Todas las publicaciones
Guía práctica
Revisado el

Despido de un funcionario público en Costa Rica: procedimiento, plazos y Tribunal de Servicio Civil

Cómo se despide hoy a un servidor público en Costa Rica: qué causas lo permiten, el procedimiento de la Ley Marco de Empleo Público y sus plazos, la prescripción de la falta, lo que decide el Tribunal de Servicio Civil, las reglas de las municipalidades y las demás instituciones, y la vía judicial que viene después.

Por
Lic. Khevin Alberto Sánchez Zamora
Licenciado en Derecho por la Universidad de Costa Rica, Abogado Asociado de Corporación GC.

A un servidor público en Costa Rica solo se le puede despedir por una causa justificada y después de un procedimiento que respete el debido proceso. Desde marzo de 2023, en el Poder Ejecutivo y en la mayoría de las instituciones públicas ese procedimiento es el de los artículos 21 y 22 de la Ley Marco de Empleo Público (Ley N.° 10159): la propia institución instruye el expediente, el jerarca decide y, en las instituciones del Servicio Civil, la apelación va al Tribunal de Servicio Civil dentro de 5 días hábiles. Los plazos son cortos para las dos partes: la institución tiene 1 mes para iniciar la investigación desde que conoce la posible falta, y la persona servidora tiene 15 días para oponerse a los cargos. Las municipalidades, el Poder Judicial, la Asamblea Legislativa y el Tribunal Supremo de Elecciones aplican reglas propias.

Esta guía explica el régimen general: quién queda en cada procedimiento, qué plazos corren, cuándo prescribe la falta, qué decide el Tribunal de Servicio Civil y qué viene después en los tribunales. El detalle de cada etapa del procedimiento, con sus figuras, está en nuestra pieza sobre los despidos en Hacienda por teletrabajo; la primera notificación tiene su propia guía del traslado de cargos, y la defensa en el expediente se trata en la guía sobre el procedimiento administrativo sancionatorio. Ninguna de ellas analiza la situación de una persona en particular.


Cuándo se puede despedir a un servidor público

La estabilidad es la regla del empleo público. El artículo 192 de la Constitución Política dispone que, «con las excepciones que esta Constitución y el estatuto de servicio civil determinen, los servidores públicos serán nombrados a base de idoneidad comprobada y sólo podrán ser removidos por las causales de despido justificado que exprese la legislación de trabajo, o en el caso de reducción forzosa de servicios, ya sea por falta de fondos o para conseguir una mejor organización de los mismos».

El artículo 27 inciso a) del Reglamento del Estatuto de Servicio Civil reúne las causales de despido de los servidores regulares: las del Código de Trabajo, la infracción grave del Estatuto, de sus reglamentos o de los reglamentos interiores, y otras que enumera. La Ley Marco de Empleo Público agregó una causal general, la de «obtener dos evaluaciones del desempeño consecutivas inferiores a una calificación del setenta por ciento (70%), que se encuentren en firme» (artículo 21), precedida de un plan remedial. El artículo 61 del Reglamento a la Ley Marco trasladó esa regla al Reglamento del Estatuto.

La responsabilidad disciplinaria por actos administrativos contrarios al ordenamiento tiene además una regla propia en la Ley General de la Administración Pública: el servidor responde cuando actuó con dolo o culpa grave, y «la sanción que corresponda no podrá imponerse sin formación previa de expediente, con amplia audiencia al servidor para que haga valer sus derechos y demuestre su inocencia» (artículo 211). Las faltas laborales comunes, como las ausencias o el abandono de labores, se rigen por el Código de Trabajo y los reglamentos de servicio.

Dos figuras quedan fuera de esta guía. La reducción forzosa es un cese sin falta alguna del servidor, con pago previo de las prestaciones y de la indemnización. La Ley Marco de Empleo Público la admite «en casos de excepciones muy calificadas», por falta de fondos o por una reorganización que «afecte por lo menos al cincuenta por ciento (50%) de los empleados de la respectiva dependencia pública», y exige que la preceda «una rigurosa justificación técnica» (artículo 20 inciso e) de la Ley 10159). Para quienes están cubiertos por el Régimen de Servicio Civil se suma el artículo 47 del Estatuto, que habla de falta «absoluta» de fondos, fija la reorganización en «por lo menos al sesenta por ciento de los empleados» y pide la consulta previa al Tribunal de Servicio Civil. La circular MIDEPLAN-DM-CIRC-0016-2026, del 28 de agosto de 2026, dirigida a las instituciones bajo la rectoría de ese ministerio, les ordena conformar antes un expediente con ocho contenidos mínimos, valorar y documentar medidas alternativas como reubicaciones, traslados o el no uso de plazas vacantes, y ejecutar el cese solo después del pago; para el Servicio Civil remite además al artículo 47 del Estatuto. Las dos normas, la circular, lo que se paga y cómo se impugna ese cese se explican en la guía sobre la reducción forzosa y el despido por reestructuración. Y las sanciones menores (advertencia oral, advertencia escrita y suspensión sin goce de sueldo hasta por 15 días, según el artículo 41 del Estatuto) se imponen en el mismo régimen disciplinario, aunque el jerarca y el Tribunal de Servicio Civil pueden sustituir un despido por una suspensión de hasta 1 mes (artículos 21 inciso h) y 22 de la Ley 10159).


