Reducción forzosa: cuándo puede el Estado cesar a un funcionario por falta de fondos o reorganización
Qué es la reducción forzosa en el sector público costarricense, la diferencia entre el 50 % de la Ley Marco de Empleo Público y el 60 % del Estatuto de Servicio Civil, lo que exige la circular MIDEPLAN-DM-CIRC-0016-2026, qué se paga, qué pasa con los interinos y cómo se impugna el cese.
La reducción forzosa es el cese de un servidor público por necesidades de la Administración, sin que la persona haya cometido falta alguna. La permite el artículo 192 de la Constitución «por falta de fondos o para conseguir una mejor organización» de los servicios, y hoy la regulan dos normas: el artículo 20 inciso e) de la Ley Marco de Empleo Público, que exige una rigurosa justificación técnica y, en las reorganizaciones, que se afecte al menos al 50 % de los empleados de la dependencia, y el artículo 47 del Estatuto de Servicio Civil, que pide falta absoluta de fondos, el 60 % y una consulta previa al Tribunal de Servicio Civil. En ambos casos el cese solo es efectivo después de pagar las prestaciones y la indemnización.
Desde el 23 de setiembre de 2026 rige además la circular MIDEPLAN-DM-CIRC-0016-2026, que ordena a las instituciones bajo la rectoría de MIDEPLAN conformar un expediente con ocho contenidos mínimos, valorar alternativas al cese y decidir mediante un acto motivado. Esta guía explica qué dicen esas normas, cómo las han leído los tribunales y la Procuraduría, qué se paga, qué pasa con los interinos y cómo se impugna el cese. El despido por una falta, con su procedimiento disciplinario, está en la guía sobre el despido de un funcionario público. Ninguna de las dos analiza la situación de una persona en particular.
Qué es la reducción forzosa
El artículo 192 de la Constitución Política dispone que los servidores públicos «sólo podrán ser removidos por las causales de despido justificado que exprese la legislación de trabajo, o en el caso de reducción forzosa de servicios, ya sea por falta de fondos o para conseguir una mejor organización de los mismos». La primera vía es el despido por una falta; la segunda no reprocha nada a la persona. Por eso la Sala Segunda ha dicho que en una reestructuración no se aplican las reglas del procedimiento sancionatorio, porque «no existe ninguna sanción» (voto 1701-2025).
La Ley Marco de Empleo Público la regula entre las causas de cese:
«e) En casos de excepciones muy calificadas por: 1) Reducción forzosa de servicios o de labores por falta de fondos. 2) Reducción forzosa de servicios para conseguir una más eficaz y económica reorganización de estos siempre que esa reorganización afecte por lo menos al cincuenta por ciento (50%) de los empleados de la respectiva dependencia pública. En ambos casos, tales reducciones forzosas deberán ser precedidas de una rigurosa justificación técnica que fundamente la decisión de la autoridad jerárquica y procederán previo pago de las prestaciones y de la indemnización que puedan corresponder a cada persona servidora pública.» (artículo 20 de la Ley 10159)
La jurisprudencia constitucional fijó desde el año 2000 lo que se exige para que el cese sea legítimo. La Sala Constitucional sostuvo que, «por ser una excepción a la garantía constitucional de estabilidad para el trabajador, su aplicación por parte de la administración debe ser ejecutada con absoluta objetividad, transparencia y seriedad, y de ahí la exigencia de estudios técnicos calificados que puedan validar la toma de decisiones» (voto 4951-2000). En la misma línea, la Sala Segunda recoge que la reestructuración «implica necesariamente que el puesto, considerado en sí mismo, sea dispensable en la estructura vigente y además de imposible integración en la nueva organización institucional», y que debe fundarse «en la necesidad real -debidamente comprobada- de mejorar el servicio público» (voto 4209-2025, que transcribe los votos constitucionales 1846, 2496 y 5783 del año 2000).
La circular de MIDEPLAN lo dice en su primer punto: «no toda reorganización, reestructuración o transformación institucional, por sí sola, implica ceses de empleo público por reducción forzosa». La Procuraduría agrega un requisito previo: un ministerio o institución que pretenda reorganizarse «necesariamente deberá contar con la autorización del MIDEPLAN, sin la cual, la reorganización llevada a cabo será absolutamente nula» (dictamen C-164-2015, reiterado en el C-097-2024).
Las dos causales: falta de fondos y reorganización
Falta de fondos. La Ley Marco habla de «falta de fondos» y el Estatuto, de «falta absoluta de fondos». La prueba es financiera: la Sala Segunda aceptó como estudio técnico suficiente un informe que describía «la situación y proyección de ingresos obtenidos y gastos» de una municipalidad, con la propuesta de suprimir puestos (voto 1079-2026), y precisó que la eventual «falsedad o incorrección acerca de la situación económica» se discute en un proceso ordinario (voto 2481-2023).
Reorganización. Aquí entra el porcentaje, y tres preguntas han llegado a los tribunales:
- Qué es la «dependencia». Para la Procuraduría no se mide sobre todo el ministerio: «basta con que afecte en ese porcentaje mínimo a los servidores de un departamento, sección, rama u oficina» (dictamen C-022-1991, sobre el artículo 47).
