Cómo impugnar el avalúo de bienes inmuebles de la municipalidad
Si la municipalidad le notificó un avalúo con un valor que no comparte, tiene 15 días hábiles para presentar un recurso de revocatoria ante la Oficina de Valoraciones. Esta guía explica la Ley 7509 y su Reglamento de 2024, la apelación ante el Concejo Municipal y el Tribunal Fiscal Administrativo, qué debe llevar el recurso y qué han dicho la Sala Constitucional, la Sala Primera y el Tribunal Contencioso Administrativo.
Cuando la municipalidad le notifica un avalúo de su propiedad y usted no está de acuerdo con el valor, la Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles (Ley N.° 7509) le da 15 días hábiles, contados desde la notificación, para presentar un recurso de revocatoria ante la Oficina de Valoraciones de esa municipalidad. Si la Oficina lo rechaza, la apelación va al Concejo Municipal, y lo que el Concejo resuelva puede llevarse al Tribunal Fiscal Administrativo, cada paso dentro de 15 días hábiles. Mientras ese Tribunal no se pronuncie sobre el fondo, el impuesto se sigue cobrando con el avalúo anterior.
El régimen de recursos de la ley se mantiene desde 1997, y el reglamento que lo desarrolla es de 2024: el Decreto 44414-H, publicado en el Alcance 78 a La Gaceta N.° 73 del 25 de abril de 2024, derogó el reglamento de 1999 y detalla ahora cómo se tramitan la revocatoria, la apelación y la impugnación ante el Tribunal Fiscal Administrativo. Esta guía explica cómo se fija el valor de un inmueble, cómo se impugna, qué debe llevar el recurso y qué han dicho los tribunales.
El impuesto y la declaración
El impuesto sobre bienes inmuebles se calcula sobre el valor que la municipalidad tiene registrado para cada propiedad. El artículo 23 de la ley lo fija de forma uniforme: «En todo el país, el porcentaje del impuesto será de un cuarto por ciento (0,25%) y se aplicará sobre el valor del inmueble registrado por la Administración Tributaria.» El artículo 27 agrega que «El valor de las propiedades es público.»
La base de ese valor la pone, en primer lugar, la persona propietaria. El artículo 16 dispone que «Los sujetos pasivos de bienes inmuebles deberán declarar, por lo menos cada cinco años, el valor de sus bienes a la municipalidad donde se ubican», y que el valor declarado se toma como base del impuesto si la Administración no lo corrige dentro del período fiscal siguiente. La municipalidad «está obligada a recibirla, en los términos en que el declarante desee presentarla» (artículo 66 del Reglamento). La Procuraduría General ha dicho que el plazo de 5 años «debe computarse desde la última declaración presentada por el sujeto pasivo, independientemente de que exista un nuevo propietario registral» (dictamen C-208-2016).
Quien no declara se expone a dos consecuencias. El artículo 17, reformado por la Ley N.° 9069 de 2012, dispone que la Administración Tributaria «le impondrá una multa de un monto igual a la diferencia dejada de pagar y estará facultada para efectuar, de oficio, la valoración de los bienes inmuebles sin declarar». El Reglamento ordena esa multa: solo procede después de que el avalúo por omisión adquiera firmeza y por el procedimiento sancionatorio del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, con una propuesta motivada que detalle el monto por período (artículo 77). La Procuraduría concluyó que la apelación contra la multa la conoce el Tribunal Fiscal Administrativo (dictamen C-078-2022).
Cómo se fija el valor
La ley distingue dos formas de cambiar el valor registrado de una propiedad: la valoración, que hace la municipalidad mediante un avalúo, y las modificaciones automáticas, que se producen por ciertos hechos sin avalúo.
El avalúo y las herramientas del ONT
El artículo 10 bis define el avalúo como «el conjunto de cálculos, razonamientos y operaciones, que sirven para determinar el valor de un bien inmueble de naturaleza urbana o rural, tomando en cuenta su uso», y exige que lo elabore un profesional incorporado al Colegio de Ingenieros Agrónomos o al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. Cada municipalidad tiene una oficina de valoraciones a cargo de un profesional incorporado al colegio respectivo (artículo 19).
