Compra pública innovadora en Costa Rica (Decreto 45763 de 2026)
La compra pública innovadora permite al Estado contratar una solución que el mercado todavía no ofrece. Esta guía explica el Decreto 45763, vigente desde el 21 de mayo de 2026: sus 3 tipos, la consulta al mercado, la ejecución por fases, la propiedad intelectual, el riesgo tecnológico y los recursos.
La compra pública innovadora es la vía con la que una institución costarricense contrata una solución que el mercado todavía no ofrece, o que exige una mejora o una adaptación significativa de lo que ya existe. La define el artículo 22 de la Ley General de Contratación Pública (Ley N.° 9986) y la regula el Reglamento de compra pública innovadora, Decreto Ejecutivo N.° 45763-H-MIDEPLAN-MICITT, del 9 de marzo de 2026, publicado en el Alcance 60 a La Gaceta 92 del 21 de mayo de 2026. Su artículo 44 dispone: «Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.» Está vigente desde ese día y, al 28 de octubre de 2026 no registra reformas en SINALEVI.
El decreto se aplica «a todos los sujetos cubiertos por el ámbito de aplicación de la Ley General de Contratación Pública para la adquisición de bienes, obras o servicios innovadores» (artículo 2). Tiene 44 artículos y un transitorio, en 4 títulos: disposiciones generales, procedimiento, gobernanza y disposiciones finales. Esta guía explica su fundamento legal, lo que cambió en el Reglamento general, los 3 tipos de compra, la consulta al mercado, la ejecución por fases, la evaluación, la propiedad intelectual, el riesgo tecnológico, los recursos que prevé y lo que han dicho hasta ahora la Dirección de Contratación Pública y la Contraloría.
El fundamento: el artículo 22 de la Ley 9986
La ley define la figura por su resultado. El primer párrafo del artículo 22 dice: «La compra pública innovadora consistirá en la adquisición de bienes, obras o servicios nuevos o significativamente mejorados en aspectos tales como sus procesos de producción, de construcción o nuevos métodos para su realización, que brinden una nueva solución que satisfaga de una mejor forma el interés público.»
Antes de acudir a ella, la Administración tiene 3 cargas: «valorar la mejora sustancial en la prestación del servicio público que se propone con la innovación, así como contar con el personal técnico capacitado para valorar la propuesta innovadora, debiendo desarrollar un plan de seguimiento y evaluación del contrato que se llegue a suscribir». El mismo artículo exige definir el objeto con «criterios de funcionalidad y desempeño» y tener definida «a priori la necesidad puntual que pretende satisfacer, así como los resultados esperados con la solución innovadora», y remite al reglamento para desarrollarlo. Ordena también verificar la legislación de propiedad intelectual según el tipo de innovación y observar el procedimiento del oferente único, y añade que, si existe más de un eventual proveedor, se debe realizar el procedimiento correspondiente. Su último párrafo permite desarrollar por asociación público-privada proyectos de investigación o de innovación tecnológica, como un prototipo o una propuesta novedosa cuyos bienes, obras o servicios no están disponibles en el mercado.
La ley toca la innovación en otros artículos. El artículo 20, reformado por la Ley 10859 de 2026, incluye «al fomento de la innovación» entre los fines de la contratación pública, y el artículo 21 pide a las instituciones promover consideraciones «de innovación en los pliegos de condiciones» de manera «objetiva, verificable y atinente al objeto contractual». El artículo 22 bis, sobre mejores tecnologías en obra por licitación mayor, regula otra figura; su desarrollo reglamentario es el artículo 59 ter, que agregó el Decreto 45782.
El Decreto 45763 cita como fundamento los artículos 140 incisos 3) y 18) y 146 de la Constitución, varios artículos de la Ley General de la Administración Pública y el artículo 129 inciso b) de la Ley 9986, que encarga a la Dirección de Contratación Pública proponer las mejoras regulatorias. Lo firmaron la primera vicepresidenta en ejercicio de la Presidencia y los ministros de Hacienda, MIDEPLAN y Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, que integran la Autoridad de Contratación Pública.
Qué derogó y qué agregó al Reglamento general
Hasta el 20 de mayo de 2026 la figura estaba en los artículos 60 a 71 del Reglamento a la Ley General de Contratación Pública (Decreto 43808-H). El Decreto 45763 hizo 3 cambios en ese texto:
- Agregó el artículo 59 bis (artículo 41 del decreto), sobre criterios de innovación en la contratación pública estratégica. Pide que, al fijarlos como factores de admisibilidad o de evaluación, «se utilicen los últimos criterios de actualización tecnológica o científica», conforme al Plan Nacional de Inversión Pública, el Plan Nacional de Compra Pública y las políticas de innovación, y dispone que la Administración no puede alegar la falta de análisis como imposibilidad: en ese caso debe pedir colaboración a otras unidades o a instituciones externas competentes.