- Qué significa «afectar». La Sala Segunda dijo que el porcentaje no exige eliminar esa proporción de plazas: basta que la reorganización «produzca alteraciones, al menos, en el 60% de los puestos existentes», como recargos de funciones o reasignaciones (voto 15-1998). El porcentaje mide el alcance de la reorganización; el número de personas cesadas puede ser mucho menor.
- Cómo se demuestra. En la reestructuración de la Municipalidad de San José, el Tribunal Contencioso Administrativo dio dos respuestas. En el voto 8158-2024 bastó con que el proceso «atañe o involucra» al porcentaje del personal; en el voto 1900-2026 exigió que «el resultado de la reorganización tuviera una incidencia directa en ese porcentaje de plazas» y rechazó «homologar la palabra "trabajadores afectados" con "dependencias afectadas"». En esos casos el 60 % venía de una convención colectiva municipal, pero la discusión sobre cómo se prueba la afectación sirve para leer cualquier norma con porcentaje.
¿50 % o 60 %? La Ley Marco y el Estatuto de Servicio Civil
La Ley Marco de Empleo Público no derogó el artículo 47 del Estatuto, que sigue vigente con este texto:
«No obstante lo dispuesto en el artículo 43, el ministro podrá dar por concluidos los contratos de trabajo de los servidores, previo pago de las prestaciones que pudieran corresponderles, siempre que el Tribunal de Servicio Civil, al resolver la consulta que por anticipado le hará, estime que el caso está comprendido en alguna de las siguientes excepciones, muy calificadas. a) Reducción forzosa de servicios o de trabajos por falta absoluta de fondos; y b) Reducción forzosa de servicios para conseguir una más eficaz y económica reorganización de los mismos, siempre que esa reorganización afecte por lo menos al sesenta por ciento de los empleados de la respectiva dependencia.»
La Ley Marco de Empleo Público y el Estatuto de Servicio Civil, lado a lado
Las dos describen las mismas causales con exigencias distintas. Para el personal del Servicio Civil, la circular de MIDEPLAN manda cumplir ambas.
| Aspecto | Ley Marco de Empleo Público, art. 20 e) | Estatuto de Servicio Civil, art. 47 |
|---|---|---|
| A quién se aplica | Las instituciones del artículo 2 de la Ley 10159: Poderes de la República, TSE, autónomas y semiautónomas, universidades, CCSS, empresas públicas estatales y municipalidades. | Los servidores cubiertos por el Régimen de Servicio Civil. La circular de MIDEPLAN ordena aplicarlo «adicionalmente». |
| Falta de fondos | «Reducción forzosa de servicios o de labores por falta de fondos». | «Reducción forzosa de servicios o de trabajos por falta absoluta de fondos». |
| Reorganización | Debe afectar «por lo menos al cincuenta por ciento (50%) de los empleados de la respectiva dependencia pública». | Debe afectar «por lo menos al sesenta por ciento de los empleados de la respectiva dependencia». |
| Antes de decidir | «Una rigurosa justificación técnica que fundamente la decisión de la autoridad jerárquica». | Consulta al Tribunal de Servicio Civil, que debe estimar que el caso cabe en una de las dos excepciones. |
| A quién se cesa | La ley no fija criterios. La circular exige identificar a las personas afectadas y explicar por qué. | Según «la eficiencia, la antigüedad, el carácter, la conducta, las aptitudes» y la calificación de servicios. |
| Pago | «Previo pago de las prestaciones y de la indemnización que puedan corresponder». | «Previo pago de las prestaciones que pudieran corresponderles». |
| Después del cese | Registros y comunicaciones a cargo de recursos humanos (circular, punto 6). | La nómina de cesados va a la Dirección General de Servicio Civil «para su inscripción preferente entre los candidatos a empleo». |
Fuente: Ley 10159, artículos 2 y 20 e); Ley 1581, artículo 47; circular MIDEPLAN-DM-CIRC-0016-2026, puntos 1 y 6 (La Gaceta 179, 23-09-2026).
La Asesoría Jurídica de la Dirección General de Servicio Civil sostiene que «los numerales -47 del ESC y 20 de la LMEP- son independientes, uno cobija a las instituciones que se encuentran bajo el Régimen del Servicio Civil y el otro ampara a las instituciones cubiertas por la Ley Marco de Empleo Público. Actualmente, ambas normas subsisten y coexisten» (oficio AJ-OF-270-2024). La circular de MIDEPLAN sigue ese criterio: «Cuando se trate de personas servidoras públicas cubiertas por el Régimen de Servicio Civil, deberán observarse adicionalmente las disposiciones contenidas en el artículo 47 del Estatuto de Servicio Civil y su reglamento». Hasta noviembre de 2026, ningún dictamen de la Procuraduría ni voto judicial ha resuelto de forma expresa la relación entre el 50 % y el 60 %, ni ha interpretado el inciso e) del artículo 20; la Sala Constitucional tampoco lo analizó al examinar el proyecto de ley (voto 2021-17098).
La consulta al Tribunal de Servicio Civil tiene peso propio. La Sala Primera confirmó la nulidad de un cese porque «el Ministerio de Salud debió consultarle al Tribunal de Servicio Civil la necesidad de eliminar el Departamento» cuya supresión arrastró la plaza del servidor, sin trasladarlo a otra de igual categoría (voto 52-2010). El artículo 47 manda además escoger a las personas según «la eficiencia, la antigüedad, el carácter, la conducta, las aptitudes y demás condiciones que resulten de la calificación de sus servicios» y enviar la nómina de cesados a la Dirección General «para su inscripción preferente entre los candidatos a empleo». En un caso municipal, la Sala Primera reconoció que el artículo 47, «al igual que la LGAP», se considera ante una laguna de la normativa especial (voto 1373-2026).