La municipalidad valora con los criterios del Órgano de Normalización Técnica (ONT), un órgano del Ministerio de Hacienda que el artículo 12 define como «asesor obligado de las municipalidades». Sus herramientas son la Plataforma de Valores de Terrenos por Zonas Homogéneas y el Manual de Valores Base Unitarios por Tipología Constructiva, y el Reglamento dispone que «adquieren vigencia y son de uso obligatorio a partir de su publicación por parte de la Administración Tributaria» (artículo 2.10). Cada municipalidad las adopta y publica para su cantón mediante acuerdos de adhesión, y debe publicar cada año en La Gaceta, en un diario y en su sitio web los criterios del ONT que no haya publicado antes (artículo 26 del Reglamento).
El avalúo debe tomar en cuenta «las características actuales del inmueble y todos los factores que influyen en la determinación del valor del mismo, debidamente documentados», con el desglose del terreno y de las construcciones (artículo 71 del Reglamento). Si el perito determina que el valor que arrojan las herramientas del ONT «resulta mayor al valor de mercado, solicitará asesoría a dicha dependencia para determinar su valor» (artículo 76). Para las fincas de uso agropecuario, la Ley N.° 9071 limita el aumento al 20 % mientras no exista una plataforma de valores agropecuarios.
La frecuencia también tiene límites. El artículo 10 dispone que la valoración se hará «una vez cada cinco años», mientras que el artículo 17 habla de 3 años cuando la valoración se hizo de oficio por falta de declaración. El Reglamento concilia ambas reglas: un nuevo avalúo solo procede «a) después de cinco años si el avalúo se realizó producto de la fiscalización de una declaración, o b) después de tres años si se realizó el avalúo ante la omisión del sujeto pasivo en la presentación de la declaración.» (artículo 75). Si un inmueble pierde valor por un incendio, un terremoto, una inundación o un deslizamiento, la persona titular puede pedir un avalúo a la baja, que una vez firme rige desde la fecha del evento cuando se pueda determinar con certeza (artículo 74).
Las modificaciones automáticas
El artículo 14 de la ley enumera los hechos que cambian el valor registrado sin avalúo: el mayor valor de un traspaso, la constitución de una hipoteca o de cédulas hipotecarias, por el monto por el que responda el inmueble si es mayor, la rectificación de cabida y la reunión de fincas, el mayor valor reconocido en la declaración, el fraccionamiento y las mejoras con permiso de construcción iguales o superiores al 20 % del valor registrado. El Reglamento aclara que estas modificaciones operan de pleno derecho «sin necesidad de notificar al sujeto pasivo» (artículo 44).
Cómo se impugna el avalúo, paso a paso
El artículo 11 de la ley reconoce a la persona notificada de un nuevo valor que no comparte «el derecho de interponer los recursos establecidos en la presente Ley», y el artículo 19 los ordena en tres escalones. El Reglamento de 2024 detalla cada uno en sus artículos 78 a 82.
| Paso | Dónde se presenta | Plazo para presentarlo | Quién resuelve y en qué plazo | Norma |
|---|---|---|---|---|
| Revocatoria, con apelación en subsidio si se desea | Oficina de Valoraciones | 15 días hábiles desde el día siguiente a la notificación del avalúo | La Oficina de Valoraciones, en 15 días hábiles | Ley 7509, art. 19; Reglamento, art. 78 |
| Apelación | Concejo Municipal; si se pidió en subsidio, la Oficina le eleva el expediente | 15 días hábiles desde la notificación del rechazo | El Concejo Municipal, con resolución motivada | Ley 7509, art. 19; Reglamento, arts. 78 y 79 |
| Impugnación ante el Tribunal Fiscal Administrativo | En las oficinas del Concejo, que admite el recurso y remite el expediente en 8 días hábiles | 15 días hábiles desde la notificación de lo resuelto por el Concejo | El Tribunal Fiscal Administrativo, en 4 meses | Ley 7509, art. 19; Reglamento, arts. 79 y 80 |
| Apelación de hecho, si el Concejo no admite el recurso | Tribunal Fiscal Administrativo | 15 días desde la denegatoria | El Tribunal Fiscal Administrativo | Reglamento, art. 81; CNPT, art. 157 |
La revocatoria se presenta ante la Oficina de Valoraciones, que forma un expediente foliado y debe resolver «dentro de los 15 días hábiles siguientes al de su recibo, refiriéndose a cada uno de los argumentos presentados por el sujeto pasivo» (artículo 78 del Reglamento). En el mismo escrito puede pedirse la apelación en subsidio: si la Oficina rechaza la revocatoria, «elevará al Concejo el expediente completo».