- Reformó el artículo 60 (artículo 42), que ahora solo remite: «Para la compra pública innovadora se emitirá una reglamentación especial atendiendo a las disposiciones generales dispuestas en la Ley General de Contratación Pública y en este reglamento.»
- Derogó los artículos 61 a 71 (artículo 43).
5 días después se publicó el Decreto 45782, que reformó 31 artículos del Reglamento y agregó el 59 ter, sin tocar los artículos 59 bis a 71. La única conexión entre ambos está en la estimación: el artículo 23 del Decreto 45763 sustenta la estimación de una compra innovadora en los precios de referencia de los artículos 34 y 35 de la ley y 44 y 85 del Reglamento, y el artículo 44 es el que el Decreto 45782 reformó para obligar a consignar el precio de referencia y las bandas de tolerancia en el pliego.
| Tema | Reglamento 43808-H, arts. 60 a 71 (hasta el 20-05-2026) | Decreto 45763 (desde el 21-05-2026) |
|---|---|---|
| Tipos | Precomercial (con 3 subtipos), integrada y de soluciones finales sin definición; declaración jurada del oferente sobre la condición innovadora | Tres tipos definidos por niveles de madurez tecnológica; la Administración fundamenta en el expediente que la solución es innovadora (art. 4) |
| Paso previo | Coordinación facultativa con la Promotora; audiencia previa obligatoria | Identificación de necesidades, equipo multidisciplinario, vigilancia tecnológica y consulta preliminar facultativa, con informe y vigencia de 12 meses (arts. 5 a 18) |
| Procedimiento precomercial | El que corresponda; ante duda, licitación mayor | 2 etapas; licitación mayor solo cuando no sea posible determinar la estimación (art. 19) |
| Integrada | Se admitían ofertas sin la etapa comercial a MIPYME, universidades e institutos de investigación nacionales | La oferta incluye ambas etapas; esa excepción no se reproduce (art. 33) |
| Soluciones finales | Sin procedimiento propio | Precalificación en 2 etapas, 3 niveles, presentación oral y revocatoria contra el acto final (arts. 20 y 21) |
| Evaluación | 4 criterios obligatorios | 4 factores facultativos, entre ellos el impacto social y los algoritmos (art. 27) |
| Propiedad intelectual | Titularidad del contratista, con reservas posibles para la Administración | La define el pliego; si no lo prevé, titularidad compartida; con seguridades calificadas y secreto de Estado, de la Administración (art. 28) |
| Asociación público-privada de investigación | Requisitos propios | Sin desarrollo propio; rige el último párrafo del art. 22 de la ley |
| Propuestas no solicitadas | Ante la Promotora, el MICITT o la Administración; banco anual de iniciativas | Por el mecanismo de la Administración o el de la Promotora; el banco anual no se reproduce (art. 5) |
| Riesgo y pago | Sin reglas propias | Riesgo tecnológico, garantía por fase y pago por resultados (arts. 30, 31, 32 y 37) |
Los 3 tipos de compra pública innovadora
El artículo 1 orienta estas contrataciones a «la adquisición de una solución a la necesidad de la Administración que no existe en el mercado, o bien que implica una mejora o adaptaciones significativas de soluciones disponibles en el mercado», y el artículo 4 distingue 3 tipos según el nivel de madurez de la tecnología:
- Precomercial. «Comprende la contratación de servicios de investigación y desarrollo (I+D)», desde la investigación científica básica hasta un prototipo validado en un entorno simulado próximo a la escala precomercial.
- De soluciones finales previas a fase comercial. «Es la contratación de un bien o servicio que no existe en el mercado pero que puede desarrollarse en un periodo de tiempo razonable o bien que se trate de soluciones susceptibles de ajuste, adaptación o mejora en atención a las necesidades de la Administración.»
- Integrada. «Es aquella que comprende dentro de un mismo procedimiento, la compra pública innovadora pre-comercial y la compra pública innovadora de soluciones finales».
Para cualquiera de los 3, «la Administración deberá fundamentar en el expediente de la contratación que la solución es innovadora». Las adquisiciones deben observar además el Plan Nacional de Compra Pública y las políticas de la Autoridad de Contratación Pública y del rector en ciencia e innovación (artículo 1).
La fase preliminar y la consulta al mercado
El decreto regula con detalle lo que ocurre antes de la decisión inicial, y abre esa etapa a cualquier interesado.
