Vía Administrativa y Recursos

El recurso de revocatoria es el medio de impugnación ordinario que se interpone ante el mismo órgano que dictó el acto administrativo para solicitar su revocación, modificación o anulación. Los artículos 342 a 345 de la LGAP regulan su procedimiento. El recurso debe presentarse dentro de los tres días hábiles siguientes a la notificación del acto y el órgano tiene un plazo de ocho días para resolverlo.

La revocatoria procede contra actos administrativos que el recurrente considere contrarios al ordenamiento jurídico o lesivos de sus derechos o intereses legítimos. El órgano puede confirmar, modificar o revocar total o parcialmente el acto impugnado.

El recurso de apelación se interpone conjuntamente con la revocatoria y en forma subsidiaria —es decir, para el caso de que la revocatoria sea rechazada—. El artículo 343 de la LGAP establece que la apelación se dirige al superior jerárquico del órgano que dictó el acto. Si la revocatoria es declarada sin lugar, el órgano debe elevar el expediente al superior para que resuelva la apelación.

La interposición conjunta de revocatoria con apelación en subsidio es la fórmula estándar en el derecho administrativo costarricense para agotar la vía administrativa, requisito previo para acceder a la jurisdicción contencioso-administrativa.

El procedimiento administrativo ordinario es el cauce formal que debe seguir la Administración Pública para la emisión de actos administrativos que afecten derechos subjetivos o intereses legítimos de los administrados. Los artículos 308 a 319 de la LGAP regulan sus fases: inicio, instrucción (recopilación de pruebas), audiencia oral y privada, alegatos y resolución final. El procedimiento garantiza el derecho de defensa, el acceso al expediente, la posibilidad de ofrecer prueba y el derecho a ser oído antes de la emisión del acto final.

El artículo 308 de la LGAP establece que este procedimiento es obligatorio cuando el acto a dictar pueda causar perjuicio grave al administrado, cuando se trate de un procedimiento sancionatorio, o cuando así lo exija la ley especial aplicable.

El procedimiento sancionatorio es la modalidad del procedimiento administrativo ordinario que se instruye cuando la Administración pretende imponer una sanción a un administrado o a un servidor público. Está sujeto a las garantías reforzadas del debido proceso administrativo: presunción de inocencia, derecho de defensa, derecho a producir prueba, motivación de la resolución y proporcionalidad de la sanción. La Administración no puede imponer sanciones sin haber instruido previamente el procedimiento correspondiente.

El artículo 31 del CPCA establece que, como regla general, para acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa es necesario haber agotado previamente la vía administrativa. Esto significa que el administrado debe haber interpuesto los recursos administrativos correspondientes (revocatoria con apelación en subsidio) contra el acto que pretende impugnar judicialmente. La vía administrativa se considera agotada cuando se ha resuelto el último recurso disponible o cuando ha operado el silencio administrativo negativo.

Existen excepciones al agotamiento: no se exige cuando la conducta impugnada es una actuación material (vía de hecho), una omisión, la inactividad de la Administración, o en los demás casos expresamente previstos por el CPCA.

El silencio administrativo opera cuando la Administración no resuelve un recurso o petición dentro del plazo legalmente establecido. La LGAP distingue dos modalidades: el silencio negativo, que opera como regla general conforme al artículo 261, según el cual transcurrido el plazo de dos meses sin resolución expresa se entiende denegada la gestión, habilitando al administrado para acudir a la siguiente instancia administrativa o a la vía jurisdiccional; y el silencio positivo, regulado en el artículo 330, que opera cuando se trate de solicitudes de permisos, licencias y autorizaciones, así como de aprobaciones en ejercicio de funciones de fiscalización y tutela, caso en el cual transcurrido un mes sin resolución expresa se entiende aprobada la gestión. El silencio positivo constituye una garantía para el administrado frente a la inactividad de la Administración en materia autorizatoria.