La apelación ante el Concejo Municipal también exige una resolución motivada que se refiera a cada argumento. Si el Concejo la rechaza en todo o en parte, «deberá informar al reclamante que puede impugnar dicha resolución ante el Tribunal Fiscal Administrativo, dentro de los quince días hábiles siguientes al de la notificación de la resolución correspondiente, previniéndole que el escrito de impugnación deberá ser presentado en las mismas oficinas del Concejo» (artículo 79). El Concejo «se limitará a admitir el recurso», envía el expediente al Tribunal dentro de los 8 días hábiles siguientes y emplaza a la persona recurrente para que se apersone ante él. Si el Concejo no admite el recurso, puede acudirse al Tribunal Fiscal Administrativo «dentro del plazo de quince días siguientes al de la denegatoria, de conformidad con lo dispuesto en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios» (artículo 81), que llama a esta vía apelación de hecho (artículo 157 del Código).
El Tribunal Fiscal Administrativo actúa aquí como jerarca impropio. El artículo 158 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios lo define como «un órgano de plena jurisdicción e independiente en su organización, funcionamiento y competencia, del Poder Ejecutivo y sus fallos agotan la vía administrativa». Tiene 4 meses para resolver: la ley los cuenta «desde la interposición del recurso», y el Reglamento, «a partir de la recepción del expediente» (artículo 80). Puede pedir criterio técnico al ONT, y su resolución agota la vía administrativa.
Durante todo el trámite, el cobro sigue con el valor anterior. El artículo 21 dispone que «Una vez firme en vía administrativa, toda modificación de valor se tomará en cuenta para fijar el impuesto, a partir del primer día del año siguiente a aquel en que sea notificada», y el artículo 19 lo precisa para la última etapa: «Mientras el Tribunal no se pronuncie sobre el fondo del asunto en resolución administrativa, continuará aplicándose el avalúo anterior y conforme a él se cobrará.» El Reglamento recoge la misma regla en el artículo 80. La Sala Constitucional amparó en el voto 2000-10297 a contribuyentes a quienes la Municipalidad de Tibás se negó a recibir el pago con el valor anterior mientras el Tribunal Fiscal conocía su recurso, y que siguió cobrando el valor nuevo después de que el Tribunal anuló el avalúo: «con la anulación realizada por el Tribunal Fiscal Administrativo se desvaneció por completo la posibilidad de la Municipalidad de Tibás de cobrar el monto fijado por el nuevo avalúo, quedando vigente como se dijo supra, el monto anterior.»
Si nadie se opone dentro del plazo, el avalúo queda firme: «De no existir oposición al avalúo por parte del sujeto pasivo, dentro del plazo establecido al efecto, el valor consignado en el mismo adquirirá firmeza y se constituirá en la nueva base imponible del impuesto a partir del período fiscal siguiente a su registro en la base de datos municipal.» (artículo 73 del Reglamento). El Reglamento obliga además a la municipalidad a impulsar de oficio el trámite «a efectos de lograr la resolución final del acto recurrido en un plazo razonable» (artículo 82).
Qué debe llevar el recurso
El artículo 78 del Reglamento fija el contenido de la revocatoria. La persona titular dispone de 15 días hábiles para presentarla «señalando los argumentos de oposición al factor o factores de ajuste aplicados al terreno y/o a la construcción que definieron el valor con los cuales no está conforme, y aportar la prueba que sustente sus consideraciones, cuando corresponda.»
Para discutir los factores hace falta conocerlos, y la ley obliga a la municipalidad a comunicarlos. El artículo 16 dispone que «La notificación contendrá, en detalle, las características del inmueble y los factores o modelos que sirvieron de base para el avalúo con el desglose, en su caso, de lo correspondiente a terreno o construcción.» El artículo 72 del Reglamento agrega que el avalúo «debe incluir todos los factores utilizados para arribar al valor del inmueble» y que en él «se deberá informar también al sujeto pasivo sobre los recursos que puede interponer en contra del mismo, el plazo y la oficina ante la que debe hacerlo».
