Proceso de puro derecho: qué es, cuánto tarda y qué propone el proyecto que reforma el artículo 98 del CPCA
Qué es un proceso de puro derecho en el contencioso administrativo costarricense, quién lo declara y cómo se impugna esa decisión, qué plazo tiene el Tribunal para sentenciar, por qué en 2024 y 2025 tardó en promedio sesenta meses, qué dispuso la Corte con el Tribunal de Apelación y qué propone el proyecto de ley 25.815.
Un proceso de puro derecho es el proceso contencioso administrativo que pasa a sentencia sin juicio oral, porque no queda prueba que evacuar y solo falta decidir cómo se aplica el derecho a hechos que ya constan en el expediente. Lo regula el artículo 98.2 del Código Procesal Contencioso-Administrativo (Ley N.° 8508): las partes dan sus conclusiones al final de la audiencia preliminar y el expediente pasa al Tribunal para que dicte la sentencia.
El Código lo concibió como la vía más corta del contencioso. Los datos del Poder Judicial muestran lo contrario: en 2024 y 2025, los procesos de puro derecho que terminaron duraron en promedio sesenta meses, unos cinco años, cuando el promedio de todos los asuntos que el Tribunal terminó por sentencia en 2024 fue de diecisiete. Esa distancia explica dos decisiones de 2026. La Corte Plena encargó a una sección del Tribunal de Apelación que dicte sentencias de puro derecho, y siete diputados presentaron el proyecto de ley 25.815, que fija un mes para sentenciar.
Esta guía explica qué es un asunto de puro derecho, quién lo declara y cómo se impugna esa decisión, qué plazo tiene hoy el Tribunal, por qué estos asuntos se acumulan, qué dispuso la Corte y qué cambiaría el proyecto. Describe el marco legal vigente al 18 de noviembre de 2026.
Qué es un proceso de puro derecho
El artículo 98 del Código regula lo que sigue a la audiencia preliminar. Su primer inciso manda convocar al juicio oral y público cuando corresponda. El segundo contempla la salida sin juicio:
«2) Si el asunto es de puro derecho o no existe prueba que evacuar, el juez tramitador, antes de dar por finalizada la audiencia preliminar, dará a las partes oportunidad para que formulen las conclusiones, las cuales serán consignadas literalmente por los medios técnicos o telemáticos que el juzgador estime pertinentes; acto seguido, remitirá el expediente al Tribunal para que dicte la sentencia.» (artículo 98 del CPCA)
La norma recoge dos hipótesis. Un asunto es de puro derecho cuando la discusión versa sobre la interpretación o la aplicación de normas y los hechos no están en disputa. No existe prueba que evacuar cuando, aunque haya hechos discutidos, la prueba que los acredita ya está en el expediente, casi siempre como documentos o como el expediente administrativo, que el Código manda valorar como prueba documental (artículo 82.5). En los dos casos el juicio oral pierde su razón de ser, porque sirve para recibir de forma directa declaraciones, testigos y peritos.
La Sala Primera fijó el concepto en un voto que redactó el magistrado Óscar González Camacho: en estos asuntos «el punto a dilucidar se circunscribe a una cuestión eminentemente jurídica, es decir, sobre la interpretación y aplicación de las normas relevantes para la especie fáctica, respecto de la cual no existe mayor discusión». No se reciben declaraciones de las partes, testigos ni peritos, «situación que no supone que no exista prueba»: la prueba existe y es documental, de modo que prescinde de la inmediación del juicio (voto 1360-F-S1-2010). El Tribunal Contencioso Administrativo lo describe por la negativa: el expediente pasa a sentencia «en ausencia de prueba que evacuar (testigos, testigos peritos, peritos, declaración de parte, reconocimiento de documentos)» (voto 231-2011-VI). Si en la audiencia preliminar se admite prueba testimonial, el camino es el juicio oral del primer inciso (Tribunal de Casación, voto 164-2025).
El proceso de puro derecho es el mismo proceso ordinario del Código, con demanda, contestación, conciliación cuando procede y audiencia preliminar, que termina antes porque prescinde de la última etapa. El recorrido completo del proceso está en la guía sobre el Tribunal Contencioso Administrativo.
Cómo llega a sentencia un asunto de puro derecho
La diferencia con el proceso ordinario está en el tercer paso: las conclusiones se dan en la audiencia preliminar y el juicio oral desaparece.
- 01Las partesPresentan la demanda, la contestación y, si corresponde, la réplica, con la prueba documental y el expediente administrativo.CPCA, arts. 58 a 64
- 02Juez tramitadorEn la audiencia preliminar sanea el proceso, resuelve las defensas previas, fija los hechos controvertidos y decide qué prueba admite.CPCA, art. 90Si queda prueba que evacuar: se convoca al juicio oral y público ante un tribunal de tres jueces (art. 98.1).
- 03Juez tramitadorSi el asunto es de puro derecho o no hay prueba que evacuar, da la palabra a las partes para sus conclusiones antes de cerrar la audiencia. Quedan grabadas.CPCA, art. 98.2
- 04Juez tramitadorRemite el expediente, sin más trámite, a la sección del Tribunal que falla los asuntos sin juicio.Reglamento, art. 75
- 05TribunalDicta sentencia por escrito con lo que consta en el expediente y en las conclusiones grabadas. Desde 2026, parte de estos asuntos los falla una sección del Tribunal de Apelación.Reglamento, art. 82.4: 15 días hábiles
- 06Las partesContra la sentencia cabe el recurso de casación, como contra cualquier sentencia de fondo del Tribunal.CPCA, arts. 134 y siguientes
Fuente: Código Procesal Contencioso-Administrativo (Ley 8508), artículos 90 y 98; Reglamento Autónomo de Organización y Servicio de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y Civil de Hacienda, artículos 62.10, 75 y 82.4; circular 177-2026 de la Corte Suprema de Justicia.
