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Guía práctica

Ley General de la Administración Pública (LGAP): texto vigente, artículos clave e historia legislativa

Texto vigente de la Ley General de la Administración Pública (Ley N.° 6227), cotejado con SINALEVI y con buscador, y sus artículos clave explicados con las actas legislativas de 1970 y la jurisprudencia.

Por
Dr. Óscar Eduardo González Camacho
Ex-Magistrado de la Sala Primera (2002–2014). Coordinador de la comisión redactora del CPCA. Doctor en Derecho por la Universidad de Alcalá, Cum Laude.

La Ley General de la Administración Pública (LGAP) es la Ley N.° 6227 de 2 de mayo de 1978, publicada en el Alcance 90 a La Gaceta N.° 102 del 30 de mayo de 1978 y vigente desde el 30 de noviembre de 1978, seis meses después de su publicación, como dispone su artículo 370. Es la ley que rige la organización y la actuación de toda la Administración Pública costarricense: en su Libro Primero, las fuentes del derecho administrativo, la competencia, los servidores públicos, el acto administrativo, sus nulidades y la responsabilidad del Estado; en su Libro Segundo, el procedimiento administrativo. Tiene 370 artículos, de los cuales dos están derogados.

Su texto vigente completo está en esta página, en el articulado vigente, cotejado palabra por palabra con SINALEVI el 28 de octubre de 2026 y con buscador por número de artículo o por palabra. La guía explica además sus artículos de mayor uso con dos materiales que no se encuentran reunidos en otra parte: las actas de la comisión legislativa que discutió el proyecto en 1970, leídas en el expediente legislativo digital de 1.776 páginas, y la jurisprudencia de la Sala Primera, de la Sala Constitucional y del Tribunal de Casación que interpreta cada precepto. Varias de esas sentencias las redactó el suscrito durante sus años en la Sala Primera.


Dónde leer el texto vigente de la LGAP

El articulado íntegro figura más abajo, en el articulado vigente. La fuente oficial que debe citarse en un escrito es el texto consolidado de SINALEVI, el Sistema Costarricense de Información Normativa de la Procuraduría General de la República, que registra 21 versiones de la ley.

Muchas copias de la LGAP que circulan en PDF se imprimieron hace años y no traen las reformas recientes. La última es de 2026: la Ley N.° 10889, de 23 de marzo de 2026, adicionó al artículo 298 la inversión de la carga de la prueba a favor de las personas consumidoras en asuntos de consumo, ambiente y fraudes electrónicos. Antes, entre 2022 y 2024, la Ley Marco de Empleo Público reformó el artículo 112, la Ley N.° 10379 permitió las sesiones virtuales de los órganos colegiados (artículos 50, 52, 53 y 56) y dos leyes cambiaron el régimen de notificaciones del artículo 243. La Sala Constitucional no ha anulado ninguna de sus disposiciones.

Las reformas de la ley desde 1978

Veintiocho leyes han tocado la Ley General de la Administración Pública, y la Sala Constitucional interpretó dos de sus artículos sin anular ninguno. El texto que se publica en esta página las incorpora todas.

NormaQué cambió
Ley N.° 681214-09-1982Fijó la lista de carteras ministeriales del párrafo 1 y suprimió, en forma tácita, los ministerios sin cartera del párrafo 2. art. 23
Ley N.° 681527-09-1982Encargó a la Procuraduría, en lugar de la Contraloría, el dictamen previo a la anulación de oficio y dio nueva redacción al artículo 183. arts. 173 y 183
Ley N.° 715205-06-1990Reformó los incisos g) y h) de la lista de ministerios. art. 23
Ley N.° 716926-06-1990Adicionó el inciso ñ), el Ministerio de Ciencia y Tecnología. art. 23
Voto 3855-9311-08-1993Resolvió que la potestad del Presidente para dirimir conflictos entre entes descentralizados (artículo 26, hoy inciso c, y artículo 78) no transgrede su autonomía administrativa. No anuló nada. arts. 26 y 78
Ley N.° 742807-09-1994Agregó el párrafo según el cual, si la nulidad versa sobre actos relacionados con la Hacienda Pública, el dictamen lo rinde la Contraloría. art. 173
Ley N.° 744402-11-1994Adicionó el inciso 5: dos viceministros en el Ministerio de Hacienda. art. 47
Ley N.° 749402-05-1995Derogó el artículo 193, que indemnizaba a quien lograba anular una adjudicación con la mitad del provecho esperado. art. 193
Ley N.° 749503-05-1995Derogó el inciso 4 del artículo 27. art. 27
Ley N.° 755404-10-1995Su artículo 116 cambió el nombre del Ministerio del inciso h); SINALEVI la registra como reforma tácita. art. 23
Ley N.° 761112-07-1996Llevó de tres a cuatro años la prescripción del reclamo de indemnización y ajustó los plazos de la acción contra el servidor. arts. 198, 207 y 208
Ley N.° 764605-11-1996Adicionó el inciso i): los ministros rinden cada setiembre un informe de ejecución presupuestaria ante la Comisión de Hacendarios. art. 28
Ley N.° 780030-04-1998Según la Procuraduría (C-023-2007), derogó tácitamente la palabra «Deportes» del inciso m). art. 23
Ley N.° 787121-04-1999Reescribió el artículo 173: quién declara la nulidad evidente y manifiesta, el procedimiento ordinario previo con audiencia a las partes y el dictamen de la Contraloría en asuntos presupuestarios y de contratación. art. 173
Ley N.° 826102-05-2002Adicionó el inciso 6: viceministro de juventud en el Ministerio de Cultura. art. 47
Ley N.° 850828-04-2006Cambió las remisiones a la vieja Ley Reguladora por el nuevo Código, quitó al Consejo de Gobierno la declaratoria de lesividad, derogó el artículo 357, redujo de cuatro años a uno el plazo para impugnar el acto absolutamente nulo y la caducidad de la potestad del 173, y extendió la caducidad del procedimiento a la Administración que lo inicia. 18 artículos
Ley N.° 866008-08-2008Rebautizó el ministerio del inciso h) como de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones y le dio dos viceministros (inciso 7 del artículo 47). arts. 23 y 47
Ley N.° 868704-12-2008Reescribió los medios de notificación: correo electrónico, fax y otros medios tecnológicos después de la primera notificación. art. 243
Ley N.° 877114-09-2009Cambió el nombre del Ministerio de Justicia a Ministerio de Justicia y Paz. art. 23
Ley N.° 904625-06-2012Devolvió el inciso h) a Ambiente y Energía, sumó Telecomunicaciones al inciso ñ) y adicionó el inciso 8 del artículo 47. arts. 23 y 47
Ley N.° 905723-07-2012Agregó que, si la víctima es menor de edad, la prescripción corre desde que cumple la mayoría de edad. art. 198
Ley N.° 934325-01-2016Reescribió el artículo 112 y le sumó el inciso 5 sobre la negociación de convenciones colectivas en el sector público. art. 112
Ley N.° 997111-05-2021Cambió el nombre del inciso ñ) a Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones. art. 23
Ley N.° 1005325-10-2021Obligó a grabar las sesiones de los órganos colegiados y a levantar actas con transcripción literal, y redefinió el expediente administrativo como conjunto de documentos físicos o digitales. arts. 50, 56 y 271
Ley N.° 1015908-03-2022Reformó el inciso 5 del artículo 112: habla de «personas servidoras públicas» que no participan de la gestión pública. art. 112
Ley N.° 1037902-10-2023Autorizó las sesiones virtuales, fijó cómo se forma el quórum a distancia y exigió grabación en audio y video. arts. 50, 52, 53 y 56
Ley N.° 1045420-03-2024Adicionó el inciso 6 del artículo 243: esas notificaciones se rigen por la Ley 7476. art. 243
Ley N.° 1059705-11-2024Reformó el inciso 1 del artículo 243: a las sociedades mercantiles se les notifica al correo inscrito en el Registro de Personas Jurídicas. art. 243
Ley N.° 1088923-03-2026Adicionó al artículo 298 un inciso, rotulado «b)», que invierte la carga de la prueba a favor de las personas consumidoras en casos de consumo, ambiente y fraudes electrónicos o financieros. art. 298

