Ley 10971: responsabilidad laboral de los contratistas con el Estado
Desde el 8 de octubre de 2026, quien le vende al Estado puede perder la oferta, el contrato y el derecho a contratar por incumplir la legislación laboral o por no pagar la póliza de riesgos del trabajo y las cargas sociales. Esta guía explica la Ley 10971 con el texto anterior y el vigente, lo que se discutió en la Asamblea Legislativa, lo que han resuelto la Sala Constitucional, la Sala Primera y la Contraloría, y las tres preguntas que la ley dejó abiertas.
Desde el 8 de octubre de 2026, incumplir la legislación laboral o dejar de pagar la póliza de riesgos del trabajo y las cargas sociales es causa de sanción para quien oferta o contrata con el Estado. La Ley N.° 10971, Ley de Responsabilidad Laboral de los Contratistas con el Estado, reformó dos artículos de la Ley General de Contratación Pública (Ley 9986): amplió las obligaciones de oferentes y contratistas en el artículo 14 inciso f) y creó una causal de sanción en el artículo 119 inciso r). Cuando el incumplimiento está «debidamente acreditado», la ley ordena excluir la oferta o resolver el contrato, y a ello se suma la inhabilitación para contratar.
La ley es breve, un artículo único y un transitorio, y su alcance es amplio. Toca a toda empresa con personal a cargo que le vende al Estado, sea de limpieza, seguridad, construcción, mantenimiento o tecnología, y dejó tres preguntas sin respuesta en su texto: qué abarca la expresión «entre otras», cuándo un incumplimiento está «debidamente acreditado» y qué clase de inhabilitación le corresponde. Esta guía recorre el texto, su historia en la Asamblea Legislativa y lo que ya han resuelto los tribunales y la Contraloría sobre las reglas que la ley vino a reforzar.
Qué cambió: el texto anterior y el vigente
La Ley 10971 se aprobó en segundo debate el 27 de agosto de 2026, se sancionó el 16 de setiembre y se publicó en el Alcance 136 a La Gaceta N.° 190 del 8 de octubre de 2026. Hizo tres cambios en la Ley 9986.
El primero está en el artículo 14 inciso f), que enumera las obligaciones de oferentes y contratistas. Antes exigía cumplir «con las obligaciones de la seguridad social, tanto de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf), así como con los impuestos nacionales». El texto vigente intercala dos obligaciones:
f) Cumplir con las obligaciones de la seguridad social, tanto de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf), las obligaciones laborales para con las personas trabajadoras, el pago de la póliza de riesgos de trabajo ante el Instituto Nacional de Seguros (INS), así como con los impuestos nacionales; lo anterior comprende cualquier contratación en el territorio nacional que realicen entes de derecho público internacional u organismos internacionales, incluidos los contemplados en el inciso a) del artículo tercero de esta ley, con respecto a las personas trabajadoras que presten sus servicios en el país.
El segundo es una causal de sanción nueva, el inciso r) del artículo 119:
r) El incumplimiento de la legislación laboral en cuanto al pago de salarios, aguinaldo, jornada laboral, entre otras, así como la falta de pago de la póliza de riesgos de trabajo ante el Instituto Nacional de Seguros, las contribuciones ante la Caja Costarricense de Seguro Social, el Instituto Nacional de Aprendizaje, el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares y el Instituto Mixto de Ayuda Social.
Para abrirle espacio, la ley corrió una letra los tres incisos que seguían, sin cambiarles el contenido: la resolución contractual en sede jurisdiccional con condena firme pasó del r) al s), las invitaciones a funcionarios del s) al t), y la participación en los hechos del artículo 125 del t) al u).
El tercero está en el párrafo final del artículo 119. Ese párrafo ya disponía que «cualquier violación debidamente acreditada» de ciertos incisos «generará la exclusión de la oferta del procedimiento y la resolución del contrato, si se detecta en la fase de ejecución». La reforma agregó el inciso r) a esa lista. El mismo párrafo conserva la regla de prescripción: la responsabilidad de los particulares prescribe en cinco años, contados desde el hecho.
Lo que la ley dejó igual importa tanto como lo que cambió. No reformó el artículo 118, que fija los tipos de inhabilitación, ni el artículo 121, que regula el procedimiento sancionatorio, ni el inciso g) del artículo 14, sobre subcontratistas. Tampoco tocó el Reglamento a la Ley General de Contratación Pública, cuyo artículo 293 inciso l) todavía enumera las causales de resolución con la lista anterior, sin la letra r).
Desde cuándo rige y para qué sirve el transitorio
La ley «rige a partir de su publicación», de modo que las obligaciones nuevas y la causal de sanción están vigentes desde el 8 de octubre de 2026. Por el artículo 34 de la Constitución Política, que prohíbe dar efecto retroactivo a una ley «en perjuicio de persona alguna», la causal del inciso r) alcanza los hechos ocurridos desde esa fecha.
El transitorio único tiene un objeto más estrecho de lo que su lugar en la ley sugiere:
Las instituciones mencionadas en el artículo 14, inciso f) contarán con un plazo de seis meses a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, con el fin de que realicen los ajustes a sistemas informáticos y operativos que sean necesarios, para poder acreditar o certificar el cumplimiento de las obligaciones de seguridad social por parte de los oferentes y contratistas.
