Acción de inconstitucionalidad en Costa Rica: requisitos, asunto previo y trámite
Quién puede presentar una acción de inconstitucionalidad ante la Sala Constitucional, qué es el asunto previo del artículo 75, qué debe llevar el escrito, cuánto duran las etapas que fija la ley y qué efectos tiene la sentencia, con el texto vigente de la Ley de la Jurisdicción Constitucional y la jurisprudencia de la Sala.
La acción de inconstitucionalidad es el proceso con el que se pide a la Sala Constitucional que anule una ley, un decreto, un reglamento o cualquier otra norma o acto sujeto al Derecho Público porque contradice la Constitución. La regulan el artículo 10 de la Constitución Política, que encarga a la Sala declarar la inconstitucionalidad «por mayoría absoluta de sus miembros», y los artículos 73 a 95 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (Ley N.° 7135), que no han sido reformados desde que la ley se publicó en 1989.
La regla que decide casi todo está en el artículo 75: para presentarla hace falta un asunto previo, un proceso judicial o un procedimiento de agotamiento de la vía administrativa todavía pendiente, en el que ya se haya alegado la inconstitucionalidad. Solo algunos casos quedan exentos de ese requisito. Esta guía explica qué se puede impugnar, quién puede accionar, qué debe llevar el escrito, cómo se tramita y qué efectos tiene la sentencia, con el texto vigente de la ley y la jurisprudencia de la Sala.
Qué se puede impugnar y qué no
El artículo 73 abre la acción contra estas conductas:
- las leyes y otras disposiciones generales, «incluso las originadas en actos de sujetos privados», que infrinjan por acción u omisión una norma o principio constitucional;
- los actos subjetivos de las autoridades públicas que infrinjan la Constitución, «si no fueren susceptibles de los recursos de hábeas corpus o de amparo»;
- las leyes y acuerdos legislativos en cuya formación se violó «algún requisito o trámite sustancial» previsto en la Constitución o en el Reglamento de la Asamblea Legislativa;
- las reformas constitucionales aprobadas «con violación de normas constitucionales de procedimiento»;
- las leyes o disposiciones generales que se opongan a un tratado internacional, y los tratados mismos cuando su aprobación o su contenido infrinjan la Constitución;
- «la inercia, las omisiones y las abstenciones de las autoridades públicas».
La Sala ha precisado los bordes de cada supuesto. Un vicio en el procedimiento legislativo basta para anular una ley: en el voto 2017-012905 anuló el artículo 86 de la Ley N.° 9036 porque la Asamblea no consultó a la Corte Suprema un proyecto que tocaba la organización del Poder Judicial, y concluyó que «se incumplió un requisito sustancial del procedimiento legislativo». Las omisiones tienen un límite: «no toda omisión normativa puede ser objeto de impugnación ante la jurisdicción constitucional», solo la que choca con un deber previsto directa y expresamente en el Derecho de la Constitución o la que encierra una discriminación (voto 2025-002717). Cuando ese deber existe, la Sala puede declarar la omisión sin anular el texto, como hizo con el reglamento minero que no exigía estudio de impacto ambiental a ciertos proyectos (voto 2003-010421). Los actos de gobierno tampoco quedan fuera: el voto 2001-008239 rechazó la tesis de que gozaran de «un halo de inmunidad frente a la Constitución».
El artículo 74 excluye dos materias: los actos jurisdiccionales del Poder Judicial y los actos del Tribunal Supremo de Elecciones relativos a la función electoral. De ahí que «contra las resoluciones concretas de los tribunales no cabe una acción de inconstitucionalidad» (voto 3615-94). Lo que sí puede impugnarse es la jurisprudencia, entendida como «la reiteración de un criterio jurídico o de una interpretación que asume la condición de pauta de alcance normativo y general», demostrada con resoluciones ajenas al asunto del accionante (voto 2023-019489). Tampoco cabe atacar el contenido de la Constitución: la Sala se declara «incompetente para declarar la inconstitucionalidad por el fondo de una norma de la Constitución misma», y revisa las reformas parciales solo por vicios de procedimiento (voto 2025-024826).