Necesidades y propuestas. La Administración, «al menos una vez al año, podrá elaborar un documento con las necesidades» que tengan oportunidad de innovación, y puede explorar escenarios de demanda agregada (artículo 6). A la vez, cualquier persona puede presentarle una necesidad y una solución, adjuntando «la descripción funcional, la especificación del estado del arte de la tecnología, indicación del nivel de madurez de la tecnología en que se encuentra su innovación, así como los términos de titularidad y protección de los derechos de propiedad intelectual», por el mecanismo de la institución o por el de la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación (artículo 5). La Administración analiza la propuesta y, si atiende una de sus necesidades, valora iniciar la fase preliminar, «sin que la valoración de la solución propuesta se constituya en una ventaja competitiva o trato preferencial al proponente en ninguna de las fases del procedimiento que se llegare a tramitar».
Equipo y vigilancia tecnológica. La institución integra un equipo multidisciplinario con, como mínimo, «un funcionario de la proveeduría, un asesor legal, una persona con conocimiento en la necesidad por solventar nombrado por la unidad usuaria y de ser posible un experto en innovación», sujetos al régimen de prohibiciones de los artículos 24 y siguientes de la ley (artículo 7). La vigilancia tecnológica termina en un informe de conclusiones que se remite al superior en un plazo máximo de 10 días hábiles desde su suscripción, prorrogable por un periodo igual, y que se traslada a las unidades en otros 10 días hábiles (artículo 8).
Consulta preliminar al mercado. Es facultativa. El artículo 10 aclara: «Efectuar la consulta preliminar al mercado no implica una obligación para la Administración de realizar el procedimiento de contratación de compra pública innovadora.» Si la institución no usa la información recopilada, o no hace la consulta, debe motivarlo y acreditarlo en la decisión inicial. Cuando se hace, la convocatoria «debe ser pública y abierta a todos los interesados y realizarse por medio del sistema digital unificado, a través de las alertas tempranas previstas en el artículo 31 de la Ley General de Contratación Pública» (artículo 13), y toda la información previa a ella debe constar en SICOP (artículo 12). Cada propuesta incluye una declaración jurada del solucionador sobre la inexistencia de conflictos de propiedad intelectual, y la consulta puede dejarse sin efecto por acto motivado (artículo 14). El diálogo técnico, las aclaraciones y las ampliaciones del equipo no dan ventaja a ningún participante en el procedimiento ni en la adjudicación (artículo 15).
El equipo comunica a la jefatura el informe de resultados en un plazo máximo de 10 días hábiles desde el cierre de la consulta, prorrogable por un periodo igual (artículo 16). El estado del arte «no podrá exceder una vigencia de doce meses contados desde su emisión hasta la decisión inicial del procedimiento de compra pública innovadora» (artículo 18). Y participar en esta fase no cierra la puerta al concurso: «La participación como solucionador o ciudadano civil en la fase preliminar no impedirá la presentación de una oferta en el procedimiento de contratación, al tratarse de una fase exploratoria y anterior al procedimiento de compra pública innovadora.» (artículo 33).
Decisión inicial, pliego y procedimiento
Decisión inicial. Debe cumplir el artículo 37 de la ley, «incluyendo la identificación, gestión y mitigación de los riesgos, así como la distribución de éstos entre las partes», y designar un comité técnico que «deberá estar conformado por expertos reconocidos e integrado por tres miembros y no más de cinco, de los cuales al menos dos deberán ser de la Administración contratante» (artículo 22).
Pliego. Además de lo que piden el artículo 40 de la ley y el 90 del Reglamento, el artículo 25 enumera 13 contenidos mínimos, entre ellos el nivel mínimo de madurez tecnológica, las condiciones de propiedad intelectual, los indicadores de cada fase y el esquema de remuneración, «definiendo la cuantía máxima de pago para cada una de ellas». El artículo 26 ofrece una lista abierta de requisitos de admisibilidad: experiencia en proyectos similares, equipo humano y equipamiento, madurez tecnológica, plan y cronograma, transferencia de conocimiento, propiedad intelectual con declaración jurada y plan de riesgos y contingencias, entre otros.
Precomercial e integrada: 2 etapas. El artículo 19 dispone que la primera etapa «corresponde a la tramitación del tipo de procedimiento de contratación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley General de Contratación Pública, excepcionalmente cuando no sea posible determinar la estimación, se tramitará mediante licitación mayor, por su cuantía inestimable». La segunda etapa es la ejecución contractual, que puede desarrollarse en fases sucesivas según el pliego, reduciendo progresivamente el número de soluciones en desarrollo hasta llegar, en la medida de lo posible, al solucionador final. Se puede adjudicar «a uno o más solucionadores, siempre que así se haya justificado y previsto en el pliego de condiciones», y reducir su número en cada fase con los indicadores de cambio de fase fijados en el pliego (artículo 34). En la integrada, la oferta debe incluir la propuesta de la etapa precomercial y la de la comercial (artículo 33).