El plazo vence el 8 de abril de 2027 y se dirige a las instituciones que certifican, que son la CCSS, el Fodesaf y el INS. No difiere las obligaciones de las empresas. Su texto se limita, además, a las «obligaciones de seguridad social»: nada dice de cómo se acreditará el cumplimiento de las obligaciones laborales. El transitorio entró por una moción aprobada en la Comisión de Asuntos Jurídicos el 14 de octubre de 2025, y el diputado que la defendió explicó que buscaba «un plazo razonable en la implementación de la ley» porque «se pueden generar cambios en los sistemas informáticos» (acta de la sesión N.° 30).
Qué incumplimientos cubre el inciso r)
El inciso tiene dos mitades. La primera es laboral en sentido estricto: «el pago de salarios, aguinaldo, jornada laboral, entre otras». Las reglas de fondo están en la legislación de trabajo, a la que el inciso remite sin reproducirla: el salario mínimo que fija cada año el decreto del Poder Ejecutivo, el aguinaldo de la Ley 2412 y la jornada de los artículos 136 y siguientes del Código de Trabajo.
La segunda mitad se refiere a pagos a instituciones: la póliza de riesgos del trabajo ante el INS y las contribuciones a la CCSS, al Instituto Nacional de Aprendizaje (artículo 15 de la Ley 6868), al Fodesaf (artículo 15 de la Ley 5662) y al Instituto Mixto de Ayuda Social (artículo 14 de la Ley 4760). Las de estas tres últimas instituciones las recauda la CCSS junto con las cuotas obrero-patronales, de modo que el patrono moroso con la Caja suele estarlo también con ellas.
Hay una diferencia entre los dos artículos reformados. El inciso f) del artículo 14 nombra a la CCSS, al Fodesaf, al INS y los impuestos nacionales; el inciso r) del artículo 119 agrega al INA y al IMAS. La Dirección Nacional de Inspección del Trabajo lo advirtió a la comisión y sugirió incluirlos en el artículo 14 «para que ambos artículos sean concordantes» (oficio MTSS-DMT-DVAL-DNI-DAL-131-2025). La observación llegó después del dictamen y el texto quedó como estaba.
El alcance de «entre otras»
La lista de incumplimientos laborales no es cerrada, y ese fue el punto más discutido en el segundo debate. El diputado José Miguel Villalobos Umaña lo planteó así: «En materia sancionatoria, establecer una tipicidad tan deficiente: 'entre otras', ese 'entre otras' es todo, todo, cualquier incumplimiento a la legislación laboral es una causal de sanción al contratista». El diputado Gonzalo Ramírez Zamora preguntó: «¿Entre otras cuáles, diputados y diputadas?». Quienes defendieron el proyecto no delimitaron la expresión; el diputado José María Villalta Flórez-Estrada respondió que «lo que se busca es que se respeten las reglas laborales mínimas» (acta de la sesión plenaria extraordinaria N.° 19, 27 de agosto de 2026).
El expediente da una pista de lo que se tenía en mente. La Inspección del Trabajo describió las denuncias que recibe de trabajadores de empresas de limpieza y seguridad contratadas por instituciones públicas: no «pagar salarios de acuerdo al mínimo legal», no asegurarlos ante la CCSS ni contra riesgos del trabajo, no otorgar vacaciones ni pagar aguinaldos, irrespetar la legislación de maternidad y paternidad, y no cancelar las prestaciones al despedirlos.
El parámetro con que los tribunales medirán esa redacción ya existe. La Sala Primera ha dicho que el principio de tipicidad exige «la predeterminación normativa de las conductas ilícitas y de las sanciones correspondientes», y que el órgano sancionador solo puede imponer sanciones «siempre que exista una adecuación entre el hecho cometido y la conducta descrita como infracción en la ley, so pena de nulidad de la resolución sancionadora» (resolución 001702-F-S1-2021, dictada sobre el régimen de la ley anterior).
Las consecuencias: exclusión, resolución e inhabilitación
Una misma falta puede producir tres efectos, que se tramitan por cauces distintos.
La exclusión de la oferta. Si el incumplimiento se acredita durante el concurso, el párrafo final del artículo 119 ordena excluir la oferta del procedimiento.
La resolución del contrato. Si se detecta durante la ejecución, el mismo párrafo ordena resolver el contrato. La resolución se rige por los artículos 113 y 114 de la Ley 9986. El primero la autoriza «por motivo de incumplimiento grave imputable al contratista»; el segundo fija el procedimiento: orden de suspensión del contrato, audiencia de diez días hábiles, prueba y recursos de revocatoria y apelación en cinco días hábiles. Firme la resolución, se ejecuta la garantía de cumplimiento.
Sobre ese procedimiento pesa una acción de inconstitucionalidad. La Sala Constitucional dio curso el 5 de octubre de 2026 a la acción contra el artículo 114 (expediente 26-034910-0007-CO), por debido proceso y derecho de defensa, y aclaró que la publicación de la acción «no suspende la vigencia de la norma en general, sino únicamente su aplicación en los casos y condiciones señaladas» (resolución de curso). La Procuraduría General de la República pidió declararla sin lugar en su informe del 27 de octubre. Al cierre de esta guía no hay sentencia.
La inhabilitación. El artículo 118 prevé dos: la simple, de seis meses a dos años, que impide participar en los concursos de la entidad que sanciona, y la calificada, de dos a diez años, que cierra los concursos de toda la Administración Pública. Se impone por el procedimiento del artículo 121, puede dictarla la entidad que promovió el concurso o la Contraloría General de la República, y se inscribe en el registro único de sanciones del sistema digital unificado. Las sanciones a proveedores y la defensa frente a una inhabilitación tienen cada una su guía.
