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Regulación Fintech y Criptoactivos

Asesoría regulatoria ante SUGEF/CONASSIF, registro VASP y cumplimiento AML/CFT

Costa Rica experimenta un crecimiento acelerado del ecosistema fintech: 61 empresas operando en la región de Centroamérica y el Caribe, la expansión de SINPE Móvil como infraestructura de pagos, y la inminente aprobación del Proyecto de Ley N.° 22.837 de Registro de VASP que obligará a todas las empresas de criptoactivos a registrarse ante la SUGEF. Los procedimientos de enforcement de SUGEF y CONASSIF son procedimientos administrativos — territorio natural de Corporación GC.

Registro VASP ante SUGEF

Proyecto N.° 22.837; Ley N.° 7558, art. 15 Bis

El Proyecto de Ley N.° 22.837 (Registro de VASP), aprobado en primer debate, establecerá el registro obligatorio ante SUGEF para proveedores de servicios de activos virtuales, con debida diligencia reforzada y multas de 2 a 100 salarios base por incumplimiento. Actualmente, la SUGEF supervisa estas actividades bajo la Ley N.° 7558 (art. 15 Bis).

Asesoramos a fintechs, exchanges, custodios de cripto y plataformas de tokenización en la preparación para el registro VASP obligatorio: diagnóstico de readiness, diseño de estructura corporativa conforme a requisitos regulatorios, implementación de controles AML/CFT, y representación ante SUGEF durante el proceso de registro.

Cumplimiento AML/CFT

Ley N.° 8204; Acuerdos SUGEF 13-19

La Ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso no Autorizado, Actividades Conexas, Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo (Ley N.° 8204) y los Acuerdos SUGEF 13-19 establecen las obligaciones de prevención de legitimación de capitales aplicables a todas las entidades supervisadas, incluyendo fintechs y proveedores de servicios de criptoactivos.

Diseñamos programas de cumplimiento AML/CFT adaptados a empresas fintech: políticas de conocimiento del cliente (KYC), monitoreo de transacciones, reporte de operaciones sospechosas, y capacitación del personal conforme a los estándares GAFI/GAFILAT y la normativa SUGEF vigente.

Defensa en procedimientos sancionatorios de SUGEF

Ley N.° 7558, arts. 115-117; LGAP

Los procedimientos sancionatorios de SUGEF contra entidades financieras y fintechs son procedimientos administrativos sujetos a las garantías de la LGAP y los artículos 39 y 41 de la Constitución Política. Las sanciones incluyen multas, intervención, suspensión de operaciones y liquidación forzosa.

Representamos a fintechs y entidades financieras en procedimientos sancionatorios de SUGEF, garantizando el respeto del debido proceso, e impugnamos resoluciones sancionatorias ante el TCA conforme al CPCA cuando existan vicios de legalidad, proporcionalidad o motivación.

Estructuración regulatoria y límites de plataformas

Opinión PGR C-196-2024; Ley N.° 7558

La Opinión de la Procuraduría General de la República C-196-2024 definió los límites regulatorios de las plataformas fintech en Costa Rica, delimitando las actividades que requieren autorización de SUGEF de las que operan en un marco no regulado. La implementación de los estándares CARF de la OCDE para intercambio fiscal automático de criptoactivos está proyectada para 2028.

Asesoramos en la estructuración regulatoria de plataformas fintech — determinando si la actividad requiere autorización, registro o puede operar bajo régimen general —, y en el cumplimiento anticipado de los estándares CARF para evitar sanciones futuras.

Preguntas frecuentes sobre regulación fintech

¿Mi empresa de criptoactivos necesita registrarse ante SUGEF?

Con la aprobación inminente del Proyecto N.° 22.837, todas las empresas que ofrezcan servicios de activos virtuales (exchanges, custodios, wallets, plataformas de tokenización) deberán registrarse obligatoriamente ante SUGEF. El incumplimiento generará multas de 2 a 100 salarios base. Recomendamos iniciar la preparación antes de la aprobación definitiva para cumplir con los requisitos desde el día uno de vigencia.

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Nuestro equipo puede evaluar su caso y orientarle sobre las vías procesales disponibles.

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Bufete de abogados especializado en Derecho Público, fundado por el Dr. Óscar Eduardo González Camacho, co-redactor del Código Procesal Contencioso Administrativo.

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