Lo que exige la circular MIDEPLAN-DM-CIRC-0016-2026
La circular la firmaron el 28 de agosto de 2026 la ministra de Planificación Nacional y Política Económica y el director general a. í. de Servicio Civil, y se publicó en La Gaceta N.° 179 del 23 de setiembre de 2026, páginas 5 a 7. Va dirigida a los órganos y entes del artículo 2 de la Ley Marco «sujetos a la rectoría del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica en el Sistema General de Empleo Público», desarrolla el artículo 24 del Reglamento de esa ley y «Rige a partir de su publicación». Los procedimientos de reducción forzosa iniciados antes continúan su trámite sin afectar lo ya actuado conforme al ordenamiento.
Siete pasos antes de que un cese por reducción forzosa sea efectivo
El orden lo fija la circular. El tercer paso se suma cuando la persona pertenece al Régimen de Servicio Civil.
- 01La instituciónConforma un expediente con la causal y sus hechos, los estudios financieros, presupuestarios, organizacionales o funcionales, las personas y los puestos afectados, el porcentaje si se invoca una reorganización, la relación entre la medida y la supresión de puestos, el impacto en el servicio, las alternativas menos lesivas y el costo de los extremos laborales con su disponibilidad presupuestaria.Punto 2
- 02La instituciónValora y documenta las alternativas al cese: reubicaciones, traslados, reconversión o capacitación, redistribución de funciones, congelar o no sustituir plazas vacantes, jubilación voluntaria y movilidad entre instituciones. Si las descarta, deja las razones en el expediente.Punto 3
- 03El ministro (Servicio Civil)Consulta antes al Tribunal de Servicio Civil si el caso cabe en una de las dos excepciones del Estatuto.ESC, art. 47
- 04La autoridad competenteTramita la medida con las garantías del régimen aplicable, los mecanismos de comunicación e impugnación, y verifica fueros y protecciones especiales.Punto 4
- 05La autoridad competenteDecide en un acto motivado que indica la causal, su fundamento técnico y jurídico, las personas y los puestos afectados, los extremos laborales e indemnizaciones, la fecha de ejecución y los recursos que caben.Punto 4
- 06La instituciónPaga las prestaciones y la indemnización. Solo entonces el cese puede hacerse efectivo, salvo que la persona se haya acogido antes a una movilidad laboral.Punto 5
- 07Recursos humanosHace los registros y las comunicaciones del régimen aplicable y conserva en el expediente la prueba de que se cumplió todo.Punto 6
Fuente: Circular MIDEPLAN-DM-CIRC-0016-2026, del 28-08-2026, La Gaceta 179 del 23-09-2026, págs. 5 a 7; Ley 1581, artículo 47.
El corazón de la circular es el expediente institucional. Antes de promover un cese, la institución debe documentar, como mínimo:
- La causal invocada y los hechos que la sustentan.
- Los estudios financieros, presupuestarios, organizacionales o funcionales pertinentes.
- La dependencia, los servicios o labores, los puestos y las personas potencialmente afectadas, con las razones de esa identificación.
- Si se invoca una reorganización, la delimitación de la dependencia y la demostración del porcentaje exigido.
- La relación de causalidad entre la medida y la necesidad de suprimir puestos.
- El impacto sobre la continuidad, eficiencia y calidad del servicio público.
- La acreditación «documental y razonada» de alternativas menos lesivas valoradas antes del cese.
- La estimación de los extremos laborales e indemnizaciones y la disponibilidad presupuestaria para pagarlos.
Las alternativas que la circular enumera son la movilidad horizontal (reubicaciones y traslados), la reconversión ocupacional o capacitación, la redistribución de funciones, el congelamiento o la no sustitución de plazas vacantes, la jubilación voluntaria de quien cumpla los requisitos, la movilidad entre instituciones y «cualquier otra medida permitida por el ordenamiento jurídico». Si una se descarta, el expediente debe explicar por qué.
La decisión se adopta «mediante acto motivado» que indique la causal, su fundamento técnico y jurídico, las personas y los puestos afectados, los extremos laborales e indemnizaciones, la fecha de ejecución y «los medios de impugnación procedentes». Durante el trámite deben verificarse «los fueros, las protecciones especiales y cualquier otra circunstancia jurídicamente relevante».
El derecho a ser escuchado y a conocer los estudios
La reducción forzosa exige debido proceso, aunque no el procedimiento ordinario de la Ley General de la Administración Pública para cada servidor. La Sala Primera lo explicó así: «en su aplicación concreta a los empleados públicos ha de respetarse el debido proceso y el derecho de defensa; sin que ello, por la particular naturaleza de la restructuración o reorganización como procedimiento especial, implique que en su ejecución deba de seguido aplicarse el procedimiento ordinario de la LGAP respecto de cada servidor afectado». En ese caso confirmó la nulidad de un cese porque a la persona no se le entregaron los estudios técnicos que pidió, y aclaró que «La indicación de que los acuerdos del Concejo son públicos no configura entrega o puesta en conocimiento de los estudios técnicos» (voto 1373-2026).