Quién decide que un asunto es de puro derecho y cómo se impugna
Lo decide el juez tramitador en la audiencia preliminar. Esa audiencia sirve para sanear el proceso, aclarar las pretensiones, resolver las defensas previas, fijar los hechos controvertidos y admitir la prueba (artículo 90). El Código manda no admitir prueba sobre hechos en los que las partes están de acuerdo, salvo que el acuerdo venga de la rebeldía del demandado, y admitirla cuando hay desacuerdo sobre hechos de «indudable trascendencia» (artículo 93). Cuando, hecho ese examen, no queda prueba que recibir en juicio, el juez tramitador declara el asunto de puro derecho, oye las conclusiones y remite el expediente. El reglamento de la jurisdicción repite esa secuencia: el juez tramitador «conferirá a las partes la palabra para que emitan conclusiones» y, una vez listo el asunto, lo remite «sin más trámite» a la sección del Tribunal que debe fallarlo (artículos 62.10 y 75 del Reglamento Autónomo de Organización y Servicio de la Jurisdicción).
La declaratoria se discute en la misma audiencia. Contra los autos dictados en ella «solo cabrá el recurso de revocatoria, el cual deberá interponerse en forma oral y motivada, en la propia audiencia» (artículo 132.3). Si la decisión consta en un auto escrito, cabe revocatoria dentro del tercer día hábil, y el Tribunal de Apelación ha rechazado de plano la apelación (voto 274-2023-I). Reaccionar en ese momento tiene consecuencias después, porque para alegar en casación un vicio procesal «será necesario haber gestionado, ante el órgano jurisdiccional pertinente, la rectificación del vicio» (artículo 137.2). La Sala Primera ha rechazado reclamos de indefensión de partes que no recurrieron el rechazo de su prueba testimonial o que se mostraron conformes con él (votos 2567-F-S1-2019, 821-F-S1-2023 y 1437-F-S1-2024).
La declaratoria tampoco autoriza a dejar cabos sueltos. La Sala Primera casó una sentencia porque el juez tramitador reservó al Tribunal la decisión sobre un reconocimiento judicial que ambas partes habían ofrecido y, a la vez, declaró el asunto de puro derecho; correspondía al tramitador decidir si esa prueba era pertinente, y la combinación «violentó el debido proceso» (voto 2006-F-S1-2020). Fuera de casos así, el solo rechazo de una prueba no anula la sentencia si no se demuestra que habría cambiado el resultado (Sala Primera, voto 1734-F-S1-2021; Tribunal de Casación, voto 231-F-TC-2021). Y el Tribunal que recibe el expediente para fallar puede devolverlo a la fase de trámite cuando no está listo: lo ha hecho porque nunca se rindieron conclusiones, porque no se resolvió sobre la prueba de una parte o porque faltaba integrar a un litisconsorte (votos 35-2015-VI, 2024-008515 y 2026-004063).
Las conclusiones en la audiencia preliminar
En el proceso de puro derecho las conclusiones se dan ante el juez tramitador, que no es quien dicta la sentencia. Quedan grabadas, y el Tribunal sentencia con el expediente y esa grabación. El texto se ajustó durante el trámite legislativo: en la sesión del 18 de mayo de 2005 de la subcomisión que estudió el proyecto, una moción cambió la palabra «telemáticos» por «técnicos» para que las conclusiones pudieran registrarse por cualquier medio, y el texto final terminó diciendo «técnicos o telemáticos» (acta N.° 22, folios 1266 y 1267 del expediente legislativo 15.134).
La Sala Primera ha dicho que esa forma de trabajar no lesiona la inmediación, porque el Tribunal no tenía prueba que presenciar y las conclusiones «quedaron grabadas, de modo que los miembros del Tribunal tuvieron acceso a ellas antes de emitir su fallo» (voto 239-F-S1-2012). En la práctica, muchos jueces tramitadores conceden además un plazo de tres, cinco o siete días hábiles para concluir por escrito (por ejemplo, Tribunal de Apelación, voto 274-2023-I, y Tribunal Contencioso, voto 2024-008884). No hay un voto de casación que examine si esa práctica se ajusta al texto del artículo 98.2.
Las conclusiones pesan en el resultado. En ellas se reiteran las defensas previas que el tramitador rechazó: si no se reiteran, el Tribunal no las examina, salvo las que debe apreciar de oficio (voto 231-2011-VI). Y sin ellas el asunto no puede fallarse, porque «la declaratoria de puro derecho conlleva que se rindan conclusiones y ese es un presupuesto necesario para que el asunto pueda ser, luego, fallado por el Tribunal respectivo» (voto 35-2015-VI).
Sobre la parte que no asiste a la audiencia hay dos criterios. La Sala Primera, en otro voto redactado por González Camacho, consideró que quien faltó por no actualizar su medio para recibir notificaciones perdió la oportunidad de concluir «por su propia desidia» (voto 293-F-S1-2014). El Tribunal Contencioso anuló en 2024 parte de una audiencia preliminar porque al abogado ausente no se le dio oportunidad de concluir por escrito, y sostuvo que la inasistencia no equivale a renunciar a las conclusiones, «dado que dicha sanción procesal no se encuentra regulada en la normativa legal que rige el proceso contencioso-administrativo» (voto 2024-008515). Ninguna casación ha zanjado la diferencia.
