El por qué y para qué del contencioso administrativo

Capítulo publicado en la obra colectiva CPCA, 20 años después: Perspectivas críticas sobre la justicia administrativa (Editorial Tirant lo Blanch, 2026), dirigida por el Dr. Alex Rojas Ortega, que conmemora los veinte años de la aprobación del Código Procesal Contencioso Administrativo de Costa Rica. Presentado en el evento CPCA 20 Años: Balance, transformaciones y desafíos de la justicia administrativa, organizado por el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, Tirant Editorial y la Universidad Escuela Libre de Derecho.

Sumario

Este ensayo del Dr. Óscar Eduardo González Camacho constituye una reflexión profunda y decididamente crítica sobre la razón de ser, los fundamentos constitucionales y la finalidad última de la jurisdicción contencioso-administrativa costarricense, escrita desde la perspectiva privilegiada de quien participó directamente en la redacción e implementación del Código Procesal Contencioso Administrativo (CPCA) y ejerció la magistratura en la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia durante doce años.

I. Valoraciones previas: la crisis del contencioso

El autor abre con una valoración directa y sin concesiones sobre el estado actual de la jurisdicción. Sostiene que el control del poder resulta imprescindible no solo para la conservación del Estado de Derecho, sino para el fortalecimiento del sistema democrático, y que sin justicia no hay paz social. Denuncia que, pese a los instrumentos procesales que brindó la reforma del CPCA, existe una cantidad considerable de resoluciones que se resuelven en sentido contrario a la protección del administrado, configurando un proceder sistemático en el que la Administración obtiene el triunfo en la abrumadora mayoría de los procesos.

Identifica varios factores que explican esta tendencia: una débil capacitación en derecho público y constitucional entre los juzgadores, la incorporación de personas con poca experiencia en la materia, la permeabilidad a presiones externas (prensa, redes sociales, opiniones políticas), y lo que denomina un conservadurismo ideológico que adopta una posición pro-Administración Pública en vez de la protección al ciudadano. Reivindica la formación del juez cautelar: un funcionario con amplios conocimientos, propenso a la protección de la persona, valiente e independiente.

II. El Poder Judicial y el control pleno en el marco de la separación de poderes

El segundo eje desarrolla el fundamento constitucional del control jurisdiccional pleno de la Administración Pública. El autor analiza la separación de poderes no como una división rígida y mecánica, sino como un principio elástico, dinámico y evolutivo de distribución de funciones soberanas a diferentes centros de poder, que genera un ejercicio mutuo de control y un límite recíproco. Examina cómo la Constitución Política recoge este principio con un sentido funcional y flexible, y cómo los nuevos órganos constitucionales (Sala Constitucional, Contraloría, Tribunal Supremo de Elecciones) han transformado la trilogía clásica en una distribución horizontal y vertical del poder.

Sostiene que la Administración Pública, con su crecimiento y sus potestades, se ha convertido en una especie de "cuarto poder", lo que obliga a replantear la estructura organizativa y a fortalecer los controles. El control jurisdiccional no se limita al poder revisor o anulatorio, sino que debe ser más amplio: garantizar el efectivo cumplimiento de la finalidad administrativa y proteger los derechos e intereses legítimos del particular.

III. La tutela judicial efectiva como norte del contencioso administrativo

El tercer eje constituye el núcleo dogmático del ensayo. El autor desarrolla la tutela judicial efectiva como derecho fundamental que exige una protección judicial adecuada de los derechos e intereses legítimos del particular frente a cualquier conducta antijurídica de la Administración Pública. Bajo esta perspectiva, los órganos jurisdiccionales tienen un triple cometido: prevención general de la norma jurídica, aplicación subsidiaria y coactiva restaurando el orden jurídico conculcado, y protección de los derechos subjetivos e intereses violados o en trance de violación.

Señala que la tutela judicial efectiva no se agota en el libre acceso a los tribunales, sino que es un derecho mucho más amplio que cubre implícitamente el derecho a la jurisdicción, exige la protección y defensa de todos los derechos e intereses legítimos y materiales, e implica la judicialización de todos los conflictos relacionados con derechos e intereses legítimos. Destaca la influencia de la tutela judicial efectiva en todos los institutos del proceso contencioso: la vía previa, el acceso a la jurisdicción, los recursos, el objeto del proceso, las medidas cautelares, el contenido y alcance de la sentencia, y la ejecución del fallo final.

Significado de la obra

El ensayo trasciende el análisis dogmático para erigirse en un llamado urgente a la reflexión sobre la dirección que ha tomado la jurisdicción contencioso-administrativa en Costa Rica. Escrito con la autoridad de quien co-redactó el CPCA y lo aplicó desde la magistratura, el texto reivindica los valores originales que inspiraron la reforma: la protección plena del ciudadano frente al poder público, la universalidad del control jurisdiccional y la efectividad real de la tutela judicial. Su publicación en la obra conmemorativa de los veinte años del CPCA le confiere un carácter de balance institucional de particular relevancia para el Derecho Público costarricense.