicará a la construcción de la sección de la carretera panorámica comprendida entre "La Vuelta", ubicada en el distrito doce, Chacarita , y las inmediaciones del " Yacht Club", en el distrito primero, Puntarenas; la cual, por tratarse de una ruta de la red vial nacional estará a cargo del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y su conservación vial a cargo del Consejo Nacional de Vialidad ( Conavi ).
- Según el Sistema de Información Legislativa, la Ley N.° 7108 (presupuesto de 1988) adicionó tres párrafos a este artículo, que la Sala Constitucional anuló en el voto 5-95 del 1 de febrero de 1995.
- Así adicionado el párrafo anterior por el artículo 3° de la Ley para la construcción de la carretera panorámica en la angostura de Puntarenas, N° 9946 del 15 de febrero del 2021
Los poseedores de predios colindantes por el Norte con el estero de Puntarenas podrán solicitar concesiones de las tierras que se obtengan por accesión natural o artificial, así como de la parte de mar que utilicen para embarcaderos u otras instalaciones de tipo industrial o artesanal, siempre que no contribuyan a la contaminación de las aguas.
La isla de San Lucas conservará su situación jurídica actual bajo la administración de la Municipalidad de Puntarenas.
Las disposiciones de esta ley no se aplicarán a las áreas de las zonas litorales del distrito de Caldera administradas por la Municipalidad de e Esparza. Para impulsar e incentivar el desarrollo del puerto de Caldera y las zonas a su alrededor, se aplicará en dichas áreas el ordenamiento territorial por medio de un plan regulador urbano, de conformidad con lo establecido en la Ley 4240, Ley de Planificación Urbana, de 15 de noviembre de 1968. Se exceptúan de esta reforma las zonas que se encuentran bajo regímenes especiales: la Zona Portuaria Reservada Ley 5582 y su reforma por la Ley 7915, la Zona Protectora Tivives según decreto N.° 17023, los terrenos Patrimonio Natural del Estado definidos según la Ley Forestal 7575, los manglares, bosques y terrenos forestales, y la zona pública correspondiente a los primeros cincuenta metros de la playa a partir de la pleamar ordinaria. Las construcciones, las instalaciones y los predios situados en las zonas litorales del distrito de Caldera, administradas por la Municipalidad de Esparza, deben considerar el desarrollo comunal, turístico, urbanístico, habitacional, comercial y agropecuario, de manera sostenible con los recursos naturales.
- Así reformado por el artículo único de la Ley N° 10236 del 5 de abril del 2022
No son aplicables las disposiciones del artículo 20 a la zona de la Playa de Tivives arrendada a la Cooperativa Tivives , R. L., por haberse planeado su urbanización sobre la base del contrato con el Estado anterior a esta ley.
El Poder Ejecutivo dictará las reglamentaciones necesarias para la ejecución de la presente ley.
Esta ley es de orden público, deroga la Nº 4558 de 22 de abril de 1970 y sus reformas, así como todas las demás que se le opongan excepto la ley Nº 4071 de 22 de enero de 1968 y sus reformas y la ley Nº 5469 de 25 de abril de 1974. Rige a partir del día de su publicación.
Las concesiones o contratos de arrendamiento otorgados con fundamento en leyes anteriores, salvo las excepciones aquí establecidas, pasarán a control de las municipalidades respectivas y continuarán en los mismos términos y condiciones en que fueron convenidos, pero a su vencimiento y si fuere acordada su prórroga, se modificarán con arreglo a las normas de esta ley. Lo anterior referido a la zona marítimo terrestre.
Las municipalidades y el Instituto de Tierras y Colonización deberán remitirle al Instituto Costarricense de Turismo, dentro de los seis primeros meses de vigencia de esta ley, copias de los contratos o concesiones que hubieren otorgado en la zona marítimo terrestre, sin perjuicio de que los interesados presenten, también en ese plazo, sus contratos a ese Instituto, todo para efectos de su registro en el mismo. Vencido ese término sin haberse presentado dichos contratos, carecerán de validez y se tendrán como extinguidos. Si no se hubieren extendido contratos deberán presentarse los comprobantes que existieren. En todos caso deberá adjuntarse constancia de que se está al día en el pago de los cánones respectivos. La ausencia de esa constancia será comprobación de que los cánones no se han satisfecho. Para los efectos de este transitorio podrán presentarse los originales de los documentos o copias fotostáticas de los mismos, suscritas por el interesado o por el representante de la entidad correspondiente.