Puro derecho, fallo directo y trámite preferente
El Código tiene otras dos vías para llegar a sentencia sin juicio oral, y conviene no confundirlas:
- El fallo directo (artículo 69). La parte actora puede pedir en la demanda que el proceso se falle sin recibir prueba y sin conciliación ni audiencias. Si la parte demandada no se opone y el juez tramitador lo estima procedente, el Tribunal debe dictar sentencia «sin más trámite, dentro de los cinco días hábiles» siguientes a la notificación del auto que acoge la gestión. El Tribunal Contencioso ha exigido una aceptación expresa de la contraria, porque el silencio no basta para suponer que renunció a la audiencia (voto 40-2023-VII).
- El trámite preferente (artículo 60). Si el asunto reviste urgencia, necesidad o gran trascendencia para el interés público, el tribunal puede darle prioridad, con una sola audiencia o ninguna, y la sentencia debe dictarse en un plazo máximo de cinco días hábiles.
- El puro derecho (artículo 98.2). Basta con que no quede prueba que evacuar después de la audiencia preliminar, sin petición de parte ni urgencia. Es la única de las tres vías cuyo plazo para sentenciar no está en el Código.
Cuánto tiempo tiene el Tribunal para dictar sentencia
El artículo 98.2 termina en «remitirá el expediente al Tribunal para que dicte la sentencia», sin fijar plazo. La Corte Suprema llenó ese vacío en el reglamento de la jurisdicción que aprobó el 21 de enero de 2008, días después de que el Código entrara en vigor:
«4) En los asuntos de puro derecho o aquellos en los que no haya prueba por evacuar, la sentencia deberá dictarse en el plazo máximo de los quince días hábiles siguientes a la remisión del expediente por parte del Juez Tramitador.» (artículo 82 del Reglamento Autónomo de Organización y Servicio de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y Civil de Hacienda)
El plazo de quince días hábiles existe desde 2008 en un reglamento de la Corte, y la jurisprudencia lo considera ordenatorio: si el Tribunal lo supera, la sentencia sigue siendo válida. La razón está en la diferencia con el juicio oral. En la versión original del Código, la sentencia dictada después de los quince días siguientes al juicio era nula y el juicio debía repetirse ante otro tribunal, porque se quería que los jueces fallaran con el recuerdo fresco de la prueba que habían visto y oído (artículo 111.2 del texto de 2006). En el puro derecho no hay nada de eso que proteger. Lo dijo la Sala Primera en el voto 1368-F-S1-2012:
«Distinto es el caso en procesos de puro derecho, donde a falta de prueba que evacuar, no hay etapa de juicio, y en consecuencia, no resultan aplicables las reglas de la oralidad, siendo en estos casos ordenatorio el plazo previsto para el dictado de la resolución.»
El Tribunal de Casación de lo Contencioso sigue la misma línea. Ha dicho que en estos procesos «no existe legalmente un plazo para la emisión de la resolución final ni tampoco sanción de nulidad por su incumplimiento» (voto 144-F-TC-2018), que el artículo 111 no se les aplica y que el del reglamento es ordenatorio (votos 239-F-TC-2021 y 125-F-TC-2023). Desde que la Ley 9784 de 2019 eliminó la nulidad también para el juicio oral, ese tribunal considera que «independientemente de que el proceso sea de puro derecho o se haya realizado juicio, el plazo es ordenatorio», con un límite: la demora no viola el debido proceso «siempre y cuando se encuentre dentro de los márgenes de proporcionalidad y razonabilidad» (voto 51-F-TC-2024).
El plazo que sí está en la ley es el del juicio oral. Desde la reforma de 2019, el tribunal debe deliberar y dictar sentencia oralmente en el acto; si no es posible, por escrito dentro de cinco días hábiles, y en casos muy complejos dentro de quince. Dictarla fuera de esos plazos sin causa justificada «constituirá falta grave de servicio» (artículo 111). Ese régimen no alcanza a los asuntos de puro derecho, porque sus plazos se cuentan desde «la terminación del juicio oral y público».
Cuánto tiempo tiene el Tribunal para dictar sentencia, según cómo llegó el asunto
De todas las vías que llevan a sentencia, el puro derecho es la única cuyo plazo no está en el Código. Lo fija un reglamento de la Corte.
| Supuesto | Plazo | Norma y consecuencia |
|---|---|---|
| Después del juicio oral | En el acto, de forma oral. Si no es posible, por escrito en 5 días hábiles; en casos muy complejos, 15 días hábiles. | Ley, CPCA art. 111.1. Dictarla tarde sin causa justificada es falta grave de servicio (art. 111.2). |
| Fallo directo | 5 días hábiles desde la notificación del auto que acoge la petición del actor de fallar sin prueba ni audiencias, si el demandado no se opone. | Ley, CPCA art. 69.2. |
| Trámite preferente | 5 días hábiles desde que se acordó el trámite preferente o desde la última audiencia. | Ley, CPCA art. 60.6. |
| Puro derecho o sin prueba que evacuar | La ley no fija plazo. El reglamento de la Corte da 15 días hábiles desde que el juez tramitador remite el expediente. | Reglamento, art. 82.4. La Sala Primera lo considera un plazo ordenatorio: vencido, la sentencia sigue siendo válida. |
| Puro derecho según el proyecto 25.815 | Un mes, en la ley, aplicable también a los procesos pendientes y con prioridad para ellos. | Proyecto de reforma al art. 98.2. Si se incumple, remite al art. 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. |
Fuente: CPCA, artículos 60.6, 69.2, 98.2 y 111 (reformado por la Ley 9784 de 2019); Reglamento Autónomo de Organización y Servicio de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y Civil de Hacienda, artículo 82.4; Sala Primera, voto 1368-F-S1-2012; proyecto de ley 25.815 (Alcance 135 a La Gaceta 189, 07-10-2026).