El régimen desde la Ley Marco de Empleo Público

La Ley 10159 se aplica a los Poderes de la República y sus órganos, al Tribunal Supremo de Elecciones, a las instituciones autónomas y semiautónomas, a las universidades estatales, a la CCSS, a las empresas públicas estatales y a las municipalidades (artículo 2). Excluye a los entes públicos no estatales, a las empresas e instituciones públicas en competencia, salvo en lo relativo a la negociación colectiva, y al Benemérito Cuerpo de Bomberos (artículo 3). Para ese universo, el artículo 21 inciso a) crea un procedimiento único:

«En todas las dependencias bajo el ámbito de aplicación de esta ley se aplicará un único procedimiento administrativo especial de despido, que garantice la satisfacción del debido proceso y sus principios, el cual deberá ser concluido por acto final en el plazo de dos meses, a partir de su iniciación. La investigación preliminar, en los casos en que se requiera, no dará inicio al procedimiento indicado en el párrafo anterior; no obstante, esta deberá iniciar, bajo pena de prescripción, a más tardar en el plazo de un mes a partir de que el jerarca o la jerarca tenga conocimiento, sea de oficio o por denuncia, de la posible comisión de una falta de uno de sus servidores. El mismo plazo de un mes de prescripción se aplicará si, iniciada la mencionada investigación preliminar, esta permanece paralizada por culpa de la Administración.»

El mismo inciso fija el momento de inicio: «el procedimiento ordinario de despido dará inicio a partir de que el jerarca institucional adopte la decisión de iniciar dicho procedimiento con el nombramiento del órgano director del proceso». En lo que la ley no regula se aplican, en ese orden, la Ley General de la Administración Pública, las normas y principios del derecho público, el Código de Trabajo y el Código Procesal Civil (artículo 21 inciso j).

El cambio sustituyó la gestión de despido que buscan todavía muchos servidores. Hasta 2023, el ministro sometía «por escrito, a conocimiento de la Dirección General de Servicio Civil, su decisión de despedir»; la Dirección General daba al servidor «un plazo improrrogable de diez días» para oponerse, instruía el caso y enviaba el expediente al Tribunal de Servicio Civil, «que dictará el fallo del caso», con apelación en 3 días hábiles ante el Tribunal Administrativo del Servicio Civil (antiguos artículos 43 y 44 del Estatuto, según los transcribe el dictamen C-137-2022 de la Procuraduría). El artículo 50 de la Ley 10159 derogó esos dos artículos. Su transitorio III conserva el régimen anterior para lo que ya estaba en curso: «Los procedimientos administrativos y las gestiones de despido iniciados, con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley, continuarán su trámite de conformidad con las reglas que se encontraban vigentes.»

El Estatuto de Servicio Civil sigue vigente en lo demás, y el Tribunal de Servicio Civil sigue existiendo, con una función distinta: hoy conoce la apelación. Los artículos 14 inciso a) y 190 inciso a) del Estatuto todavía dicen que el Tribunal conoce «En primera instancia los casos de despido», porque la reforma que iba a cambiarlos se cayó durante el trámite legislativo (se explica al final de esta guía). El cambio de instancia quedó en el artículo 22 de la Ley 10159, que es posterior y especial, y SINALEVI anota en el Reglamento del Estatuto que el procedimiento de despido «ahora se regula de conformidad con las disposiciones de los artículos 21 y 22 de la Ley Marco de Empleo Público».


El procedimiento, paso a paso

El procedimiento puede ir precedido de una investigación preliminar, cuando hace falta para conocer los hechos. Empieza formalmente cuando el jerarca nombra el órgano director, que formula los cargos y da traslado a la persona servidora «por un término de quince días» (artículo 21 inciso b). La notificación se hace «personalmente por el correo electrónico institucional del funcionario, correo certificado o por medio de publicación por una única vez en el diario oficial La Gaceta, cuando se demuestre que no existe forma de localizar al presunto infractor». La Sala Segunda analizó un despido en el que «la única notificación del traslado de cargos que se va a analizar es la realizada al correo electrónico institucional (artículo 21 de la Ley de Empleo Público)», y al no encontrar indefensión declaró sin lugar la demanda (voto 3224-2025). El correo institucional es, por tanto, un medio legal de notificación y conviene revisarlo.

Si la persona no se opone en plazo, el jerarca puede dictar el despido sin más trámite (inciso c). Si se opone, el órgano director convoca a una comparecencia oral y privada (inciso e), en la que se recibe la prueba, y durante el procedimiento pueden acumularse nuevas causales (inciso f). El jerarca puede además suspender provisionalmente a la persona mediante resolución motivada (inciso d). Esa suspensión es una medida cautelar, y desde 1994 la Sala Constitucional tiene declarado que «es inconstitucional la interpretación y aplicación del artículo 190 inciso ch) del Estatuto de Servicio Civil, en cuanto implique que la suspensión de un servidor público acordada durante la sustanciación de un procedimiento administrativo sancionatorio, sea sin goce de salario» (voto 927-94). La suspensión por arresto o prisión preventiva tiene su propia regla en el artículo 41 del Estatuto.

Con el expediente instruido, el jerarca despide, archiva o impone «una amonestación oral, una advertencia escrita o una suspensión sin goce de salario hasta por un mes» (inciso h). Contra el despido rige el artículo 22: «Contra la resolución de despido emitida por el jerarca o la jerarca se tendrá un plazo improrrogable de cinco días hábiles, contado a partir de la notificación de la resolución para interponer el recurso de revocatoria y/o el recurso de apelación en subsidio, cuando este último resulte procedente». Si solo se presentó revocatoria, o no se recurrió, el acto queda firme y agota la vía administrativa (incisos a y b).

