Litigio Contencioso Administrativo

La pretensión es admisible frente a los actos administrativos finales, definitivos o de trámite con efecto propio, las actuaciones materiales, las conductas omisivas y cualquier otra conducta sujeta al Derecho administrativo, así como respecto de las relaciones jurídico-administrativas y del ejercicio de la potestad (artículo 36).

Frente a esa conducta, el artículo 42 permite formular cuantas pretensiones sean necesarias: la declaración de disconformidad con el ordenamiento, la anulación total o parcial, el reconocimiento o restablecimiento de una situación jurídica, la fijación de los límites de la potestad, la condena a una conducta específica, el cese de una actuación material y la indemnización de daños y perjuicios. El Código superó así el esquema predominantemente anulatorio de la ley de 1966.

Están legitimados para demandar quienes invoquen la afectación de intereses legítimos o derechos subjetivos, las entidades que representan intereses de carácter general, gremial o corporativo, quienes defiendan intereses difusos y colectivos y, en los casos que la ley prevé, cualquier persona por acción popular (artículo 10).

Se demanda a la Administración autora de la conducta, y al Estado cuando esta proviene de los Poderes Ejecutivo, Legislativo o Judicial o del Tribunal Supremo de Elecciones; a los órganos con personalidad jurídica instrumental, conjuntamente con el ente al que están adscritos, y a quienes derivaron derechos de la conducta impugnada (artículo 12).

La demanda debe presentarse dentro del año siguiente a la notificación del acto, a su única o última publicación o al cese de la actuación material (artículo 39). Los actos absolutamente nulos y las omisiones pueden impugnarse mientras subsistan sus efectos continuados, y hasta un año después de su cese, para su anulación e inaplicabilidad futura (artículo 40).

En materia civil de Hacienda rige el plazo de prescripción del derecho de fondo (artículo 41): el derecho de reclamar la indemnización a la Administración prescribe en cuatro años, contados a partir del hecho que motiva la responsabilidad (artículo 198 de la Ley General de la Administración Pública). La caducidad de la acción se examina de oficio.

El agotamiento es facultativo, salvo lo dispuesto en los artículos 173 y 182 de la Constitución Política: la materia municipal y la contratación administrativa (artículo 31.1). Cuando se demanda al Estado sin haber agotado la vía, el jerarca supremo dispone de ocho días hábiles para confirmar, modificar, anular, revocar o cesar la conducta, sin suspensión de los procedimientos; vencido ese plazo, corre el de contestación (artículo 31.3).

La Administración responde por todos los daños que cause su funcionamiento legítimo o ilegítimo, normal o anormal, salvo fuerza mayor, culpa de la víctima o hecho de un tercero (artículo 190 de la Ley General de la Administración Pública). Por sus actos lícitos y su funcionamiento normal responde cuando el daño afecta los derechos del administrado en forma especial, por la pequeña proporción de afectados o por la intensidad excepcional de la lesión (artículo 194).

El artículo 2 del CPCA atribuye a esta jurisdicción las cuestiones de responsabilidad de la Administración y de sus funcionarios. El reclamo puramente indemnizatorio queda sujeto a la prescripción de cuatro años del artículo 198 de la misma ley.

Contra la sentencia procede el recurso de casación, que conoce la Sala Primera cuando la conducta emana del Poder Ejecutivo, de los ministerios, de las instituciones descentralizadas, incluidas las municipalidades, y de los demás órganos que enumera el artículo 135, y el Tribunal de Casación de lo Contencioso-Administrativo y Civil de Hacienda en los supuestos del artículo 136. Se interpone directamente ante el órgano de casación dentro de los quince días hábiles siguientes a la notificación a todas las partes (artículo 139), y se rechaza de plano cuando carece de fundamentación jurídica o su improcedencia es clara (artículo 140).

La sentencia firme se ejecuta de inmediato, salvo un plazo motivado de hasta tres meses (artículo 157), ante un juez ejecutor con todos los poderes y deberes necesarios para su plena efectividad (artículo 155). El funcionario que incumple sin justa causa puede ser multado con uno a cinco salarios base (artículo 159); la condena al pago de una suma líquida produce automáticamente el compromiso presupuestario de los fondos (artículo 166), y son embargables, con los límites del artículo 170, los bienes de dominio privado de la Administración que no estén afectos a un fin público (artículo 169).