Cuánto tarda en la práctica un proceso de puro derecho
El Subproceso de Estadística del Poder Judicial calculó que los procesos de puro derecho que el Tribunal Contencioso Administrativo terminó en 2024 fueron 234 y duraron en promedio 60,21 meses; en 2025 fueron 303 y duraron 60,09 meses. El cuadro forma parte de la exposición de motivos del proyecto 25.815, que resume el dato así:
«se estima que, durante los años 2024 y 2025, la tramitación de un proceso contencioso-administrativo declarado de puro derecho alcanzó una duración aproximada de sesenta meses.»
La comparación con el resto del Tribunal es elocuente, aunque aproximada, porque las cifras vienen de cuadros distintos. Según el informe de la Dirección de Planificación sobre la materia contenciosa administrativa de 2024, la duración promedio de los asuntos que el Tribunal terminó por sentencia ese año fue de 17 meses y una semana. Un caso que llegó a la Sala Primera en 2026 muestra cómo se reparte el tiempo: la demanda se presentó el 10 de noviembre de 2021, el asunto se declaró de puro derecho en la audiencia preliminar del 8 de septiembre de 2022, se asignó a un juez para sentencia el 3 de agosto de 2023 y la sentencia se dictó el 29 de abril de 2024. El propio Tribunal explicó a las partes que el expediente le llegó en una redistribución de todo el circulante de puro derecho, en la que cada juez de su equipo recibió otros veinticuatro (voto 2024-002803).
Los informes de la Dirección de Planificación permiten ver dónde está el atraso. Al 2 de junio de 2025, el Tribunal tenía 1.097 asuntos de puro derecho listos para el dictado de la sentencia. Cada uno de sus 32 jueces titulares tenía una cuota de 2,5 sentencias al mes, y de ellas una sola era de puro derecho (oficio 609-PLA-MNP-2025). Las sentencias que siguen a un juicio oral tienen plazo legal y consecuencia disciplinaria; las de puro derecho, un plazo reglamentario que la jurisprudencia considera ordenatorio. Con esa diferencia, los asuntos de puro derecho hacen fila, la misma palabra que se usó en 2005 para defender el inciso.
Lo que dicen los datos oficiales sobre los asuntos de puro derecho
Las dos duraciones salen de cuadros distintos del Poder Judicial, de modo que la comparación es aproximada. La distancia entre ellas es lo que llevó al proyecto de ley.
| Dato | Cifra |
|---|---|
| Duración promedio de los procesos de puro derecho terminados en 2024234 procesos. En 2025: 303 procesos y 60,1 meses. | 60,2 meses |
| Duración promedio de los asuntos que el Tribunal terminó por sentencia en 2024En el informe, 17 meses y una semana. Todos los procesos, con juicio oral o sin él. | 17,2 meses |
| Asuntos de puro derecho listos para sentencia en el Tribunal, 2 de junio de 202531 de ellos con criterios de vulnerabilidad. | 1.097 |
| Sentencias de puro derecho por juez titular del Tribunal en 2025De una cuota de 2,5 sentencias mensuales. | 1 al mes |
| Sentencias de puro derecho de la sección del Tribunal de Apelación, del 16 de marzo al 31 de agosto de 2026El 71 % de las 54 proyectadas. | 38 |
| Asuntos de puro derecho pendientes de sentencia, 30 de agosto de 2026Dato con el que la Corte Plena prorrogó el plan el 28 de setiembre de 2026. | 970 |
Fuente: Subproceso de Estadística del Poder Judicial, cuadro 1 de la exposición de motivos del proyecto 25.815 (Alcance 135); Dirección de Planificación, informe «Materia Contenciosa Administrativa 2024» y oficio 609-PLA-MNP-2025; acta de Corte Plena 42-2026, artículo XXXV.
Lo que quiso el Código: «uno de los mayores logros»
El artículo 98.2 llegó casi intacto desde el proyecto que preparó la Corte Suprema, elaborado por una comisión redactora que coordinó el magistrado González Camacho, hoy director de Corporación GC. En la subcomisión de la Comisión de Asuntos Jurídicos que estudió el expediente 15.134, el 18 de mayo de 2005, González Camacho pidió los dos ajustes de redacción que tiene el texto vigente y defendió así el inciso:
«este artículo 98, párrafo segundo, es de la mayor trascendencia y es uno de los mayores logros en el Código, por cuanto podríamos avanzar con gran agilidad, en el dictado de sentencias, en procesos en donde no requieran evacuación de pruebas y, que muchas veces, hacen fila.» (Asamblea Legislativa, subcomisión del expediente 15.134, acta N.° 22 de 18 de mayo de 2005, folio 1266)
La subcomisión aprobó esos cambios en la misma sesión. Veinte años después, la exposición de motivos del proyecto 25.815 lee el inciso en la misma clave: de él «se desprende una clara intención legislativa de garantizar la celeridad procesal en aquellos asuntos en los que resulta innecesaria la celebración de un juicio oral y público». La historia completa del Código y de su Tribunal está en las guías sobre el CPCA y sobre el por qué y para qué del contencioso administrativo.
El plan de la Corte: el Tribunal de Apelación dicta sentencias de puro derecho
El rezago llevó al Poder Judicial a una serie de planes de descongestionamiento:
- Marzo de 2024. El Consejo Superior pidió a la Dirección de Planificación un plan de trabajo para «descongestionar los procesos de puro derecho que se encuentran listos para el dictado de la sentencia de fondo» (sesión 21-2024, artículo XXVII, citada en el oficio 609-PLA-MNP-2025).