Los Lineamientos Generales para Reorganizaciones Administrativas de MIDEPLAN disponen que «Todo movimiento de recurso humano, en especial la supresión de plazas, deberá ser informado con antelación a los funcionarios afectados, dándoles la oportunidad de ser escuchados y manifestarse sobre las modificaciones propuestas». Con base en esa regla, el Tribunal Contencioso Administrativo anuló en julio de 2026 el cese de un servidor de RECOPE, y precisó que el hecho de que el estudio técnico justificara la medida y la aprobaran los órganos de fiscalización «no subsana en modo alguno el grave vicio de indefensión» (voto 4713-2026). La Sala Constitucional, por su parte, acogió un amparo cuando la institución no entregó los estudios técnicos y financieros solicitados (voto 1244-2021).
Qué se paga
La Ley Marco ordena pagar «las prestaciones y [...] la indemnización que puedan corresponder», y el artículo 24 de su Reglamento manda cancelar «todos los externos [sic] laborales de conformidad con la legislación vigente y cualquier convenio colectivo vigente existente», salvo que la persona se haya acogido antes a la movilidad laboral.
La liquidación de un cese por reducción forzosa y sus límites
A estos rubros se suman los demás extremos que la legislación vigente reconoce al terminar la relación.
| Rubro | Regla | Fuente |
|---|---|---|
| Auxilio de cesantía | Días de salario por año laborado según la tabla del Código de Trabajo (de 19,5 a 22 días). Nunca más de los últimos 8 años. | Código de Trabajo, art. 29; Ley 2166, art. 39 |
| Con convención colectiva vigente | Según la Procuraduría, hasta 12 años de cesantía mientras rija el instrumento. | PGR, C-086-2019 y C-054-2021 |
| Indemnización del Estatuto | El mes de sueldo por año servido del antiguo artículo 37 f) desapareció el 4 de diciembre de 2018. El artículo 27 c) del Reglamento del Estatuto lo repite, pero cede ante la ley. | Ley 9635; PGR, C-086-2019; Sala Segunda, 3611-2024 |
| Preaviso | Una semana, quince días o un mes según la antigüedad, o su pago en dinero. | Código de Trabajo, art. 28; Reglamento de la Ley 10159, art. 24 |
| Momento del pago | Antes de que el cese sea efectivo, salvo que la persona haya aceptado antes una movilidad laboral. | Ley 10159, art. 20 e); circular, punto 5 |
| Volver al Estado | Quien recibe cesantía no puede ocupar un cargo remunerado en el Estado durante el tiempo que esa suma representa, salvo que la reintegre. | Código de Trabajo, art. 686; PGR, C-158-2026 |
| Volver a la municipalidad | Quien fue cesado por esta causa no puede regresar a la misma municipalidad antes de un año. | Código Municipal, art. 155 b) |
| Reingreso al Servicio Civil | Con al menos cinco años de servicio eficiente, puede reingresar sin concurso a la misma clase de puesto dentro de los diez años siguientes. | Reglamento del Estatuto, art. 14 |
Fuente: Código de Trabajo, arts. 28, 29 y 686; Ley de Salarios de la Administración Pública, art. 39; Código Municipal, art. 155 b); Reglamento del Estatuto de Servicio Civil, arts. 14 y 27 c); Reglamento de la Ley 10159, art. 24; dictámenes C-086-2019, C-054-2021 y C-158-2026 de la Procuraduría General de la República.
El cambio importante ocurrió en 2018. Hasta entonces, el artículo 37 inciso f) del Estatuto daba a quien cesaba por supresión del empleo «una indemnización de un mes por cada año o fracción de seis o más meses de servicios prestados». La Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (Ley 9635) derogó ese inciso y agregó a la Ley de Salarios de la Administración Pública el artículo 39: la cesantía de los funcionarios públicos «se regulará según lo establecido en la Ley N. 2, Código de Trabajo [...] y no podrá superar los ocho años». La Procuraduría concluyó que esa regla «tiene eficacia inmediata» y «por su rango normativo, prevalece por sobre el ordinal 27 inciso c) del Reglamento del Estatuto de Servicio Civil», que todavía repite el mes por año, y que con una convención colectiva vigente la cesantía puede llegar a doce años (dictámenes C-086-2019, C-054-2021 y C-229-2024). La Sala Constitucional, en el voto 8201-2025, interpretó el artículo 39 «bajo el entendido de que la restricción para negociar no se aplica a los empleados del Sector Público que válidamente puedan celebrar convenciones colectivas de acuerdo con la Constitución y la ley», según la nota que SINALEVI agrega a ese artículo. La Sala Segunda calificó de «improcedente» la indemnización del antiguo artículo 37 f) después de su derogación (voto 3611-2024).
El pago previo es condición del cese: según la circular, este «podrá hacerse efectivo una vez realizado el pago previo de las prestaciones y de la indemnización que correspondan». La jurisprudencia constitucional ya había señalado la obligación del Estado de «entregar al trabajador el importe correspondiente a sus prestaciones a la vez que le separa del empleo» y exigió liquidar «dentro de los dos meses posteriores a la cesación» (votos 8232-2000 y 4868-2009, citados por la Sala Segunda en el voto 1285-2010).