El asunto previo: la regla del artículo 75
El primer párrafo del artículo 75 dice:
«Para interponer la acción de inconstitucionalidad es necesario que exista un asunto pendiente de resolver ante los tribunales, inclusive de hábeas corpus o de amparo, o en el procedimiento para agotar la vía administrativa, en que se invoque esa inconstitucionalidad como medio razonable de amparar el derecho o interés que se considera lesionado.»
La Sala lo lee como el rasgo que define el proceso: «se trata de un proceso de naturaleza incidental y no de una acción directa o popular» (voto 4190-95). De esa regla se desprenden cuatro exigencias.
Debe haber un asunto pendiente. Sirve un proceso judicial de cualquier materia, incluidos un hábeas corpus o un amparo, o un procedimiento administrativo que ya esté en la fase de agotamiento. Esa fase tiene un momento preciso: comienza «cuando el procedimiento esté en la fase de impugnación, esto es, a partir de la interposición de los recursos administrativos ordinarios procedentes contra la declaración administrativa de voluntad, juicio o conocimiento (acto administrativo final)» (voto 2025-011867). Antes del acto final la acción es prematura, y la sola revocatoria ante el órgano que dictó el acto tampoco basta, porque el asunto debe estar ante el jerarca (voto 2006-012015). La exigencia es sustancial: «la exigencia de un asunto previo pendiente de resolver, no constituye un requisito meramente formal» (voto 2023-022992).
La inconstitucionalidad debe haberse invocado en ese asunto, y antes de la acción. La invocación tiene que nombrar la norma, citar las disposiciones constitucionales lesionadas y explicar, al menos mínimamente, por qué las infringe. Si falta, el defecto no tiene arreglo: la invocatoria «debe realizarse de previo a la interposición de este proceso, lo cual no puede ser subsanado para los efectos de esta acción» (voto 2026-015211).
La acción debe ser un medio razonable. Invocar la inconstitucionalidad no alcanza si la anulación no cambiaría el resultado del asunto base. La Sala exige que la eventual declaratoria pueda «conducir a la estimación del amparo, como medio de tutela de los derechos que se invocan agraviados» (voto 1668-90, el precedente más citado de esta línea), y que el medio sea «absolutamente necesario en ese preciso momento» (voto 305-90). Por eso el demandado en un amparo, que no arriesga una condena, rara vez cumple el requisito, y por eso la Sala examina con más cuidado los amparos y hábeas corpus usados como base: la admisión de la acción detiene su resolución.
El plazo para accionar se extingue con la sentencia firme. El artículo 77 declara que el derecho a pedir la inconstitucionalidad «se extingue por caducidad cuando ese derecho no se ejercite antes de que el respectivo proceso judicial quede resuelto por sentencia firme», y el artículo 76 impide a quien ya accionó plantear otra acción en el mismo juicio o procedimiento, «aunque las funde en motivos diferentes».
Si el asunto base termina mientras la acción está en trámite, la Sala ha resuelto de dos maneras: ha rechazado la acción por falta de pendencia (voto 791-96) y ha aceptado el desistimiento cuando la pretensión se satisfizo fuera del proceso (voto 2017-006330). Las dos decisiones llevan votos disidentes, y la regla de principio sigue siendo la del voto 4190-95: admitida la acción, «la Sala debe dar su fallo determinando sobre el fondo planteado».
La acción sin asunto previo
Los párrafos segundo y tercero del artículo 75 dispensan el asunto previo en dos grupos de casos.
El primero depende de la materia: no hace falta asunto base «cuando por la naturaleza del asunto no exista lesión individual y directa, o se trate de la defensa de intereses difusos, o que atañen a la colectividad en su conjunto». La Sala definió los intereses difusos como los que pertenecen a «grupos de personas no organizadas formalmente, pero unidas a partir de una determinada necesidad social, una característica física, su origen étnico, una determinada orientación personal o ideológica, el consumo de un cierto producto», y los de la colectividad como bienes que afectan a todos los habitantes, por ejemplo la integridad territorial (voto 2001-008239). La inexistencia de lesión individual y directa corresponde a las normas de aplicación automática, que no generan un acto que se pueda impugnar; cuando la norma sí produce actos de aplicación, quien los sufre debe reclamar y construir así su asunto base (voto 2024-035448).