La última reforma es la Ley N.° 10889, que adicionó al artículo 298 la inversión de la carga de la prueba a favor de las personas consumidoras. Cotejo con SINALEVI del 28 de octubre de 2026.

Fuente: SINALEVI, Ley N.° 6227, historial de versiones y normativa que la afectó.


Artículos clave de la LGAP

El comentario recorre los preceptos que concentran la discusión en los tribunales, en el orden de la ley. Cada uno parte del texto vigente, expone lo que el expediente legislativo documenta sobre su origen y reseña la jurisprudencia que fija su alcance. Las citas de las actas se cotejaron contra la imagen del expediente digital, y donde el original trae una errata se marca con [sic].

Artículos 1 a 4: a quién se aplica

El artículo 1 define el ámbito de la ley: «La Administración Pública estará constituida por el Estado y los demás entes públicos, cada uno con personalidad jurídica y capacidad de derecho público y privado». Quedan comprendidos el Estado, con sus ministerios, y los demás entes públicos, como las instituciones autónomas y las municipalidades. El artículo 3 reparte el régimen: el derecho público rige la organización y la actividad de los entes públicos, salvo norma expresa en contrario, y el derecho privado regula la actividad de los entes que, «por su régimen de conjunto y los requerimientos de su giro», puedan estimarse empresas industriales o mercantiles comunes. El artículo 4 fija los principios del servicio público: continuidad, eficiencia, adaptación a todo cambio en el régimen legal o en la necesidad social que satisfacen e igualdad en el trato de los destinatarios, usuarios o beneficiarios.

La exposición de motivos explica por qué la ley se llama así: «El presente Proyecto se denomina LEY GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA, y no Código Administrativo o algo similar, porque se trata de suplir la ausencia de ciertos principios fundamentales de nuestro derecho público, no de formular un régimen de todas sus instituciones». Y declara su propósito: «lograr el equilibrio entre seguridad del ciudadano y eficiencia de la Administración, o, como se ha dicho con afortunado giro, entre la "prerrogativa y la garantía"».

Artículos 6 a 10: las fuentes y la interpretación

El artículo 6 ordena la jerarquía de las fuentes del ordenamiento administrativo: la Constitución, los tratados internacionales y las normas de la Comunidad Centroamericana, las leyes, los decretos ejecutivos que reglamentan las leyes, los demás reglamentos y estatutos, y las demás normas subordinadas a los reglamentos. El artículo 7 incorpora las normas no escritas (la costumbre, la jurisprudencia y los principios generales de derecho) con el rango de la norma que interpretan, integran o delimitan.

El artículo 10 manda interpretar la norma administrativa «en la forma que mejor garantice la realización del fin público a que se dirige, dentro del respeto debido a los derechos e intereses del particular». El texto vigente tiene dos párrafos; el proyecto tenía tres. El tercero permitía, según la exposición de motivos, que «se descarte la letra de la ley en bien de su espíritu, cuando se determine la existencia de un insalvable conflicto entre ambos». En la subcomisión del 10 de marzo de 1970, el presidente de la comisión, Carlos José Gutiérrez Gutiérrez, objetó que esa regla daba «una amplitud demasiado peligrosa para el administrador o para el juez que deba resolver un asunto, dado que permite al juez fallar contra la ley». Eduardo Ortiz Ortiz, autor del anteproyecto, aceptó que «el artículo queda completo aún si se elimina el párrafo 3)», y se suprimió. La supresión es un dato interpretativo de peso: el legislador conoció y descartó que el fin de la norma pudiera derrotar su letra.

Artículo 11: el principio de legalidad

«1. La Administración Pública actuará sometida al ordenamiento jurídico y sólo podrá realizar aquellos actos o prestar aquellos servicios públicos que autorice dicho ordenamiento, según la escala jerárquica de sus fuentes.

2. Se considerará autorizado el acto regulado expresamente por norma escrita, al menos en cuanto a motivo o contenido, aunque sea en forma imprecisa.»

Ortiz Ortiz lo explicó a la comisión legislativa el 6 de marzo de 1970, en la sesión en que se presentó el proyecto, contraponiendo la posición de la Administración y la del particular: «La administración no podrá actuar sino cuando hay una norma que expresamente se lo autorice, el particular podrá actuar frente a la administración en todas las formas que no le estén expresamente prohibidas». Esa contraposición, que el artículo 19 constitucional recoge para el particular, quedó en los artículos 11 y 18 de la ley.

La Sala Primera ha extraído de esta norma un control pleno. En la sentencia 523-F-2005, en el considerando cuya redacción correspondió al suscrito, sostuvo que «el control a que está sujeta la Administración Pública en sentido amplio, se confronta con el Ordenamiento Jurídico en su plenitud, concepto que integra tanto las fuentes escritas como las fuentes no escritas que lo componen». El párrafo segundo fija el mínimo de esa habilitación: «en virtud del principio de regulación mínima del acto, al menos el motivo o el contenido deben estar regulados» (116-F-S1-2010, cuya redacción correspondió al suscrito).

