Derecho Municipal

El artículo 170 de la Constitución Política reconoce a las municipalidades una autonomía que el artículo 4 del Código Municipal concreta en tres planos: político, administrativo y financiero. En su ejercicio, la municipalidad dicta reglamentos autónomos de organización y de servicio, acuerda y ejecuta su presupuesto, administra y presta los servicios públicos locales, aprueba las tasas, los precios y las contribuciones municipales, y propone sus proyectos de tributos a la Asamblea Legislativa. Esa autonomía no es ilimitada: la municipalidad está sujeta al principio de legalidad y sus conductas son fiscalizables e impugnables.

Para ejercer cualquier actividad lucrativa en el cantón se requiere la licencia municipal, que se obtiene mediante el pago de un impuesto de patente (art. 88). La municipalidad debe resolver la solicitud en un plazo máximo de treinta días naturales; vencido ese plazo y cumplidos los requisitos sin respuesta, el solicitante puede establecer su actividad —silencio positivo (art. 89)—.

La licencia solo puede denegarse cuando la actividad sea contraria a la ley, la moral o las buenas costumbres, cuando no se cumplan los requisitos legales o cuando la ubicación no esté permitida por los reglamentos municipales (art. 90). Se suspende por falta de pago de dos o más trimestres y, en caso de reincidencia, puede revocarse previo debido proceso (art. 90 bis). El impuesto de patentes y la licencia de licores se rigen, además, por leyes especiales (art. 92).

La municipalidad acuerda su presupuesto, propone sus tributos a la Asamblea Legislativa y fija las tasas y los precios de los servicios municipales (art. 77). Como administración tributaria, ejerce la fiscalización y el cobro de los tributos a su cargo con las facultades del Código de Normas y Procedimientos Tributarios (art. 77 bis). Las tasas y precios se fijan tomando en cuenta el costo del servicio más un diez por ciento de utilidad para desarrollarlo (art. 83).

Los tributos municipales prescriben en cinco años (art. 82) y las certificaciones del contador municipal sobre deudas constituyen título ejecutivo, en cuyo cobro solo caben las excepciones de pago o prescripción (art. 80). Por eso conviene revisar a tiempo la legalidad de un cobro o de una valoración antes de que venza el plazo para impugnarlo.

Contra los acuerdos del Concejo Municipal, los interesados disponen de los recursos ordinarios de revocatoria y de apelación, que deben interponerse —en memorial razonado— dentro del quinto día (arts. 162 y 165). La revocatoria la conoce el propio Concejo; la apelación la resuelve el Tribunal Contencioso-Administrativo, que actúa como jerarca impropio. La apelación procede solo por ilegalidad, mientras que la revocatoria puede fundarse también en la inoportunidad del acuerdo (art. 165).

No todos los acuerdos admiten estos recursos: quedan excluidos los no aprobados definitivamente, los de mero trámite o ejecución, los presupuestarios y los reglamentarios (art. 163). Frente a esos y demás conductas, la vía es la jurisdiccional.

Contra las decisiones de los funcionarios que dependen directamente del Concejo caben revocatoria ante el órgano que las dictó y apelación ante el Concejo Municipal, dentro del quinto día (art. 170). Cuando se trata de funcionarios bajo la alcaldía, la apelación sube a la alcaldía; y contra las decisiones de la propia alcaldía, la apelación se interpone, en el mismo plazo, ante el Tribunal Contencioso-Administrativo (art. 171).

A ello se suma el veto: el alcalde puede vetar los acuerdos del Concejo por motivos de legalidad u oportunidad dentro del quinto día hábil; si el Concejo lo rechaza, el asunto se eleva en alzada al Tribunal Contencioso-Administrativo (art. 167).

La materia municipal es una de las excepciones en que el agotamiento de la vía administrativa es preceptivo: el artículo 31 del CPCA exige agotarla en los supuestos del artículo 173 de la Constitución, de modo que —a diferencia de la regla general— aquí sí hay que cumplir los recursos del Código Municipal antes de demandar. El jerarca impropio debe resolver la apelación en el plazo máximo de un mes.

Agotada esa vía, el conflicto se lleva a la jurisdicción contencioso-administrativa, donde puede pretenderse la anulación total o parcial del acto o acuerdo municipal, el reconocimiento o restablecimiento de la situación jurídica, la condena de la municipalidad a una conducta específica y la indemnización de los daños (art. 42 del CPCA). Mientras se resuelve, pueden solicitarse medidas cautelares para proteger los derechos del administrado (art. 19 del CPCA).