Tribunal Contencioso Administrativo de Costa Rica: qué es, qué resuelve y cómo funciona

En síntesis. El Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda es el órgano del Poder Judicial que juzga las demandas contra el Estado, las municipalidades, las instituciones autónomas y el resto de las administraciones públicas de Costa Rica. Tiene su sede en Calle Blancos de Goicoechea y trabaja desde el 1 de enero de 2008 con el Código Procesal Contencioso-Administrativo (Ley N.° 8508), que cambió el juicio escrito por un proceso oral y por audiencias. Dentro del Tribunal, un juez tramitador prepara el caso, un tribunal de juicio colegiado recibe la prueba y dicta la sentencia, y un juez ejecutor la hace cumplir. La sentencia se revisa en casación ante la Sala Primera o el Tribunal de Casación, según quién haya dictado la conducta impugnada.

Cuando una institución pública niega un permiso, cancela una concesión, impone una multa, adjudica mal una licitación o causa un daño, la discusión suele terminar en el mismo edificio de Calle Blancos. Pocas personas saben, sin embargo, cómo trabaja por dentro el Tribunal que la decide: quién recibe la demanda, quién dicta la sentencia, qué se puede apelar y ante quién. Esta guía lo explica con el texto vigente del Código, con resoluciones de 2026 y con las notas de prensa del propio Poder Judicial que documentaron el nacimiento del Tribunal. En Corporación GC litigamos con regularidad en esta jurisdicción, y nuestro director, el Dr. Óscar Eduardo González Camacho, coordinó la comisión que redactó el Código.

Qué es el Tribunal Contencioso Administrativo

La Constitución Política encarga al Poder Judicial una jurisdicción especial para controlar a la Administración. Su artículo 49 la establece «con el objeto de garantizar la legalidad de la función administrativa del Estado, de sus instituciones y de toda otra entidad de derecho público», y ordena que la ley proteja, como mínimo, los derechos subjetivos y los intereses legítimos de las personas. El Código Procesal Contencioso-Administrativo desarrolla ese mandato desde su primer artículo: la jurisdicción existe para «tutelar las situaciones jurídicas de toda persona» y para «garantizar o restablecer la legalidad de cualquier conducta de la Administración Pública sujeta al Derecho administrativo».

El Tribunal Contencioso Administrativo es la pieza central de esa jurisdicción. Su nombre oficial es Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, y la segunda mitad del nombre tiene una razón: además de los juicios de Derecho administrativo, el Tribunal conoce los procesos civiles en que es parte el Estado y que las leyes asignan a la vía civil de Hacienda (artículo 2, incisos c y d). La Ley Orgánica del Poder Judicial lo organiza como un tribunal colegiado (artículo 92), y el Código le dio en 2008 una estructura propia, con jueces que se reparten las etapas del proceso.

Conviene distinguirlo de la Sala Constitucional. El recurso de amparo protege derechos fundamentales frente a lesiones directas y evidentes. Cuando el reclamo exige discutir la legalidad de una conducta —si un acto cumplió los requisitos de la ley, si una licitación se adjudicó bien, cuánto debe indemnizarse un daño—, la Sala suele remitirlo a la vía común, y la vía común para los asuntos de la Administración es este Tribunal.

Qué casos resuelve y cuáles quedan fuera

El Código define la competencia del Tribunal a partir de la conducta: basta que una administración pública haya actuado, o dejado de actuar, bajo el Derecho administrativo. Los motivos de ilegalidad comprenden «cualquier infracción, por acción u omisión, al ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder» (artículo 1). Por eso el Tribunal conoce demandas contra actos, como la resolución que deniega una patente; contra omisiones, como la gestión que nunca se resolvió; contra actuaciones materiales, como la obra pública que invade un terreno; y contra reglamentos.

El artículo 2 añade materias concretas: la contratación administrativa, incluidos la adjudicación y los actos preparatorios con efecto propio, que explicamos en la guía sobre cómo anular una adjudicación en el Tribunal; la responsabilidad patrimonial de la Administración y de sus funcionarios; los procesos civiles de Hacienda; las conductas regidas por el Derecho público «aunque provengan de personas privadas o sean estas sus partes»; y los procesos en que interviene una empresa pública. Lo que se puede pedir es igual de amplio: anular la conducta, obligar a la Administración a actuar, reconocer o restablecer una situación jurídica e indemnizar los daños (artículo 42). La guía sobre cómo demandar al Estado desarrolla cada pretensión.