Artículo 13: la inderogabilidad singular

El artículo 13 sujeta a la Administración a todas las normas escritas y no escritas, «sin poder derogarlos ni desaplicarlos para casos concretos», y extiende esa regla a sus propios reglamentos. La Sala Primera la define así: «la autoridad que ha dictado un reglamento o cualquier otra que lo requiera, no puede mediante un acto singular, excepcionar para un caso concreto su aplicación, a menos que, este autorice la excepción o dispensa» (1022-F-S1-2012). En materia tarifaria, la Sala aplicó la regla para impedir que la Autoridad Reguladora se apartara en un caso concreto del modelo de cálculo que había adoptado y publicado, con herramientas introducidas por una circular interna: «Las "nuevas herramientas o mecanismos" deben ser incorporadas formalmente en los procedimientos para que surtan efectos a la generalidad» (655-F-S1-2012, cuya redacción correspondió al suscrito).

Artículos 15 a 17: la discrecionalidad y sus límites

La ley admite la discrecionalidad «incluso por ausencia de ley en el caso concreto», pero la somete a los límites del ordenamiento «para lograr que su ejercicio sea eficiente y razonable» (artículo 15). El artículo 16 prohíbe dictar actos «contrarios a reglas unívocas de la ciencia o de la técnica, o a principios elementales de justicia, lógica o conveniencia», y permite al juez controlar los elementos discrecionales con esas reglas «como si ejerciera contralor de legalidad».

En la sesión del 12 de marzo de 1970, Ortiz Ortiz explicó el alcance de esa equiparación: en las materias técnicas de significado claro y preciso, las reglas técnicas valen como leyes, de modo que su violación «naturalmente va a ser una ilegalidad exactamente como si se estuviera violando un precepto legal». En la misma sesión nació la redacción del artículo 17. El texto proyectado limitaba la discrecionalidad por los derechos del particular «cuando la potestad discrecional no tenga por objeto la limitación o supresión de los mismos». El presidente de la comisión vio en esa fórmula una redundancia; el magistrado Gonzalo Retana Sandí, miembro de la comisión redactora, propuso cambiar esa parte «por algo como "salvo texto legal en contrario"», y la comisión lo aceptó. Así se lee hoy: «La discrecionalidad estará limitada por los derechos del particular frente a ella, salvo texto legal en contrario».

La Sala Primera precisó que la discrecionalidad recae sobre elementos del acto: «más que actos discrecionales, lo correcto es referirse a elementos discrecionales de este. La discrecionalidad, en esencia, se da cuando el ordenamiento jurídico prevé distintas alternativas u opciones, todas lícitas, cuya libre escogencia encomienda a la Administración». Y cuando el margen de elección desaparece por las propias actuaciones de la Administración o por la prueba técnica, opera la «reducción a cero de la discrecionalidad», que permite al juez sustituir la decisión (116-F-S1-2010, cuya redacción correspondió al suscrito).

Artículo 19: la reserva de ley de los derechos constitucionales

«1. El régimen jurídico de los derechos constitucionales estará reservado a la ley, sin perjuicio de los reglamentos ejecutivos correspondientes.

2. Quedan prohibidos los reglamentos autónomos en esta materia.»

Ortiz Ortiz explicó a la comisión el propósito de la norma: «garantizarle al particular y al ciudadano que el régimen básico de esos derechos constitucionales, no de cualquier derecho sino de los derechos que consagra la Constitución, solo podrá ser limitado, regulado, básicamente por una ley», aunque el Poder Ejecutivo pueda después complementar ese régimen con reglamentos ejecutivos (acta de la sesión del 12 de marzo de 1970).

Artículos 83 y 99 a 102: desconcentración, dirección y jerarquía

El artículo 83 parte de la subordinación plena de todo órgano a su jerarca «salvo desconcentración operada por ley o por reglamento», y distingue dos grados. La desconcentración es mínima cuando el superior no puede avocar la competencia del inferior ni revisar o sustituir su conducta, y máxima cuando el inferior queda sustraído, además, a órdenes, instrucciones o circulares del superior. La Sala Primera ha precisado que la desconcentración protege únicamente la materia desconcentrada: las decisiones de organización del ministerio al que el órgano está adscrito no la invaden, porque «no se interviene en la materia desconcentrada a su cargo, sino a un aspecto de mera organización administrativa» (1556-F-S1-2022).

La relación de dirección de los artículos 99 y 100 permite a un órgano ordenar la actividad de otro, «pero no los actos», imponiéndole metas y tipos de medios mediante directrices. Ortiz Ortiz explicó en la comisión qué son: «Son normas que le fijan las metas, programas o resultados importantes a conseguir a una institución», en períodos largos, sin referirse a actos concretos, «lo que equivaldría a una orden, eso no lo puede hacer el Poder Ejecutivo». Y ante el temor de un diputado de que las instituciones autónomas perdieran autonomía, respondió que la perderían en la medida de la dirección: «pierden la autonomía que tiene actualmente, eso es definitivo». La Sala Constitucional fijó el alcance de esa potestad frente a los entes autónomos: «La directriz podría regular que si el ente actúa, lo haga en determinada dirección, pero no obligar al ente a hacerlo o impedir que actúe» (voto 3309-94). Y la Sala Primera advirtió que «Las directrices no integran el ordenamiento jurídico, puesto que no son normas», de modo que su infracción da lugar a la sanción disciplinaria del funcionario y deja válido el acto concreto (1007-F-2006).

Artículo 113: el interés público

«1. El servidor público deberá desempeñar sus funciones de modo que satisfagan primordialmente el interés público, el cual será considerado como la expresión de los intereses individuales coincidentes de los administrados.»

El párrafo segundo hace prevalecer el interés público sobre el de la Administración cuando entren en conflicto, y el tercero ordena considerar en primer lugar la seguridad jurídica y la justicia, «a los que no puede en ningún caso anteponerse la mera conveniencia». Ortiz Ortiz reveló a la comisión su fuente: «Este es un artículo que nosotros tomamos de Agustín Gordillo, publicista argentino», porque hay casos en que el interés de la Administración como sujeto se interpone al interés de la comunidad en el servicio. La Procuraduría pidió en 1974 suprimir los dos primeros párrafos, y el artículo se mantuvo. La Sala Constitucional advierte que «el concepto de interés público no puede ser empleado como una cláusula abierta y general que habilite a las administraciones públicas para sacrificar los derechos fundamentales» (voto 2003-08875).