- 2025. Se destinaron al puro derecho dos plazas temporales de juez, de abril a setiembre, y cuatro plazas ordinarias creadas por recalificación desde el 19 de mayo, con una cuota de cuatro sentencias de puro derecho al mes cada una (Consejo Superior, sesión 26-2025, artículo XXXII, y oficio 609-PLA-MNP-2025). Desde el 20 de noviembre, una sección del Tribunal, la Novena, se dedicó por doce meses a fallar estos asuntos, con un circulante de 1.013 al 3 de noviembre (Consejo Superior, sesión 19-2026, artículo XXXVII).
- Febrero de 2026. Con un circulante que rondaba los 1.144 expedientes, la Corte Plena amplió la competencia del Tribunal de Apelación de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda para que, de forma colegiada, conozca y sentencie asuntos de puro derecho del Tribunal Contencioso, por seis meses (sesión 04-2026, artículo XII, comunicada en la circular 67-2026). Una sección dedica el 75 % de su cuota a esos asuntos, el equivalente a tres sentencias mensuales por juez, y el 25 % a sus apelaciones. Los expedientes se escogen por vulnerabilidad, antigüedad y especialidad (sesión 06-2026, artículo XXII).
- Setiembre de 2026. Con un informe que reportaba 38 sentencias de puro derecho dictadas por esa vía entre el 16 de marzo y el 31 de agosto, el 71 % de las 54 proyectadas, y un rezago de 970 asuntos, la Corte Plena acordó «Aprobar la prórroga a partir del 01 de octubre, por un año, del plan de descongestionamiento» (sesión 42-2026, artículo XXXV).
La circular que comunicó ese acuerdo, la 177-2026 del 6 de octubre, dice que se mantendrá la competencia «de manera indefinida, siempre y cuando la capacidad operativa del Tribunal de Apelaciones así lo permita». El acta habla de un año y la circular de un plazo indefinido sujeto a capacidad; para saber hasta cuándo rige el plan conviene atenerse al acuerdo y a las circulares que lo actualicen. Las sentencias que el Tribunal de Apelación dicta en esta tarea fundan su competencia en los acuerdos de la Corte Plena de febrero de 2026 (por ejemplo, el voto 323-2026-II).
Qué propone el proyecto de ley 25.815
El proyecto se presentó el 1 de octubre de 2026 y lo firman los diputados José María Villalta Flórez-Estrada, María Eugenia Román Mora, Joselyn Fabiola Sáenz Núñez, Edgardo Vinicio Araya Sibaja, Antonio Trejos Mazariegos, Sigrid Violeta Segura Artavia y Vianey Briyith Mora Vega. Se publicó en el Alcance 135 a La Gaceta 189 del 7 de octubre. Propone que el artículo 98.2 termine así:
«Acto seguido, remitirá el expediente al Tribunal para que dicte la sentencia, en un plazo no mayor a un mes. En caso de incumplimiento de este plazo será aplicable lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley n.° 8, del 29 de noviembre de 1937, y sus reformas.»
Un transitorio aplica el mismo plazo, contado desde la vigencia de la ley, a los procesos que estén pendientes de sentencia, y les da prioridad sobre los asuntos nuevos.
El artículo 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en el texto que le dio en 2026 la Ley 10905, dispone que, si las personas juzgadoras no cumplen los plazos, «la parte interesada podrá urgir el pronto despacho ante la persona servidora omisa y, si no lo obtiene dentro del término de cinco días naturales, podrá interponer la denuncia por retardo de justicia». La misma Ley 10905 considera falta grave «El retardo grave e injustificado en la administración de justicia» (artículo 23, inciso 31) y falta leve el retraso injustificado que no llegue a grave (artículo 24, inciso 7).
Leído contra el derecho vigente, el proyecto tiene cuatro rasgos que conviene precisar:
- Lleva el plazo a la ley y lo alarga. Hoy el reglamento da quince días hábiles; el proyecto daría un mes, unos veinte días hábiles. Lo que cambia es el rango de la norma y la remisión expresa al régimen del retardo.
- No toca la validez de la sentencia tardía. No la declara nula, de modo que la consecuencia del incumplimiento sería la del artículo 5 y la disciplinaria, sin reponer nada en el proceso.
- Su comparación con el juicio oral está desactualizada. La exposición de motivos dice que el Código fija para los procesos ordinarios «un plazo de quince días» después del juicio. Desde la Ley 9784, la regla es la sentencia oral en el acto, cinco días hábiles si no es posible y quince solo en casos muy complejos.
- Tiene un error material en el título. Cita el Código como «Ley N°8508 del 28 de abril de 2026»; la ley es de 2006.
El proyecto ingresó al orden del día de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Jurídicos el 21 de octubre de 2026. El Departamento de Servicios Técnicos señaló como consulta obligatoria la del Poder Judicial (oficio AL-DEST-CO-416-2026, del 4 de noviembre), porque el artículo 167 de la Constitución exige consultar a la Corte los proyectos que se refieran a la organización o funcionamiento del Poder Judicial, y «para apartarse del criterio de ésta, se requerirá el voto de las dos terceras partes del total de los miembros de la Asamblea». Al 18 de noviembre de 2026 el expediente no tenía dictamen ni texto sustitutivo.