El verbo que eligió el legislador es imperativo: la violación acreditada «generará» la exclusión y la resolución. En el segundo informe de mociones, la Comisión de Asuntos Jurídicos rechazó el 7 de abril de 2026, por dos votos contra seis y sin discusión, cinco propuestas que matizaban esa consecuencia. Una cambiaba «generará» por «podrá generar […] según la gravedad, reiteración y proporcionalidad del incumplimiento». Otra impedía la exclusión o la resolución cuando el incumplimiento se hubiera subsanado antes de la adjudicación o dentro del plazo dado por la Administración. Una tercera pedía valorar de forma especial a las pequeñas y medianas empresas (acta de la sesión N.° 62).
La inhabilitación: simple o calificada
Esta es la pregunta de más peso que deja la ley, y su texto no la contesta.
El artículo 118 inciso b) reserva la inhabilitación calificada para los casos en que se acredite la causal de los incisos a), c), d), e), f), g), h), j), k), l), m), n) y r) del artículo 119. La Ley 10971 no reformó ese artículo. Hasta el 7 de octubre de 2026, la letra r) designaba la resolución contractual declarada en sede jurisdiccional con condena firme. Desde el 8 de octubre designa el incumplimiento laboral y de cargas sociales. Leída por su letra, la remisión del artículo 118 recae ahora en la causal nueva, y la causal antigua, que pasó a ser el inciso s), quedó fuera de la lista.
La historia de esa letra es conocida. Entró en la Ley 9986 por una moción aprobada por unanimidad en la Comisión Especial el 2 de noviembre de 2020. Su proponente, el diputado Villalta, explicó que agregaba la resolución contractual en sede jurisdiccional como causal y que «se plantea en esta moción que dicha causal sea sancionada con inhabilitación calificada», porque esa resolución «solo ocurre cuando hay un incumplimiento grave significativo» (acta de la sesión extraordinaria N.° 14 de la Comisión Especial del expediente 21.546). La inhabilitación calificada había nacido en el proyecto original ligada a «hechos vinculados con la existencia de corrupción».
En el trámite de la Ley 10971 nadie analizó el efecto del corrimiento. No lo hicieron la exposición de motivos ni el dictamen. Tampoco el INS, que preparó un cuadro comparativo del artículo 119 completo, ni el Ministerio de Trabajo. El proyecto no tuvo informe del Departamento de Servicios Técnicos. El único diputado que citó el artículo 118 en el Plenario, Villalobos Umaña, dio por supuesta la inhabilitación simple: «la sanción más leve es una inhabilitación de seis meses a dos años […] Entonces, para graduar la sanción, entre seis meses a dos años, hay que acudir al 120». La expresión «inhabilitación calificada» no aparece en ninguna acta ni en las 316 páginas del expediente.
Quedan dos lecturas. La literal lleva el incumplimiento laboral a la inhabilitación calificada, de dos a diez años y ante toda la Administración. La histórica recuerda que la letra r) se incorporó al artículo 118 para una causal distinta, de la que el legislador de 2026 no dijo querer apartarse, y que la única opinión expresada en el debate fue la contraria. Ningún tribunal ni la Contraloría se han pronunciado todavía, y mientras eso no ocurra conviene tener presentes las dos.
El artículo 120 ordena graduar la sanción según, al menos, el impacto negativo en el servicio público o en el interés público, la reiteración de la conducta dentro de los dos años siguientes a la firmeza de la última sanción y la comisión de varias faltas en un mismo concurso. La Sala Constitucional ha considerado la inhabilitación «una limitación válida al derecho a la libre concurrencia» y ha dejado dicho que puede resultar excesiva en un caso específico «por su duración o por la cantidad de contrataciones de las que se le va a privar», análisis que corresponde a las autoridades competentes en cada caso (voto 2019-010642, sobre la ley anterior).
Un dato permite medir el cambio. Bajo la Ley de Contratación Administrativa derogada, el único caso que aparece en la jurisprudencia de una sanción impuesta por incumplir las obligaciones con la CCSS y el Fodesaf durante la ejecución de un contrato terminó en un apercibimiento (Tribunal Contencioso Administrativo, sentencia 2025-002476). La Ley 9986 eliminó el apercibimiento a particulares.
Qué significa «debidamente acreditada»
La expresión es anterior a la reforma y la ley no la define. En el Plenario, el diputado Ramírez Zamora formuló la duda completa: «¿qué significa debidamente acreditada? ¿Una denuncia, un informe administrativo, una resolución que todavía puede ser impugnada, una resolución firme, una sentencia judicial?».
La respuesta que consta en actas es la del diputado Villalta: «no hay una sanción automática […] esta causal está dentro de las causales del artículo 119 que se rigen por el procedimiento del artículo 121». Agregó que la proveeduría que administra el contrato da seguimiento, hace prevenciones y, si la situación es grave, abre el procedimiento, en el que «tendría que haber un informe que constate la existencia de violaciones a los derechos laborales que no han sido corregidas». La diputada Marta Eugenia Esquivel Rodríguez pidió dejar «una constancia clara de que cualquier elemento sancionador debe respetar el debido proceso».
Esas intervenciones son opiniones de quienes hablaron y deben leerse junto a lo que la comisión había votado meses antes. Una de las mociones rechazadas condicionaba la causal a que el incumplimiento hubiera «sido declarado mediante resolución administrativa o judicial firme». El texto aprobado no exige esa declaración previa: basta que la falta se acredite en el procedimiento.
