Regulación Fintech y Criptoactivos

El artículo 15 quater define al proveedor de servicios de activos virtuales como la persona física o jurídica que, como negocio, realiza para sí o para terceros el intercambio entre activos virtuales y monedas de curso legal o entre activos virtuales, la transferencia de activos virtuales, su custodia, depósito, administración o control, o servicios financieros vinculados a su emisión, comercialización, oferta o venta. El criterio de conexión es territorial: la norma alcanza a quien opere en Costa Rica con independencia de su domicilio legal. La inscripción «no representa una autorización de operación», y la misma norma prohíbe a las entidades del artículo 14 y a los demás sujetos inscritos mantener relaciones comerciales con quien preste estos servicios sin estar inscrito: el registro funciona como llave de acceso al sistema bancario.

Emitimos el dictamen de sujeción, mapeamos qué actividad realiza cada entidad del grupo —un arreglo frecuente combina una sociedad costarricense con otra extranjera—, armamos el expediente y lo presentamos el día en que SUGEF habilite el trámite conforme al reglamento del CONASSIF. Como referencia del ritmo previsible, en el procedimiento vigente para los demás sujetos inscritos (Acuerdo SUGEF 11-18) la Superintendencia verifica los requisitos en un máximo de diez días hábiles y previene por diez días hábiles prorrogables una vez.

Los incisos a) a j) del artículo 15 quater imponen a los VASP el catálogo completo del estándar del GAFI: identificación de clientes y beneficiarios finales con fuentes independientes, registros de transacciones reconstruibles, controles sobre personas expuestas políticamente, sobre nuevos productos y tecnologías, sobre transferencias de activos virtuales, sobre la delegación de la debida diligencia en terceros, sobre sucursales y filiales extranjeras y sobre países de riesgo, reporte inmediato de operaciones sospechosas a la UIF del ICD y confidencialidad estricta. El cuerpo del artículo añade la evaluación de riesgo institucional documentada, la regla de viaje del GAFI en cada transferencia, el congelamiento inmediato de fondos de personas designadas, la actualización permanente de la información registral y la contribución al costo de la supervisión conforme a los artículos 174 y 175 de la Ley N.° 7732.

Redactamos el manual de prevención, la matriz de riesgo institucional y los procedimientos contra la norma costarricense, en español y defendibles ante SUGEF, y definimos el perfil del oficial de cumplimiento con el enfoque basado en riesgos que la propia ley ordena: SUGEF valorará tamaño, estructura, volumen y exposición para exigir un oficial o autorizar una estructura diferenciada. Ninguna norma exige que el oficial lo provea el asesor legal; la independencia del cargo aconseja que el nombramiento quede en manos de la empresa.

El cronograma real de una inscripción se decide en detalles que desde el extranjero resultan invisibles: la forma en que se firma y presenta la solicitud, la relación bancaria de la sociedad y la coherencia entre lo que la empresa le describirá a SUGEF y lo que consta de ella ante las demás autoridades costarricenses. Cada uno de esos frentes tiene solución, y cada uno se vuelve un bloqueo serio cuando se descubre con el plazo corriendo.

Nuestro diagnóstico audita la estructura societaria, tributaria y bancaria contra lo que el supervisor va a ver, resuelve esos frentes antes de que corran los plazos y descarta las figuras que el ordenamiento costarricense desconoce, como la «licencia cripto» o el «legal manager»: cada rubro que cobramos tiene nombre y fundamento en una norma nacional.

El artículo 81 reformado sanciona con multa del 5 % al 50 % del monto de la transacción los fallos de registro en operaciones iguales o superiores a US$10.000, y con multa de dos a cien salarios base la negativa a inscribirse, los incumplimientos de debida diligencia y reportes y el mantenimiento de relaciones comerciales con sujetos no inscritos. Las multas se pagan en ocho días hábiles con recargo del 3 % mensual y las sanciones firmes se publican. Estos procedimientos son procedimientos administrativos sujetos a las garantías de la LGAP y de los artículos 39 y 41 de la Constitución Política.

Asumimos la defensa en los procedimientos sancionatorios de SUGEF, SUGEVAL y CONASSIF, exigimos el debido proceso y la proporcionalidad, e impugnamos ante el Tribunal Contencioso Administrativo, con medidas cautelares cuando la sanción compromete la continuidad de la operación, conforme al Código Procesal Contencioso Administrativo.

El dictamen C-196-2024 de la Procuraduría General de la República fijó la frontera de los proveedores de servicios de pago: pueden transferir fondos, remesar, procesar cobros y conectarse al SINPE, y tienen vedado abrir o mantener cuentas a la vista para sus clientes, porque eso constituye captación reservada a los bancos. La emisión o comercialización de un token puede configurar oferta pública de valores sujeta a la autorización y supervisión de SUGEVAL bajo la Ley N.° 7732.

Estructuramos contratos y flujos de fondos dentro de esos límites, calificamos cada token antes de la emisión y determinamos si la actividad requiere autorización, inscripción o puede operar bajo el régimen general.