Las corporaciones y cámaras pueden accionar directamente en defensa de los intereses de sus miembros. La línea vigente, fijada en el voto 2014-001583, exige «que se trate de una entidad corporativa con personalidad jurídica la cual tenga definido dentro de sus objetivos y finalidades, la representación y defensa de un núcleo de intereses pertenecientes a los miembros de determinada colectividad o actividad común».
El segundo grupo depende del sujeto: el Contralor General de la República, el Procurador General de la República, el Fiscal General de la República y el Defensor de los Habitantes pueden accionar siempre, sin asunto previo.
Estas excepciones tienen un límite que la Sala repite: no pueden leerse «de forma tan amplia que se reconozca una acción popular, la cual está excluida de nuestro sistema de control constitucional» (voto 2024-035448). Ni siquiera el interés en que una reforma constitucional se haya tramitado bien legitima por sí solo a cualquier persona (voto 2006-011345).
Qué debe llevar el escrito
Los artículos 78 y 79 fijan los requisitos de forma:
- el escrito debe presentarse «debidamente autenticado» por un abogado;
- sus fundamentos se exponen «en forma clara y precisa, con cita concreta de las normas o principios que se consideren infringidos»;
- se presenta ante la Secretaría de la Sala con la certificación literal del escrito en que se invocó la inconstitucionalidad en el asunto principal;
- se acompañan «siete copias firmadas para los magistrados de la Sala, y las necesarias para la Procuraduría y las partes contrarias».
La Sala resume hoy esas exigencias así: «el escrito de interposición debe estar autenticado y contener una determinación explícita de la normativa impugnada, debidamente fundamentada, con cita concreta de los componentes del bloque de constitucionalidad que se consideren infringidos» (voto 2026-015211). La autenticación causa el timbre del Colegio de Abogados, y su falta, sin corregirse en plazo, llevó a la Presidencia a denegar el trámite de una acción en el voto 2026-019069.
La acción puede presentarse por la vía electrónica del Poder Judicial, con las reglas del Reglamento sobre Expediente Judicial Electrónico que aprobó Corte Plena en 2013: firma digital o firma registrada, y todos los días y horas son hábiles para presentar. En una prevención relatada en la sentencia 2026-015258, la Sala pidió que la firma del accionante y la del abogado que autentica fueran del mismo tipo, ambas autógrafas o ambas digitales. La ley no dispensa las copias del artículo 79 en la vía electrónica, de modo que conviene confirmarlo con la Secretaría de la Sala antes de presentar.
Si falta un requisito formal, el artículo 80 manda que la Presidencia señale los omitidos y ordene cumplirlos «dentro de tercero día»; si no se cumplen, deniega el trámite, y contra esa resolución cabe revocatoria en tres días, que resuelve la Sala. Los defectos de fondo siguen otro camino: el artículo 9 permite a la Sala rechazar de plano «cualquier gestión manifiestamente improcedente o infundada», y rechazar por el fondo las reiteraciones de acciones ya resueltas si no encuentra motivos para variar de criterio. Sobre la frontera entre ambos caminos hay una discusión abierta dentro de la propia Sala: en varios votos salvados, el magistrado Rueda Leal ha sostenido que una fundamentación insuficiente debe prevenirse conforme al artículo 80 en lugar de rechazarse de plano (votos 2024-035448 y 2025-002717).
El trámite ante la Sala
Superada la admisibilidad, la Presidencia dicta la resolución de curso. El trámite que sigue lo fija la ley paso por paso.
| Etapa | Qué ocurre | Plazo | Artículo |
|---|---|---|---|
| Corrección de defectos formales | La Presidencia previene los requisitos omitidos | 3 días | 80 |
| Audiencia | La Procuraduría General y la contraparte del asunto principal se pronuncian | 15 días | 81 |
| Aviso en el Boletín Judicial | Se publica tres veces consecutivas para que los tribunales y los órganos que agotan la vía no dicten resolución final | Tres publicaciones | 81 |
| Coadyuvancia y acumulación | Las partes de asuntos pendientes y quienes tengan interés legítimo pueden apersonarse; las acciones contra la misma norma se acumulan | 15 días desde la primera publicación del aviso | 83 y 84 |
| Vista | Audiencia oral para que el accionante, las partes y la Procuraduría presenten conclusiones | Al vencer los plazos anteriores | 85 |
| Sentencia | La Sala resuelve la acción | Un mes desde que concluye la vista | 86 |
La ley no fija un plazo total para el proceso, y no existe una cifra oficial verificada de su duración promedio.