Artículos 128 a 136: los elementos del acto y la motivación

El artículo 128 declara válido el acto «que se conforme sustancialmente con el ordenamiento jurídico, incluso en cuanto al móvil del funcionario que lo dicta». Los artículos siguientes regulan sus elementos: el sujeto y la competencia (129), la voluntad (130), el fin (131), el contenido (132), el motivo (133) y la forma (134 a 136). Sobre el fin, el artículo 131 impide que su ausencia en la ley cree discrecionalidad, porque el juez debe determinarlo, y define como desviación de poder la persecución de un fin distinto del principal. Ortiz lo resumió así: «siempre el fin de un acto tiene que estar determinado por el ordenamiento o en su defecto por el juez. No puede haber libertad del administrador al respecto».

El artículo 136 exige motivar, con mención sucinta al menos de sus fundamentos, los actos que impongan obligaciones o limiten, supriman o denieguen derechos subjetivos, los que resuelvan recursos, los que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de órganos consultivos, los reglamentos y actos discrecionales de alcance general, y los demás que la ley indique. La Sala Primera distingue el motivo, elemento material del acto, de su motivación, que es su expresión: «la motivación consiste en plasmar en el texto del acto, los motivos sobre los cuales se sustenta la parte dispositiva de la resolución administrativa» (1282-F-S1-2010, cuya redacción correspondió al suscrito). En ese caso, una reestructuración que suprimió una plaza con razones genéricas dejó el acto sin motivo válido, y se anuló.

Artículos 140 a 150: eficacia y ejecutoriedad

El acto particular es eficaz desde su comunicación y el general desde su publicación (artículo 140). La Sala Primera aplicó esa regla a un decreto que exigía aprobación legislativa para ser eficaz: la aprobación «no incide en la perfección del acto, en su validez [...] pero no puede producir consecuencias jurídicas», y los actos dictados al amparo de un decreto ineficaz son nulos por carecer de base jurídica (884-F-2005, cuya redacción correspondió al suscrito). La misma lógica rige el inicio del procedimiento: la orden interna de abrirlo no produce efectos hasta que se notifica al administrado (910-F-S1-2017).

El artículo 146 da a la Administración la potestad de «ejecutar por sí, sin recurrir a los Tribunales, los actos administrativos eficaces, válidos o anulables, aún contra la voluntad o resistencia del obligado», sujeta a la responsabilidad que pudiera resultar, y el artículo 150 exige que la ejecución vaya precedida de la debida comunicación del acto y de «dos intimaciones consecutivas, salvo caso de urgencia».

Artículos 158 a 189: la invalidez del acto

El artículo 158 define el vicio como la falta o defecto de un requisito exigido por el ordenamiento, y declara inválido el acto «sustancialmente disconforme con el ordenamiento jurídico». Las infracciones insustanciales no invalidan el acto. La ley distingue dos grados: hay nulidad absoluta «cuando falten totalmente uno o varios de sus elementos constitutivos, real o jurídicamente» (artículo 166), y relativa cuando uno de ellos sea imperfecto, salvo que la imperfección impida realizar el fin (artículo 167). El grado depende de la gravedad del vicio: en un despido dictado por un subgerente con una potestad del gerente, la Sala Primera calificó la incompetencia como relativa y admitió su convalidación por el órgano competente (994-F-S1-2016).

La declaración de nulidad absoluta «tendrá efecto puramente declarativo y retroactivo a la fecha del acto, todo sin perjuicio de derechos adquiridos de buena fe» (artículo 171). Esa fórmula pasó en 1989 al artículo 91 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. La Sala Primera ha precisado que el restablecimiento de la situación anterior exige examinar la buena fe del titular: «el efecto retroactivo de la nulidad absoluta, y por ende, del restablecimiento pleno, demandan examen de la buena fe del titular del derecho suprimido» (1692-F-S1-2012, cuya redacción correspondió al suscrito).

El artículo 173 permite a la Administración anular de oficio un acto declaratorio de derechos sin acudir al proceso de lesividad cuando su nulidad absoluta es evidente y manifiesta, con dictamen favorable y vinculante de la Procuraduría General (o de la Contraloría, en presupuesto y contratación), procedimiento ordinario y dentro del año siguiente a la adopción del acto, salvo que sus efectos perduren. El proyecto de 1969 no exigía que la nulidad fuera evidente: permitía anular en vía administrativa cualquier nulidad absoluta. La restricción nació en la comisión, ante las objeciones del diputado Alfredo Vargas Fernández. Ortiz Ortiz la propuso así: «Estoy restringiendo el concepto ya no en los casos de nulidad absoluta, sino en los casos de nulidad manifiesta y evidente»; en los demás casos, «en donde la nulidad no es manifiesta ni es evidente, aunque sea absoluta, lo que es difícil, pero puede ocurrir, ahí juega el principio de lesividad» (sesión 103, de 2 de abril de 1970). En esa misma sesión, para asegurar la independencia del órgano consultor, ofreció «poner a la Contraloría en lugar de la Procuraduría en todos los casos», y así se aprobó la ley en 1978. La Ley Orgánica de la Procuraduría General (N.° 6815 de 1982) encargó después el dictamen a la Procuraduría, y la Ley Orgánica de la Contraloría (N.° 7428 de 1994) lo reservó a la Contraloría en los actos relacionados con el presupuesto y la contratación. La Sala Constitucional describe lo evidente y manifiesto como «lo que resulta patente, notorio, ostensible, palpable, claro, cierto y que no ofrece ningún margen de duda», y califica el año de caducidad como un plazo «rígido y fatal» (voto 2017-017497). El régimen completo de las nulidades está en nuestra guía de nulidad absoluta y relativa del acto administrativo.

Artículos 190 a 213: la responsabilidad de la Administración

«1. La Administración responderá por todos los daños que cause su funcionamiento legítimo o ilegítimo, normal o anormal, salvo fuerza mayor, culpa de la víctima o hecho de un tercero.»

La exposición de motivos fundó el régimen en «la concepción de la Administración como un riesgo social cuyos resultados lesivos han de correr de cuenta de ella y no de aquél que, siendo más pobre y en todo caso extraño a la causa, debe estar garantizado contra todo daño proveniente de causas y de intereses extraños a su vida y a su acción». Es una responsabilidad objetiva, en la que el caso fortuito no exime: así lo sostuvo la Sala Primera al condenar a una institución por un vehículo sustraído de su parqueo con el sistema de seguridad averiado (1035-F-S1-2012, cuya redacción correspondió al suscrito).