Qué puede hacer la parte mientras espera la sentencia
La Sala Constitucional no tramita amparos por la demora en dictar sentencia. Los rechaza de plano y conoce la eventual mora judicial «hasta tanto y cuando se haya concluido definitivamente el proceso y no antes». Lo reiteró en febrero de 2026 en el caso de un proceso declarado de puro derecho en octubre de 2024 que seguía sin sentencia, con votos salvados de los magistrados Cruz Castro y Garro Vargas sobre ese punto (voto 2026-006742).
La vía es la del artículo 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial: urgir ante el Tribunal el pronto despacho y, si no se obtiene en cinco días naturales, denunciar el retardo de justicia. Desde la Ley 10905, las menciones a la Inspección Judicial como órgano con potestad disciplinaria se entienden hechas al Tribunal Administrativo Sancionador del Poder Judicial. Conviene saber también que, para escoger qué expedientes se fallan primero dentro de los planes de descongestionamiento, el Poder Judicial aplica criterios de vulnerabilidad y antigüedad.
Cuando la sentencia llega, contra ella cabe el recurso de casación, como contra cualquier sentencia de fondo del Tribunal, y no la apelación (Tribunal de Apelación, voto 139-2026-I). Quién lo conoce y en qué plazo se explica en la guía sobre el recurso de casación en lo contencioso administrativo.
Esta guía explica el marco legal vigente al 18 de noviembre de 2026 y no constituye asesoría para un caso concreto. Los textos normativos se cotejaron con SINALEVI y La Gaceta; los votos y las actas, con Nexus; los antecedentes legislativos, con el expediente 15.134.
Fuentes
- Constitución PolíticaArts. 41 (justicia pronta y cumplida) y 167 (consulta a la Corte de los proyectos sobre organización o funcionamiento del Poder Judicial)
- Código Procesal Contencioso-Administrativo (Ley 8508)Arts. 60 (trámite preferente), 69 (fallo directo), 82.5, 90, 93, 98 (puro derecho), 111 (plazo de la sentencia tras el juicio), 132 (revocatoria), 134 a 137 (casación)
- Ley 9784, reforma del art. 111 del CPCA12-11-2019: sentencia oral, plazos de 5 y 15 días hábiles y falta grave de servicio en lugar de la nulidad
- Reglamento Autónomo de Organización y Servicio de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y Civil de HaciendaCorte Plena, sesión 02-2008 del 21-01-2008: arts. 58, 62.10, 70, 72, 75 y 82.4 (quince días hábiles para sentenciar los asuntos de puro derecho)
- Ley Orgánica del Poder Judicial (Ley 8)Art. 5 (pronto despacho y denuncia por retardo de justicia), en el texto de la Ley 10905
- Ley 10905, Régimen sancionador de las personas servidoras del Poder Judicial12-05-2026: arts. 23.31 (retardo grave e injustificado, falta grave) y 24.7 (retraso injustificado, falta leve); Tribunal Administrativo Sancionador
- Proyecto de ley 25.815, «Ley para agilizar los contenciosos de puro derecho»Reforma del art. 98.2 del CPCA: sentencia en un mes y remisión al art. 5 de la LOPJ; transitorio para los procesos pendientes. Alcance 135 a La Gaceta 189 del 07-10-2026
- Sentencia 1360-F-S1-2010Sala Primera11-11-2010ConceptoEn el puro derecho se discute la interpretación y aplicación de normas a hechos no discutidos; no se reciben declaraciones, lo que no supone que no exista prueba: es documental y no requiere inmediación.Redactó el magistrado González Camacho.
- Sentencia 231-2011-VITribunal Contencioso Administrativo28-10-2011Concepto y conclusionesSin prueba que evacuar el expediente pasa a sentencia sin juicio; las defensas previas rechazadas deben reiterarse en las conclusiones.
- Sentencia 164-2025Tribunal de Casación de lo Contencioso Administrativo18-11-2025Frontera con el juicioSi en la audiencia preliminar se admite prueba testimonial, procede el juicio oral del art. 98.1 y no el trámite del inciso 2.
- Resolución 274-2023-ITribunal de Apelación de lo Contencioso Administrativo12-07-2023RecursoContra el auto escrito que declara el puro derecho y da plazo para conclusiones solo cabe revocatoria; rechaza de plano la apelación.
- Sentencia 2567-F-S1-2019Sala Primera12-09-2019Rectificación previaLa parte que no recurrió el rechazo de su prueba no puede alegar en casación la violación del debido proceso por la declaratoria de puro derecho.
- Sentencia 821-F-S1-2023Sala Primera31-05-2023Rectificación previaQuien se mostró conforme con el rechazo de su testimonial no puede alegar indefensión por la declaratoria de puro derecho (art. 137.2).
- Sentencia 1437-F-S1-2024Sala Primera17-10-2024Revocatoria oralEl rechazo de la testimonial debía combatirse con revocatoria oral en la audiencia (art. 132.3); admitida solo prueba documental, corresponde concluir y remitir.
- Sentencia 2006-F-S1-2020Sala Primera18-06-2020NulidadViola el debido proceso reservar al Tribunal la admisibilidad de una prueba ofrecida por ambas partes y, a la vez, declarar el puro derecho; casa y reenvía.
- Sentencia 1734-F-S1-2021Sala Primera12-10-2021IndefensiónNo hay indefensión si la prueba rechazada no habría modificado la decisión final.
- Sentencia 231-F-TC-2021Tribunal de Casación de lo Contencioso Administrativo11-11-2021IndefensiónEl rechazo de prueba solo anula si se demuestra cómo habría cambiado lo resuelto; lo contrario sería la nulidad por la nulidad misma.
- Resolución 35-2015-VITribunal Contencioso Administrativo27-02-2015ConclusionesLas conclusiones son presupuesto necesario para que el Tribunal falle un asunto de puro derecho; reenvía a trámite.