La Procuraduría interviene como «órgano asesor de la Sala», y la Sala no queda atada a lo que digan ella ni las partes (voto 4190-95).
La admisión no suspende la ley. Desde 1991 la Sala lo dice sin rodeos: «la interposición de la acción de inconstitucionalidad no suspende la aplicación de la norma impugnada», que «mantiene su plena vigencia hasta tanto no sea anulada» (voto 1617-91). Lo que se suspende es el dictado de la resolución final en los procesos y procedimientos de agotamiento donde se discute la aplicación de la norma (artículo 81). El artículo 82 añade que «no se suspenderá ninguna etapa diferente a la de dictar la resolución final, salvo que la acción de inconstitucionalidad se refiera a normas que deban aplicarse durante la tramitación». La Sala ha graduado ese efecto cuando la suspensión causaría graves trastornos, por analogía con su potestad de dimensionar (voto 2016-016965, con voto salvado de tres magistrados).
La sentencia y sus efectos
Ganar y perder no tienen el mismo alcance.
La sentencia que rechaza la acción debe examinar todos los motivos alegados, pero «únicamente surtirán efecto entre las partes en el caso concreto y no producirán cosa juzgada»: la misma norma puede volver a impugnarse en otros casos (artículo 87). La Sala lo aplicó al rechazar la excepción de cosa juzgada contra una cláusula de convención colectiva que ya había declarado constitucional: «la cosa juzgada constitucional solo aplica para aquellos casos en los que se ha dado una declaratoria de inconstitucionalidad» (voto 2019-012747).
La sentencia que declara la inconstitucionalidad produce cosa juzgada y elimina la norma del ordenamiento desde la primera publicación del aviso en el Boletín Judicial (artículo 88). Anula también los demás preceptos cuya anulación resulte «evidentemente necesaria por conexión o consecuencia», y los actos de aplicación cuestionados (artículo 89).
Sus efectos en el tiempo los fija el artículo 91:
«La declaración de inconstitucionalidad tendrá efecto declarativo y retroactivo a la fecha de vigencia del acto o de la norma, todo sin perjuicio de derechos adquiridos de buena fe. La sentencia constitucional de anulación podrá graduar y dimensionar en el espacio, el tiempo o la materia, su efecto retroactivo, y dictará las reglas necesarias para evitar que éste produzca graves dislocaciones de la seguridad, la justicia o la paz sociales.»
La retroactividad es la regla. El dimensionamiento es la excepción, y la Sala lo usa para evitar daños mayores: al anular el artículo 86 de la Ley N.° 9036, fijó el inicio de los efectos en la fecha del primer edicto que anunció la acción, para no retrotraer procesos agrarios y contenciosos ya avanzados (voto 2017-012905). El artículo 92 ordena la retroactividad «en todo caso, en favor del indiciado o condenado» en procesos penales o sancionatorios, y el artículo 93 deja a salvo las situaciones consolidadas por prescripción, caducidad, cosa juzgada material o consumación irreversible en los hechos.
Antes de anular, la Sala busca conservar la norma: «En la medida en que la constitucionalidad de la norma sea superable mediante su interpretación conforme o por otro medio, puede y debe evitarse la drástica solución anulatoria» (voto 2003-010421).
Cómo se llegó a este diseño
La acción tal como hoy la conocemos nació en 1989, y su historia explica varias de sus reglas.