Después del pago corre una limitación: quien recibe cesantía «no podrá ocupar cargos remunerados en ninguna dependencia del Estado, durante un tiempo igual al representado por la suma recibida», salvo que reintegre lo recibido (artículo 686 del Código de Trabajo, aplicado por la Procuraduría en el dictamen C-158-2026). En el Servicio Civil existe en sentido inverso un derecho de reingreso: quien tenía al menos cinco años de servicio eficiente puede volver sin concurso a la misma clase de puesto dentro de la década siguiente (artículo 14 del Reglamento del Estatuto).
Los servidores interinos
El artículo 13 del Reglamento del Estatuto dice que los nombramientos interinos terminan «sin ninguna responsabilidad para el Estado», pero la Sala Constitucional lo declaró conforme con la Constitución «en tanto se interprete y se entienda que si el interinazgo supera el año ininterrumpidamente, su cese injustificado se equipara al de una contratación a plazo indefinido para efecto del reconocimiento de la indemnización» (voto 15256-2012).
La supresión de la plaza es una causa válida para cesar a un interino. La Sala Constitucional incluye entre esas causas los casos en que «se está frente a un proceso de reestructuración que implica la eliminación de plazas, con el respectivo cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos para hacerlo», y remite a la vía de legalidad a quien quiera discutir la supresión (voto 28711-2023). Lo que no ha resuelto ningún voto es si el interino cesado por supresión de plaza recibe cesantía. La analogía más cercana es un caso de la Sala Segunda que reconoció preaviso y cesantía a una interina con más de un año, aunque su cese tuvo una causa objetiva (voto 1333-2015). La situación de los docentes interinos del MEP tiene además reglas propias, explicadas en la guía sobre la Ley 10777.
Fueros y protecciones especiales
La circular obliga a verificar los fueros antes de decidir. La jurisprudencia ofrece tres referencias:
- Fuero sindical. La Sala Segunda exige que la reestructuración «no lesione el derecho de libertad sindical» o que la lesión sea la menor posible, y que la Administración justifique «las razones por las cuales resulta ineludible la supresión de un determinado puesto» de un representante o de una persona sindicalizada (voto 115-2019, que reitera el voto 115-2011).
- Embarazo y lactancia. El artículo 94 del Código de Trabajo prohíbe despedir a una trabajadora embarazada o en período de lactancia salvo por falta grave, con gestión ante la Inspección de Trabajo. La Sala Segunda resolvió que esa gestión no era necesaria en el cese de una docente interina embarazada, porque la causa fue objetiva, «la inexistencia de necesidad de servicio», y quedaron acreditadas «razones objetivas» que descartaban la discriminación (voto 867-2026).
- Discapacidad. La Sala Constitucional resolvió que un cese con responsabilidad patronal «no exime a la entidad pública del deber de informar si se respetaron o evaluaron los protocolos protectores de los derechos humanos de las personas con discapacidad previo al cese» (voto 20385-2026, sobre el derecho a la información).
Cómo se impugna y en qué plazo
El acto. La circular exige que el acto final indique los medios de impugnación procedentes; el recurso depende del régimen de cada institución.
El amparo. La Sala Constitucional no examina si la plaza debía suprimirse: «no le corresponde a este Tribunal establecer la procedencia o no de la decisión de la Administración de eliminar la plaza», y quien tenga una objeción «debe acudir a la vía de legalidad correspondiente» (voto 28711-2023). Acoge, en cambio, los amparos por la negativa a entregar los estudios técnicos (voto 1244-2021).
La vía judicial. La competencia se define por «el régimen jurídico aplicable y el contenido material de la pretensión» (Sala Primera, voto 1724-2022): cuando se pide la nulidad del acto de una relación regida por el derecho público, el caso va al Tribunal Contencioso Administrativo, y los reclamos laborales van a la jurisdicción de trabajo. Los votos citados en esta guía vienen de ambas.
Los plazos. Según el artículo 413 del Código de Trabajo, «Salvo disposición especial en contrario, todos los derechos y las acciones provenientes de contratos de trabajo prescribirán en el término de un año, contado desde la fecha de extinción de dichos contratos», y la demanda contencioso-administrativa contra un acto debe presentarse dentro del año siguiente a su notificación (artículo 39 del Código Procesal Contencioso-Administrativo). Ningún voto ha fijado cuál de los dos rige la nulidad de un cese por reducción forzosa, así que conviene contar desde la fecha más temprana. El cómputo de esos plazos, incluido lo que ocurre si vencen durante el cierre de fin de año, está en la guía de plazos para demandar al Estado.
Si el cese se anula. El Tribunal Contencioso Administrativo ha ordenado la reinstalación con salarios caídos, limitados a «veinticuatro veces el salario mensual total de la parte trabajadora al momento de la firmeza del fallo», salvo disposición especial (artículo 566 del Código de Trabajo), y ha descontado lo pagado como cesantía (voto 1900-2026).
Cierres por ley: Gobernación y Vivienda
Cuando una ley cierra o transforma un ministerio, la ley misma define qué pasa con el personal. La Ley 10983, publicada en el Alcance 153 a La Gaceta N.° 218 del 17 de noviembre de 2026, cierra el Ministerio de Gobernación y Policía y rige desde el 1 de mayo de 2027. Ordena que las plazas de sus órganos pasen a las entidades que asumen sus funciones y que las de la actividad central se reubiquen en el Ministerio de Seguridad Pública o en la Dirección General de Migración y Extranjería, en ambos casos «en estricto apego de sus derechos laborales» (transitorios I y II). A quienes «no deseen trasladarse a la planilla respectiva propuesta, y que decidan poner término a su relación laboral con el Estado, se les reconocerá el pago de todos los extremos laborales a que tengan derecho», con acompañamiento del Ministerio de Trabajo, en no más de un año (transitorio VIII). El Poder Ejecutivo tiene dieciséis meses para ejecutar el cierre (transitorio IX).