- Resolución 2024-008515Tribunal Contencioso Administrativo19-11-2024Parte ausenteLa inasistencia a la audiencia preliminar no implica renunciar a la prueba ni a las conclusiones; anula parcialmente la audiencia y reenvía a trámite.
- Resolución 2026-004063Tribunal Contencioso Administrativo18-06-2026Devolución a trámiteEl Tribunal no falla porque nunca se rindieron conclusiones ni se saneó el proceso; devuelve el expediente al juez tramitador.
- Sentencia 239-F-S1-2012Sala Primera16-02-2012InmediaciónLas conclusiones grabadas ante el tramitador, a las que tuvo acceso el Tribunal, no lesionan la inmediación ni la concentración.
- Sentencia 2024-008884Tribunal Contencioso Administrativo28-11-2024Conclusiones escritasDeclarado el puro derecho, el tramitador dio siete días hábiles para conclusiones escritas; describe la redistribución del circulante pendiente de fallo.
- Sentencia 293-F-S1-2014Sala Primera06-03-2014Parte ausenteEl momento de concluir es el cierre de la audiencia preliminar; la parte que faltó por no actualizar su medio de notificaciones perdió esa oportunidad por su desidia.Redactó el magistrado González Camacho.
- Resolución 40-2023-VIITribunal Contencioso Administrativo12-07-2023Fallo directoEl trámite del art. 69 exige la aceptación expresa de la contraria; el silencio no vale como conformidad.
- Sentencia 1368-F-S1-2012Sala Primera18-10-2012Plazo ordenatorioEn los asuntos de puro derecho no hay juicio ni rigen las reglas de la oralidad; el plazo para sentenciar es ordenatorio.
- Sentencia 144-F-TC-2018Tribunal de Casación de lo Contencioso Administrativo18-10-2018PlazoEn el puro derecho no existe legalmente un plazo para la resolución final ni nulidad por su incumplimiento.
- Sentencia 239-F-TC-2021Tribunal de Casación de lo Contencioso Administrativo30-11-2021PlazoAl puro derecho no se aplica el art. 111 sino el art. 82.4 del Reglamento, cuyo plazo es ordenatorio.
- Sentencia 125-F-TC-2023Tribunal de Casación de lo Contencioso Administrativo13-07-2023PlazoReitera el criterio anterior tras la reforma del art. 111 de 2019.
- Sentencia 51-F-TC-2024Tribunal de Casación de lo Contencioso Administrativo03-05-2024Plazo y razonabilidadDesde la Ley 9784 el plazo es ordenatorio en todo proceso; la demora no viola el debido proceso si es razonable y proporcionada.
- Sentencia 2024-002803Tribunal Contencioso Administrativo29-04-2024DuraciónExplica que el expediente le llegó en la redistribución del circulante de puro derecho acordada en julio de 2023.
- Sentencia 323-2026-IITribunal de Apelación de lo Contencioso Administrativo18-08-2026Plan de la CorteSentencia de fondo de puro derecho dictada por el Tribunal de Apelación con base en los acuerdos de Corte Plena 04-2026 y 06-2026.
- Voto 2026-006742Sala Constitucional24-02-2026Mora judicialRechaza de plano el amparo por la demora en sentenciar un proceso de puro derecho; remite al pronto despacho y a la queja por retardo.
- Resolución 139-2026-ITribunal de Apelación de lo Contencioso Administrativo05-05-2026RecursoContra la sentencia de fondo del Tribunal Contencioso solo cabe casación; rechaza de plano la apelación.
- Corte Plena, sesión 04-2026, artículo XII02-02-2026: amplía la competencia del Tribunal de Apelación para sentenciar asuntos de puro derecho; plan de seis meses
- Corte Plena, sesión 06-2026, artículo XXII16-02-2026: criterios de vulnerabilidad, antigüedad y especialidad para escoger los expedientes
- Circular 67-2026Comunica el acuerdo de la sesión 04-2026
- Corte Plena, sesión 42-2026, artículo XXXV28-09-2026: informe 1093-PLA-MNP-2026 (38 sentencias, 970 asuntos pendientes) y prórroga por un año desde el 01-10-2026
- Circular 177-202606-10-2026: competencia «de manera indefinida, siempre y cuando la capacidad operativa del Tribunal de Apelaciones así lo permita»
- Consejo Superior, sesión 19-2026, artículo XXXVIISección Novena dedicada al puro derecho desde el 20-11-2025; circulante de 1.013 asuntos al 03-11-2025
- Dirección de Planificación, oficio 609-PLA-MNP-202505-06-2025: 1.097 asuntos de puro derecho listos para sentencia y cuotas de los jueces
- Dirección de Planificación, «Materia Contenciosa Administrativa 2024»Duración promedio de las sentencias del Tribunal Contencioso Administrativo
- Expediente 15.134, subcomisión de Asuntos Jurídicos, acta N.° 2218-05-2005, folios 1266 y 1267: discusión y aprobación del art. 98 del proyecto de CPCA
- Expediente 25.815, oficio AL-DEST-CO-416-202604-11-2026: Servicios Técnicos señala como consulta obligatoria la del Poder Judicial
Normas cotejadas con SINALEVI y La Gaceta el 18-11-2026; votos y actas leídos en su texto íntegro y enlazados a Nexus; acta de la subcomisión del expediente 15.134 leída en la copia digitalizada del expediente; datos del proyecto 25.815 consultados en el SIL de la Asamblea Legislativa el 18-11-2026.
Preguntas frecuentes
¿Qué es un proceso de puro derecho?