La Constitución de 1949 entregó el control a la Corte Plena con una mayoría muy exigente. En la sesión 169 de la Asamblea Nacional Constituyente se aprobó que la Corte declarara la inconstitucionalidad «por voto no menor de las dos terceras partes del total de sus miembros». El proyecto de Ley de la Jurisdicción Constitucional que el Poder Ejecutivo presentó en 1986 (expediente 10.273, publicado en La Gaceta N.° 129 del 10 de julio de 1986) conservaba ese modelo: la «demanda de inconstitucionalidad» la resolvía la Corte Plena, anular una ley exigía dos tercios, el escrito llevaba «la firma de dos abogados», el asunto previo era siempre judicial y la sentencia valía hacia el futuro, con su aplicación a los casos pendientes en manos del juez ordinario.
Todo cambió en el trámite. La Ley N.° 7128, de 18 de agosto de 1989, reformó el artículo 10 de la Constitución, creó la Sala Constitucional y le bastó la mayoría absoluta. La Ley N.° 7135 se publicó en el Alcance 34 a La Gaceta N.° 198 del 19 de octubre de 1989. Por el camino entraron el procedimiento de agotamiento como asunto base, la acción sin asunto previo y la legitimación de los cuatro jerarcas. El expediente legislativo no está digitalizado, de modo que lo que sigue proviene de las fuentes que transcriben sus actas con folio:
- los intereses difusos se incorporaron por una moción del diputado Corrales Bolaños (folios 1007-1008, citado en Jensen Ghesquiere, Revista de la Sala Constitucional n.º 3, 2021);
- la redacción del artículo 82, que limita la suspensión a la resolución final, viene de una observación escrita de Eduardo Ortiz Ortiz (folio 931, citado en la resolución de la Sala 2012-001489 y en el dictamen de la Procuraduría C-314-2007);
- el primer párrafo del artículo 91 copió, según explicó Rodolfo Piza Escalante, «el mismo texto que ya tiene el artículo 171 de la Ley General de la Administración Pública, respecto de actos absolutamente nulos», y el dimensionamiento nació de otra observación de Ortiz Ortiz, que pidió permitir a la Sala «graduar y dimensionar, en el espacio, en el tiempo y en la materia, los efectos del fallo anulatorio» (folios 952 y 1371, citados en Jensen Ghesquiere, 2021).
En 2010 el expediente 17.743 propuso suprimir la acción por intereses difusos y dar a la sentencia efectos solo hacia el futuro. El texto sustitutivo aprobado en comisión conservó ambas cosas, y el proyecto se archivó en 2018 sin votarse en el Plenario.
Diferencia con el amparo y con la consulta de constitucionalidad
El recurso de amparo protege a una persona frente a un acto, una omisión o una amenaza concreta contra sus derechos fundamentales, y la Sala ordena restablecerlos. La acción ataca la norma misma y, si prospera, la elimina para todos. Las dos vías se tocan: el artículo 73 deja la acción contra actos subjetivos para los casos que no admiten amparo ni hábeas corpus, y un amparo pendiente puede servir de asunto previo de una acción cuando la norma impugnada decide su resultado.
La consulta de constitucionalidad es otro instrumento. La consulta legislativa (artículos 96 a 101) se hace sobre proyectos de ley antes de su aprobación definitiva, y la consulta judicial (artículos 102 a 108) la formula un juez que tiene dudas sobre la constitucionalidad de una norma que debe aplicar.
Preguntas frecuentes
¿Qué es una acción de inconstitucionalidad en Costa Rica?
Es el proceso con el que se pide a la Sala Constitucional que anule una ley, un decreto, un reglamento u otra norma o acto sujeto al Derecho Público por ser contrario a la Constitución. La regulan el artículo 10 de la Constitución y los artículos 73 a 95 de la Ley N.° 7135. Si la Sala la declara con lugar, la norma sale del ordenamiento con efectos generales.
¿Qué es el asunto previo?
Es el proceso judicial, incluido un hábeas corpus o un amparo, o el procedimiento para agotar la vía administrativa, pendiente al presentar la acción, en el que ya se invocó la inconstitucionalidad como medio razonable de amparar el derecho o interés lesionado (artículo 75). La anulación debe poder cambiar el resultado de ese asunto a favor de quien acciona.
¿Se puede presentar una acción sin asunto previo?