La Ley 10981, publicada en el mismo Alcance, crea el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos y dispone que «Todas las personas servidoras públicas actuales [...] mantendrán sus puestos y derechos laborales adquiridos» (transitorio I).
Esta guía explica el marco legal vigente al 18 de noviembre de 2026 y no constituye asesoría para un caso concreto. Los textos normativos se cotejaron con SINALEVI y La Gaceta; los votos, con Nexus.
Fuentes
- Constitución PolíticaArt. 192 (remoción por despido justificado o por reducción forzosa de servicios)
- Ley Marco de Empleo Público (Ley 10159)Arts. 2 (ámbito) y 20 e) (cese por reducción forzosa: 50 %, justificación técnica y pago previo)
- Reglamento a la Ley Marco de Empleo Público (Decreto 43952-PLAN)Art. 24 (indemnización en la reducción forzosa y emisión de procedimientos por MIDEPLAN y la DGSC)
- Circular MIDEPLAN-DM-CIRC-0016-202628-08-2026, publicada en La Gaceta 179 del 23-09-2026, págs. 5 a 7: disposiciones generales para aplicar el inciso e) del art. 20 de la Ley 10159
- Estatuto de Servicio Civil (Ley 1581)Arts. 37 a), 37 f) (derogado por la Ley 9635) y 47 (falta absoluta de fondos, 60 % y consulta al Tribunal de Servicio Civil)
- Reglamento del Estatuto de Servicio Civil (Decreto 21)Arts. 13 (interinos), 14 (reingreso sin concurso) y 27 b) y c) (terminación con responsabilidad por reducción forzosa)
- Ley de Salarios de la Administración Pública (Ley 2166)Arts. 26 (ámbito), 39 (cesantía con tope de 8 años, con la nota de la Sala Constitucional 8201-2025) y 58 b) (deroga el art. 37 f) del Estatuto); adicionados por la Ley 9635
- Código de Trabajo (Ley 2)Arts. 28 (preaviso), 29 (auxilio de cesantía), 94 (fuero de maternidad), 413 (prescripción), 566 (salarios caídos) y 686 (prohibición de ocupar cargos públicos tras recibir cesantía)
- Código Municipal (Ley 7794)Art. 155 b) (cese con responsabilidad por estudios técnicos y año sin regresar a la municipalidad)
- Código Procesal Contencioso-Administrativo (Ley 8508)Art. 39 (plazo de un año para demandar)
- Ley 10983, Cierre del Ministerio de Gobernación y PolicíaAlcance 153 a La Gaceta 218 del 17-11-2026; rige desde el 01-05-2027; transitorios I, II, VIII y IX (traslado de plazas y extremos laborales)
- Ley 10981, Creación del Ministerio de Vivienda y Asentamientos HumanosAlcance 153 a La Gaceta 218 del 17-11-2026; transitorio I (el personal conserva sus puestos)
- Voto 4951-2000Sala Constitucional27-06-2000Estudios técnicosLa reducción forzosa es una excepción a la estabilidad que exige estudios técnicos calificados; el cese es legítimo si la nueva estructura no puede dar cabida al funcionario.
- Voto 4209-2025Sala Segunda19-12-2025Puesto dispensableRecoge los votos constitucionales de 2000: el puesto debe ser dispensable e imposible de integrar en la nueva organización, y la reestructuración debe responder a una necesidad real y comprobada.
- Voto 1701-2025Sala Segunda04-06-2025Sin procedimiento sancionatorioEn una reestructuración por situación económica no se aplican las normas del procedimiento sancionatorio, porque no existe sanción.
- Voto 15-1998Sala Segunda21-01-1998Porcentaje del art. 47El 60 % exige que la reorganización altere al menos esa proporción de puestos; no exige eliminar el 60 % de las plazas.
- Voto 8158-2024Tribunal Contencioso Administrativo12-11-2024Porcentaje convencionalEn la reorganización de la Municipalidad de San José, el 60 % de la convención se cumple si el proceso involucra a ese porcentaje del personal; no se mide sobre las plazas suprimidas.
- Voto 1900-2026Tribunal Contencioso Administrativo24-03-2026Porcentaje convencionalEl porcentaje exige una afectación directa de las plazas; no cabe equiparar trabajadores afectados con dependencias afectadas. Anula el cese y ordena la reinstalación con salarios caídos con el tope del art. 566 CT.
- Voto 2481-2023Sala Segunda14-09-2023Falta de fondosLos estudios que evidencian la ausencia de fondos sustentan la reducción; su eventual falsedad se discute en el proceso ordinario.
- Voto 1079-2026Sala Segunda26-03-2026Falta de fondosUn informe técnico sobre ingresos, gastos y proyecciones de una municipalidad basta como sustento de la supresión del puesto.
- Voto 52-2010Sala Primera06-01-2010Consulta al Tribunal de Servicio CivilConfirma la nulidad del cese porque el ministerio debió consultar al Tribunal de Servicio Civil la eliminación del departamento que suprimió la plaza.