La Sala Primera ha rechazado casaciones contra avalúos cuando la demanda no discutió los elementos que los sostenían. En el voto 2012-F-S1-2020, sobre fincas agropecuarias en La Cruz cuyos avalúos había confirmado el Tribunal Fiscal Administrativo, la Sala rechazó la casación porque los expedientes acreditaban la inspección de campo y la demanda no atacó la plataforma de valores: «visto el escrito de demanda, se observa, efectivamente ninguno de los argumentos esbozados por la accionante combate el uso o validez de la plataforma, por lo que lleva razón el Tribunal al indicar que, al ser un tema no refutado, resulta improcedente su examen.»
La declaración como revocatoria
El Reglamento ofrece una vía particular a quien recibe un avalúo. Si dentro del plazo de la revocatoria la persona presenta la declaración del valor de su inmueble y ese valor es igual o mayor al del avalúo, la Administración puede archivar el avalúo. Si es menor, «dicha declaración deberá ser considerada como si fuera un recurso de revocatoria, en virtud del Principio de Informalidad que priva en materia recursiva» (artículo 78).
El año para fiscalizar la declaración
La municipalidad tiene un plazo para revisar lo declarado. Puede pedir una rectificación, que debe atenderse en 10 días hábiles, y, si no prospera, hacer el avalúo dentro del período fiscal siguiente a la presentación de la declaración (artículo 68 del Reglamento). Si deja pasar ese tiempo, el artículo 69 resuelve la consecuencia: «Si la Administración no realiza el avalúo dentro del año siguiente a la presentación de la declaración, deberá registrar el valor declarado como nueva base imponible del impuesto».
La revisión de una modificación automática
Como las modificaciones automáticas no pasan por avalúo ni se notifican, el Reglamento de 2024 creó una vía expresa para revisarlas. Cuando el valor resultante de una de ellas «resulta ilógico o exorbitante en comparación con el valor de mercado del inmueble, la Administración Tributaria podrá revisar dicho valor aplicando el Principio de Realidad Económica» (artículo 45). El artículo 3 del mismo Reglamento exige que todas las actuaciones de la Administración Tributaria se ajusten a los principios constitucionales del derecho tributario, entre ellos los de razonabilidad, no confiscatoriedad y realidad económica.
Por qué el Tribunal Contencioso no conoce estas apelaciones
Los acuerdos de un concejo municipal tienen, por regla, un régimen general de recursos en el Código Municipal: se interponen «dentro del quinto día», con apelación ante el «Tribunal Superior Contencioso-Administrativo» (artículo 165). El avalúo tiene su propia vía en el artículo 19 de la Ley N.° 7509, y el Tribunal Contencioso Administrativo ha aplicado esa regla especial en varios votos.
Como jerarca impropio municipal, el Tribunal se declara incompetente cuando se le apela un avalúo y remite el expediente al Tribunal Fiscal Administrativo. En el voto 2024-003612 lo explicó así: «la impugnación del avalúo administrativo debe realizarse de conformidad con la Ley Nº 7509, Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles, de fecha 9 de mayo de 1995, y sus reformas, y por consiguiente, el presente asunto, se encuentra sujeto al procedimiento especial establecido en el artículo 19 del citado cuerpo legal.» En el voto 2025-004294 extendió la regla a la discusión sobre el valor declarado por el propio contribuyente: «el agotamiento de la vía administrativa en materia de impugnaciones contra valores registrados, lo realiza el Tribunal Fiscal Administrativo, al conocer en última instancia los eventuales recursos interpuestos en ese proceso de impugnación.» En el voto 2025-003518, donde se impugnaban juntos un avalúo y la multa del artículo 17, remitió al Tribunal Fiscal Administrativo el expediente y también el legajo de la medida cautelar.
La Sección Tercera del mismo Tribunal ya había fijado esa línea. En el voto 409-2018, citado en el voto 167-2020, señaló que «debe tomarse en consideración que el legislador estableció, en la Ley del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles, Ley 7509, un régimen recursivo especial, atendiendo a la especialidad de la materia, el cual es excluyente del establecido en el Código Municipal.» En el voto 491-2020 aplicó la misma cadena al avalúo que fija el canon de una concesión en la zona marítimo terrestre, por remisión del artículo 51 del Reglamento a la Ley N.° 6043.