Sí, cuando no existe lesión individual y directa, o se defienden intereses difusos o de la colectividad en su conjunto, y siempre en el caso del Contralor, el Procurador, el Fiscal General y el Defensor de los Habitantes (artículo 75). Las corporaciones pueden accionar en defensa de los intereses de sus miembros. Estas excepciones no crean una acción popular.
¿La acción suspende la ley impugnada?
No. La norma sigue vigente. Se suspende solo el dictado de la resolución final en los procesos y procedimientos de agotamiento donde se discute su aplicación, y la etapa concreta cuando la norma se aplica durante la tramitación (artículos 81 y 82; voto 1617-91).
¿Cuánto tarda la Sala en resolver?
La ley fija etapas: 15 días de audiencia, 15 días desde el primer aviso para coadyuvar, una vista oral y un mes desde la vista para fallar (artículos 81, 83, 85 y 86). No fija un plazo total, y no hay cifra oficial de duración promedio.
¿Qué pasa si la Sala rechaza la acción?
La sentencia desestimatoria solo vale entre las partes y no produce cosa juzgada, de modo que la norma puede impugnarse de nuevo en otros casos (artículo 87). Quien ya accionó no puede plantear otra acción en el mismo asunto (artículo 76), y la Sala puede rechazar por el fondo las reiteraciones si no encuentra motivos para cambiar de criterio (artículo 9).
Fuentes
- Constitución PolíticaArt. 10, reformado por la Ley N.° 7128 de 18-08-1989 (Sala Constitucional y control de constitucionalidad)
- Ley de la Jurisdicción ConstitucionalLey N.° 7135, arts. 9 (rechazo de plano), 73 a 95 (acción de inconstitucionalidad) y 96 a 108 (consultas)
- Reglamento sobre Expediente Judicial Electrónico ante el Poder JudicialCorte Plena, sesión 22-13 de 20-05-2013, art. XXXI (circular 104-2013), arts. 2 y 5
- Voto 305-90Sala Constitucional22-03-1990Medio razonableEl hábeas corpus y el amparo pueden servir de asunto previo, pero la razonabilidad se examina con más rigor: el medio debe ser absolutamente necesario en ese momento procesal.
- Voto 1668-90Sala Constitucional20-11-1990Medio razonableInvocar la inconstitucionalidad no basta: la eventual anulación debe poder conducir a la estimación del asunto base a favor de quien acciona.
- Voto 1617-91Sala Constitucional21-08-1991Efectos del cursoLa interposición de la acción no suspende la aplicación de la norma impugnada; se suspende el dictado de la resolución final donde se discute su aplicación.
- Voto 3615-94Sala Constitucional19-07-1994Actos jurisdiccionalesContra las resoluciones concretas de los tribunales no cabe la acción; sí contra la jurisprudencia reiterada.
- Voto 4190-95Sala Constitucional28-07-1995Naturaleza incidentalLa acción es un proceso incidental y no una acción directa o popular; la Procuraduría actúa como órgano asesor y la acción admitida no se desiste.
- Voto 791-96Sala Constitucional13-02-1996Asunto previo concluidoRechazó la acción ya en trámite porque el asunto base se había archivado, por falta de pendencia (con voto salvado).
- Voto 2001-008239Sala Constitucional14-08-2001Intereses difusos y actos de gobiernoDefinió los intereses difusos y los de la colectividad en su conjunto, negó que exista acción popular y sometió los actos de gobierno al control de constitucionalidad.
- Voto 2003-010421Sala Constitucional17-09-2003Omisión e interpretación conformeDeclaró inconstitucional la omisión de exigir estudio de impacto ambiental en un reglamento minero sin anular sus artículos, por el principio de conservación de la norma.
- Voto 2006-011345Sala Constitucional04-08-2006LegitimaciónNi siquiera frente a reformas constitucionales existe acción popular: el solo interés en la pureza del orden constitucional no legitima (con voto salvado).
- Voto 2006-012015Sala Constitucional16-08-2006Fase de agotamientoLa revocatoria ante el órgano que dictó el acto no abre la fase de agotamiento: la acción procede cuando el asunto está ante el jerarca.
- Voto 2014-001583Sala Constitucional05-02-2014Interés corporativoUna entidad con personalidad jurídica que tenga por fin defender los intereses de sus miembros puede accionar directamente en su defensa.