- Voto 1373-2026Sala Primera10-09-2026Debido proceso y estudiosLa reestructuración exige debido proceso, sin el procedimiento ordinario de la LGAP por servidor; confirma la nulidad porque no se entregaron al servidor los estudios técnicos que pidió.
- Voto 4713-2026Tribunal Contencioso Administrativo15-07-2026Audiencia previaAnula el cese de un servidor de RECOPE por no informarle antes la supresión de la plaza, como exigen los lineamientos de reorganización de MIDEPLAN.
- Voto 1244-2021Sala Constitucional22-01-2021Acceso a los estudiosAmpara a un servidor al que no se entregaron los estudios técnicos y financieros de la reestructuración; remite a la legalidad ordinaria la discusión de fondo.
- Voto 28711-2023Sala Constitucional03-11-2023Interinos y supresiónEl cese de una interina por eliminación de la plaza no lesiona la estabilidad; la objeción a la supresión se plantea en la vía de legalidad.
- Voto 2021-17098Sala Constitucional31-07-2021Consulta del proyectoConsulta legislativa del proyecto de Ley Marco de Empleo Público; no analiza el inciso e) del art. 20.
- Voto 3611-2024Sala Segunda13-12-2024Art. 37 f) del EstatutoLa derogación del art. 37 f) del Estatuto por la Ley 9635 tornó improcedente la indemnización que ese inciso preveía.
- Voto 8201-2025Sala Constitucional17-03-2025Tope de la cesantíaInterpreta el art. 39 de la Ley 2166 en el sentido de que la restricción para negociar no se aplica a quienes válidamente pueden celebrar convenciones colectivas.
- Voto 1285-2010Sala Segunda09-09-2010Pago de las prestacionesCita los votos constitucionales 8232-2000 y 4868-2009: el Estado debe pagar las prestaciones al separar al servidor y liquidar dentro de los dos meses posteriores al cese.
- Voto 15256-2012Sala Constitucional31-10-2012InterinosEl art. 13 del Reglamento del Estatuto es constitucional si el interino con más de un año ininterrumpido cesado sin causa se equipara al contrato indefinido para la indemnización.
- Voto 1333-2015Sala Segunda02-12-2015InterinosReconoce preaviso y cesantía a una interina municipal con más de un año, aunque el cese tuvo causa objetiva.
- Voto 115-2019Sala Segunda06-02-2019Fuero sindicalLa reestructuración debe respetar la libertad sindical; la Administración debe justificar por qué es ineludible suprimir el puesto de una persona sindicalizada.
- Voto 867-2026Sala Segunda13-03-2026EmbarazoEl cese de una docente interina embarazada por inexistencia de necesidad de servicio no requería gestión ante el Ministerio de Trabajo, por tratarse de una causa objetiva.
- Voto 20385-2026Sala Constitucional05-06-2026DiscapacidadUn cese con responsabilidad patronal no exime de informar si se evaluaron los protocolos de protección de las personas con discapacidad.
- Voto 1724-2022Sala Primera26-07-2022CompetenciaLa competencia entre la vía laboral y la contenciosa se define por el régimen jurídico aplicable y el contenido de la pretensión.
- Dictamen C-022-199113-02-1991: para el art. 47 del Estatuto basta que la reorganización afecte el 60 % de un departamento, sección u oficina
- Dictamen C-086-201903-04-2019: desde la Ley 9635, cesantía con tope de 8 años (hasta 12 con convención vigente), que prevalece sobre el art. 27 c) del Reglamento del Estatuto
- Dictamen C-054-202125-02-2021: reitera el tope de 8 años para los cesados por reorganización
- Dictamen C-097-202429-05-2024: reitera el C-164-2015; la reorganización sin autorización de MIDEPLAN es absolutamente nula
- Dictamen C-229-202407-10-2024: reitera el tope de 8 años
- Dictamen C-158-202618-09-2026: art. 686 del Código de Trabajo y art. 155 b) del Código Municipal
- La Gaceta N.° 17923-09-2026, págs. 5 a 7: publicación de la circular MIDEPLAN-DM-CIRC-0016-2026
- Dirección General de Servicio Civil, Asesoría Jurídica, oficio AJ-OF-270-202421-06-2024: los arts. 47 del Estatuto y 20 de la Ley Marco coexisten (Revista de Jurisprudencia Administrativa N.° 46, págs. 104-106)
Normas cotejadas con SINALEVI y La Gaceta el 18-11-2026; votos leídos en su texto íntegro o en el pasaje citado y enlazados a Nexus. Los votos 8232-2000 y 4868-2009 se citan según su transcripción en el voto 1285-2010 de la Sala Segunda.
Preguntas frecuentes
¿Me pueden despedir por reestructuración si soy funcionario público en propiedad?
Sí, pero solo por reducción forzosa y como excepción. El artículo 192 de la Constitución lo admite por falta de fondos o para conseguir una mejor organización de los servicios. La Ley Marco de Empleo Público exige que la reducción se funde en una rigurosa justificación técnica y, si es por reorganización, que afecte al menos al 50 % de los empleados de la dependencia. Para el Servicio Civil, el artículo 47 del Estatuto pide falta absoluta de fondos o una reorganización que afecte al menos al 60 %, con consulta previa al Tribunal de Servicio Civil. La Sala Constitucional exige además que el puesto sea dispensable y no pueda integrarse en la nueva estructura.