La vía judicial
La resolución del Tribunal Fiscal Administrativo agota la vía administrativa, y a partir de ahí la discusión pasa a la jurisdicción contencioso-administrativa. El artículo 19 todavía remite a la impugnación «de acuerdo con el artículo 83 y siguientes de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa», una ley derogada por el Código Procesal Contencioso-Administrativo (Ley N.° 8508); la remisión se entiende hecha a ese Código, como explica nuestra guía sobre el paso de la Ley Reguladora al CPCA. El plazo para demandar es de 1 año (artículo 39 del CPCA).
La puerta judicial está abierta a las dos partes. En el voto 1695-F-S1-2012, la Sala Primera conoció el recorrido completo de un contribuyente: el avalúo pasó por la Oficina de Valoraciones, el Concejo y el Tribunal Fiscal Administrativo, y luego por el Tribunal Contencioso Administrativo y la casación, que se declaró sin lugar. En el voto 1565-2009, la Sección Sexta del Tribunal Contencioso Administrativo acogió la demanda de una municipalidad contra el Estado y anuló una resolución del Tribunal Fiscal Administrativo que había anulado un avalúo, por considerar que «contiene vicios en los elementos motivo y contenido, que de conformidad con los artículos 16, 132, 133 y 166 de la Ley General de la Administración Pública la tornan absolutamente nula».
La Sala Constitucional, por su parte, remite el fondo de estas discusiones a la vía administrativa y contenciosa. En el voto 2005-00548 dijo que «a esta Sala no le corresponde determinar si al reclamo que planteó la amparada le es o no aplicable lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles o si el avalúo practicado es o no procedente». En el voto 2026-035593 rechazó de plano un amparo por la demora de un concejo en remitir al Tribunal Fiscal Administrativo una apelación presentada en enero de 2024, porque «la acusada dilación constituiría, de ser el caso, una violación a lo dispuesto en el artículo 41 de la Constitución Política, motivo por el cual el amparo resulta inadmisible»; el magistrado Cruz Castro salvó el voto.
Las plataformas de valores y el ONT ante los tribunales
La Sala Constitucional declaró sin lugar, en el voto 2011-003075, la acción de la Municipalidad de Escazú contra la expresión «asesor obligado» del artículo 12. Consideró que el impuesto es nacional con destino municipal y que fijar criterios técnicos uniformes desde un órgano del Ministerio de Hacienda no lesiona la autonomía municipal: «la formación de disposiciones generales, los métodos de valoración, de coordinación inter-institucionales para efectos de optimizar el cobro del impuesto de bienes inmuebles a nivel nacional, representan formas de expresión de intereses nacionales». La Procuraduría General sostiene desde 2003 que esos criterios «son parámetros o lineamientos de valoración, elaborados de acuerdo a un estudio técnico, y que obligatoriamente deberán ser utilizados por las municipalidades al realizar los avalúos» (dictamen C-339-2003, reiterado en el C-242-2016).
La Sala Primera precisó en el voto 1695-F-S1-2012 cómo se usan esas herramientas. Primero, que «el impuesto sobre bienes inmuebles tiene un carácter objetivo, derivado de una cuantificación de la carga tributaria atiente exclusivamente al valor del objeto, y no de las circunstancias de los sujetos pasivos». Segundo, que el valor de la plataforma debe individualizarse: «los informes del ONT son un parámetro a considerar por las municipalidades, pero no definen en definitiva el valor del bien inmueble, pues la Administración Tributaria debe realizar una individualización ajustando el valor que arrojen los planos de las zonas homogéneas de los informes del ONT de acuerdo a las particularidades propias del inmueble.» Y tercero, que la publicación anual de los criterios del ONT que exige el artículo 12 es «un mero mecanismo de publicidad, que aunque obligatorio no tiene efectos sobre el acto». Ese voto se dictó con el reglamento de 1999; el de 2024 regula las herramientas del ONT en sus artículos 26 y 28. Integró la Sala el magistrado Óscar Eduardo González Camacho, quien con la magistrada Escoto Fernández puso una nota separada solo sobre las costas.
La tensión sobre las modificaciones automáticas
La posibilidad de recurrir una modificación automática ha recibido respuestas distintas. En 2009, la Sala Constitucional conoció el caso de una municipalidad que aumentó la base imponible por una hipoteca y rechazó la revocatoria alegando que contra esa modificación no cabía recurso; la Sala declaró parcialmente con lugar el amparo y ordenó resolver los recursos conforme al artículo 19: «procede declarar con lugar el recurso en cuanto a este extremo, y ordenar la anulación del acto que denegó por improcedente el recurso de revocatoria planteado contra el avalúo automático de las propiedades de la amparada.» (voto 2009-010706).
La Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, en cambio, ha declarado inadmisibles los recursos que se le presentan contra modificaciones automáticas, porque la Ley N.° 7509 no prevé un procedimiento recursivo para ellas (votos 420-2019, 419-2019 y 430-2019). El voto 167-2020 resume esa línea: «ante supuestos de modificación automática del valor, según las causales del artículo 14 de la Ley del Impuesto sobre bienes inmuebles, este Tribunal ha sostenido la tesis de declarar la inadmisibilidad de los recursos formulados.»
El Reglamento de 2024 añadió la revisión del artículo 45 para el valor ilógico o exorbitante. En 2026, una acción de inconstitucionalidad contra el inciso b) del artículo 14, que toma la hipoteca como base del valor, fue rechazada de plano por un defecto en la invocación dentro del asunto base, sin pronunciamiento sobre el fondo (voto 2026-004915).
De dónde salió el régimen de recursos
La Ley N.° 7509 nació del expediente legislativo 11.661, Ley sobre el impuesto territorial, presentado por el Poder Ejecutivo el 19 de enero de 1993 y publicado en el Alcance 11 a La Gaceta N.° 67 del 7 de abril de 1993. En ese proyecto, la valoración correspondía al Ministerio de Hacienda y la impugnación se remitía al procedimiento del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. La ley se aprobó en segundo debate el 19 de abril de 1995, se sancionó el 9 de mayo y se publicó en La Gaceta N.° 116 del 19 de junio de 1995.
El texto de 1995 trasladó la valoración a las municipalidades y creó una vía propia. Su artículo 17 daba 15 días hábiles para informarse ante el encargado de catastro sobre los métodos utilizados y otros 15 para impugnar el avalúo por escrito ante la municipalidad, y el Concejo resolvía en un mes. Su artículo 18 ya llevaba la resolución del Concejo al Tribunal Fiscal Administrativo en 15 días hábiles y disponía: «Mientras el Tribunal Fiscal Administrativo no se pronuncie sobre el fondo del asunto en resolución administrativa, continuará aplicándose el avalúo anterior y conforme a él se cobrará.» La declaración se exigía entonces «por lo menos cada dos años». La Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, en el voto 388-2018 citado en el voto 420-2019, lo resumió así: «desde la versión original de la Ley del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles de diecinueve de junio de mil novecientos noventa y cinco, se dispuso que siendo la base imponible del impuesto el valor que se atribuyera sobre cada finca, ese elemento sería definido por las autoridades municipales con una única posibilidad de impugnación en alzada ante el Tribunal Fiscal Administrativo, (con lo cual se excluye esta materia de la carga constitucional del agotamiento preceptivo)».
El régimen vigente proviene de la Ley N.° 7729, que tramitó el expediente 12.597, Modificación a la Ley N.º 7509, presentado por diez diputados el 13 de mayo de 1996 y publicado en La Gaceta N.° 138 del 19 de julio de 1996. El proyecto original solo reformaba la tarifa municipal y un transitorio; su exposición de motivos se ocupaba de la carga del tributo y advertía que «el pretender traer a valor real lo que significa el precio de los inmuebles, ha puesto a más de uno en apuros». Durante el trámite, el texto incorporó el ONT, la Oficina de Valoraciones con el recurso de revocatoria, la apelación ante el Concejo y la impugnación ante el Tribunal Fiscal Administrativo del actual artículo 19, la tarifa única del 0,25 % y la declaración quinquenal. Esos cambios entraron por texto sustitutivo o por mociones que no están disponibles en formato digital, y los documentos digitales del expediente no explican sus razones en materia de recursos. La ley se aprobó en segundo debate el 4 de diciembre de 1997, se publicó en el Alcance 50 a La Gaceta N.° 245 del 19 de diciembre de 1997 y rige desde el 1 de enero de 1998. El texto del artículo 19 no ha cambiado desde entonces.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto tiempo tengo para impugnar el avalúo?
15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la notificación, para presentar la revocatoria ante la Oficina de Valoraciones (artículo 19 de la Ley N.° 7509; artículo 78 del Reglamento). Vencido ese plazo sin oposición, el avalúo queda firme.
¿Ante quién se apela?