Ese procedimiento está en el artículo 121. Empieza con la notificación de los hechos, «con señalamiento expreso de la imputación de cargos y de la prueba en la que se fundamente»; el interesado tiene diez días hábiles para presentar sus descargos por escrito y su prueba; la entidad resuelve en veinte días hábiles con un acto «debidamente motivado», contra el que caben revocatoria y apelación en cinco días hábiles.
Dos criterios anteriores orientan sobre el nivel de exigencia. La Sala Constitucional anuló la resolución de un contrato por morosidad con la CCSS porque el traslado de cargos había advertido una multa y el acto final resolvió el contrato: «la persona investigada debe conocer de antemano a que sanción se expone y que constituye un punto fundamental para ejercer su defensa, pues no es lo mismo […] una sanción pecuniaria menor que la resolución del contrato» (voto 2017-007225). Y la Contraloría, al interpretar la fórmula gemela del artículo 29 de la Ley 9986, que también ordena excluir la oferta ante una violación «debidamente acreditada», sostuvo que «un vicio por sí solo no puede ser entendido como razón unívoca para excluir una oferta» y que debe analizarse su trascendencia a la luz de los principios de eficacia, eficiencia y conservación de las ofertas (resolución R-DCP-SICOP-01999-2025, sobre el régimen de prohibiciones).
Queda un desajuste que la Inspección del Trabajo señaló a la comisión y que nadie atendió: los derechos laborales prescriben en un año desde la extinción del contrato de trabajo, según el artículo 413 del Código de Trabajo, y la responsabilidad del contratista por el inciso r) prescribe en cinco.
La morosidad con la seguridad social: lo que ya era regla
La parte del inciso r) que se refiere a la CCSS y al Fodesaf se suma a un régimen que ya existía. El artículo 74 de la Ley Constitutiva de la CCSS exige estar inscrito y al día para «participar en cualquier proceso de contratación» con la Administración, califica la morosidad como «causal de incumplimiento contractual», extiende la obligación a los subcontratistas con responsabilidad solidaria del contratista y, desde 2019, ordena a la entidad contratante retener los pagos del contratista moroso y girarlos a la Caja. El artículo 74 bis equipara a estar al día el arreglo de pago vigente y cumplido, salvo que el patrono o su grupo de interés económico hayan incumplido otro arreglo en los diez años anteriores.
¿Se puede subsanar?
Hasta hoy la respuesta ha sido afirmativa. La Sala Primera resolvió que la exigencia de estar al día con el Fodesaf «para participar» debe entenderse «como un requisito formal subsanable […] necesario únicamente para la adopción del acto de adjudicación», que el oferente puede corregir por iniciativa propia o a pedido de la Administración (resolución 000796-F-S1-2023, sobre la ley anterior).
La Contraloría trasladó ese criterio a la Ley 9986 con apoyo en el artículo 135 inciso a) de su Reglamento. En su resolución más reciente lo resume así: la morosidad en la apertura «no constituye una causal de exclusión automática ni un aspecto insubsanable»; estar al día es «una condición indispensable para resultar legítimamente adjudicatario»; y «la exclusión de una oferta sólo resulta procedente si el interesado no atiende la prevención en el plazo otorgado» (resolución R-DCP-SICOP-01853-2026, del 14 de octubre de 2026). La misma línea distingue la morosidad de quien ya está inscrito, que se subsana pagando, de la falta de inscripción como patrono, que la Contraloría ha tratado como evasión.
Esa resolución es posterior a la publicación de la Ley 10971 y no la menciona, porque el concurso era anterior. Toda la línea se construyó cuando la morosidad era un requisito de la oferta y todavía no una causal de sanción que «generará» la exclusión. Si la subsanación sobrevive igual, o si la reforma la estrecha, es una pregunta que ninguna resolución ha contestado. A favor de que subsista pesa lo dicho en el Plenario, donde el diputado Villalta dio por sentado que «con solo que uno haga un arreglo de pago en la Caja» deja de figurar como moroso. En contra pesa que la comisión rechazó las mociones que lo decían de forma expresa.
Durante la ejecución
El deber de estar al día no termina con la adjudicación. La Sala Primera lo afirmó el 9 de octubre de 2026, un día después de publicada la ley, en un caso de servicios de seguridad regido por las normas anteriores: «la obligación de estar al día no desaparece con la adjudicación ni con la formalización contractual, sino que acompaña la ejecución del contrato mientras subsista la relación administrativa». Con esa base validó que la institución suspendiera el pago de las facturas mientras durara la morosidad, porque el cartel lo había previsto (resolución 001519-F-S1-2026).
La Contraloría ha extendido el deber a los subcontratistas: es «un deber ineludible del oferente y del contratista velar porque los subcontratistas propuestos se encuentren al día con la CCSS», obligación que «rige de manera ininterrumpida en todas las etapas del proceso: admisibilidad, formalización y ejecución» (resolución R-DCP-SICOP-01285-2026).