¿Qué es la circular MIDEPLAN-DM-CIRC-0016-2026 y desde cuándo rige?
Es la circular del Ministerio de Planificación y de la Dirección General de Servicio Civil, del 28 de agosto de 2026, que fija cómo deben tramitar las instituciones bajo la rectoría de MIDEPLAN un cese por reducción forzosa: un expediente con ocho contenidos mínimos, la valoración documentada de alternativas, un acto motivado y el pago previo. Se publicó en La Gaceta N.° 179 del 23 de setiembre de 2026 y rige desde ese día. Los procedimientos iniciados antes siguen su trámite.
¿El porcentaje de la reorganización es 50 % o 60 %?
El 50 % es el de la Ley Marco de Empleo Público (artículo 20 e). El 60 % es el del Estatuto de Servicio Civil (artículo 47). La Asesoría Jurídica de la Dirección General de Servicio Civil sostiene que ambas normas coexisten, y la circular de MIDEPLAN ordena observar además el artículo 47 cuando se trata de personal del Servicio Civil. A noviembre de 2026 ningún tribunal ni dictamen de la Procuraduría ha resuelto expresamente la relación entre los dos porcentajes. El porcentaje mide cuántos empleados de la dependencia alcanza la reorganización; el número de personas cesadas puede ser mucho menor.
¿Qué me tienen que pagar si me cesan por reducción forzosa?
Las prestaciones y la indemnización que correspondan, antes de que el cese sea efectivo. Desde el 4 de diciembre de 2018 la indemnización es el auxilio de cesantía del artículo 29 del Código de Trabajo con un tope de 8 años (artículo 39 de la Ley de Salarios de la Administración Pública), o hasta 12 si una convención colectiva vigente lo prevé, según la Procuraduría. El antiguo mes de sueldo por año servido del Estatuto de Servicio Civil fue derogado por la Ley 9635. Se suman el preaviso y los demás extremos que la legislación reconoce al terminar la relación.
¿Me pueden cesar antes de pagarme?
No. La Ley Marco de Empleo Público dice que la reducción forzosa procede previo pago de las prestaciones y la indemnización, y la circular de MIDEPLAN repite que el cese podrá hacerse efectivo una vez realizado ese pago. La única excepción es que la persona se haya acogido antes de la decisión a una alternativa de movilidad laboral.
¿Pueden cesar a un interino porque eliminaron la plaza?
Sí. La Sala Constitucional admite el cese de un interino cuando hay una reestructuración que elimina plazas, con el cumplimiento de los requisitos legales, y remite la discusión sobre la supresión a la vía de legalidad. Sobre lo que se le paga, la Sala Constitucional resolvió en el voto 15256-2012 que el interino con más de un año ininterrumpido que es cesado sin causa se equipara a un trabajador por tiempo indefinido para la indemnización. No hay todavía un voto que aplique esa regla a un interino cesado por supresión de plaza.
¿Puedo volver a trabajar en el Estado después de recibir la cesantía?
Quien recibe cesantía no puede ocupar un cargo remunerado en ninguna dependencia del Estado durante un tiempo igual al que representa la suma recibida, salvo que la reintegre (artículo 686 del Código de Trabajo). En las municipalidades, quien fue cesado por reducción forzosa no puede regresar a la misma municipalidad antes de un año (artículo 155 b del Código Municipal). En el Servicio Civil, quien tenía al menos cinco años puede reingresar sin concurso dentro de los diez años siguientes (artículo 14 del Reglamento del Estatuto).
¿Sirve un recurso de amparo contra una reestructuración?
Para discutir si la plaza debía suprimirse, no: la Sala Constitucional lo considera un asunto de legalidad y lo remite a la vía administrativa o judicial ordinaria. Sí ha acogido amparos cuando la institución no entregó a la persona los estudios técnicos y financieros en que se basó la medida.
¿Cuánto tiempo hay para reclamar un cese por reducción forzosa?
Los derechos derivados del contrato de trabajo prescriben en un año desde que terminó la relación (artículo 413 del Código de Trabajo), y la demanda contencioso-administrativa contra un acto debe presentarse dentro del año siguiente a su notificación (artículo 39 del Código Procesal Contencioso-Administrativo). Ningún voto ha fijado cuál de los dos plazos rige la nulidad de un cese por reducción forzosa, por lo que conviene contar desde la fecha más temprana.
¿Qué pasa con los funcionarios del Ministerio de Gobernación?
La Ley 10983, publicada el 17 de noviembre de 2026, cierra el Ministerio de Gobernación y Policía desde el 1 de mayo de 2027. Ordena trasladar sus plazas a las entidades que asumen sus funciones, o al Ministerio de Seguridad Pública o a la Dirección General de Migración, «en estricto apego de sus derechos laborales». A quien no quiera trasladarse y decida terminar su relación con el Estado se le reconoce el pago de todos los extremos laborales.
Temas: Reducción forzosa · Reestructuración · Empleo público · Ley Marco de Empleo Público · Estatuto de Servicio Civil · MIDEPLAN · Cesantía · Interinos
Contenido informativo, revisado al 18 de noviembre de 2026. Su aplicación a un caso concreto depende del expediente. Política editorial.
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Abogado Asociado · Corporación GC
Licenciado en Derecho por la Universidad de Costa Rica, Abogado Asociado de Corporación GC.
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