Ante el Concejo Municipal, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la notificación del rechazo de la revocatoria, o en subsidio en el mismo escrito. Lo que resuelva el Concejo se impugna ante el Tribunal Fiscal Administrativo en otros 15 días hábiles, con un escrito que se presenta en las oficinas del Concejo.
¿Pago con el valor nuevo mientras se resuelve?
El impuesto se sigue cobrando con el avalúo anterior hasta que el Tribunal Fiscal Administrativo se pronuncie sobre el fondo (artículo 19). El nuevo valor, ya firme, rige desde el 1 de enero del año siguiente a su notificación (artículo 21).
¿Qué debo alegar en el recurso?
Los factores de ajuste del terreno o de la construcción con los que no está conforme, con la prueba que sustente sus argumentos cuando corresponda (artículo 78 del Reglamento). La Oficina de Valoraciones debe referirse a cada argumento.
¿Puedo ir directamente al Tribunal Contencioso Administrativo?
Como jerarca impropio, el Tribunal Contencioso Administrativo remite estas apelaciones al Tribunal Fiscal Administrativo. Después de que este resuelva, la vía administrativa queda agotada y puede presentarse un proceso contencioso-administrativo dentro de 1 año.
¿Qué ocurre si la municipalidad no revisa mi declaración?
Si no hace el avalúo dentro del año siguiente a la presentación de la declaración, debe registrar el valor declarado como nueva base del impuesto (artículo 69 del Reglamento).
¿Puedo discutir un aumento por hipoteca o traspaso?
Son modificaciones automáticas que no requieren avalúo ni notificación. El artículo 45 del Reglamento permite revisar el valor cuando resulte ilógico o exorbitante frente al valor de mercado.
Fuentes
- Ley de Impuesto sobre Bienes InmueblesLey N.° 7509 de 09-05-1995, La Gaceta N.° 116 de 19-06-1995, reformada por la Ley N.° 7729 de 15-12-1997; arts. 10, 10 bis, 11, 12, 14 a 17, 19, 21, 23, 27 y 36
- Reglamento a la Ley de Impuesto sobre Bienes InmueblesDecreto N.° 44414-H de 09-02-2024, Alcance 78 a La Gaceta N.° 73 de 25-04-2024; arts. 2.10, 3, 26, 28, 44, 45, 66 a 69 y 71 a 82
- Código de Normas y Procedimientos TributariosLey N.° 4755, arts. 157 (apelación de hecho) y 158 (Tribunal Fiscal Administrativo)
- Regulaciones especiales para terrenos de uso agropecuarioLey N.° 9071 de 17-09-2012 (tope del 20 % para fincas agropecuarias)
- Código MunicipalLey N.° 7794, art. 165 (régimen general de recursos contra acuerdos del concejo)
- Código Procesal Contencioso-AdministrativoLey N.° 8508, art. 39 (plazo para demandar)
- Voto 2005-00548Sala Constitucional25-01-2005Legalidad ordinariaRechazó de plano el amparo: a la Sala no le corresponde decidir si se aplica el art. 19 de la Ley 7509 ni si el avalúo es procedente.
- Voto 2011-003075Sala Constitucional09-03-2011ONT y autonomía municipalDeclaró sin lugar la acción contra la expresión «asesor obligado» del art. 12: los criterios técnicos uniformes del ONT expresan intereses nacionales y no lesionan la autonomía municipal.
- Voto 2026-004915Sala Constitucional11-02-2026Modificación automática por hipotecaRechazó de plano la acción contra el art. 14 b) de la Ley 7509 por defecto de invocación en el asunto base, sin pronunciamiento de fondo.
- Voto 2026-035593Sala Constitucional16-09-2026Demora en remitir la apelaciónRechazó de plano el amparo por la demora de un concejo en remitir una apelación de avalúo al Tribunal Fiscal Administrativo: la dilación es materia del art. 41 de la Constitución (con voto salvado).
- Sentencia 1695-F-S1-2012Sala Primera13-12-2012Plataforma de valoresEl impuesto tiene carácter objetivo; los informes del ONT son un parámetro y la Administración debe individualizar el valor según las particularidades del inmueble. Integró la Sala el magistrado González Camacho, con nota separada solo sobre costas.
- Sentencia 2012-F-S1-2020Sala Primera18-06-2020Fincas agropecuariasRechazó la casación: los expedientes acreditaban la inspección de campo y la demanda no combatió el uso ni la validez de la plataforma.