Por actos lícitos o funcionamiento normal se responde solo cuando el daño es especial, «por la pequeña proporción de afectados o por la intensidad excepcional de la lesión», y la indemnización excluye el lucro cesante (artículo 194). Ortiz Ortiz defendió en la comisión esa fórmula estrecha con una razón práctica: «Porque si lo hacemos muy amplio el juez por temor no lo va a aplicar nunca» (acta 104, de 3 de abril de 1970). La Sala Primera aplicó el artículo 194 a una muerte por una complicación quirúrgica ocurrida pese a cumplirse la técnica médica: «Se trata de un funcionamiento normal con un efecto o resultado lesivo, el cual es indemnizable en la medida en que concurran las condiciones exigidas por el ordenamiento jurídico» (952-F-S1-2009, cuya redacción correspondió al suscrito).

El servidor responde personalmente ante terceros cuando actuó «con dolo o culpa grave» (artículo 199). Ortiz describió la culpa grave en la comisión como «un descuido grave, un olvido de reglas elementales de prudencia en el desempeño de su cargo», y la Sala Primera ha resuelto que esa responsabilidad es subjetiva y exige demostrar el dolo o la culpa grave de cada servidor demandado (875-F-S1-2010, cuya redacción correspondió al suscrito). El reclamo prescribe en cuatro años (artículo 198), plazo que corre desde que la víctima está en condiciones de ejercer su derecho, y el reclamo en sede administrativa lo interrumpe (376-F-2006, cuya redacción correspondió al suscrito). El tema completo está en nuestra guía de responsabilidad patrimonial del Estado.

Artículos 214 a 229: los principios del procedimiento

El procedimiento administrativo sirve «para asegurar el mejor cumplimiento posible de los fines de la Administración; con respeto para los derechos subjetivos e intereses legítimos del administrado», y «Su objeto más importante es la verificación de la verdad real de los hechos que sirven de motivo al acto final» (artículo 214). Para alcanzarla, el órgano director debe adoptar las medidas probatorias necesarias «aún si no han sido propuestas por las partes y aún en contra de la voluntad de éstas últimas» (artículo 221). El artículo 224 ordena interpretar las normas del Libro Segundo «en forma favorable a la admisión y decisión final de las peticiones de los administrados». Ortiz Ortiz explicó en la comisión que el procedimiento no debía convertirse «en una carrera de obstáculos», y la exposición de motivos fijó la jerarquía de valores del Libro Segundo: cuando no está en juego el dilema entre autoridad y libertad, caben reglas de buena administración en procura de la eficiencia, «pero cuando ocurra lo inverso, porque exista peligro para los derechos o intereses del ciudadano, el derecho tendrá que exigir garantías aun a costa de retrasos, porque la libertad y la seguridad jurídicas valen bien el sacrificio relativo de la celeridad».

La comisión de 1970 hizo varios cambios en esa dirección. Cuando el diputado Vargas Fernández propuso ampliar de tres a cinco días el plazo en que se tiene por hecha la notificación por publicación (artículo 241), Ortiz lo aceptó con una frase que resume el espíritu de todo el Libro Segundo: «Todo lo que sea en garantía del administrado nosotros lo admitimos» (acta 105, de 7 de abril de 1970).

Artículos 239 a 264: notificaciones y plazos

La notificación debe contener el texto íntegro del acto «con indicación de los recursos procedentes, del órgano que los resolverá, de aquél ante el cual deben interponerse y del plazo para interponerlos» (artículo 245). La hecha por un medio inadecuado o fuera del lugar debido es absolutamente nula y se tiene por hecha cuando la parte se da por enterada; la que tenga otros defectos se convalida si no se pide su anulación dentro de diez días (artículo 247).

Para los particulares, los plazos por días son siempre de días hábiles; para la Administración incluyen los inhábiles (artículo 256). El artículo 261 ordena concluir el procedimiento en dos meses. La Sala Primera ha resuelto que superar ese plazo «no supone, per se, la nulidad de lo actuado» (608-F-S1-2012, cuya redacción correspondió al suscrito), porque «los plazos para la Administración, en principio, son ordenatorios no perentorios» y el acto final dictado fuera de plazo es válido salvo disposición en contrario (1525-F-S1-2012, cuya redacción correspondió al suscrito). La demora tiene otro remedio: la queja del artículo 358 y, vencido el plazo, el silencio negativo para recurrir o demandar. La caducidad del procedimiento exige una paralización de más de seis meses por causa imputable exclusivamente a quien lo promovió o a la Administración que lo inició (artículo 340).

PlazosFigura 1

Los plazos de la Ley General de la Administración Pública

Cada artículo enlaza con su texto vigente en esta misma página.

QuéPlazo
Recurrir el acto final (revocatoria o apelación)Tres días desde la última comunicación del acto. Contra los demás actos recurribles, veinticuatro horas. art. 346
Resolver los recursosOcho días para la revocatoria, que puede reservarse para el acto final; ocho días para la apelación desde que el superior recibe el expediente. art. 352
Recurso de revisión contra un acto final firmeUn año desde la notificación, si hubo error de hecho manifiesto; tres meses desde que aparecen documentos esenciales; un año desde que se conoce la sentencia firme que declara la falsedad o el delito. art. 353, art. 354
Concluir el procedimiento administrativoDos meses desde su inicio o desde la petición del administrado, y un mes para resolver el recurso contra el acto definitivo. Vencidos sin respuesta, la petición se tiene por rechazada para recurrir o demandar. art. 261
Actos de trámite de la AdministraciónTres días para los de mero trámite y las notificaciones; diez días para dictámenes y peritajes; tres días para informes no técnicos. art. 262
Trámites a cargo del interesadoDiez días, salvo que la ley fije otro. art. 264
Citar a la comparecencia oral del procedimiento ordinarioQuince días de anticipación. art. 311
Dictar el acto final después de la comparecenciaQuince días desde la comparecencia; no puede haber más de dos comparecencias. art. 319
Silencio positivoUn mes desde que el órgano recibe la solicitud de permiso, licencia o autorización con los requisitos legales. art. 330, art. 331
Caducidad del procedimientoParalización por más de seis meses por causa imputable exclusivamente a quien lo promovió o a la Administración que lo inició. art. 340
Alegar una notificación defectuosaDiez días desde que se practicó, si el defecto produce nulidad relativa; si no se alega, queda convalidada. art. 247
Notificación por publicaciónTres publicaciones consecutivas en La Gaceta; se tiene por hecha cinco días después de la última. art. 241
Anular de oficio un acto con nulidad absoluta, evidente y manifiestaUn año desde que se adoptó el acto, salvo que sus efectos perduren; exige dictamen favorable de la Procuraduría o de la Contraloría. art. 173
Reclamar la responsabilidad patrimonialCuatro años desde el hecho, contra la Administración; cuatro años desde que se conoce el daño, contra el servidor. Para personas menores de edad, el plazo corre desde la mayoría de edad. art. 198
Queja por defectos de tramitaciónEn cualquier momento; la resolución se notifica dentro de los quince días siguientes. art. 358

Para los particulares, los plazos por días son siempre de días hábiles; para la Administración incluyen los inhábiles (artículo 256). Las leyes especiales, como el Código Municipal o la Ley General de Contratación Pública, fijan sus propios plazos.