- Voto 2016-016965Sala Constitucional16-11-2016Graduación de la suspensiónLa Sala puede graduar el efecto suspensivo del curso cuando causaría graves trastornos (con voto salvado de tres magistrados).
- Voto 2017-006330Sala Constitucional03-05-2017DesistimientoTuvo por desistida una acción admitida porque el asunto base se archivó por satisfacción extraprocesal de la pretensión (con voto salvado).
- Voto 2017-012905Sala Constitucional16-08-2017Vicio de procedimiento y dimensionamientoAnuló el art. 86 de la Ley N.° 9036 por omitirse la consulta obligatoria a la Corte y dimensionó los efectos a la fecha del primer edicto.
- Voto 2019-012747Sala Constitucional10-07-2019Cosa juzgadaSolo la sentencia estimatoria produce cosa juzgada; la desestimatoria permite nuevas acciones contra la misma norma.
- Voto 2023-019489Sala Constitucional09-08-2023Jurisprudencia impugnableLa jurisprudencia impugnable es la reiteración de un criterio con alcance normativo, demostrada con resoluciones ajenas al asunto base.
- Voto 2023-022992Sala Constitucional13-09-2023Asunto previoEl asunto previo es un requisito sustancial: debe estar pendiente y la norma impugnada debe incidir directamente en su resolución.
- Voto 2024-035448Sala Constitucional27-11-2024Acción directaLa inexistencia de lesión individual y directa corresponde a normas de aplicación automática; las excepciones del art. 75 no crean una acción popular.
- Voto 2025-002717Sala Constitucional29-01-2025OmisionesSolo son impugnables las omisiones frente a un deber previsto directa y expresamente en el Derecho de la Constitución o que encierren una discriminación.
- Voto 2025-011867Sala Constitucional23-04-2025Fase de agotamientoEl procedimiento administrativo sirve de asunto base desde que se recurre el acto final; antes, la acción es prematura.
- Voto 2025-024826Sala Constitucional06-08-2025Reformas constitucionalesLas normas originarias de la Constitución no son impugnables y las reformas parciales solo lo son por vicios de procedimiento.
- Voto 2026-015211Sala Constitucional29-04-2026Invocación en el asunto baseLa inconstitucionalidad debe invocarse, fundada, antes de interponer la acción; ese defecto no se subsana después.
- Voto 2026-019069Sala Constitucional27-05-2026Denegatoria de trámiteLa Presidencia denegó el trámite porque no se cumplió en plazo la prevención de pagar el timbre por la autenticación (art. 80).
- Dictamen C-314-200706-09-2007, alcance de la suspensión del art. 82 y observación de Eduardo Ortiz Ortiz (folio 931 del exp. 10.273)
- Proyecto de Ley de la Jurisdicción ConstitucionalExpediente 10.273, La Gaceta N.° 129 de 10-07-1986
- Ley N.° 7135Alcance 34 a La Gaceta N.° 198 de 19-10-1989
- Asamblea Nacional ConstituyenteActa n.º 169 (1949), art. 10
- Jensen Ghesquiere, David«Una interpretación histórica del dimensionamiento de las sentencias de constitucionalidad», Revista de la Sala Constitucional n.º 3 (2021), que transcribe actas del exp. 10.273 con folio
- Expediente 17.743Ley de Reforma de la Jurisdicción Constitucional (2010), Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, actas 36 (19-10-2010) y 46 (23-11-2010)
Textos normativos: SINALEVI, versión vigente al 28 de octubre de 2026. Jurisprudencia: Nexus del Poder Judicial. Cotejo al 28 de octubre de 2026.
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Temas: Acción de inconstitucionalidad · Sala Constitucional · Ley de la Jurisdicción Constitucional · Asunto previo · Intereses difusos · Derecho Constitucional
Contenido informativo, revisado al 28 de octubre de 2026. Su aplicación a un caso concreto depende del expediente. Política editorial.
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Abogado Asociado · Corporación GC
Licenciado en Derecho por la Universidad de Costa Rica, Abogado Asociado de Corporación GC.
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