Derecho Municipal

El artículo 170 de la Constitución Política establece que las corporaciones municipales son autónomas y que la ley determinará las competencias que se les trasladarán del Poder Ejecutivo. El artículo 4 del Código Municipal desarrolla esta autonomía, señalando que la municipalidad posee la autonomía política, administrativa y financiera que le confiere la Constitución. Esta autonomía le permite dictar reglamentos autónomos de organización y de servicio, crear tributos locales conforme a la ley, administrar y prestar los servicios públicos municipales, y ejercer las competencias que el ordenamiento le atribuye en materia de planificación urbana, control de construcciones y protección del ambiente a nivel local.

Los artículos 68 a 74 del Código Municipal regulan el régimen de licencias municipales. El artículo 68 establece que para ejercer cualquier actividad lucrativa en el cantón se requiere contar con la licencia municipal respectiva. El artículo 69 dispone que la municipalidad, mediante acuerdo del Concejo, fijará las condiciones y requisitos para el otorgamiento de las licencias. El artículo 70 prevé las causales de denegación de la licencia, y el artículo 74 regula las tasas y precios que las municipalidades cobran por los servicios que prestan, los cuales se fijarán tomando en consideración el costo efectivo más un diez por ciento de utilidad para su desarrollo. La suspensión y cancelación de la patente por incumplimiento de las obligaciones tributarias se regula en el artículo 81 bis del Código Municipal. La patente municipal constituye un tributo cuyo hecho generador es el ejercicio de la actividad lucrativa autorizada.

Las municipalidades poseen potestad tributaria propia, reconocida constitucionalmente y desarrollada en el Código Municipal y leyes especiales. El impuesto sobre bienes inmuebles, regulado por la Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles (Ley N.° 7509 del 9 de mayo de 1995), constituye el tributo municipal más relevante. El artículo 1 de la Ley 7509 establece un impuesto anual sobre los bienes inmuebles situados en cada cantón, cuya administración corresponde a la municipalidad respectiva. Los artículos 2 a 8 regulan el sujeto pasivo, la base imponible (valor del inmueble inscrito en la plataforma de valores), la tarifa aplicable y las exenciones. Los contribuyentes pueden impugnar las valoraciones y los cobros municipales mediante los recursos administrativos que establece el Código Municipal.

Los artículos 142 a 161 del Código Municipal regulan los recursos administrativos procedentes contra los actos de la municipalidad. El recurso de revocatoria se interpone ante el Alcalde Municipal —como administrador general y jefe de las dependencias municipales— contra los actos que este haya dictado. El recurso de apelación se interpone de forma subsidiaria ante el Concejo Municipal, como órgano superior. Contra los acuerdos del Concejo Municipal cabe el recurso de revocatoria ante el propio Concejo. Estos recursos deben interponerse dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación del acto y constituyen el mecanismo de agotamiento de la vía administrativa previo a la impugnación jurisdiccional.

Los acuerdos del Concejo Municipal son actos administrativos susceptibles de impugnación tanto en vía administrativa como jurisdiccional. En vía administrativa, procede el recurso de revocatoria ante el propio Concejo, conforme a los artículos 153 a 161 del Código Municipal. Agotada la vía administrativa, el administrado puede acudir al Tribunal Contencioso Administrativo para impugnar el acuerdo municipal. El artículo 31 del CPCA establece las reglas de agotamiento preceptivo de la vía administrativa como condición de admisibilidad de la demanda contencioso-administrativa. La jurisdicción contenciosa puede revisar la legalidad del acuerdo, su conformidad con el plan regulador y el ordenamiento urbanístico, así como la eventual lesión de derechos subjetivos o intereses legítimos del administrado.

El CPCA atribuye a la jurisdicción contencioso-administrativa el conocimiento de los litigios contra las municipalidades. El artículo 1 incluye expresamente a los entes públicos —entre ellos las corporaciones municipales— como sujetos pasivos del proceso contencioso. El artículo 10 establece las pretensiones que pueden formularse: anulación de actos municipales, reconocimiento de situaciones jurídicas individualizadas, condena al pago de daños y perjuicios, y cualquier otra pretensión fundada en derecho administrativo. El artículo 36 regula las medidas cautelares que pueden solicitarse para proteger los derechos del administrado mientras se resuelve el proceso contra la municipalidad.