Quedan fuera los actos de relación entre los Poderes del Estado y los que se dictan con motivo de las relaciones internacionales (artículo 3, inciso b). El empleo público merece una nota aparte. El Código excluía originalmente las relaciones de servicio, pero la Sala Constitucional anuló esa exclusión y la jurisprudencia que enviaba a la vía laboral cualquier conflicto de un servidor público, aunque lo que se impugnara fuera la validez de una conducta administrativa surgida en una relación estatutaria (voto 9928-2010). Desde entonces, la vía depende del contenido de la pretensión y del régimen jurídico que la rige.

La jurisdicción es improrrogable, y el Tribunal revisa por su cuenta si le corresponde el asunto. Si concluye que no, debe indicar cuál jurisdicción es la competente, y quien se presenta ante ella dentro del mes siguiente conserva la fecha de su demanda original (artículo 5). Los conflictos de competencia los resuelve el Tribunal de Casación de lo Contencioso-Administrativo.

Cómo está organizado por dentro

El Tribunal que conocemos hoy fue diseñado para eliminar la primera instancia. Bajo la antigua Ley Reguladora de 1966, un juzgado tramitaba el juicio escrito, el Tribunal lo revisaba en alzada y la Sala Primera en casación: tres niveles sucesivos, con recursos que se prestaban para dilatarlo. El proyecto que la Corte presentó en 2005 propuso que el Tribunal conociera el caso desde la demanda hasta la sentencia, con un juez tramitador, jueces decisores y jueces de ejecución, según lo describió entonces el Observatorio Judicial. Esa es, con pocos cambios, la estructura vigente.

El reparto tiene una lógica. El juez tramitador conduce toda la fase escrita y la audiencia preliminar, de modo que el tribunal de juicio recibe un caso ya depurado, con los hechos en discusión fijados y la prueba admitida. El juez ejecutor entra cuando la sentencia queda firme. La casación se reparte entre dos órganos según el autor de la conducta impugnada, y el recurso se presenta directamente ante el que corresponda (artículo 139): equivocar el destinatario tiene consecuencias.

Cómo avanza un proceso, etapa por etapa

El Código organizó el proceso alrededor de dos audiencias orales principales, la preliminar y el juicio, y todo lo que ocurre antes sirve para prepararlas. La figura 2 muestra la ruta completa, con sus plazos y sus desvíos. Desde el punto de vista de quien demanda, el proceso contencioso administrativo paso a paso, con la guía que desarrolla cada etapa, está en la guía sobre cómo demandar al Estado.

Tres reglas de esa ruta pesan más de lo que aparentan. La primera es la del expediente administrativo: si la parte actora aporta con la demanda una copia certificada, la Administración tiene quince días hábiles para contestar en lugar de treinta, y si la Administración no la remite a tiempo, los hechos de la demanda pueden tenerse por ciertos (artículo 63). La segunda es la de los asuntos de puro derecho: cuando no hay prueba que evacuar, las conclusiones se formulan en la audiencia preliminar y el caso pasa directamente a sentencia, sin juicio oral (artículo 98). La tercera es la de la sentencia: el Código obliga al tribunal a deliberar de inmediato y a dictarla oralmente cuando sea posible, y dictarla fuera de plazo sin causa justificada constituye una falta grave de servicio (artículo 111).

La oralidad también cambió la forma de documentar el proceso. El juicio se graba, y si uno de los jueces debe ser sustituido antes de la sentencia, el tribunal decide con vista a ese registro audiovisual; si la grabación falta o está incompleta, el juicio se repite (artículo 111).

Las medidas cautelares: la vía rápida del Tribunal

Un proceso completo toma tiempo, y el Código lo compensa con un sistema cautelar amplio. La medida procede cuando la ejecución o la permanencia de la conducta impugnada «produzca graves daños o perjuicios, actuales o potenciales», siempre que la pretensión no sea temeraria ni carente de seriedad (artículo 21). Puede pedirse durante el proceso, en la ejecución e incluso antes de presentar la demanda (artículo 19). En ese último caso, si el juez la concede, la demanda debe presentarse en los quince días siguientes, o la medida se levanta y quien la pidió responde por los daños (artículo 26).

Para lo que no admite espera hay dos herramientas más. Mientras decide la cautelar, el juez puede dictar de inmediato una medida provisionalísima que garantice la efectividad de la que se adopte al final (artículo 23), y en casos de extrema urgencia puede ordenar la cautelar sin oír antes a la otra parte, con audiencia posterior (artículo 25). La provisionalísima no tiene apelación; sí la tiene el auto que resuelve en definitiva la medida, dentro de tres días hábiles (artículo 30 y voto 10-2026-I del Tribunal de Apelaciones).