La póliza de riesgos del trabajo
El Código de Trabajo ya prohibía, en su artículo 202, que los funcionarios suscribieran contratos «sin la previa presentación, por parte de los interesados, del seguro contra los riesgos del trabajo». El INS lo recordó a la comisión: la reforma traslada a la Ley General de Contratación Pública «una obligación legal existente» (oficio PE-00447-2025). En la práctica reciente, la Contraloría había tratado la póliza según lo que dijera el pliego: si este la pedía al contratista al inicio y durante la ejecución, una póliza vencida en la apertura no excluía la oferta (resolución R-DCP-SICOP-01348-2025). El inciso f) nombra ahora la póliza entre las obligaciones de oferentes y contratistas por igual, y está por verse si ese criterio se mantiene.
¿Responde la institución ante los trabajadores del contratista?
La Ley 10971 no crea responsabilidad solidaria de la Administración. La diputada Vianey Mora Vega, que explicó el origen del proyecto, fue expresa: «la relación laboral se queda con la empresa contratista», y la reforma busca que, por medio de la Ley de Contratación Pública, el Estado exija a esas empresas cumplir la legislación laboral.
La regla laboral de fondo sigue siendo la del artículo 3 del Código de Trabajo, que distingue al intermediario del contratista. La Sala Segunda la aplicó en 2025 a una empresa de vigilancia adjudicataria de una institución: el elemento del «capital propio» es «el factor que permite distinguir el intermediario -empresario solidariamente responsable con el beneficiario de la prestación de servicios-, del contratista -empresario autónomo único obligado frente a sus trabajadores y frente a las instituciones de previsión social». Como la empresa tenía capital propio y ejercía la subordinación, la Sala descartó la responsabilidad solidaria de la institución (resolución 2025-002537).
La ley sí refuerza un deber de vigilancia. El INS lo describió como la obligación de las administraciones de «supervisar el cumplimiento de las leyes y normas aplicables» mediante «sistemas, controles y procesos adecuados». La Procuraduría había sostenido antes que la mora con la seguridad social «fuerza a la administración a abrir un procedimiento administrativo para declarar la resolución del respectivo contrato» (opinión jurídica OJ-065-2019, no vinculante).
El respaldo constitucional de exigir la seguridad social para contratar
La exigencia de estar al día con la Caja para contratar con el Estado fue inconstitucional durante algunos años. En 1994 la Sala Constitucional anuló la frase del artículo 74 que la imponía para participar en licitaciones, porque consideró que «no es más que un mecanismo para compulsar ilegítimamente el pago de las cuotas, que constituye una desviación de poder» (voto 787-94).
La Sala cambió de criterio en 2002, después de que la Ley de Protección al Trabajador restableció el requisito. Ponderó «dos regímenes en pugna» y optó «por dar prioridad a la necesidad de mantener un sistema universal de seguridad social que depende para sus subsistencia de aportes tripartitos», de modo que exigir a las empresas estar al día «no resulta violatorio a los derechos de las empresas» (voto 2002-08583). En 2008 reafirmó la línea y le puso un límite: la Administración puede establecer medidas que compelan al pago «dentro de los límites del principio de razonabilidad y siempre que no se afecte el núcleo esencial de otros derechos constitucionales» (voto 2008-14750).
Ese es el marco en que deberá examinarse la proporcionalidad de las consecuencias del inciso r), sobre todo si prospera la lectura que lo lleva a la inhabilitación calificada.
De dónde salió la ley: el expediente 24.547
El proyecto lo presentó el 5 de setiembre de 2024 la diputada Rocío Alfaro Molina, con otros cinco diputados, y se publicó en La Gaceta N.° 178 del 25 de setiembre de 2024. La exposición de motivos explica que la iniciativa «surge de la urgente necesidad de regular la figura de la subcontratación de servicios» en la Administración Pública, donde «funciones como las de limpieza y seguridad son subcontratadas», e invoca el Convenio 94 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre las cláusulas de trabajo en los contratos celebrados por las autoridades públicas, cuyo artículo 5 pide «sanciones adecuadas, tales como la denegación de contratos» cuando esas cláusulas no se cumplan.
Costa Rica había ratificado ese convenio por la Ley 2561 de 1960 y lo había desarrollado dos veces por vía ejecutiva. El Decreto 11430-TSS de 1980 ordenó incluir cláusulas de protección al trabajo en los contratos del Estado y autorizó retenciones para garantizar los derechos de los trabajadores. La Directriz N.° 34 de 2002 mandó incorporar en todo cartel y contrato una cláusula de cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social, cuya inobservancia se tendría «como causal de incumplimiento del contrato». Lo que la Ley 10971 hace es llevar esa regla contractual a la ley y convertirla en causal de sanción.
El trámite fue corto en discusión. La Comisión de Asuntos Jurídicos consultó al Ministerio de Hacienda, al Ministerio de Planificación, al Ministerio de Trabajo y al INS; no consultó a la CCSS, a la Contraloría ni a la Procuraduría. Dictaminó el 9 de abril de 2025 por cuatro votos contra tres, sin informe del Departamento de Servicios Técnicos. El Plenario aprobó el proyecto en primer debate el 21 de abril de 2026 por 47 votos a favor y ninguno en contra, sin intervenciones, y en segundo debate el 27 de agosto de 2026 por 51 a 0. La única discusión de fondo ocurrió ese último día, y dos de los diputados que más criticaron la redacción anunciaron su voto a favor. Uno de ellos pidió que las interpretaciones futuras partan «de la base de que hay incumplimientos que no merecen la inhabilitación».
El texto del inciso r), con su «entre otras», venía así desde el proyecto original. Los impuestos nacionales y la mención de los organismos internacionales ya estaban en el inciso f) desde 2021: se habían incorporado a la Ley 9986 para que las agencias internacionales que contratan trabajadores en el país cumplieran con la seguridad social, según se explicó en el Plenario del 18 de mayo de 2021.