Ejecución por fases. La ejecución debe contemplar «al menos una fase de validación del prototipo» (artículo 35). El comité técnico hace el seguimiento, con visitas al sitio, y cada solucionador designa un administrador del contrato (artículo 36). Terminada una precomercial, la compra a escala comercial exige un nuevo procedimiento: el de proveedor único «únicamente para la primera adquisición», si así se previó en el pliego, o el procedimiento ordinario si hay más de un solucionador. En la integrada con resultado satisfactorio, «la Administración adquirirá la parte comercial en el mismo procedimiento sin requerir la tramitación de un nuevo procedimiento de contratación» (artículo 35).
Soluciones finales: precalificación. «La Administración desarrollará el procedimiento para esta adquisición mediante una precalificación en dos etapas.» (artículo 20). La primera se tramita conforme a los artículos 36 y 58 de la ley y clasifica a los participantes en 3 niveles: el 1, para quienes sobrepasan los mínimos; el 2, para quienes los cumplen; y el 3, para quienes no los cumplen. Se precalifica por acto motivado a los de los niveles 1 y 2. Antes de la segunda etapa, cada precalificado hace una presentación oral, con acta suscrita en el expediente de SICOP, y el pliego puede prever la mejora de precios del artículo 99 del Reglamento. El comité técnico emite el informe de análisis integral de las ofertas y el órgano competente dicta el acto final (artículo 21).
Cómo se evalúan las ofertas
La ley pide que la oferta sea «económicamente ventajosa en su conjunto, valorando para ello la calidad, los costos actuales y la disminución en los costos de mantenimiento, según corresponda», y permite valorar las mejoras para el medio ambiente y el ahorro energético (artículo 22). El decreto propone 4 factores, «pudiendo contemplarse»: el mérito innovador; el impacto social, económico y ambiental; el costo en el ciclo de vida «conforme al principio de valor por el dinero», que incluye «lo relacionado con los algoritmos utilizados por el solucionador»; y la participación o generación de capacidades nacionales (artículo 27). El régimen derogado los imponía como mínimo obligatorio.
El peso de esos criterios marca la diferencia con una licitación común. Cuando una institución incluye criterios de innovación en un concurso ordinario, la suma de los criterios estratégicos no puede superar el 25 % de la valoración del pliego (artículo 55 del Reglamento). El último párrafo de ese artículo, reformado por el Decreto 44745, exceptúa esta figura: «Los criterios estratégicos en la compra pública innovadora no estarán sujetos al porcentaje indicado anteriormente, debiendo determinarse éstos en atención a la solución que se requiere contratar.»
Propiedad intelectual y confidencialidad
El artículo 28 es el cambio de mayor alcance para quien desarrolla la solución. La Administración, en cumplimiento de la Ley sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos (Ley N.° 6683), «tiene la potestad de disponer en el pliego de condiciones de acuerdo con el objeto contractual o la solución esperada y la información recopilada en la fase preliminar, al menos, lo relacionado con:» la titularidad, el uso o la explotación extensivos a toda la Administración, la modificación, la extensión de licencias a terceros, la revisión de condiciones y la cesión del derecho de uso o explotación.
La regla supletoria está en el párrafo tercero: «En casos debidamente fundados y de conformidad con el ordenamiento jurídico, podrán preverse regulaciones en los pliegos condiciones diferentes a las establecidas en el presente artículo y de no preverse, la titularidad será compartida.» El cuarto reserva un supuesto: «Cuando existan seguridades calificadas y secreto de Estado los derechos de propiedad intelectual le corresponden a la Administración.» Si la institución actúa en competencia, el pliego puede disponer el uso exclusivo de la licencia en el territorio nacional y regular una eventual internacionalización.
El régimen derogado partía de la regla inversa: el antiguo artículo 69 del Reglamento reconocía la titularidad al contratista, con reservas posibles para la Administración. Desde el 21 de mayo de 2026, si el pliego calla, la titularidad es compartida. Por eso conviene leer el pliego antes de ofertar con la atención puesta en lo que dice sobre cada uno de esos 6 aspectos.
La información que el proponente revela tiene una protección propia. Según el artículo 11, la Administración «no podrá divulgar ni hacer pública, la información facilitada por los solucionadores en las fases preliminares y durante el procedimiento de contratación, cuando se haya declarado como confidencial por el solucionador y existan motivos técnicos o legales para ello». La protección no cubre los documentos con información pública, y la institución debe suscribir acuerdos de confidencialidad.
Riesgo tecnológico, garantía y pago por resultados
El decreto parte de que la innovación puede fallar. Define el riesgo tecnológico como el «Riesgo que existe ante la posibilidad de no obtener un resultado o de obtener uno distinto al esperado originalmente en el desarrollo de una solución innovadora, como resultado de un proceso incierto por falta de conocimiento técnico-científico en el momento de tomar la decisión de realizar la acción.» (artículo 3, inciso l), y su considerando VI explica que ese riesgo «es compartido entre las partes durante su ejecución».