EtapaPlazoDesde cuándoNorma
Inicio de la investigación preliminar1 mes, bajo pena de prescripciónDesde que el jerarca conoce la posible falta, de oficio o por denunciaLey 10159, art. 21 a)
Investigación preliminar paralizada por culpa de la Administración1 mes de prescripciónDesde la paralizaciónLey 10159, art. 21 a)
Oposición al traslado de cargos15 días (el inciso g habla de 10 días)Desde la notificación del trasladoLey 10159, art. 21 b) y g)
Acto final del procedimiento2 meses; según la Procuraduría, plazo ordenatorioDesde el nombramiento del órgano directorLey 10159, art. 21 a)
Recursos contra una sanción menor5 díasDesde la notificación de la sanciónLey 10159, art. 21 i)
Revocatoria y apelación contra el despido5 días hábiles, improrrogableDesde la notificación de la resoluciónLey 10159, art. 22
Ejecución del despido autorizado1 mes, de caducidadDesde la notificación de la resolución firmeLey 10159, art. 22

Tres datos de esa tabla merecen precisión. El primero es que la ley da 15 días para oponerse al traslado en el inciso b), mientras el inciso g) se refiere a «los diez días otorgados para oponerse al traslado de cargos». La Sala Constitucional llamó a esa diferencia una «posible contradicción» al revisar el proyecto (voto 17098-2021), y la Procuraduría la calificó como una «inconsistencia evidente» (opinión jurídica OJ-125-2025). El proyecto de ley 24.291 quiso unificar el plazo y fue archivado el 7 de octubre de 2025 con dictamen unánime negativo de la Comisión de Asuntos Sociales, de modo que la ley sigue igual. El plazo para oponerse debe contarse con cuidado desde la notificación.

El segundo es que la ley no fija consecuencia para el incumplimiento de los 2 meses del acto final, y la Procuraduría recuerda que, «salvo en los casos en que el legislador haya dispuesto expresamente la perentoriedad, los plazos administrativos son ordenatorios» (OJ-125-2025). El tercero es el plazo final del artículo 22, que suele pasar inadvertido: «Autorizado el despido por resolución firme, el jerarca o la jerarca institucional tendrá un plazo de caducidad de un mes, contado a partir de la notificación de dicha resolución, para hacerlo efectivo».


La prescripción de la falta

Además de los plazos de la Ley 10159, la potestad de despedir prescribe. La regla está hoy en el artículo 414 del Código de Trabajo, que antes de la Reforma Procesal Laboral, vigente desde el 25 de julio de 2017, ocupaba el número 603:

«Sin perjuicio de lo que establezcan las disposiciones especiales sobre el plazo de prescripción, los derechos y las acciones de los empleadores o las empleadoras para despedir justificadamente a los trabajadores o las trabajadoras, o para disciplinar sus faltas, prescribirán en el término de un mes, que comenzará a correr desde que se dio la causa para la separación o sanción o, en su caso, desde que fueran conocidos los hechos causales. / En caso de que la parte empleadora deba cumplir un procedimiento sancionador, la intención de sanción debe notificarse al empleado dentro de ese plazo y, a partir de ese momento, el mes comenzará a correr de nuevo en el momento en que la persona empleadora o el órgano competente, en su caso, esté en posibilidad de resolver, salvo que el procedimiento se paralice o detenga por culpa atribuible exclusivamente a la parte empleadora, situación en la cual la prescripción es aplicable, si la paralización o suspensión alcanza a cubrir ese plazo.»

El Tribunal de Casación de lo Contencioso Administrativo considera que «resulta razonable sostener que lo dispuesto en el artículo 414 del Código de Trabajo es aplicable también a las relaciones de empleo público, salvo que exista normativa administrativa especial que prevalezca», y cuenta el plazo en dos momentos. Primero, «Un mes para la apertura del procedimiento», desde que el titular de la potestad puede conocer los hechos; si hace falta una investigación preliminar, «el plazo comenzará a correr a partir de la recepción del informe o documento que permita identificar con claridad los hechos y a los eventuales responsables». Después, «Un mes para la emisión del acto final», contado «desde el momento en que el jerarca cuente con los insumos suficientes que de manera objetiva y razonable le permitan adoptar la decisión final» (voto 179-2025). El plazo corre, entonces, también al final del procedimiento, entre la recomendación del órgano director y la notificación de la decisión.

En 2026 el mismo Tribunal precisó que el mes empieza cuando el órgano competente tiene un conocimiento suficiente para abrir el procedimiento, sin esperar a la certeza de la falta, y que confundir la investigación preliminar con la instrucción «vaciaría de contenido el instituto de la prescripción». Declaró también que la jurisprudencia del antiguo artículo 603 «se mantiene vigente para la adecuada aplicación del numeral 414» (voto 174-2026).

La consecuencia es la que fijó la Sala Segunda: «El efecto de la prescripción del derecho sancionador consiste en la extinción de la potestad respectiva, lo cual significa que la parte empleadora ya no puede ejercitarla válidamente.» (voto 3000-2026). En ese mismo voto la Sala no entró a decidir cómo se relaciona el mes del artículo 414 con el mes del artículo 21 inciso a) de la Ley 10159, porque el argumento se planteó por primera vez en casación. Esa relación sigue sin una respuesta de la Sala Segunda.