El juez puede exigir una caución u otra contracautela para proteger a la otra parte o al interés público (artículo 28). Cuando en 2011 un proyecto de ley propuso exigir una garantía, generalmente económica, para dictar una medida cautelar, la Corte advirtió en un informe que preparó González Camacho que esa exigencia podía restringir el acceso a la justicia, porque el Código ya contaba con la contracautela para proteger el interés público (Observatorio Judicial, 2011). La guía sobre medidas cautelares contra el Estado desarrolla requisitos, tipos y duración.

Quién revisa lo que decide el Tribunal

Las resoluciones del Tribunal se revisan por dos vías con funciones distintas. La apelación está reservada para unos pocos autos: el que fija la caución de una medida cautelar, el que resuelve en definitiva la cautelar, el que decide sobre la integración de la litis, el que resuelve sobre el embargo de bienes y el que archiva la demanda por no corregir sus defectos, además del que declara la caducidad del proceso. El Código asignó esas apelaciones al Tribunal de Casación; hoy las resuelve el Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, que enumeró esos autos en el voto 10-2026-I.

La casación revisa las sentencias y los autos con carácter de sentencia que producen cosa juzgada material (artículo 134). Se presenta en quince días hábiles, contados desde el día hábil siguiente a la notificación a todas las partes (artículo 139). La conoce la Sala Primera cuando la conducta viene del Poder Ejecutivo, los ministerios, la Contraloría, la Defensoría de los Habitantes, las instituciones descentralizadas o las municipalidades, entre otros, y en todo proceso sobre la validez de un reglamento (artículo 135). La conoce el Tribunal de Casación cuando viene de colegios profesionales, entes públicos no estatales, juntas con personalidad jurídica o empresas públicas organizadas bajo formas de Derecho privado, y en todo proceso sobre sanciones disciplinarias, multas y condenas en sede administrativa (artículo 136). Lo que la Sala Primera decide en casación forma la jurisprudencia de la materia; en nuestra sección de sentencias comentadas están algunas de las más citadas, y el área de casación ante la Sala Primera explica cómo trabajamos esos recursos.

El Tribunal como contralor de las municipalidades

El Tribunal cumple además una función de control administrativo sobre las municipalidades. La Constitución permite que los acuerdos municipales sean vetados o recurridos, y dispone que, si la municipalidad no los revoca ni los reforma, «los antecedentes pasarán al Tribunal dependiente del Poder Judicial que indique la ley para que resuelva definitivamente» (artículo 173). El Código asignó esa tarea al Tribunal Contencioso Administrativo (artículos 189 y 190): la municipalidad emplaza a las partes por cinco días y eleva el expediente.

En ese papel, el Tribunal se describe a sí mismo como «contralor no jerárquico de legalidad», como lo hizo en agosto de 2026 al resolver una apelación contra una resolución de la Alcaldía de Carrillo (voto 5350-2026). Es uno de los dos supuestos en que el Código mantiene obligatoria la vía administrativa antes de demandar (artículo 31), y por eso los plazos del Código Municipal para recurrir importan tanto como los del proceso. El área de materia municipal reúne los asuntos que llevamos en esta sede.

Cuánto tarda un proceso

Los plazos legales de cada etapa son cortos, pero la duración real de un proceso depende de la agenda de audiencias del Tribunal y de la complejidad de cada caso. Nadie puede prometer una fecha de sentencia al presentar una demanda.

El contraste con el sistema anterior fue grande al principio. En el informe del primer semestre de 2008, González Camacho explicó que con la ley escrita los procesos duraban en promedio unos cinco años, y que el Tribunal nuevo los estaba resolviendo en tres o cuatro meses (Observatorio Judicial, 2008). Esa cifra corresponde a un Tribunal recién abierto, que en sus primeras semanas había recibido treinta casos (Observatorio Judicial, enero de 2008); la carga creció después, y el propio González Camacho examina en «El por qué y para qué del contencioso administrativo» la situación actual de la jurisdicción. Lo que sí depende de la parte es pedir la medida cautelar cuando hay urgencia y plantear el asunto como de puro derecho cuando no hay prueba que evacuar, lo que evita el juicio oral.