La regla central está en el artículo 30: «Si el solucionador ha cumplido con sus obligaciones contractuales, salvo las que hubiesen resultado imposibles por causas debidamente sustentadas y contemplado el riesgo en el plan de mitigación, no incurrirá en responsabilidad alguna por no obtenerse el resultado establecido, ya sea para cada una de sus fases o el resultado final de la contratación, siendo procedente el pago correspondiente a la fase respectiva de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones y en el artículo 37 de este reglamento.» El mismo párrafo establece una eximente para el funcionario que identificó, evaluó y gestionó los riesgos desde la decisión inicial hasta el final de la ejecución. El párrafo siguiente cierra: «En ningún caso, lo señalado en este artículo generará algún tipo de indemnización a favor del solucionador.» Si el resultado falla por causas imputables al solucionador o por riesgos que no anticipó ni gestionó conforme al plan, se inicia el procedimiento sancionatorio de los artículos 121, 125 y 127 de la ley.
Las multas y cláusulas penales se aplican ponderando «el riesgo tecnológico asumido por las partes, a efectos de establecer criterios razonables y proporcionales» (artículo 31). La garantía de cumplimiento se pide «para cada una de las fases o etapas», con el ajuste correspondiente para quienes pasan de fase (artículo 32).
En la precomercial y la integrada, «los pagos se efectuarán conforme al cumplimiento de los resultados definidos en cada fase del proceso de ejecución contractual», con indicadores y criterios verificables fijados en el pliego, y el comité técnico emite su informe en 8 días hábiles desde el resultado final de cada fase (artículo 37). Cuando una fase no alcanza todos los indicadores, pero el contratista ejecutó el plan aprobado, generó productos o conocimientos con valor técnico y no es responsable del resultado, la relación termina por rescisión y puede autorizarse el pago parcial o total «únicamente de los costos acreditados» en esa fase, conforme al artículo 116 de la ley. El mismo artículo enumera los casos en que no se pagan las parciales, como la negligencia, el incumplimiento del cronograma, la falta de entregables, la desviación del objeto o la mala gestión de riesgos. En soluciones finales, el pago sigue el artículo 11 de la ley y el 18 del Reglamento.
Los recursos según el decreto
El decreto regula la impugnación en 4 puntos:
| Momento | Qué prevé el Decreto 45763 |
|---|---|
| Primera etapa de la precomercial y la integrada | Objeción al pliego y recurso contra el acto final de selección de solucionadores, según el tipo de procedimiento y en los plazos de los arts. 95, 97 y 99 de la Ley 9986 (art. 19) |
| Acto final de la segunda etapa en soluciones finales | Solo recurso de revocatoria (art. 21) |
| Selección de solucionadores entre fases de ejecución | Acto motivado del comité técnico, sin fase recursiva (art. 35) |
| Procedimientos iniciados antes del 21-05-2026 | El régimen recursivo vigente al adoptarse la decisión inicial (Transitorio I) |
Para la precomercial y la integrada, el artículo 19 dice: «En esta etapa se podrán interponer los recursos de objeción y contra el acto final de selección de solucionadores, según el tipo de procedimiento realizado dentro de los plazos establecidos en los artículos 95, 97, 99 y concordantes de la Ley General de Contratación Pública.» Para soluciones finales, el artículo 21 dispone que el comité técnico emite el informe de análisis integral «para que el competente, según lo dispuesto en el artículo 51 y concordantes de la Ley General de Contratación Pública dicte el acto final, el cual es susceptible de ser impugnado únicamente mediante recurso de revocatoria». Y el artículo 35 indica que la selección de solucionadores en cada fase la hace el comité técnico, «quienes emitirán un acto motivado de selección, el cual no tendrá fase recursiva».
El Transitorio I fija la aplicación en el tiempo: «Los procedimientos de contratación de compra pública innovadora iniciados, antes de la vigencia de este reglamento, se concluirán conforme a las disposiciones vigentes en el momento de adoptarse la decisión inicial del concurso, incluyendo el régimen recursivo aplicable a dicho procedimiento.» Es el mismo criterio de la decisión inicial que la Contraloría aplicó al Decreto 45782 en la resolución R-DCP-SICOP-01319-2026, citada en la guía de esa reforma.
Al 28 de octubre de 2026 la Contraloría no ha tenido ocasión de pronunciarse sobre estas reglas.
Qué han dicho la Dirección de Contratación Pública y la Contraloría
Al 28 de octubre de 2026 no se conoce ninguna resolución de la Contraloría ni sentencia judicial que aplique el Decreto 45763, ni sentencias de la Sala Primera o del Tribunal Contencioso Administrativo sobre compra pública innovadora. La Procuraduría no tiene dictámenes ni opiniones jurídicas sobre la figura. La Sala Constitucional la ha mencionado en votos sobre la Ley 9986, en la parte de resultandos, sin decidir nada sobre ella. Lo que existe son criterios de la Contraloría sobre los criterios de innovación del régimen estratégico, que ayudan a distinguir las 2 figuras.