Cuando la falta se vincula con la Hacienda Pública, el plazo es otro. El artículo 71 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República fija 5 años para la responsabilidad administrativa por infracciones al ordenamiento de control y fiscalización, contados desde el hecho si es notorio o desde que el informe de la indagación o la auditoría llega al jerarca si no lo es. La prescripción se interrumpe «con efectos continuados, por la notificación al presunto responsable del acto que acuerde el inicio del procedimiento administrativo», y dejar prescribir la responsabilidad sin causa es falta grave del funcionario competente. El Tribunal de Casación aplicó ese régimen a un procedimiento nacido de una investigación de la Contraloría y sostuvo que «no resulta procedente desplazar ese régimen especial para aplicar el plazo previsto en el artículo 414 del Código de Trabajo» (voto 115-2026). La guía sobre el procedimiento administrativo sancionatorio desarrolla ese régimen.


El Tribunal de Servicio Civil

En las instituciones cubiertas por el Estatuto de Servicio Civil, como los ministerios, «el recurso de apelación se concederá en ambos efectos ante el Tribunal de Servicio Civil» (artículo 22 inciso d) de la Ley 10159): mientras el Tribunal resuelve, el despido no se ejecuta. El Tribunal puede confirmar el despido, sustituirlo por una amonestación, una advertencia escrita o una suspensión sin goce de salario de hasta 1 mes, o revocarlo; en este último caso «resolverá si procede la restitución del empleado en el puesto, con pleno goce de sus derechos y el pago en su favor de los salarios caídos».

Su decisión cierra la etapa administrativa. El artículo 22 dispone que la resolución del Tribunal «será definitiva, la resolución quedará en firme y agotará la vía administrativa. Dicho fallo es vinculante para el jerarca o la jerarca institucional». La Ley 8777, que regula el Tribunal Administrativo del Servicio Civil, excluye de las apelaciones que ese órgano conoce «la materia de despidos» (artículo 9).

El Tribunal de Servicio Civil es un órgano administrativo, y sus fallos pueden discutirse en los tribunales de justicia. La Sala Constitucional lo estableció en 1990, al revisar los artículos del Estatuto que lo regulan: «lo que está constitucionalmente vedado es la creación de cualquier tribunal administrativo cuyos fallos tengan o puedan adquirir la inimpugnabilidad propia de la autoridad de la cosa juzgada jurisdiccional» (voto 1148-90).

Un despido firme es sin responsabilidad patronal y conlleva la pérdida de derechos, con excepción de los proporcionales y los de pensión (artículo 21 de la Ley 10159). Sus efectos alcanzan a todo el Estado: las sanciones que generan el despido sin responsabilidad patronal «impedirán a cualquier otra entidad u órgano que forme parte del Estado contratarlo por un plazo que va de seis meses a dos años» (artículo 4 inciso a). La Sala Constitucional no encontró inconstitucional esa regla y dejó al operador «aplicar el debido proceso al despido, valorar la relación existente entre el tipo de falta cometida y la sanción» (voto 17098-2021).


Instituciones fuera del Servicio Civil y municipalidades

El último párrafo del artículo 21 aparta del procedimiento único a varias instituciones: «El Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y los entes públicos con autonomía de gobierno u organizativa aplicarán el proceso de despido de acuerdo con su normativa interna, sus propias leyes o estatutos, según sea el caso. De no existir normativa institucional al respecto aplicará, supletoriamente, la Ley 6227, Ley General de la Administración Pública, de 2 de mayo de 1978, las normas de derecho público, los principios generales del derecho público, el Código de Trabajo y el Código Procesal Civil.»

Ese párrafo responde a la consulta de constitucionalidad del proyecto. La Sala Constitucional declaró inconstitucionales los artículos 21 y 22 «respecto de su aplicación al Poder Judicial», porque «el ejercicio de la potestad disciplinaria de los servidores del Poder Judicial es parte esencial de la independencia judicial», con el mismo razonamiento para el Tribunal Supremo de Elecciones; la causal de las dos evaluaciones inferiores al 70 % sí es constitucional «en tanto la aplique el Poder Judicial y el Tribunal Supremo de Elecciones de acuerdo con su normativa interna» (voto 17098-2021). Cuando estas instituciones aplican la Ley General de la Administración Pública, la base es el procedimiento ordinario, porque sus reglas «serán aplicables […] a los procedimientos disciplinarios cuando éstos conduzcan a la aplicación de sanciones de suspensión o destitución, o cualesquiera otras de similar gravedad» (artículo 308 inciso 2).

Fuera de esos casos, el procedimiento de los artículos 21 y 22 se aplica también a regímenes estatutarios propios. La Procuraduría General lo sostuvo para todos los servidores del Ministerio de Relaciones Exteriores, «incluidos los funcionarios de carrera diplomática y los cubiertos por el régimen estatutario del servicio exterior» (dictamen C-155-2024, confirmado en el C-184-2024). Los docentes del Ministerio de Educación Pública tienen además reglas especiales en el Título II del Estatuto de Servicio Civil, sobre la carrera docente, que esta guía no desarrolla.