Qué conviene tener en orden
Para una empresa que le vende al Estado, la ley convierte en riesgo contractual lo que antes era, sobre todo, un asunto entre patrono y trabajador. Lo que hoy puede revisarse sin esperar criterios nuevos es lo que la ley nombra: el pago de salarios conforme al mínimo legal de cada puesto, el aguinaldo, las jornadas y las horas extra, la póliza de riesgos del trabajo vigente y al día, y las planillas de la CCSS, que arrastran las contribuciones al Fodesaf, al INA y al IMAS. Lo mismo vale para los subcontratistas, por quienes el contratista responde frente a la Administración.
Para una institución, la ley refuerza el deber de verificar. El artículo 122 del Reglamento ya ordena constatar el estado de las obligaciones del oferente y del subcontratista por consulta en línea, y permite hacerlo en cualquier momento. Lo que falta definir es cómo se verificará el cumplimiento laboral, para el que no existe una certificación equivalente a la de la CCSS, y con qué garantías se tramitará cada caso. Mientras no haya reglamento o criterio de la Contraloría, el procedimiento del artículo 121 y los límites que la Sala Constitucional ha fijado al sancionar siguen siendo la referencia.
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Preguntas frecuentes
¿Qué establece la Ley 10971?
La Ley 10971, Ley de Responsabilidad Laboral de los Contratistas con el Estado, reformó los artículos 14 y 119 de la Ley General de Contratación Pública (Ley 9986). Obliga a oferentes y contratistas a cumplir las obligaciones laborales con sus trabajadores y a pagar la póliza de riesgos del trabajo, además de la seguridad social y los impuestos, y convierte el incumplimiento de la legislación laboral y la falta de pago de la póliza y de las cargas sociales en una causal de sanción, que genera la exclusión de la oferta y la resolución del contrato cuando está debidamente acreditada.
¿Desde cuándo rige la Ley 10971?
Rige desde su publicación en el Alcance 136 a La Gaceta N.° 190 del 8 de octubre de 2026. Su transitorio único da seis meses a la CCSS, al Fodesaf y al INS, hasta el 8 de abril de 2027, para ajustar los sistemas con que se acredita el cumplimiento de las obligaciones de seguridad social. Ese plazo es para las instituciones: la ley no difiere las obligaciones de oferentes y contratistas.
¿Qué incumplimientos laborales sanciona el nuevo inciso r) del artículo 119?
El inciso menciona el pago de salarios, el aguinaldo y la jornada laboral, y añade «entre otras», sin cerrar la lista. También sanciona la falta de pago de la póliza de riesgos del trabajo ante el INS y de las contribuciones a la CCSS, el INA, el Fodesaf y el IMAS. Qué otros incumplimientos caben en «entre otras» se discutió en el Plenario y quedó sin respuesta en el texto.
¿Qué sanción corresponde por incumplir la legislación laboral en un contrato con el Estado?
La exclusión de la oferta o la resolución del contrato, según la etapa, y la inhabilitación para contratar. El artículo 118 de la Ley 9986 prevé una inhabilitación simple de seis meses a dos años ante la entidad que sanciona y una calificada de dos a diez años ante toda la Administración, y reserva la calificada para una lista de incisos del artículo 119 que incluye la letra r). La Ley 10971 ocupó esa letra con la causal laboral sin reformar el artículo 118, y en el debate nadie analizó ese efecto. Cuál de las dos inhabilitaciones procede es hoy una cuestión abierta.
¿Qué significa que la violación esté «debidamente acreditada»?
La ley no lo define. La expresión ya estaba en el artículo 119 antes de la reforma. En el Plenario se dijo que la falta debe demostrarse en el procedimiento del artículo 121 de la Ley 9986, con imputación de cargos, prueba y diez días hábiles para el descargo. La comisión rechazó una moción que exigía una resolución administrativa o judicial firme que declarara el incumplimiento.
¿Puedo ponerme al día con la CCSS después de presentar la oferta?
Hasta ahora, sí. La Contraloría General de la República y la Sala Primera han tratado la morosidad con la CCSS y el Fodesaf como un requisito formal subsanable: el oferente puede ponerse al día o suscribir un arreglo de pago durante el estudio de las ofertas, y se le excluye si no atiende la prevención. Ese criterio se formó antes de que el incumplimiento fuera causal de sanción con exclusión de la oferta, y ninguna resolución ha dicho todavía si se mantiene igual después de la Ley 10971.
¿La institución responde ante los trabajadores si el contratista no les paga?
La Ley 10971 no crea responsabilidad solidaria de la Administración. La Sala Segunda ha resuelto que la institución contratante no responde solidariamente cuando la empresa es un verdadero contratista, con capital propio y que ejerce la subordinación sobre su personal; la solidaridad del artículo 3 del Código de Trabajo se reserva para el intermediario. La ley actúa por otra vía: sanciona al contratista y le permite a la Administración excluirlo o resolver el contrato.
¿La ley alcanza a los subcontratistas?
El inciso r) habla del incumplimiento sin distinguir. El artículo 14 inciso g) de la Ley 9986 obliga al contratista a verificar que sus subcontratistas estén al día con la CCSS y el Fodesaf, y el artículo 74 de la Ley Constitutiva de la CCSS lo hace solidariamente responsable por la inobservancia de esa obligación. La Contraloría ha resuelto que ese deber rige en la admisibilidad, la formalización y la ejecución del contrato.