El diagnóstico previo. En el informe de auditoría DFOE-FIP-IAD-00002-2024, del 21 de agosto de 2024, sobre la capacidad de gestión de la Autoridad y de la Dirección de Contratación Pública, la Contraloría recogió datos de esta última al primer semestre de 2023: «27 instituciones han utilizado criterios de innovación en los pliegos de condiciones», y en un informe de la Dirección «se concluye que existe un desconocimiento generalizado sobre el concepto de compra pública innovadora y que pareciera que existe una aplicación incorrecta de los criterios de innovación en los pliegos cartelarios». El mismo informe registró que la Dirección contaba con una cooperación técnica del BID para crear la normativa de la compra pública de innovación, y concluyó que hacía falta una revisión normativa para incentivar la compra estratégica y de innovación.
Los criterios de innovación exigen motivación. En la R-DCP-SICOP-02354-2025, del 15 de diciembre de 2025, una objetante pidió incluir en un pliego factores de evaluación sociales, ambientales, de pymes y de compra pública innovadora. La Contraloría rechazó la objeción por falta de fundamentación: la Administración tiene discrecionalidad para fijar la ponderación, y advirtió que, «previo a su incorporación en un pliego de condiciones se debe motivar y justificar de frente al objeto contractual y determinar con criterios objetivos que resulta aplicable». Ese criterio concuerda con el artículo 59 bis y con el artículo 56 del Reglamento, reformado por el Decreto 45782, que pide un sondeo o estudio de mercado previo.
El tope del 25 %. En la R-DCP-SICOP-01085-2026, del 19 de junio de 2026, sobre una objeción al pliego del Fideicomiso del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, la Contraloría describió, al repasar el régimen de la compra estratégica, que los artículos 55 y 96 del Reglamento fijan un límite máximo del 25 % en la ponderación total, con excepción de la compra pública innovadora. Es la primera resolución posterior al decreto que nombra esa excepción, y no decide nada sobre una compra innovadora. En la R-DCP-SICOP-01557-2026, del 2 de setiembre de 2026, una objetante alegó que un criterio de innovación del 10 % sin parámetros, sumado a los demás criterios estratégicos, excedía ese límite; la Administración se allanó y eliminó el criterio, y la Contraloría declaró con lugar ese extremo por allanamiento, sin pronunciarse sobre el fondo.
La guía de la Dirección de Contratación Pública. La Guía de Criterios de Innovación para las Compras Públicas Estratégicas, versión 1 de 2024, avalada por la Autoridad de Contratación Pública, desarrolla los artículos 20 y 21 de la ley, es decir, los criterios de innovación en pliegos ordinarios. Es anterior al Decreto 45763 y no regula la compra pública innovadora. No se han localizado oficios de la Dirección que interpreten el decreto, y el primer informe anual consolidado del artículo 38 todavía no puede existir. Desde el Decreto 45782, solo la Administración puede consultar a la Dirección de Contratación Pública.
Gobernanza y evaluación final
Dentro del mes siguiente a la finalización de cada procedimiento, la proveeduría remite un informe a la Dirección de Contratación Pública, que elabora «un informe anual consolidado» y lo publica por el medio que habilite (artículo 38). La Autoridad de Contratación Pública diseña la política pública y emite lineamientos, y la Dirección coordina mesas de trabajo y puede pedir información a las instituciones, «quienes deberán atender el llamado» (artículos 39 y 40). El decreto contempla también incentivos como «asesoría técnica, reconocimientos, el acompañamiento en incubación», otorgados con criterios objetivos de impacto e innovación (artículo 29).
De dónde salió el artículo 22
La Ley 9986 nació del expediente legislativo 21.546. En el proyecto original, publicado en el Alcance 192 a La Gaceta del 29 de agosto de 2019, la compra pública innovadora era el artículo 34, con 3 párrafos: verificar la propiedad intelectual según el tipo de innovación, definir el objeto por criterios de funcionalidad y desempeño con la necesidad fijada de antemano, y desarrollar proyectos de investigación por asociación público-privada. No definía la figura ni pedía valorar la mejora del servicio. El texto sustitutivo del 16 de diciembre de 2019, ya como artículo 28, agregó la remisión al procedimiento del oferente único.
El 18 de febrero de 2020, el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea criticó la redacción por confusa en su informe AL-DEST-IJU-027-2020 y planteó la pregunta de fondo: «¿Existe un proceso de contratación diferente denominado compra pública innovadora?». Preguntó también «¿En qué consiste esta “compra pública innovadora”?» y si debía seguir los procedimientos ordinarios «o se tratará como una excepción de los mismos».
