Sentencias que marcaron el rumbo del Derecho costarricense

«Luego de una profunda y concienzuda reflexión, se llega al convencimiento de que el referido instituto (indexación no convencional), sí cabe en determinados supuestos obligacionales en que la parte con derecho así lo requiera, todo ello por aplicación directa de la Constitución Política.»

«De ahí que, ha de afirmarse de manera contundente (con fundamento y de acuerdo con lo dicho en considerandos anteriores) que la Administración Pública también es responsable por los daños y perjuicios ocasionados con su inactividad administrativa.»

«Sin embargo, en criterio de esta Sala, esa ausencia legislativa no podría sustentar un principio de irresponsabilidad del Estado en su función jurisdiccional. Ya se ha señalado que dicha responsabilidad deriva del mismo marco del Derecho de la Constitución, como contrapeso relevante en las relaciones del Estado con las personas y como factor de alta trascendencia en la ecuación del Estado de Derecho.»

«Al fin y al cabo, los bancos, sin que el demandado sea la excepción, custodian y administran, entre otros, un bien ajeno; y no cualquier bien, sino fondos del público. Así las cosas, no solo responde por la fortaleza de sus sistemas internos, sino también por la seguridad de quien, para llegar allí, utiliza los únicos canales posibles que el propio Banco conoce y reconoce como riesgosos.»

«Así las cosas, si en sede jurisdiccional se determina que la conducta administrativa objeto de impugnación proviene del ejercicio de una competencia exclusiva del órgano al cual se le otorgó personalidad propia (aunque sea instrumental) para tales efectos, resulta impropio extender la imputación al ente público, mayor o menor, al que se encuentra adscrito.»

«Así, a pesar de que el ordinal 340 no regula la caducidad para los procedimientos iniciados de oficio por la Administración, sus postulados básicos son aplicables, mutatis mutandi, a estos, por integración del ordenamiento.»

«Ahora bien, las distintas consecuencias que se puedan derivar de ello, como la pretendida imposibilidad de acceder a estudios de postgrado, o bien, eventuales ingresos adicionales, no constituyen efectos jurídicos y directos dispuestos por el acto administrativo que resolvió la gestión del petente, sino, que derivan, precisamente, de esa consolidación del estatus académico otorgado como una repercusión consecuencial, secundaria y permanente en el tiempo, pero no de incidencia repetida.»