En las municipalidades, la Procuraduría concluyó que «La causal de despido dispuesta en el artículo 21 de la LMEP prevalece sobre lo previsto en la Convención Colectiva. Para el procedimiento de despido, en primera instancia, se aplica la regulación interna de la municipalidad; en su defecto, se utiliza de forma supletoria la legislación enlistada en el numeral 21.» (dictamen C-084-2026). El Código Municipal fija la escala de sanciones, que van de la amonestación verbal al despido sin responsabilidad, y encarga al alcalde acordar la suspensión y el despido (artículo 158). Su artículo 159 dispone que «El despido deberá estar sujeto tanto al procedimiento previsto en el libro segundo de la Ley general de la Administración Pública, como a las siguientes normas»: contra el acto final cabe apelación en 8 días hábiles ante el tribunal de trabajo del circuito judicial de la municipalidad; el alcalde remite el expediente en 3 días y el tribunal «tendrá la apelación como demanda»; la sentencia confirma el despido o restituye a la persona con salarios caídos, y en ejecución la persona puede renunciar a la reinstalación a cambio del preaviso, la cesantía «y el monto de dos meses de salario por concepto de daños y perjuicios».

Esa apelación municipal pertenece todavía a la vía administrativa. El Tribunal de Apelación de Trabajo explicó que el juzgado que la resuelve actúa como jerarca impropio, «al haber dictado el acto administrativo como jerarca impropio bifásico, agotando la vía administrativa», y que lo demás debe discutirse en la vía ordinaria (voto 357-2026). El procedimiento del artículo 159 no se aplica a los funcionarios que dependen directamente del Concejo ni a los ocasionales (artículo 161).


La vía judicial después del despido

Agotada la vía administrativa, el despido puede llevarse a los tribunales. El Código de Trabajo, tras la Reforma Procesal Laboral, incluye en la jurisdicción de trabajo «el conocimiento de todas las prestaciones derivadas de las relaciones de empleo público, para el cobro o cumplimiento de extremos laborales, así como las impugnaciones o nulidades de actos u omisiones de todas las instituciones u órganos de derecho público, relativas a dicho empleo, cuando por su contenido material o sustancial y el régimen jurídico aplicable deban ser ventiladas ante la jurisdicción laboral» (artículo 420). En las demandas laborales contra el Estado y los entes públicos, «el agotamiento de la vía administrativa será facultativo» (artículo 460).

Para el procedimiento en sí existe un proceso sumarísimo. El artículo 540 del Código de Trabajo permite a quienes gozan de estabilidad o de procedimientos especiales impugnar, «con motivo del despido o de cualquier otra medida disciplinaria o discriminatoria, la violación de fueros especiales de protección, de procedimientos a que tienen derecho, formalidades o autorizaciones especialmente previstas». Entre ellos están «Los servidores y las servidoras del Estado en régimen de servicio civil, respecto del procedimiento ante el Tribunal de Servicio Civil que les garantiza el ordenamiento» y «Las demás personas trabajadoras del sector público para la tutela del debido proceso o fueros semejantes, a que tengan derecho de acuerdo con el ordenamiento constitucional o legal». El plazo es de 6 meses: «La aplicación de tutela por violación del debido proceso, en el caso de despido, se regirá por el plazo de prescripción de seis meses» (artículo 542), sin necesidad de agotar la vía administrativa. El juzgado pide un informe a la institución y puede suspender los efectos del acto y reponer provisionalmente a la persona (artículo 543). El alcance de ese proceso es acotado: «La competencia del órgano jurisdiccional se reduce a determinar la violación del fuero, de los procedimientos, formalidades o autorizaciones y/o la existencia de un acto discriminatorio. Cualquier otra cuestión que pretenda debatirse en este proceso especial excede la competencia del órgano jurisdiccional y el objeto para el que fue creado.» (Sala Segunda, votos 2138-2026 y 1062-2026). Si existió la falta se discute en el proceso ordinario.

Para pedir la nulidad del despido y la reinstalación, la jurisdicción depende del régimen de la relación. La Sala Primera, al resolver conflictos de competencia, viene enviando al Tribunal Contencioso Administrativo los casos de servidores sujetos al derecho público. En 2025, con un agente de policía que había demandado en un juzgado de trabajo, resolvió que «Por mayoría, se declara que el conocimiento del presente proceso corresponde al Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. Voto salvado del magistrado Leiva Poveda.» (voto 623-2025). En 2026 explicó que «Lo dispuesto en la Reforma Procesal Laboral (artículo 420 y 430 del Código de Trabajo), se refiere a los procesos que por su régimen de empleo corresponda a la jurisdicción laboral (art. 3.2 LGAP)- empleados de la Administración Pública- y no ante relaciones o pretensiones sujetas a la aplicación del derecho público, como en el caso de estudio.» (voto 385-2026), y rechazó la revocatoria contra otra remisión al Tribunal Contencioso porque lo resuelto en un conflicto de competencia no admite recurso (voto 1263-2026). La Sala Segunda, por su parte, sigue resolviendo despidos de servidores públicos que llegan por la vía laboral sin que se discuta la competencia (votos 3000-2026 y 3224-2025).

No hay, por tanto, una regla simple para elegir la vía. La decisión depende del régimen de empleo, de lo que se pide y de lo ocurrido en el procedimiento, y es una decisión técnica que conviene tomar con asesoría. Cuando un tribunal ordena la reinstalación, el empleador debe cumplirla de inmediato; si hubo una reestructuración que la impide, se pagan los salarios caídos, los daños y los demás derechos, salvo fuero especial (artículo 573 del Código de Trabajo).


¿Y el recurso de amparo?