Dónde está el Tribunal y cómo contactarlo

Hasta 2007, los despachos de la jurisdicción funcionaban en el edificio de los tribunales del Segundo Circuito Judicial de San José, en Goicoechea. El Tribunal creado por el Código se instaló en Calle Blancos, en el antiguo edificio Motorola, frente a Café Dorado, y ahí sigue.

Según el pie de las resoluciones que notificó en 2026, el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda está en Goicoechea, Calle Blancos, 50 metros al oeste del Banco Nacional y frente a Café Dorado. Su teléfono es el 2545-0099, con las extensiones 01-2707 y 01-2599, y su correo electrónico es tproca-sgdoc@poder-judicial.go.cr (voto 5350-2026). El Poder Judicial puede cambiar esos datos sin aviso, así que conviene confirmarlos en la resolución más reciente del expediente antes de enviar un escrito o de acudir a la sede.

Cómo nació el Tribunal: la reforma de 2006 y la apertura de 2008

La hemeroteca del Poder Judicial permite seguir la reforma casi mes a mes. En noviembre de 2005, el Observatorio Judicial dio a conocer el proyecto de Código que había preparado la Corte, redactado por una comisión que coordinó el magistrado Óscar González Camacho, quien resumió su propósito con una imagen: con el Código, «se derriba el viejo edificio del contencioso administrativo» (Observatorio Judicial, 2005). El proyecto proponía controlar también las omisiones de la Administración, introducir la oralidad y la conciliación y suprimir los recursos dilatorios.

El Código se convirtió en la Ley N.° 8508, de 28 de abril de 2006 (Observatorio Judicial). Ese año, González Camacho lo explicó a funcionarios de la Contraloría General de la República (Observatorio Judicial) y publicó su lectura del texto aprobado en la columna «Revolución en los juicios contra el Estado». Entre 2006 y 2007, la Comisión Contencioso-Administrativa de la Corte y la Escuela Judicial prepararon a jueces y funcionarios con ciclos semanales de conferencias (Observatorio Judicial).

El Tribunal abrió en enero de 2008. El antiguo Juzgado Contencioso Administrativo conservó los casos entrados hasta diciembre, y el Tribunal nuevo celebró el 16 de enero su primera audiencia oral, sobre una medida cautelar en el servicio de ferry entre Puntarenas y Paquera (Observatorio Judicial). A mediados de año se inauguró oficialmente, con un informe que contaba 757 procesos ingresados, 452 sentencias y 201 audiencias orales en el primer semestre (Observatorio Judicial). En 2011, a cuatro años del Código y como coordinador de la Comisión de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, González Camacho planteó los desafíos siguientes: ordenar el acceso a las líneas jurisprudenciales del Tribunal, estandarizar sus prácticas y crear tribunales regionales (Observatorio Judicial).

La comparación artículo por artículo entre ambas leyes está en CPCA frente a la antigua Ley Reguladora, y la obra colectiva de 2006 que explicó el Código a los jueces está disponible en El Nuevo Proceso Contencioso Administrativo. El texto vigente del Código, con buscador por artículo, está en nuestra guía del CPCA.

Qué revisar antes de demandar ante el Tribunal

Estos puntos sirven en cualquier asunto contra la Administración, antes de decidir la estrategia del caso:

1. La fecha de notificación del acto. Desde el día siguiente corre, como regla, el año del artículo 39. Si el acto tiene efectos continuados el cómputo cambia, y la Sala Primera precisó cuándo existen esos efectos en la resolución 1426-F-S1-2012.
2. Quién dictó la conducta. Define a quién se demanda y qué órgano conocerá la casación. Un órgano con personalidad jurídica instrumental puede responder por sí mismo, según la resolución 1360-F-S1-2010.
3. La copia certificada del expediente administrativo. Aportarla con la demanda acorta la contestación de treinta a quince días hábiles.
4. La urgencia. Si la conducta causa un daño grave mientras dura el juicio, la medida cautelar puede pedirse antes de la demanda.
5. La vía. El amparo, la vía laboral y la contencioso-administrativa tienen objetos distintos, y el Tribunal revisa de oficio su competencia.

¿Tiene un asunto ante el Tribunal Contencioso Administrativo?

Si una institución pública le causó un perjuicio, o si ya tiene un proceso en curso en Calle Blancos, los plazos corren desde la primera notificación. Escríbanos: revisamos el expediente, le decimos qué vía procede y con qué plazos, y llevamos el caso ante el Tribunal, la Sala Primera o el Tribunal de Casación. El área de litigio contencioso-administrativo describe cómo trabajamos.

Fuentes