El dictamen afirmativo unánime de la Comisión Especial, del 26 de junio de 2020, la llevó al artículo 22 y agregó la regla para cuando exista más de un eventual proveedor y la remisión al reglamento. El 13 de agosto de 2020, en la sesión extraordinaria N.° 13, la Comisión aprobó por 5 votos a 0 la moción 5-13, que introdujo una primera definición: «La compra pública innovadora consistirá en la compra de bienes o contratación de servicios que reúnan el requisito de novedad, de conformidad con la legislación aplicable de cada bien o servicio o, en su defecto, de las novedades reconocidas como tales por el sector pertinente, o que dicho bien o servicio incluya medidas tecnológicas novedosas.»
Esa definición duró poco. El texto actualizado del 11 de noviembre de 2020, tras el segundo día de mociones de la Comisión Especial, ya trae la redacción vigente: bienes, obras o servicios «nuevos o significativamente mejorados», la valoración de la mejora sustancial, el personal técnico, el plan de seguimiento y la oferta económicamente ventajosa en su conjunto. El acta de la sesión N.° 14 no transcribe las mociones, de modo que el cambio no puede atribuirse a una moción concreta. La redacción final del 17 de mayo de 2021 conservó ese texto. El legislador pasó así de un artículo que solo ordenaba cuidar la propiedad intelectual a uno que define la figura por su resultado y la sujeta a controles previos.
El reglamento tuvo su propio recorrido. El Decreto 43808-H de 2022 reguló la figura en una sección del Reglamento general. El 22 de marzo de 2024, en la sesión ordinaria N.º 03-2024, la Autoridad de Contratación Pública aprobó elaborar un reglamento específico. La Dirección de Contratación Pública sometió el proyecto a consulta pública por 10 días hábiles con un aviso en La Gaceta N.º 153 del 19 de agosto de 2025 (p. 98), y la Autoridad reiteró su aprobación el 13 de febrero de 2026. El decreto se firmó el 9 de marzo y se publicó el 21 de mayo de 2026.
Preguntas frecuentes
¿Qué es la compra pública innovadora?
La adquisición de bienes, obras o servicios nuevos o significativamente mejorados que brinden una nueva solución al interés público (artículo 22 de la Ley 9986), orientada a soluciones que no existen en el mercado o que requieren mejoras significativas (artículo 1 del Decreto 45763).
¿Desde cuándo rige el Decreto 45763?
Desde su publicación en el Alcance 60 a La Gaceta 92 del 21 de mayo de 2026 (artículo 44). Los procedimientos iniciados antes siguen con las normas vigentes al dictarse su decisión inicial, incluido el régimen recursivo (Transitorio I).
¿Qué tipos existen?
Precomercial, de soluciones finales previas a fase comercial e integrada (artículo 4). La Administración debe fundamentar en el expediente que la solución es innovadora.
¿Puedo proponer una solución a una institución?
Sí. Cualquier persona puede presentar una necesidad y una solución (artículo 5). La valoración no le da ventaja, y haber participado en la fase preliminar no le impide ofertar (artículo 33).
¿De quién es la propiedad intelectual?
Lo define el pliego. Si no lo prevé, la titularidad es compartida, y con seguridades calificadas y secreto de Estado es de la Administración (artículo 28).
¿Qué pasa si la innovación falla?
Si el solucionador cumplió y el riesgo estaba en el plan de mitigación, no responde y se le paga la fase según el pliego (artículo 30). Si una fase no alcanza los indicadores sin culpa suya pero dejó valor técnico, se rescinde con pago de los costos acreditados (artículo 37). No hay indemnización por el riesgo tecnológico.
¿Qué recursos caben?
Objeción y recurso contra el acto final de selección en la primera etapa de la precomercial y la integrada (artículo 19); solo revocatoria contra el acto final en soluciones finales (artículo 21); ninguno contra la selección entre fases (artículo 35).
¿En qué se diferencia de poner criterios de innovación en una licitación?
En una licitación común, los criterios de innovación cuentan dentro del tope del 25 % de los criterios estratégicos (artículos 55 y 59 bis del Reglamento). En la compra pública innovadora ese tope no aplica, y lo que se contrata es una solución que el mercado no ofrece o que requiere una mejora significativa.