La Sala Constitucional rechaza de plano los amparos de servidores públicos contra su procedimiento de despido y los remite a la vía común. Desde la Reforma Procesal Laboral sostiene que los reclamos de debido proceso tienen una vía propia: «Iguales razones caben aplicar para las personas servidoras del Estado, respecto del procedimiento ante el Tribunal de Servicio Civil que les garantiza el ordenamiento jurídico, así como las demás personas trabajadoras del Sector Público para la tutela del debido proceso o fueros semejantes» (voto 2017-17948). Lo ha reiterado en los votos 2025-14269 y 2026-14771, este último con el voto salvado del magistrado Cruz Castro en cuanto a residenciar estos procesos en la vía ordinaria. La pieza sobre los despidos en Hacienda recoge el caso más reciente, y nuestra guía del recurso de amparo explica cuándo procede esa vía.


La acción de inconstitucionalidad contra el artículo 21

Contra la Ley 10159 hay acciones de inconstitucionalidad en trámite. En la tramitada bajo el expediente 23-003122-0007-CO se cuestionan, entre muchos otros, los artículos 21 y 49 de la ley, según informó la Sala Constitucional en julio de 2026 (voto 2026-27946). Mientras no se resuelvan, el procedimiento está vigente y se aplica. La Procuraduría lo dijo así en 2024, con cita de la Sala: en una acción planteada sin asunto previo «no opera el efecto suspensivo de la interposición» (dictamen C-155-2024). Nuestra guía de la acción de inconstitucionalidad explica qué se suspende y qué no durante su trámite.


De dónde salió el procedimiento: el expediente 21.336

La Ley Marco de Empleo Público nació del expediente legislativo 21.336, presentado por el Poder Ejecutivo el 8 de abril de 2019 y publicado en el Alcance 102 a La Gaceta N.° 84 del 8 de mayo de 2019. La Comisión de Gobierno y Administración lo dictaminó afirmativamente por mayoría el 10 de noviembre de 2020, con 6 votos contra 3. Tras la consulta de constitucionalidad (voto 17098-2021), se aprobó en segundo debate el 7 de marzo de 2022, se sancionó el 8 de marzo y se publicó en el Alcance 50 a La Gaceta N.° 46 del 9 de marzo de 2022. Rige desde marzo de 2023.

El proyecto original preveía un esquema distinto. Reformaba los artículos 14, 43 y 190 del Estatuto para que el Tribunal de Servicio Civil conociera los despidos «En segunda instancia […], previa remisión del expediente del procedimiento sumario administrativo de despido que se lleve a cabo en cada dependencia pública», y disponía que «En cada ministerio se aplicará un procedimiento administrativo sumario de despido, en concordancia con los artículos 229 y 367 inciso 2.e) de la Ley General de la Administración Pública […] el cual deberá ser concluido por acto final en el plazo de un mes», con revocatoria en «tres días hábiles». El Departamento de Servicios Técnicos objetó ese diseño, según el resumen que recoge el dictamen de mayoría: un procedimiento sumario que remitía a la Ley General de la Administración Pública para despedir chocaba con el artículo 308 de esa misma ley, generaría «una antinomia jurídica» y «podría ser contrario al artículo 192 constitucional».

El «único procedimiento administrativo especial de despido», con su plazo de 2 meses y el mes de prescripción de la investigación preliminar, apareció por primera vez en el texto actualizado por la Comisión de Redacción el 8 de febrero de 2021, después de la primera ronda de mociones de fondo, con un traslado de cargos de 10 días. En el texto del 10 de marzo de 2021, tras la segunda ronda, el inciso b) pasó a 15 días y el inciso g) conservó los 10; así llegó a la ley la diferencia que luego señalaron la Sala y la Procuraduría. La reforma de los artículos 14 inciso a) y 190 inciso a) del Estatuto se cayó en el trámite, y por eso esos artículos todavía hablan de primera instancia, mientras el cambio quedó en el artículo 22 de la ley. Después de la consulta de constitucionalidad, el texto final incorporó el párrafo que remite a la normativa propia del Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones y los entes con autonomía de gobierno u organizativa.


Preguntas frecuentes

¿Pueden despedir a un funcionario público en propiedad?

Sí, por una causa justificada y tras un procedimiento con debido proceso (artículo 192 de la Constitución). Valen las causales del Código de Trabajo, la infracción grave del Estatuto o de los reglamentos y dos evaluaciones del desempeño consecutivas y firmes inferiores al 70 %, con plan remedial previo.

¿Qué es la gestión de despido ante el Servicio Civil y sigue existiendo?

Era el trámite ante la Dirección General de Servicio Civil y el Tribunal de Servicio Civil de los antiguos artículos 43 y 44 del Estatuto. Desde marzo de 2023 lo sustituye el procedimiento de los artículos 21 y 22 de la Ley 10159, salvo para los procedimientos iniciados antes (transitorio III).

¿Cuánto tiempo tiene la institución para despedirme?

La institución tiene 1 mes para iniciar la investigación desde que el jerarca conoce la posible falta y 2 meses para el acto final (artículo 21 inciso a), además del mes de prescripción del artículo 414 del Código de Trabajo. En materia de Hacienda Pública, 5 años. Firme el despido, 1 mes de caducidad para ejecutarlo (artículo 22).

¿Cuánto tiempo tengo para apelar un despido y ante quién?

Son 5 días hábiles improrrogables para revocatoria y apelación; en las instituciones del Servicio Civil la apelación la conoce el Tribunal de Servicio Civil (artículo 22). En las municipalidades, 8 días hábiles ante el tribunal de trabajo (artículo 159 del Código Municipal).