Fuente: Ley General de la Administración Pública (Ley N.° 6227), texto vigente en SINALEVI.

Artículos 297, 298 y 308 a 319: la prueba y el procedimiento ordinario

Las pruebas se aprecian conforme a las reglas de la sana crítica, salvo disposición en contrario (artículo 298). La regla es obra de la comisión de 1970. El proyecto disponía que quedaba prohibida la apreciación en conciencia de la prueba; Ortiz Ortiz propuso agregar la sana crítica, y el presidente de la comisión, Gutiérrez Gutiérrez, suprimió la prohibición: «Este tercero desaparecería. APROBADO el artículo con esa modificación» (acta 107, de 10 de abril de 1970). Desde la reforma de la Ley N.° 10889 de 2026, el mismo artículo agrega que en los casos de defensa del consumidor, ambiente y fraudes electrónicos, «tanto a nivel administrativo como judicial, regirá la inversión de la carga de la prueba en favor de las personas consumidoras afectadas».

El procedimiento ordinario es obligatorio cuando el acto final puede causar perjuicio grave al administrado o hay contradicción entre interesados, y en los procedimientos disciplinarios que pueden terminar en suspensión o destitución (artículo 308). Se tramita con una comparecencia oral y privada, a la que se cita con quince días de anticipación (artículo 311). Su núcleo es el traslado de cargos, que la Sala Primera define como «el impostergable acto de puesta en conocimiento del funcionario, de los hechos que son objeto de investigación (y pruebas que obran en los autos)» (907-F-2006, cuya redacción correspondió al suscrito). De ahí una regla de congruencia: «la Administración no puede variar el cuadro fáctico que fue puesto en conocimiento del particular al momento de resolver sin conculcar el debido proceso» (1051-F-S1-2009, cuya redacción correspondió al suscrito). Lo que debe hacer quien recibe un traslado está en nuestra guía del traslado de cargos.

Artículos 330 y 331: el silencio positivo

El silencio se entiende positivo cuando la ley lo establece, en las autorizaciones o aprobaciones de fiscalización y tutela, y en las solicitudes de permisos, licencias y autorizaciones (artículo 330). Surge al mes de que el órgano recibe la solicitud «con los requisitos legales», frase que la comisión de 1970 agregó al texto del proyecto (artículo 331). La Sala Primera ha precisado que opera como excepción y solo cuando la decisión es reglada: «Cuando la Administración realiza un estudio de oportunidad y conveniencia en determinado hecho, su accionar se enmarca dentro de la llamada actividad discrecional, la cual no puede ser suplantada por una voluntad presunta» (925-F-S1-2017). Tampoco opera en materia ambiental (557-F-S1-2021). El tema está desarrollado en nuestra guía del silencio positivo en permisos municipales.

Artículos 342 a 360: los recursos

La LGAP prevé dos recursos ordinarios, revocatoria y apelación, y uno extraordinario, la revisión (artículo 343). Los ordinarios se interponen «dentro del término de tres días tratándose del acto final y de veinticuatro horas en los demás casos» (artículo 346). Esos plazos son más cortos que los del proyecto, que daba cinco días contra el acto final y tres contra los demás. La reducción la propuso Ortiz Ortiz en la sesión del 13 de abril de 1970, y el presidente de la comisión la acompañó con una comparación: «En las faltas de policía la apelación tiene que estar a las 24 horas» (acta 108). El recurso de revisión procede contra actos finales firmes por error de hecho manifiesto, documentos esenciales nuevos, falsedad declarada en sentencia o delito (artículos 353 y 354), y la queja permite reclamar en todo momento contra los defectos de tramitación ante el superior (artículo 358). Cómo se interponen, ante quién y cuándo conviene ir directamente al juez está en nuestra guía de recursos contra el acto administrativo, y la relación con el agotamiento de la vía, en la del agotamiento de la vía administrativa.


Historia legislativa de la LGAP

La ley nació de una Comisión Especial Redactora del Proyecto de Código Administrativo, creada por el Decreto N.° 138 de 12 de agosto de 1968 durante el gobierno de José Joaquín Trejos Fernández. La presidió Virgilio Calvo Sánchez y la integraron Miguel Blanco Quirós, Eduardo Ortiz Ortiz, Rodolfo Piza Escalante, Gonzalo Retana Sandí, Rodolfo Yglesias Vieto y Guido Loría Benavides. Según la exposición de motivos, el anteproyecto «se deriva sustancialmente, a su vez, de otros dos elaborados por el Lic. Ortiz, profesor de Derecho Administrativo de nuestra Universidad», y la comisión incorporó disposiciones de otro anteproyecto del magistrado Retana Sandí.

La exposición de motivos declaró sus fuentes. Para el procedimiento administrativo, «se han tomado en cuenta en forma importante las leyes de procedimiento administrativo de Polonia, Yugueslavia [sic], Austria y España, por su orden», una propuesta presentada al Parlamento italiano y el proyecto de la provincia de Buenos Aires preparado por Agustín Gordillo. Y fijó su punto de partida: la buena administración debía lograrse «con el más cuidadoso respeto posible a las garantías y libertades de los administrados, que son, al cabo, los verdaderos dueños de la cosa pública y los únicos amos de sus servidores».

El camino legislativo duró casi una década y tres expedientes:

  • Expediente 4118 (1969-1971). El Poder Ejecutivo remitió el proyecto el 27 de noviembre de 1969 y se publicó en el Alcance 5 a La Gaceta N.° 20 del 24 de enero de 1970. La Comisión Permanente de Gobierno y Administración lo discutió artículo por artículo entre el 6 de marzo y el 16 de abril de 1970, con Ortiz Ortiz presente en todas las sesiones, y lo dictaminó el 17 de abril. Los autos de la Secretaría registran que el Plenario lo aprobó en primer debate el 30 de abril de 1970 y que el 6 de mayo, en segundo debate, el proyecto volvió a comisión. Se archivó en 1971.
  • Expediente 5716 (1974-1976). Rodolfo Piza Escalante, ya diputado, lo volvió a presentar el 6 de mayo de 1974 y obtuvo dispensa de trámites de publicación. La Procuraduría General objetó varios artículos, y la comisión dictaminó el texto sin cambios en noviembre de 1975. El Plenario lo dejó vencer en mayo de 1976.
  • Expediente 7571 (1976-1978). Piza Escalante y José Miguel Corrales Bolaños lo presentaron el 27 de mayo de 1976. El Plenario lo aprobó en sus tres debates del 24, 25 y 26 de abril de 1978, con dispensa de trámites. Daniel Oduber Quirós lo sancionó el 2 de mayo de 1978.