Fuentes
- Ley de Responsabilidad Laboral de los Contratistas con el EstadoLey N.° 10971 de 16-09-2026, Alcance 136 a La Gaceta N.° 190 de 08-10-2026; artículo único (reforma los arts. 14 inciso f) y 119 de la Ley 9986) y transitorio único; rige desde su publicación
- Ley General de Contratación PúblicaLey N.° 9986, versión 15 de SINALEVI; arts. 3 a), 14 f) y g), 29, 113, 114, 118, 119, 120, 121, 122 y 123. El art. 118 no registra reformas
- Reglamento a la Ley General de Contratación PúblicaDecreto Ejecutivo N.° 43808-H, con reformas hasta el Decreto 45782 de 08-04-2026; arts. 32 c), 122, 135 a), 293 y 313. No ha sido ajustado a la Ley 10971
- Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro SocialLey N.° 17, arts. 74 (requisito para contratar, retención de pagos, incumplimiento contractual y subcontratistas) y 74 bis (arreglo de pago)
- Ley de Desarrollo Social y Asignaciones FamiliaresLey N.° 5662, arts. 15 (contribución patronal) y 22 (estar al día para contratar)
- Ley Orgánica del Instituto Nacional de AprendizajeLey N.° 6868, arts. 15 y 16 (contribución patronal y recaudación por la CCSS)
- Ley de Creación del Instituto Mixto de Ayuda SocialLey N.° 4760, arts. 14 a 16 (contribución patronal y recaudación por la CCSS)
- Código de TrabajoLey N.° 2; arts. 3 (intermediario), 136 y siguientes (jornada), 193, 201 y 202 (seguro de riesgos del trabajo) y 413 (prescripción)
- Constitución PolíticaArts. 34 (irretroactividad) y 73 (seguros sociales)
- Convenio N.° 94 de la OIT, sobre las cláusulas de trabajo en los contratos celebrados por las autoridades públicasAprobado por la Ley N.° 2561 de 11-05-1960; art. 5 (sanciones por inobservancia de las cláusulas de trabajo)
- Decreto Ejecutivo N.° 11430-TSS30-04-1980; cláusulas especiales de protección al trabajo en los contratos del Estado, retenciones y subcontratación. Antecedente; SINALEVI lo registra sin reformas
- Directriz N.° 34 del Poder Ejecutivo08-02-2002; cláusula obligatoria de cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social en carteles y contratos. Antecedente, dictado al amparo de la ley anterior
- Voto 787-94Sala Constitucional08-02-1994Estar al día con la Caja para licitarAnuló la frase del art. 74 de la Ley 17 que exigía estar al día para participar en licitaciones, por considerarla un mecanismo ajeno a los fines de la contratación. Criterio superado en 2002.
- Voto 2002-04888Sala Constitucional22-05-2002Cambio de criterioAcepta como legítimo que el legislador dote a la Caja de mecanismos de coerción para asegurar sus recursos; el voto 787-94 deja de controlar la materia.
- Voto 2002-08583Sala Constitucional04-09-2002Seguridad social frente a contrataciónPondera ambos regímenes y da prioridad al sistema universal de seguridad social: exigir estar al día para contratar no viola los derechos de las empresas ni el principio de razonabilidad.
- Voto 2008-14750Sala Constitucional03-10-2008Límite de las medidas de compulsiónLa Administración puede compeler al pago de las deudas con la Caja dentro de la razonabilidad y sin afectar el núcleo esencial de otros derechos.
- Voto 2017-007225Sala Constitucional19-05-2017Traslado de cargos y sanciónAnula la resolución de un contrato por morosidad con la CCSS porque el traslado de cargos advertía una multa: el investigado debe conocer de antemano la consecuencia a la que se expone.
- Voto 2019-010642Sala Constitucional12-06-2019Validez de la inhabilitaciónLa inhabilitación es una limitación válida a la libre concurrencia; el exceso de una sanción concreta lo analizan las autoridades competentes en cada caso. Dictado sobre la Ley 7494.
- Resolución 2026-092625Sala Constitucional05-10-2026Acción contra el art. 114 de la Ley 9986Da curso a la acción de inconstitucionalidad contra el procedimiento de resolución contractual (exp. 26-034910-0007-CO); la publicación no suspende la vigencia general de la norma.
- Sentencia 001702-F-S1-2021Sala Primera12-10-2021Tipicidad en las sanciones a contratistasLa sanción exige una conducta predeterminada en la ley y adecuación entre el hecho y el tipo, bajo pena de nulidad. Dictada sobre la Ley 7494.
- Sentencia 000796-F-S1-2023Sala Primera31-05-2023Morosidad con el FodesafEstar al día «para participar» es un requisito formal subsanable, exigible para adjudicar; el oferente puede corregirlo de oficio o a pedido de la Administración. Dictada sobre la Ley 7494.
- Sentencia 001519-F-S1-2026Sala Primera09-10-2026Morosidad durante la ejecuciónEl deber de estar al día con la CCSS acompaña toda la ejecución del contrato; es válido suspender el pago de facturas mientras dure la morosidad si el cartel lo previó. Hechos regidos por la Ley 7494.
- Sentencia 001438-F-S1-2012Sala Primera30-10-2012Riesgos del trabajo y subcontrataciónEl contratista general responde por las primas del seguro de riesgos del trabajo del subcontratista solo si este es un intermediario; si emplea capital propio, es el único obligado.