- Voto 1565-2009Tribunal Contencioso Administrativo, Sección VI11-08-2009Control judicial del TFAA demanda de una municipalidad, anuló por vicios en el motivo y el contenido una resolución del Tribunal Fiscal Administrativo que había anulado un avalúo.
- Voto 420-2019Tribunal Contencioso Administrativo, Sección III30-08-2019Modificaciones automáticasContra la modificación automática del art. 14 la Ley 7509 no prevé procedimiento recursivo; el recurso ante el Tribunal es inadmisible.
- Voto 2024-003612Tribunal Contencioso Administrativo, Jerarquía Impropia Municipal06-06-2024Vía especial del art. 19La impugnación del avalúo sigue el procedimiento especial del art. 19 de la Ley 7509; el Tribunal se declaró incompetente y remitió el expediente al Tribunal Fiscal Administrativo.
- Voto 2025-003518Tribunal Contencioso Administrativo, Jerarquía Impropia Municipal08-04-2025Avalúo, multa y medida cautelarImpugnados juntos el avalúo y la multa del art. 17, se declaró incompetente y remitió al Tribunal Fiscal Administrativo el expediente y el legajo cautelar.
- Voto 2025-004294Tribunal Contencioso Administrativo, Jerarquía Impropia Municipal07-05-2025Valor declaradoLa impugnación de actos que contienen el valor registrado, incluido el declarado, sigue el art. 19 y la agota el Tribunal Fiscal Administrativo.
- Dictamen C-339-200331-10-2003, los criterios del ONT son de uso obligatorio para las municipalidades en los avalúos
- Dictamen C-208-201607-10-2016, el plazo de cinco años se computa desde la última declaración, aunque cambie el propietario registral
- Dictamen C-242-201610-11-2016, reitera la obligatoriedad de los criterios del ONT y la vía del art. 19
- Dictamen C-078-202207-04-2022, el Tribunal Fiscal Administrativo conoce la apelación contra la multa del art. 17
- Sala Constitucional, voto 2000-1029721-11-2000, cobro con el avalúo anterior mientras resuelve el Tribunal Fiscal Administrativo
- Sala Constitucional, voto 2009-01070607-07-2009, anuló el rechazo de una revocatoria contra una modificación automática por hipoteca
- Tribunal Contencioso Administrativo, Sección III, voto 388-201831-08-2018, citado en el voto 420-2019
- Tribunal Contencioso Administrativo, Sección III, voto 409-201831-08-2018, citado en el voto 167-2020
- Tribunal Contencioso Administrativo, Sección III, votos 419-2019 y 430-201930-08-2019, inadmisibilidad de recursos contra modificaciones automáticas
- Tribunal Contencioso Administrativo, Sección III, voto 167-202027-03-2020, multa del art. 17 y línea sobre modificaciones automáticas
- Tribunal Contencioso Administrativo, Sección III, voto 491-202027-08-2020, avalúo del canon en la zona marítimo terrestre
- Expediente 11.661Ley sobre el impuesto territorial, Alcance 11 a La Gaceta N.° 67 de 07-04-1993
- Ley N.° 7509La Gaceta N.° 116 de 19-06-1995
- Expediente 12.597Modificación a la Ley N.° 7509, La Gaceta N.° 138 de 19-07-1996
- Ley N.° 7729Alcance 50 a La Gaceta N.° 245 de 19-12-1997
Textos normativos: SINALEVI, versión vigente al 28 de octubre de 2026. Jurisprudencia: Nexus del Poder Judicial; las resoluciones sin enlace se consultaron en la copia local. Cotejo al 28 de octubre de 2026.
Los 15 días hábiles para impugnar un avalúo corren desde su notificación, y el recurso debe discutir los factores que definieron el valor. Conozca nuestra área de derecho municipal.
Temas: Impuesto sobre bienes inmuebles · Ley 7509 · Avalúo municipal · Tribunal Fiscal Administrativo · Órgano de Normalización Técnica · Derecho Municipal
Contenido informativo, revisado al 28 de octubre de 2026. Su aplicación a un caso concreto depende del expediente. Política editorial.
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Abogado Asociado · Corporación GC
Más de 9 años en litigio contencioso-administrativo. Notario Público. Maestrando en Derecho Público (UCR).
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