Fuentes
- Decreto Ejecutivo N.° 45763-H-MIDEPLAN-MICITT, Reglamento de compra pública innovadoraDel 09-03-2026, Alcance 60 a La Gaceta 92 del 21-05-2026, pp. 178 a 197. Arts. 1 a 44 y Transitorio I; los arts. 41 a 43 agregan el 59 bis, reforman el 60 y derogan los arts. 61 a 71 del Reglamento a la Ley 9986
- Decreto Ejecutivo N.° 45763-H-MIDEPLAN-MICITT en SINALEVIFicha 107143, versión 1 de 1, sin reformas al 28-10-2026
- Ley General de Contratación PúblicaLey N.° 9986, arts. 3 c) (proveedor único), 20 y 21 (innovación), 22 (compra pública innovadora), 22 bis, 31 (alertas tempranas), 36, 37, 58 (precalificación), 95, 97, 99, 116, 128 y 129. Alcance 109 a La Gaceta 103 del 31-05-2021
- Reglamento a la Ley General de Contratación PúblicaDecreto Ejecutivo N.° 43808-H, arts. 44, 55 (tope del 25 % y excepción de la compra pública innovadora), 56, 59 bis, 59 ter y 60, texto vigente; arts. 61 a 71 derogados desde el 21-05-2026
- Decreto Ejecutivo N.° 45782-H-MIDEPLAN-MICITTReforma 31 artículos del Reglamento, entre ellos el 44, y agrega el 59 ter. Alcance 62 a La Gaceta 95 del 26-05-2026
- Ley sobre Derechos de Autor y Derechos ConexosLey N.° 6683 del 14-10-1982, a la que remite el art. 28 del Decreto 45763
- DFOE-FIP-IAD-00002-2024CGR, Área de Fiscalización para el Desarrollo de las Finanzas Públicas21-08-2024Diagnóstico antes del decretoInforme de auditoría sobre la capacidad de gestión de la Autoridad y la Dirección de Contratación Pública: al primer semestre de 2023, 27 instituciones habían usado criterios de innovación, y la Dirección detectó un desconocimiento generalizado de la compra pública innovadora. Concluye que se requiere revisión normativa.
- R-DCP-SICOP-02354-2025CGR, División de Contratación Pública15-12-2025Criterios de innovación: motivación previaRechaza por falta de fundamentación la objeción que pedía incluir factores de compra pública innovadora: la Administración tiene discrecionalidad para fijar la ponderación, y los criterios estratégicos deben motivarse frente al objeto contractual antes de incorporarse al pliego.
- R-DCP-SICOP-01085-2026CGR, División de Contratación Pública19-06-2026Tope del 25 % y su excepciónAl repasar el régimen de la compra estratégica, describe que los arts. 55 y 96 del Reglamento fijan un límite del 25 % en la ponderación total, con excepción de la compra pública innovadora. No decide sobre una compra innovadora.
- R-DCP-SICOP-01557-2026CGR, División de Contratación Pública02-09-2026Criterio de innovación sin parámetrosDeclara con lugar por allanamiento el extremo que alegaba que un criterio de innovación del 10 % sin parámetros excedía el tope del art. 55; la Administración lo eliminó. Sin pronunciamiento de fondo.
- Aviso de consulta pública del proyecto de Reglamento de Compra Pública InnovadoraLa Gaceta N.º 153 del 19-08-2025, p. 98; plazo de 10 días hábiles
- Guía de Criterios de Innovación para las Compras Públicas EstratégicasLineamientos para su definición y verificación, versión 1, 2024; desarrolla los arts. 20 y 21 de la Ley 9986 y es anterior al Decreto 45763
- Expediente 21.546Proyecto de Ley General de Contratación Pública, art. 34, Alcance 192 a La Gaceta del 29-08-2019
- Texto sustitutivo16-12-2019, la compra pública innovadora pasa al art. 28
- Departamento de Servicios TécnicosInforme jurídico AL-DEST-IJU-027-2020, 18-02-2020
- Comisión EspecialDictamen afirmativo unánime, 26-06-2020 (art. 22); moción 5-13, sesión extraordinaria N.° 13, 13-08-2020; texto actualizado del 11-11-2020
- Redacción final17-05-2021
- Autoridad de Contratación PúblicaSesión ordinaria N.º 03-2024 del 22-03-2024 (aprueba elaborar un reglamento específico) y sesión extraordinaria del 13-02-2026 (reitera la aprobación), según los considerandos X y XII del Decreto 45763
Textos normativos: La Gaceta (Imprenta Nacional) y SINALEVI, versión vigente al 28 de octubre de 2026. Resoluciones e informes: cgrfiles.cgr.go.cr. Al 28 de octubre de 2026 no se conoce ninguna resolución de la Contraloría ni sentencia que aplique el Decreto 45763. Cotejo al 28 de octubre de 2026.
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Temas: Compra pública innovadora · Decreto 45763 · Ley 9986 · Contratación Pública · Propiedad intelectual · SICOP
Contenido informativo, revisado al 28 de octubre de 2026. Su aplicación a un caso concreto depende del expediente. Política editorial.
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Abogado Asociado · Corporación GC
Licenciado en Derecho por la Universidad de Costa Rica, Abogado Asociado de Corporación GC.
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