¿Me pueden suspender sin salario mientras dura el procedimiento?

La suspensión provisional se dispone por resolución motivada (artículo 21 inciso d), y la Sala Constitucional declaró inconstitucional que sea sin goce de salario (voto 927-94). La suspensión por arresto o prisión preventiva tiene regla propia.

¿Si me despiden, puedo volver a trabajar en el Estado?

El despido sin responsabilidad patronal impide ser contratado por otra entidad del Estado durante 6 meses a 2 años (artículo 4 inciso a) de la Ley 10159).

¿Después del Tribunal de Servicio Civil puedo acudir a los tribunales?

Sí. Sus fallos no tienen autoridad de cosa juzgada (voto 1148-90). Caben el proceso sumarísimo laboral para tutelar el procedimiento, en 6 meses, y la demanda de nulidad, que la Sala Primera viene enviando al Tribunal Contencioso Administrativo cuando la relación se rige por el derecho público.

¿Sirve un recurso de amparo contra un despido en el sector público?

Por lo general, no. La Sala Constitucional rechaza de plano esos amparos y los remite a la vía laboral o a la contenciosa (votos 2017-17948, 2025-14269 y 2026-14771).


Fuentes

Normativa
  1. Constitución PolíticaArt. 192 (estabilidad y causales de remoción de los servidores públicos)
  2. Ley Marco de Empleo PúblicoLey N.° 10159 de 08-03-2022, Alcance 50 a La Gaceta N.° 46 de 09-03-2022, rige desde marzo de 2023; arts. 2, 3, 4 a), 20 e), 21, 22, 49 D) y 50, y Transitorio III
  3. Circular MIDEPLAN-DM-CIRC-0016-2026Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica y Dirección General de Servicio Civil, 28-08-2026: disposiciones generales para aplicar el inciso e) del art. 20 de la Ley Marco de Empleo Público (ceses por reducción forzosa)
  4. Estatuto de Servicio CivilLey N.° 1581 de 30-05-1953; arts. 14 a), 41, 47 y 190, y Título II (Carrera Docente); arts. 43 y 44 derogados por la Ley 10159
  5. Reglamento del Estatuto de Servicio CivilDecreto Ejecutivo N.° 21 de 1954; art. 27 a) (causales de despido)
  6. Reglamento a la Ley Marco de Empleo PúblicoDecreto Ejecutivo N.° 43952-PLAN; arts. 4 a) y 61 (evaluación del desempeño inferior al 70 %)
  7. Ley General de la Administración PúblicaLey N.° 6227, arts. 211, 213 y 308
  8. Código de TrabajoLey N.° 2, texto de la Reforma Procesal Laboral (Ley N.° 9343, vigente desde 25-07-2017); arts. 414, 420, 460, 540, 542, 543 y 573
  9. Código MunicipalLey N.° 7794, arts. 158, 159 (reformado por las Leyes N.° 8773 y 9748) y 161
  10. Ley Orgánica de la Contraloría General de la RepúblicaLey N.° 7428, art. 71 (prescripción de la responsabilidad administrativa, reformado por la Ley N.° 8292)
  11. Ley N.° 8777 (Tribunal Administrativo del Servicio Civil)Art. 9, reformado por el art. 49 D) de la Ley 10159 (competencia en apelación, con exclusión de la materia de despidos)
Jurisprudencia
  1. Voto 1148-90Sala Constitucional21-09-1990Naturaleza del Tribunal de Servicio CivilEl Tribunal de Servicio Civil es constitucional como órgano administrativo cuyos fallos agotan la vía y quedan sujetos a control judicial, sin autoridad de cosa juzgada.
  2. Voto 927-94Sala Constitucional15-02-1994Suspensión durante el procedimientoEs inconstitucional interpretar el art. 190 ch) del Estatuto en el sentido de que la suspensión acordada durante un procedimiento sancionatorio sea sin goce de salario.
  3. Voto 2017-17948Sala Constitucional08-11-2017Amparo y vía laboralTras la Reforma Procesal Laboral, los reclamos de debido proceso de los servidores públicos corresponden a la vía sumarísima laboral o a la contenciosa; reiterado en los votos 2025-14269 y 2026-14771, con rechazo de plano del amparo.
  4. Voto 17098-2021Sala Constitucional31-07-2021Consulta sobre la Ley MarcoLos arts. 21 y 22 del proyecto eran inconstitucionales en su aplicación al Poder Judicial y al TSE; la causal de las dos evaluaciones inferiores al 70 % y la inhabilitación del art. 4 a) no son inconstitucionales.
  5. Voto 2026-27946Sala Constitucional23-07-2026Acción pendienteInforma que la acción del expediente 23-003122-0007-CO, que cuestiona entre otros los arts. 21 y 49 de la Ley 10159, sigue en trámite.
  6. Voto 179-2025Tribunal de Casación de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda11-12-2025Prescripción en dos momentosEl art. 414 del Código de Trabajo rige el empleo público salvo norma especial: 1 mes para abrir el procedimiento y 1 mes para el acto final desde que el jerarca puede resolver.
  7. Voto 115-2026Tribunal de Casación de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda26-06-2026Hacienda PúblicaCuando la falta se vincula con la Hacienda Pública y el procedimiento nace de una investigación de la Contraloría, rige el plazo de 5 años del art. 71 de la Ley 7428.
  8. Voto 174-2026Tribunal de Casación de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda10-09-2026Inicio del plazo de prescripciónEl mes corre desde que el órgano competente tiene conocimiento suficiente para abrir el procedimiento; la jurisprudencia del antiguo art. 603 sigue vigente para el art. 414.
  9. Voto 3224-2025Sala Segunda24-09-2025Notificación por correo institucionalAnalizó la validez del traslado de cargos notificado al correo electrónico institucional conforme al art. 21 de la Ley 10159 y, sin indefensión, declaró sin lugar la demanda.
  10. Voto 1062-2026Sala Segunda25-03-2026Alcance del sumarísimoEl proceso del art. 540 del Código de Trabajo se limita a la violación del fuero, del procedimiento o de las formalidades, o a la existencia de un acto discriminatorio.
  11. Voto 2138-2026Sala Segunda03-07-2026Alcance del sumarísimoReitera que cualquier otra cuestión excede la competencia del juzgado en el proceso sumarísimo y el objeto para el que fue creado.
  12. Voto 3000-2026Sala Segunda18-09-2026Efecto de la prescripciónLa prescripción extingue la potestad disciplinaria; no entró a decidir la relación entre el art. 414 y el art. 21 a) de la Ley 10159 por ser un alegato nuevo en casación.
  13. Voto 357-2026Tribunal de Apelación de Trabajo del I Circuito Judicial de San José11-03-2026Despido municipalEl juzgado que conoce la apelación del art. 159 del Código Municipal actúa como jerarca impropio y agota la vía administrativa; lo demás va a la vía ordinaria.
  14. Voto 623-2025Sala Primera03-04-2025CompetenciaLa demanda de nulidad del despido y reinstalación de un agente de policía corresponde al Tribunal Contencioso Administrativo (por mayoría, con voto salvado).
  15. Voto 385-2026Sala Primera26-03-2026CompetenciaLos arts. 420 y 430 del Código de Trabajo cubren los regímenes de empleo que corresponden a la jurisdicción laboral; las pretensiones sujetas al derecho público van al Tribunal Contencioso Administrativo.
  16. Voto 1263-2026Sala Primera26-08-2026CompetenciaNo cabe revocatoria contra lo resuelto en un conflicto de competencia que remitió al Tribunal Contencioso Administrativo el despido de un servidor.
Procuraduría General de la República
  1. Dictamen C-137-202227-06-2022, a la Dirección General de Servicio Civil: transcribe los derogados arts. 43 y 44 del Estatuto y describe la gestión de despido anterior a 2023
  2. Dictamen C-155-202422-07-2024, confirmado en el C-184-2024 de 03-09-2024: los arts. 21 y 22 de la Ley 10159 se aplican a todos los servidores del Ministerio de Relaciones Exteriores, y la acción de inconstitucionalidad pendiente no suspende su aplicación
  3. Opinión jurídica OJ-125-202508-08-2025, sobre el proyecto 24.291: el plazo de 2 meses es ordenatorio y existe una inconsistencia entre los 15 días del art. 21 b) y los 10 del art. 21 g)
  4. Dictamen C-084-202603-06-2026, a la Municipalidad de Nicoya: la causal del art. 21 prevalece sobre la convención colectiva y el procedimiento se rige por la regulación interna de la municipalidad
Antecedentes legislativos
  1. Expediente 21.336Proyecto del Poder Ejecutivo, Alcance 102 a La Gaceta N.° 84 de 08-05-2019
  2. Comisión Permanente Ordinaria de Gobierno y AdministraciónDictamen afirmativo de mayoría de 10-11-2020, con el resumen del informe del Departamento de Servicios Técnicos
  3. Comisión de RedacciónTextos actualizados de 08-02-2021 y 10-03-2021, y redacción final de 23-06-2021
  4. Expediente 24.291Proyecto de reforma a los arts. 21 y 22 de la Ley 10159, archivado el 07-10-2025 con dictamen unánime negativo de la Comisión de Asuntos Sociales

