Contratación Pública

El recurso de objeción permite impugnar el pliego de condiciones (cartel) de una licitación antes de la apertura de ofertas. Conforme al artículo 95 de la Ley N.° 9986, puede objetar todo potencial oferente o cualquier organización legalmente constituida para velar por los intereses de la comunidad donde se ejecutará la contratación. El órgano competente y el plazo dependen del tipo de procedimiento: en la licitación mayor conoce la Contraloría General de la República y el recurso debe interponerse dentro de los ocho días hábiles siguientes a la publicación del pliego; en la licitación menor conoce la propia Administración y el plazo es de tres días hábiles.

De acuerdo con el artículo 96, la interposición oportuna del recurso suspende automáticamente la etapa de recepción de ofertas y el acto de apertura. La resolución que se pronuncia por el fondo da por agotada la vía administrativa y debe ser acatada por la Administración en todos sus extremos; cuando ordena modificar el pliego, las enmiendas deben comunicarse por los mismos medios de la invitación original.

El recurso de apelación procede contra el acto de adjudicación —y contra el que declara desierta o infructuosa— de una licitación mayor. Conforme al artículo 97 de la Ley N.° 9986, quien haya participado en el procedimiento puede interponerlo ante la Contraloría General de la República dentro de los ocho días hábiles siguientes a la comunicación del acto final. La Contraloría lo tramita en una etapa de admisibilidad y una de fondo, con audiencias a la Administración, al adjudicatario y a los participantes con mejor posición en el sistema de evaluación sobre los que se formulen alegatos.

Según el artículo 98, la interposición del recurso suspende automáticamente todos los efectos del acto final recurrido. La resolución que lo declara sin lugar confirma el acto y agota la vía administrativa; la que lo declara con lugar anula el acto en el tanto correspondiente y también agota la vía administrativa.

El recurso de revocatoria procede contra el acto final de la licitación menor y, de igual manera, contra el de la subasta inversa electrónica y el de las nuevas adjudicaciones en suministros, servicios y obra. Conforme al artículo 99 de la Ley N.° 9986, debe interponerse dentro de los cinco días hábiles siguientes a la comunicación del acto final y lo conoce el órgano que lo emitió; cuando ese órgano no es el jerarca de la Administración, el recurrente puede solicitar que su gestión sea resuelta por el jerarca. En todos los casos hay una única instancia y al recurso le resultan aplicables, en lo pertinente, las reglas del recurso de apelación.

La Ley N.° 9986 sustituyó la nomenclatura de la anterior Ley de Contratación Administrativa. Los procedimientos ordinarios son ahora la licitación mayor (arts. 55-59), la licitación menor (arts. 60-61) y la licitación reducida (arts. 62-63); el procedimiento aplicable se determina según el umbral del artículo 36, que depende del monto estimado y del objeto —bienes, servicios u obra— y que la Contraloría General de la República actualiza cada año. A mayor cuantía, mayor es el grado de control y publicidad exigido al procedimiento.

Junto a los ordinarios, la ley regula procedimientos extraordinarios —el remate (art. 64) y la subasta inversa electrónica (art. 65)— y procedimientos especiales (arts. 66-70), como la contratación de urgencia y la de bienes inmuebles. Cada procedimiento tiene reglas propias de plazos, publicidad, recepción de ofertas y régimen recursivo.

La resolución que decide por el fondo un recurso de objeción o de apelación agota la vía administrativa (arts. 96 y 98 de la Ley N.° 9986). Ese no es el final del camino: la adjudicación —o la resolución de la propia Contraloría— puede impugnarse ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, donde además cabe solicitar medidas cautelares para suspender el acto y reclamar los daños y perjuicios causados al oferente ilegítimamente excluido.

Esta fase —la que decide los casos de mayor cuantía— es el terreno natural de la firma: nuestro director fue coordinador de la comisión redactora del Código Procesal Contencioso Administrativo y ex-Magistrado de la Sala Primera, la sala que conoce en casación las sentencias del Tribunal Contencioso. Vea nuestras áreas de litigio contencioso-administrativo y casación ante la Sala Primera, o la guía ¿cómo demandar al Estado en Costa Rica?.