Es el proceso contencioso administrativo que pasa a sentencia sin juicio oral, porque no queda prueba que evacuar y solo falta decidir cómo se aplica el derecho a hechos que ya constan en el expediente. Lo regula el artículo 98.2 del Código Procesal Contencioso-Administrativo (Ley 8508): las partes dan sus conclusiones al final de la audiencia preliminar y el juez tramitador remite el expediente al Tribunal para que dicte la sentencia. Se trata del mismo proceso ordinario, que se ahorra el juicio.
¿Qué diferencia hay entre un asunto de puro derecho y uno en el que no existe prueba que evacuar?
El artículo 98.2 del CPCA prevé las dos hipótesis con la misma consecuencia. Un asunto es de puro derecho cuando se discute la interpretación o la aplicación de normas sobre hechos que no están en disputa. No existe prueba que evacuar cuando, aunque haya hechos discutidos, la prueba ya consta en el expediente, casi siempre como documentos. En los dos casos no hay testigos, peritos ni declaraciones que recibir en un juicio oral. Como precisó la Sala Primera en el voto 1360-F-S1-2010, en esos asuntos la prueba existe y es documental.
¿Quién declara que un asunto es de puro derecho y cómo se impugna esa decisión?
Lo declara el juez tramitador en la audiencia preliminar, después de fijar los hechos controvertidos y decidir qué prueba admite (artículos 90 y 98.2 del CPCA). Contra lo que se resuelve en la audiencia solo cabe el recurso de revocatoria, oral y motivado, en la propia audiencia (artículo 132.3). Si la decisión consta en un auto escrito, cabe revocatoria dentro del tercer día hábil y no apelación. Reaccionar a tiempo importa: el artículo 137.2 exige haber pedido la rectificación del vicio para poder alegarlo después en casación.
¿Cuánto tarda un proceso de puro derecho en Costa Rica?
Según el Subproceso de Estadística del Poder Judicial, los procesos de puro derecho que el Tribunal Contencioso Administrativo terminó en 2024 duraron en promedio 60,21 meses, y los de 2025, 60,09 meses: unos cinco años. Es mucho más que el promedio de 17 meses y una semana de todos los asuntos que el Tribunal terminó por sentencia en 2024. Al 30 de agosto de 2026 había 970 asuntos de puro derecho pendientes de sentencia, según el acta de Corte Plena 42-2026.
¿Qué plazo tiene el Tribunal para dictar sentencia en un proceso de puro derecho?
El Código no fija ninguno. El Reglamento Autónomo de Organización y Servicio de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, aprobado por la Corte en 2008, da quince días hábiles desde que el juez tramitador remite el expediente (artículo 82.4). La Sala Primera y el Tribunal de Casación consideran que ese plazo es ordenatorio: si se supera, la sentencia sigue siendo válida. El plazo del artículo 111 del Código se aplica solo a la sentencia que sigue a un juicio oral.
¿Qué propone el proyecto de ley 25.815 sobre los procesos de puro derecho?
Reformar el artículo 98.2 del CPCA para que el Tribunal dicte la sentencia en un plazo no mayor de un mes y, si lo incumple, se aplique el artículo 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que permite urgir el pronto despacho y denunciar el retardo de justicia. Un transitorio aplicaría el plazo a los procesos pendientes de sentencia, con prioridad sobre los nuevos. Se publicó en el Alcance 135 a La Gaceta 189 del 7 de octubre de 2026 y está en la Comisión de Asuntos Jurídicos, que debe consultarlo a la Corte Suprema.
¿Qué es el fallo directo del artículo 69 del CPCA y en qué se diferencia del puro derecho?
En el fallo directo, la parte actora pide en la demanda que el proceso se falle sin recibir prueba y sin audiencias. Si la parte demandada no se opone y el juez tramitador lo estima procedente, el Tribunal debe sentenciar dentro de cinco días hábiles, un plazo que sí está en la ley. El Tribunal Contencioso ha exigido una aceptación expresa de la contraria: el silencio no basta. El puro derecho lo declara el juez tramitador cuando no queda prueba que evacuar después de la audiencia preliminar, sin necesidad de petición de parte.
¿Se puede presentar un recurso de amparo si la sentencia de puro derecho se atrasa?
La Sala Constitucional rechaza de plano esos amparos y conoce la eventual mora judicial solo cuando el proceso ya terminó. Así lo resolvió en el voto 2026-006742, sobre un proceso de puro derecho que esperaba sentencia desde 2024. La vía que señala es la del artículo 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial: urgir el pronto despacho ante el Tribunal y, si no se obtiene en cinco días naturales, denunciar el retardo de justicia.
¿Qué recurso cabe contra la sentencia de un proceso de puro derecho?
El recurso de casación, como contra cualquier sentencia de fondo del Tribunal Contencioso Administrativo. No cabe apelación. Según la materia y el órgano demandado, lo conoce la Sala Primera o el Tribunal de Casación de lo Contencioso Administrativo (artículos 134 a 136 del CPCA). Los vicios de la audiencia preliminar solo pueden alegarse en casación si la parte pidió antes su rectificación (artículo 137.2).
Temas: Puro derecho · Contencioso Administrativo · CPCA · Artículo 98 · Audiencia preliminar · Tribunal Contencioso Administrativo · Proyecto de ley 25.815 · Justicia pronta
Contenido informativo, revisado al 18 de noviembre de 2026. Su aplicación a un caso concreto depende del expediente. Política editorial.
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Abogado Asociado · Corporación GC
Licenciado en Derecho por la Universidad de Costa Rica, Abogado Asociado de Corporación GC.
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