Las construcciones e instalaciones situadas actualmente en la zona marítimo terrestre, dedicadas al turismo en virtud de concesiones o arrendamientos otorgados por el Estado o sus instituciones, no podrán destinarse a actividades de diferentes naturaleza. Las municipalidades respectivas y el Instituto Costarricense de Turismo dictarán y harán ejecutar las medidas que estimaren convenientes para impedir esa transformación. En todo caso si se violare esta prohibición será cancelada la concesión otorgada.
Los proyectos de desarrollo turístico aprobados por el Instituto Costarricense de Turismo con anterioridad a la vigencia de esta ley no serán afectados por las disposiciones de la misma.
No se aplicarán las normas de esta ley a las propiedades cuyos títulos se encuentren en trámite actualmente, siempre y cuando se ajusten a la ley en que se funda la información correspondiente.
Se exceptúan de las disposiciones de esta ley, los predios de la zona marítimo-terrestre, declarada zona urbana del distrito nueve del Cantón Central, provincia de Puntarenas, poseídos por personas, que los hubiesen adquirido legítimamente y que tengan plena posesión de ellos. Previo pago, de una suma alícuota de cinco mil colones por hectárea, a favor del Concejo administrativo municipal de Jacó o del cantón respectivo, cuando así sea ordenado por la ley.
- Así adicionado por el artículo 1º de la ley N° 6515 del 25 de setiembre de 1980
Las municipalidades con jurisdicción en la zona marítimo-terrestre cobrarán el canon que establece esta ley para los ocupantes de la misma. El cobro se hará de acuerdo con el uso y con el avalúo actual de la Dirección General de la Tributación Directa. Esta autorización tendrá carácter provisional, hasta tanto no entre en vigencia el plan de desarrollo para la respectiva zona, y no produce derecho alguno para los ocupantes en lo que a concesión se refiere.
- Así adicionado por el artículo 20 de la ley N° 6890 del 4 de setiembre de 1983
Exonérese del pago de derecho de arrendamiento en la zona marítimo terrestre a la siguientes instituciones : Temporalidades de la Iglesia Católica, centros de salud y nutrición, Guardia Rural, salones comunales y las juntas de educación ya establecidas.
- Así adicionado por el artículo 142 de la ley N° 6975 del 30 de noviembre de 1984, “ Ley de Presupuesto Extraordinario”
Texto tomado del Sistema Costarricense de Información Jurídica, en su versión vigente. Para citar en un escrito, coteje siempre contra la fuente oficial.
Fuentes
- Ley sobre la Zona Marítimo TerrestreLey N.° 6043 de 02-03-1977, La Gaceta N.° 52, Alcance N.° 36, de 16-03-1977; texto vigente, versión 9 de 9 (05-04-2022)
- Reglamento a la Ley sobre la Zona Marítimo TerrestreDecreto Ejecutivo N.° 7841-P de 16-12-1977, La Gaceta N.° 20, Alcance 16, de 27-01-1978; versión 7 de 7 (arts. 15, 17, 25, 27 a 53, 58 a 62 y 80)
- Ley Marco para la Declaratoria de Zona Urbana LitoralLey N.° 9221 de 27-03-2014, La Gaceta 79 de 25-04-2014; versión 4 de 4 (arts. 1, 5, 8, 14, 19 y 25; Transitorio I reformado por la Ley N.° 10735)
- Construcciones existentes en la zona restringidaLey N.° 9242 de 06-05-2014; versión 4 de 4 (arts. 3, 4 y 6; art. 4 reformado por la Ley N.° 10735 de 01-07-2025, vigente desde el 30-07-2025)
- Protección a los ocupantes de zonas clasificadas como especialesLey N.° 9577 de 27-06-2018, prolongada por las Leyes N.° 10000 de 01-07-2021 y N.° 10489 de 13-05-2024
- Fomentar la inversión y atracción turística en las concesiones de la zona marítimo terrestreLey N.° 9974 de 09-04-2021, vigente desde el 23-04-2021 (prórroga anticipada del art. 50)
- Ley ForestalLey N.° 7575, arts. 13 a 15 (patrimonio natural del Estado)
- Sentencia 539-F-91Sala Tercera11-10-1991Delito del art. 62El delito de construir en la zona contra la ley es continuo mientras se mantenga lo construido, y la prescripción no corre desde la fecha de la obra.
- Voto 2130-94Sala Constitucional03-05-1994CancelaciónEl art. 53 no es inconstitucional: la cancelación de una concesión válidamente otorgada exige el procedimiento ordinario de la LGAP.
- Voto 5755-94Sala Constitucional04-10-1994Art. 64 anuladoAnuló el art. 64: sancionar la violación de «cualquiera de las prohibiciones» de la ley o su reglamento era un tipo penal abierto.