Textos normativos: SINALEVI, versión vigente al 28 de octubre de 2026. Jurisprudencia: Nexus del Poder Judicial. Antecedentes: Sistema de Información Legislativa. Cotejo al 28 de octubre de 2026; la reducción forzosa, al 10 de noviembre de 2026.


Si usted enfrenta un procedimiento de despido en el sector público, los plazos empiezan a correr desde la primera notificación. Conozca nuestra área de empleo público y Servicio Civil y, para el detalle del procedimiento de la Ley Marco, la pieza sobre los despidos en Hacienda por teletrabajo.

Temas: Despido · Empleo público · Ley Marco de Empleo Público · Tribunal de Servicio Civil · Estatuto de Servicio Civil · Prescripción · Procedimiento disciplinario · Debido proceso

Contenido informativo, revisado al 10 de noviembre de 2026. Su aplicación a un caso concreto depende del expediente. Política editorial.

Atención directa

¿Enfrenta un caso relacionado con este tema?

Escríbanos por WhatsApp para una respuesta rápida y directa. Converse con nuestro equipo y reciba una orientación inicial de su situación.

Escribir por WhatsApp
Sobre el autor
Lic. Khevin Alberto Sánchez Zamora
Lic. Khevin Alberto Sánchez Zamora

Abogado Asociado · Corporación GC

Licenciado en Derecho por la Universidad de Costa Rica, Abogado Asociado de Corporación GC.

Ver perfil completo
Área de práctica
Empleo Público y Servicio CivilDefensa de servidores públicos ante despidos, suspensiones y sanciones disciplinarias

Otras guías de esta materia