El texto que se convirtió en ley es, en lo sustancial, el que la comisión dictaminó en abril de 1970. Por eso las actas de aquella discusión, con las explicaciones de Ortiz Ortiz, Piza Escalante y Retana Sandí, siguen siendo la fuente más directa para conocer el sentido de la ley. La Sala Primera ha reconocido esa cadena de expedientes en su sentencia 393-F-S1-2024.


Articulado vigente de la LGAP

Se reproduce el texto consolidado de la Ley General de la Administración Pública, cotejado con SINALEVI el 28 de octubre de 2026 (versión 21 de 21), con la reforma introducida por la Ley N.° 10889. El buscador admite el número del artículo, por ejemplo «173», que regula la nulidad absoluta evidente y manifiesta, o un término, como «silencio». Los artículos 193 y 357 están derogados. El texto oficial conserva algunas erratas de origen, que se transcriben tal como figuran.

370artículos. Texto vigente, cotejado con SINALEVI el 28 de octubre de 2026 (versión 21 de 21). Incluye la última reforma, la Ley 10889 (en vigor desde el 22 de abril de 2026).

20 artículos

Texto tomado del Sistema Costarricense de Información Jurídica, en su versión vigente. Para citar en un escrito, coteje siempre contra la fuente oficial.


Fuentes

Normativa
  1. Ley General de la Administración PúblicaLey N.° 6227 de 02-05-1978, Alcance 90 a La Gaceta N.° 102 de 30-05-1978; texto vigente, versión 21 de 21
  2. Ley de la Jurisdicción ConstitucionalLey N.° 7135, art. 91 (efecto declarativo y retroactivo, tomado del art. 171 LGAP)
Jurisprudencia
  1. Voto 3309-94Sala Constitucional05-07-1994DirectricesEl Poder Ejecutivo puede dirigir a los entes autónomos con directrices sobre metas y medios, sin darles órdenes concretas ni impedir que actúen.
  2. Voto 2003-08875Sala Constitucional26-08-2003Interés públicoEl interés público no es una cláusula abierta que habilite a sacrificar los derechos fundamentales.
  3. Sentencia 523-F-2005Sala Primera20-07-2005LegalidadEl control de legalidad confronta la conducta con el ordenamiento en su plenitud, fuentes escritas y no escritas (arts. 11 y 13).Redactó el magistrado González Camacho.
  4. Sentencia 884-F-2005Sala Primera17-11-2005EficaciaLa aprobación que condiciona la eficacia no toca la validez; sin ella el acto no produce efectos y los actos de aplicación son nulos.Redactó el magistrado González Camacho.
  5. Sentencia 376-F-2006Sala Primera21-06-2006PrescripciónLos cuatro años del art. 198 corren desde que la víctima puede ejercer su derecho, y el reclamo administrativo interrumpe la prescripción.Redactó el magistrado González Camacho.
  6. Sentencia 907-F-2006Sala Primera17-11-2006Traslado de cargosEl traslado pone en conocimiento los hechos investigados; sancionar por otros hechos exige ampliar la intimación.Redactó el magistrado González Camacho.
  7. Sentencia 1007-F-2006Sala Primera21-12-2006DirecciónLas directrices no son normas: su infracción genera responsabilidad disciplinaria y deja válido el acto concreto.
  8. Sentencia 952-F-S1-2009Sala Primera10-09-2009Funcionamiento normalEl funcionamiento normal con resultado lesivo se indemniza cuando el daño es especial por su intensidad o por la pequeña proporción de afectados (art. 194).Redactó el magistrado González Camacho.
  9. Sentencia 1051-F-S1-2009Sala Primera08-10-2009CongruenciaLa Administración no puede variar al resolver el cuadro fáctico que intimó, sin violar el debido proceso.Redactó el magistrado González Camacho.
  10. Sentencia 116-F-S1-2010Sala Primera22-01-2010DiscrecionalidadLa discrecionalidad recae sobre elementos del acto y está limitada por la arbitrariedad y las reglas técnicas; con su reducción a cero, el juez puede sustituir la decisión.Redactó el magistrado González Camacho.
  11. Sentencia 875-F-S1-2010Sala Primera22-07-2010Responsabilidad del servidorLa responsabilidad personal del servidor es subjetiva y exige dolo o culpa grave demostrados (art. 199).Redactó el magistrado González Camacho.
  12. Sentencia 1282-F-S1-2010Sala Primera22-10-2010Motivo y motivaciónDistingue el motivo, elemento material, de la motivación; una supresión de plaza con razones genéricas carece de motivo válido.Redactó el magistrado González Camacho.
  13. Sentencia 608-F-S1-2012Sala Primera16-05-2012Plazo del procedimientoSuperar los dos meses del art. 261 no anula por sí solo lo actuado; la caducidad no extingue la potestad.Redactó el magistrado González Camacho.
  14. Sentencia 655-F-S1-2012Sala Primera31-05-2012Inderogabilidad singularLa ARESEP no puede apartarse en un caso concreto del modelo tarifario que adoptó y publicó.Redactó el magistrado González Camacho.
  15. Sentencia 1022-F-S1-2012Sala Primera23-08-2012Inderogabilidad singularLa autoridad no puede excepcionar mediante un acto singular la aplicación de un reglamento a un caso concreto.
  16. Sentencia 1035-F-S1-2012Sala Primera24-08-2012Responsabilidad objetivaEn el régimen objetivo del art. 190 el caso fortuito no exime; rechazó la culpa de la víctima, el hecho de un tercero y la fuerza mayor.Redactó el magistrado González Camacho.
  17. Sentencia 1525-F-S1-2012Sala Primera20-11-2012Plazos de la AdministraciónLos plazos de la Administración son ordenatorios, y el acto final dictado fuera de plazo es válido (art. 329).Redactó el magistrado González Camacho.
  18. Sentencia 1692-F-S1-2012Sala Primera13-12-2012Efecto de la nulidadEl restablecimiento retroactivo que sigue a la nulidad absoluta exige examinar la buena fe del titular (art. 171).Redactó el magistrado González Camacho.
  19. Sentencia 994-F-S1-2016Sala Primera22-09-2016Grados de nulidadLa incompetencia relativa admite convalidación por el órgano competente (arts. 165 y 187).
  20. Sentencia 910-F-S1-2017Sala Primera03-08-2017Inicio del procedimientoEl procedimiento comienza cuando se notifica al administrado, momento en que el acto adquiere eficacia (art. 140).
  21. Sentencia 925-F-S1-2017Sala Primera03-08-2017Silencio positivoEl silencio positivo no suple decisiones discrecionales de oportunidad y conveniencia.
  22. Voto 2017-017497Sala Constitucional03-11-2017Nulidad evidente y manifiestaLa anulación de oficio exige nulidad evidente y manifiesta, dictamen vinculante y procedimiento ordinario; el año de caducidad es rígido.
  23. Sentencia 557-F-S1-2021Sala Primera11-03-2021Silencio positivo y ambienteEl silencio positivo exige solicitud completa y no opera en materia ambiental.
  24. Sentencia 1556-F-S1-2022Sala Primera07-07-2022DesconcentraciónLa desconcentración protege solo la materia desconcentrada; la organización del ministerio de adscripción no la invade.
Antecedentes legislativos
  1. Expediente Digital 1001016 de la Asamblea LegislativaLey 6227: expedientes 4118, 5716 y 7571, 1.776 páginas escaneadas, cotejadas contra la imagen
  2. Exposición de motivosOficio 340-69-DM del Ministro de la Presidencia, 27-11-1969 (págs. 2 a 60)
  3. Comisión Permanente de Gobierno y AdministraciónActas de 1970: n.º 93 (06-03), subcomisión (10-03), n.º 94 (12-03), n.º 98 (18-03), n.º 99, n.º 101, n.º 103 (02-04), n.º 104 (03-04), n.º 105 (07-04), n.º 107 (10-04) y n.º 108 (13-04)
  4. PlenarioAutos de 30-04-1970 y 06-05-1970; debates de 24, 25 y 26-04-1978; sanción de 02-05-1978