- Sentencia 2025-002537Sala Segunda20-08-2025Solidaridad de la institución contratanteLa institución no responde solidariamente por los trabajadores de la empresa de vigilancia adjudicataria: es contratista con capital propio y ejerce la subordinación, no intermediario del art. 3 del Código de Trabajo.
- Sentencia 2025-002476Tribunal Contencioso Administrativo12-03-2025Sanción por incumplir cargas socialesConfirma un apercibimiento impuesto bajo la Ley 7494 a una contratista que incumplió sus obligaciones con la CCSS y el Fodesaf durante la ejecución.
- R-DCP-SICOP-01801-2025Contraloría General de la República29-09-2025Subsanación de la morosidadBajo la Ley 9986 la morosidad con la CCSS en la apertura es subsanable (art. 135 a) del Reglamento); se excluye al oferente que no se pone al día tras la prevención.
- R-DCP-SICOP-01999-2025Contraloría General de la República24-10-2025Violación «debidamente acreditada» (art. 29)La fórmula debe leerse con los principios de eficacia, eficiencia y conservación de ofertas: hay que analizar la trascendencia del vicio. Dictada sobre el régimen de prohibiciones.
- R-DCP-SICOP-01348-2025Contraloría General de la República22-07-2025Póliza de riesgos del trabajoSi el pliego exige la póliza al contratista al inicio y durante la ejecución, una póliza vencida en la apertura no excluye la oferta. Anterior a la Ley 10971.
- R-DCP-SICOP-01285-2026Contraloría General de la República20-07-2026SubcontratistasEl oferente y el contratista deben velar por que sus subcontratistas estén al día con la CCSS en la admisibilidad, la formalización y la ejecución.
- R-DCP-SICOP-01853-2026Contraloría General de la República14-10-2026Síntesis de la reglaLa morosidad en la apertura no excluye de forma automática; estar al día es condición para resultar adjudicatario y la exclusión procede si la prevención queda sin atender. No menciona la Ley 10971.
- Opinión jurídica OJ-065-201912-06-2019: la mora con la seguridad social obliga a la Administración a abrir el procedimiento de resolución contractual (no vinculante)
- Dictamen PGR-C-029-202510-02-2025: toda Administración debe verificar el cumplimiento del art. 74 de la Ley Constitutiva de la CCSS en los trámites que ese artículo enumera
- Informe a la Sala Constitucional, exp. 26-034910-0007-CO27-10-2026: sugiere declarar sin lugar la acción contra el art. 114 de la Ley 9986
- Proyecto de ley y exposición de motivosLa Gaceta N.° 178 de 25-09-2024, pp. 28 a 30
- Dictamen afirmativo de mayoríaComisión Permanente Ordinaria de Asuntos Jurídicos, 09-04-2025
- Primer informe de mociones del art. 137Comisión de Asuntos Jurídicos, sesión N.° 30 de 14-10-2025: lenguaje inclusivo y transitorio único
- Segundo informe de mociones del art. 137Comisión de Asuntos Jurídicos, sesión N.° 62 de 07-04-2026: cinco mociones rechazadas
- Acta de la sesión plenaria N.° 13221-04-2026: aprobación en primer debate, 47 votos a favor
- Acta de la sesión plenaria extraordinaria N.° 1927-08-2026, pp. 16 a 40: discusión y aprobación en segundo debate, 51 votos a favor
- Instituto Nacional de Seguros, oficio PE-00447-202507-04-2025, respuesta a la consulta de la comisión
- Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Dirección Nacional de Inspección del TrabajoOficio MTSS-DMT-DVAL-DNI-DAL-131-2025 de 07-03-2025, remitido con la carta MTSS-DMT-632-2025 de 22-04-2025
- Ley publicadaAlcance 136 a La Gaceta N.° 190 de 08-10-2026
- Acta de la sesión extraordinaria N.° 14 de la Comisión Especial02-11-2020: moción 137-96, que incorporó la resolución contractual en sede jurisdiccional como causal y la llevó a la inhabilitación calificada, aprobada por seis votos
- Acta de la sesión plenaria ordinaria N.° 618-05-2021: explicación del inciso f) del art. 14 y de la mención de los organismos internacionales
- Mauricio Castro Méndez, Karen Carvajal Loaiza y Esteban Chacón Rojas, «Tipología de las relaciones de trabajo»Investigación de base del Informe Estado de la Nación 2019 (CONARE), pp. 29 y 30: Convenio 94 de la OIT y Decreto 11430 en la contratación administrativa
Textos normativos: SINALEVI y La Gaceta (Imprenta Nacional). Jurisprudencia: Nexus del Poder Judicial. Resoluciones de la Contraloría: sitio de la CGR. Expedientes legislativos: Sistema de Información Legislativa y Expediente Digital de la Asamblea Legislativa. No se localizó resolución que aplique la Ley 10971 al cierre del cotejo. Cotejo al 10 de noviembre de 2026.
Temas: Ley 10971 · Contratación Pública · Ley 9986 · Obligaciones laborales · Inhabilitación · Seguridad social · Proveedores del Estado · Procedimientos Sancionatorios
Contenido informativo, revisado al 10 de noviembre de 2026. Su aplicación a un caso concreto depende del expediente. Política editorial.
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Abogado Asociado · Corporación GC
Licenciado en Derecho por la Universidad de Costa Rica, Abogado Asociado de Corporación GC.
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