- Voto 5756-96Sala Constitucional30-10-1996Demanio y demoliciónLa zona es un régimen especial de propiedad del Estado; antes de ordenar la demolición en un proceso pendiente, el juez constata que la obra está en la zona y se hizo al margen de la ley (art. 13).
- Voto 1999-00023Sala Constitucional05-01-1999DesalojoLa municipalidad es competente para desalojar y demoler en la zona, pero no puede actuar unilateralmente: debe instaurar el procedimiento administrativo.
- Sentencia 2003-000394Tribunal de Casación Penal de San José08-05-2003Prescripción penalEl delito del art. 62 es de efectos permanentes: la prescripción corre desde que cesa la permanencia de la construcción.
- Voto 2004-01475Sala Constitucional13-02-2004Plan reguladorSin plan de desarrollo en la zona, la municipalidad no puede otorgar concesiones en áreas turísticas (art. 38); el solicitante solo tiene una expectativa.
- Sentencia 771-F-S1-2008Sala Primera18-11-2008Concesiones en islasSin la aprobación legislativa del art. 42 la concesión en una isla carece de eficacia; su falta no genera responsabilidad del Estado.
- Sentencia 495-F-S1-2010Sala Primera22-04-2010Extinción por vencimientoVencido el plazo sin solicitud de prórroga, la concesión se extingue de pleno derecho, aunque la municipalidad no haya dado el aviso del art. 50.
- Resolución 3522-2010Tribunal Contencioso Administrativo, Sección III17-09-2010Plan reguladorLa existencia del plan regulador es requisito sine qua non para tramitar una solicitud de concesión; distingue pobladores de ocupantes.
- Sentencia 406-2014Sala Primera20-03-2014CanonAplica como vinculante el criterio de la Sala Constitucional sobre la naturaleza del canon.
- Voto 2014-007453Sala Constitucional28-05-2014CanonEl canon es la contraprestación por usar un bien demanial y no un tributo; calcularlo sobre el valor de mercado no es irrazonable.
- Voto 2016-000811Sala Constitucional20-01-2016Ley 9221 y viviendaSin lugar la acción contra el art. 8 de la Ley 9221: el derecho a la vivienda justifica regularizar situaciones pasadas con requisitos técnicos y ambientales.
- Voto 2019-012746Sala Constitucional10-07-2019Moratoria anuladaAnuló la Ley 9073: suspender desalojos y demoliciones impide la autotutela del demanio y desprotege el ambiente.
- Voto 2021-024147Sala Constitucional27-10-2021Moratoria anuladaAnuló la Ley 9373 por aplicación del precedente de 2019.
- Voto 2026-010043Sala Constitucional20-03-2026Desalojo y vulnerabilidadPara recuperar el demanio basta, en principio, aviso previo y plazo razonable, con coordinación previa si hay personas vulnerables; no reconoce derecho de permanencia.
- Dictamen C-297-200419-10-2004, al Ministerio del Ambiente y Energía: bosques y terrenos forestales de la zona como patrimonio natural del Estado
- Dictamen C-170-201326-08-2013: planes reguladores costeros y fincas inscritas en la franja de 150 metros
- Dictamen C-132-201914-05-2019: inscripciones registrales anteriores a la Ley 6043 y nulidad ante el Tribunal Contencioso Administrativo
- Dictamen PGR-C-156-202516-07-2025, al Ministerio de Turismo: el plan regulador costero como requisito de toda concesión
- Voto 2023-018293 de la Sala Constitucional26-07-2023, exp. 23-016406-0007-CO: rechazo de plano de la acción contra las Leyes 9577 y 10000, por defectos formales (sin identificador de Nexus localizado)
- Expediente legislativo n.º 7.371Presentado el 29-09-1975; aprobado el 27-01-1977 (Sistema de Información Legislativa)
- Proyecto «Declaratoria, planeamiento y desarrollo de las zonas marítimo-terrestre y terrenos insulares»Alcance n.º 170 a La Gaceta n.º 196 de 16-10-1975, con la exposición de motivos del Instituto Costarricense de Turismo
- Expediente Digital de la Asamblea Legislativa, documento 10023811.533 páginas escaneadas; intervención del diputado Odio Madrigal en el plenario (pág. 101, folio 0180)
Texto normativo: SINALEVI, versiones vigentes al 28 de octubre de 2026. Antecedentes: Sistema de Información Legislativa, Museo de Gacetas de la Imprenta Nacional y Expediente Digital de la Asamblea Legislativa. Jurisprudencia: Nexus del Poder Judicial, con los identificadores de la base de jurisprudencia de la firma; dictámenes de la Procuraduría en SINALEVI. Cotejo al 28 de octubre de 2026.