Texto normativo: SINALEVI, versión vigente al 28 de octubre de 2026. Antecedentes: Expediente Digital 1001016 de la Asamblea Legislativa. Jurisprudencia: Nexus del Poder Judicial, con los identificadores de la base de jurisprudencia de la firma. Cotejo al 28 de octubre de 2026.


Quién escribe esta guía

El Dr. Óscar Eduardo González Camacho fue magistrado de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia entre 2002 y 2014, donde redactó sentencias que fijaron el alcance de la Ley General de la Administración Pública en materia de legalidad, discrecionalidad, motivación, nulidades, responsabilidad y procedimiento, y coordinó la comisión redactora del Código Procesal Contencioso-Administrativo. Dirige Corporación GC, firma dedicada al Derecho Público.

Si una institución pública dictó un acto que lo afecta, le negó un derecho o tramita un procedimiento en su contra, escríbanos para revisar el caso antes de que venzan los plazos.

Preguntas frecuentes

¿Qué es la Ley General de la Administración Pública?

Es la Ley N.° 6227 de 2 de mayo de 1978, publicada en el Alcance 90 a La Gaceta N.° 102 del 30 de mayo de 1978 y vigente desde el 30 de noviembre de 1978. Regula en su Libro Primero el régimen jurídico de la Administración Pública (fuentes, organización, servidores, acto administrativo, nulidades y responsabilidad) y en su Libro Segundo el procedimiento administrativo. Tiene 370 artículos.

¿Dónde consultar el texto vigente y actualizado de la LGAP?

La fuente oficial es el Sistema Costarricense de Información Normativa (SINALEVI), de la Procuraduría General de la República. Corporación GC publica el texto íntegro de la ley, con buscador y enlace a cada artículo, cotejado con SINALEVI el 28 de octubre de 2026, con la última reforma, la de la Ley N.° 10889 de 2026.

¿Qué dice el artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública?

Consagra el principio de legalidad: «La Administración Pública actuará sometida al ordenamiento jurídico y sólo podrá realizar aquellos actos o prestar aquellos servicios públicos que autorice dicho ordenamiento, según la escala jerárquica de sus fuentes». Se considera autorizado el acto regulado expresamente por norma escrita, al menos en cuanto a motivo o contenido.

¿Cuál es el plazo para recurrir un acto según la LGAP?

Tres días contra el acto final y veinticuatro horas contra los demás actos recurribles, contados desde la última comunicación del acto (artículo 346). Para los particulares los plazos por días son de días hábiles (artículo 256). Las leyes especiales, como el Código Municipal o la Ley General de Contratación Pública, fijan plazos propios.

¿Cuánto dura un procedimiento administrativo según la LGAP?

El artículo 261 ordena concluirlo por acto final dentro de los dos meses posteriores a su inicio o a la petición del administrado, y da un mes para resolver el recurso contra el acto definitivo. La Sala Primera ha resuelto que superar ese plazo no anula por sí solo lo actuado, porque los plazos de la Administración son ordenatorios.

¿Qué es la nulidad absoluta evidente y manifiesta del artículo 173?

Es la que permite a la Administración anular de oficio un acto que declaró derechos, sin acudir al juez, cuando su nulidad absoluta es evidente y manifiesta, con dictamen favorable y vinculante de la Procuraduría (o de la Contraloría en presupuesto y contratación), procedimiento ordinario y dentro del año siguiente a la adopción del acto, salvo que sus efectos perduren.

¿Cuándo prescribe la responsabilidad patrimonial de la Administración?

En cuatro años contados a partir del hecho que motiva la responsabilidad; contra el servidor, en cuatro años desde que se conoce el hecho dañoso, y para personas menores de edad el plazo corre desde que cumplen la mayoría de edad (artículo 198).

¿Quién redactó la Ley General de la Administración Pública?

Una Comisión Especial Redactora creada por el Decreto N.° 138 de 12 de agosto de 1968, que presidió Virgilio Calvo Sánchez. Según la exposición de motivos, el texto se deriva sustancialmente de dos anteproyectos del profesor Eduardo Ortiz Ortiz, con disposiciones de otro del magistrado Gonzalo Retana Sandí. El proyecto pasó por los expedientes legislativos 4118, 5716 y 7571.

Temas: LGAP · Ley 6227 · Ley General de la Administración Pública · Texto vigente · Acto administrativo · Procedimiento administrativo · Derecho Administrativo

Contenido informativo, revisado al 28 de octubre de 2026. Su aplicación a un caso concreto depende del expediente. Política editorial.

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Sobre el autor
Dr. Óscar Eduardo González Camacho
Dr. Óscar Eduardo González Camacho

Fundador y Director · Corporación GC

Ex-Magistrado de la Sala Primera (2002–2014). Coordinador de la comisión redactora del CPCA. Doctor en Derecho por la Universidad de Alcalá, Cum Laude.

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Derecho Administrativo y RecursosProcedimientos ordinarios, recursos de revocatoria y apelación ante la Administración Pública

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