La ficha del área de zona marítimo terrestre explica cómo asesora Corporación GC en concesiones, prórrogas, traspasos y resoluciones municipales sobre la costa. Si tiene una consulta sobre una concesión o una orden municipal en la zona, puede escribirnos.
Preguntas frecuentes
¿Qué es la Ley 6043?
Es la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, Ley N.° 6043 de 2 de marzo de 1977, publicada en el Alcance 36 a La Gaceta N.° 52 del 16 de marzo de 1977 y vigente desde esa fecha. Declara que la franja costera de 200 metros pertenece al Estado y es inalienable e imprescriptible, la divide en zona pública y zona restringida y regula las concesiones que otorgan las municipalidades. Tiene 83 artículos y 8 transitorios; su versión vigente es la 9 de 9, del 5 de abril de 2022.
¿Cuántos metros mide la zona marítimo terrestre?
200 metros de ancho a todo lo largo de los litorales Atlántico y Pacífico, medidos horizontalmente a partir de la línea de la pleamar ordinaria, más los terrenos y rocas que el mar deja al descubierto en la marea baja (artículo 9). Comprende también las islas, islotes y peñascos marítimos, salvo la Isla del Coco y las islas regidas por leyes especiales.
¿Qué es la zona pública de 50 metros y se puede construir en ella?
Es la franja de 50 metros contados desde la pleamar ordinaria, más las áreas que quedan al descubierto en la marea baja; los manglares y esteros son zona pública sea cual fuere su extensión (artículos 10 y 11). Salvo las excepciones de ley, no puede ser objeto de ocupación bajo ningún título, nadie puede alegar derecho sobre ella y está dedicada al uso público y al libre tránsito (artículo 20). Solo se admiten obras de infraestructura aprobadas por el MOPT, el ICT, el INVU y la municipalidad, atendiendo al uso público, o instalaciones turísticas estatales de notoria conveniencia (artículo 22).
¿Cuánto dura una concesión en zona marítimo terrestre?
Entre 5 y 20 años, según lo fije el contrato, que debe indicar además el canon y su forma de pago (artículo 48). Puede prorrogarse sucesivamente por plazos no mayores de 20 años si el concesionario lo pide dentro de los 3 meses siguientes al aviso municipal de vencimiento, está al día en el canon y la municipalidad y el instituto lo aprueban (artículo 50). Si vence sin solicitud de prórroga, se extingue de pleno derecho.
¿Puede un extranjero tener una concesión en la playa?
La ley no permite otorgar concesiones a extranjeros que no hayan residido en el país por lo menos 5 años, ni a sociedades anónimas con acciones al portador, sociedades domiciliadas en el exterior, entidades constituidas en el país por extranjeros o entidades cuyo capital pertenezca en más de un 50 % a extranjeros (artículo 47). El Reglamento exige que la residencia sea continua y se acredite con certificación de Migración (artículo 25).
¿Cuánto se paga de canon en la zona marítimo terrestre?
Un porcentaje anual del avalúo de la parcela que fija el reglamento municipal de cánones: hasta 2 % para uso agropecuario, hasta 3 % habitacional, hasta 4 % hotelero turístico o recreativo y hasta 5 % comercial, industrial, minero o extractivo, con un mínimo de 0,25 % (artículo 49 del Reglamento, reformado por el Decreto 37882 de 2013). El avalúo vale 5 años y el canon se paga por anualidades adelantadas.
¿Se puede otorgar una concesión sin plan regulador costero?
No, salvo que una ley fije otro instrumento de planificación. El artículo 38 impide a las municipalidades otorgar concesiones en las zonas turísticas sin planos de desarrollo aprobados o elaborados por el ICT y el INVU, y el Reglamento exige declaratoria de aptitud turística, plan regulador aprobado y publicado y demarcación de la zona pública. La Sala Constitucional, el Tribunal Contencioso Administrativo y la Procuraduría (dictamen PGR-C-156-2025) tratan el plan regulador costero vigente como requisito sine qua non.
¿Dónde consultar la Ley 6043 y su reglamento actualizados?
La fuente oficial es SINALEVI, de la Procuraduría General de la República. Corporación GC publica el texto íntegro de la Ley 6043, con buscador y enlace a cada artículo, cotejado con SINALEVI el 28 de octubre de 2026 (versión 9 de 9). El Reglamento es el Decreto Ejecutivo 7841-P de 1977, versión 7 de 7, también disponible en SINALEVI.
Temas: Ley 6043 · Zona marítimo terrestre · Zona pública · Zona restringida · Concesiones · Canon · Texto vigente · Derecho Administrativo
Contenido informativo, revisado al 28 de octubre de 2026. Su aplicación a un caso concreto depende del expediente. Política editorial.
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