Acuerdo SUGEF 13-19 y activos virtuales: lo que exige la reforma de 2026 y lo que todavía falta
El CONASSIF aprobó el 9 de noviembre de 2026 la reforma del Acuerdo SUGEF 13-19, que extiende el reglamento de prevención de la legitimación de capitales a los proveedores de servicios de activos virtuales. Rige desde el 11 de noviembre, con seis meses de adecuación. Esta guía explica qué exige, en qué cambió frente a la consulta de octubre y qué piezas faltan, empezando por el trámite de inscripción.
La Ley 10961 incorporó en junio de 2026 a los proveedores de servicios de activos virtuales al régimen antilavado de la Ley 7786 y les impuso dos cosas: inscribirse ante la SUGEF y cumplir un programa de prevención. La segunda ya tiene reglamento: el CONASSIF aprobó el 9 de noviembre de 2026 la reforma del Acuerdo SUGEF 13-19, publicada en el Alcance 149 a La Gaceta del 11 de noviembre, que rige desde ese día y da seis meses de adecuación, hasta mayo de 2027. Fija un umbral de US$1.000 por operación o acumulado en un mes, una regla de viaje con los datos que deben acompañar cada transferencia y obligaciones propias sobre billeteras, trazabilidad y separación de fondos. La primera todavía no tiene trámite: la SUGEF lo dejó para una reforma posterior del Acuerdo 11-18.
Esta guía explica qué es el Acuerdo SUGEF 13-19, qué le agregó la reforma artículo por artículo, en qué cambió el texto entre la consulta de octubre y la aprobación de noviembre, cómo se compara con el estándar del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y qué piezas del régimen siguen pendientes. Para el marco general de la ley, las sanciones y quién debe inscribirse, la guía sobre el registro VASP ante la SUGEF es el punto de partida.
Qué es el Acuerdo SUGEF 13-19
El Acuerdo SUGEF 13-19 es el reglamento de prevención que el CONASSIF dictó para los sujetos obligados que no son entidades financieras: los de los artículos 15 y 15 bis de la Ley 7786. Entre ellos están las casas de cambio y remesadoras, los casinos, las casas de empeño, quienes comercian bienes inmuebles, metales y piedras preciosas, y los profesionales que realizan ciertas operaciones por cuenta de sus clientes. El reglamento regula la gestión del riesgo, la debida diligencia, el oficial de cumplimiento, la auditoría, los manuales y la capacitación, el monitoreo, las señales de alerta y el congelamiento de fondos. Así lo resume el considerando XIII del acuerdo que lo reformó.
Hasta el 11 de noviembre su título terminaba en «los artículos 15 y 15 bis de la Ley 7786». Ahora termina en «los artículos 15, 15 bis y 15 quater de la Ley 7786». La técnica de la reforma fue agregar, al final de los artículos existentes, párrafos que empiezan con «En el caso de los PSAV…», y sumar dos artículos nuevos para lo que no tenía equivalente: los registros de operaciones con activos virtuales (artículo 20 bis) y la regla de viaje (artículo 21 bis).
El 13-19 regula qué debe hacer el proveedor. Cómo se inscribe está en otro reglamento, el Acuerdo SUGEF 11-18, y esa distinción explica casi todo lo que falta hoy.
De dónde viene: la Ley 10961 y el artículo 15 quater
La Ley N.° 10961, publicada en el Alcance 78 a La Gaceta 113 del 19 de junio de 2026, adicionó el artículo 15 quater a la Ley 7786. Ese artículo dispone que los proveedores de servicios de activos virtuales «deberán inscribirse ante la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef)», que la inscripción «no representa una autorización de operación» y que la SUGEF «mantendrá un registro centralizado y único» de estos proveedores. Le encarga al CONASSIF fijar el umbral de la debida diligencia, y prohíbe a los bancos y demás sujetos supervisados «mantener relaciones comerciales» con quienes realicen estas actividades sin estar inscritos.
La ley rige desde el 19 de setiembre de 2026. Su artículo 4 otorgó «un plazo de hasta tres meses para la debida reglamentación», que, contado desde la publicación, venció ese mismo día. El reglamento de prevención llegó casi dos meses después.
De la Ley 10961 al reglamento de prevención
Las obligaciones ya tienen reglamento; el trámite de inscripción todavía no.
- 0119-06-2026Se publica la Ley 10961, que adiciona el artículo 15 quater a la Ley 7786 y convierte a los proveedores de servicios de activos virtuales en sujetos obligados.Alcance 78
- 0219-09-2026La ley entra en vigor. Su artículo 4 había dado «un plazo de hasta tres meses» para reglamentarla.Ley 10961, art. 4
- 0305-10-2026El CONASSIF somete a consulta pública, por diez días hábiles, la reforma del Acuerdo SUGEF 13-19.Alcance 134
- 0409-11-2026El CONASSIF aprueba el texto definitivo «por unanimidad y en firme». El mismo día se publica la reforma del Acuerdo SUGEF 11-18, sin los proveedores de activos virtuales.Alcance 148
- 0511-11-2026Se publica la reforma del 13-19 y entra en vigor. Empieza a correr el plazo de seis meses de adecuación.Alcance 149
- 06Mayo de 2027Vence la adecuación: seis meses contados desde el día siguiente a la entrada en vigor.Transitorio único
Fuente: La Gaceta (Imprenta Nacional), alcances 78, 134, 148 y 149 de 2026.
La reforma también responde a una deuda internacional. El GAFILAT, en su Decimocuarto Informe de Seguimiento Intensificado y Cuarto Informe de Recalificación de Cumplimiento Técnico de Costa Rica, fechado en enero de 2023, recalificó la Recomendación 15 del GAFI como «No Cumplida» porque Costa Rica «aún no ha implementado requisitos de licencia o registro para los PSAV». El último informe de la cuarta ronda, de enero de 2024, mantuvo esa calificación. El propio CONASSIF lo recuerda en el considerando VIII de la reforma, y Costa Rica está hoy en plena evaluación mutua de quinta ronda, según el GAFILAT.
Qué exige la reforma, artículo por artículo
Lo que cambia en el Acuerdo SUGEF 13-19, artículo por artículo
Veinte puntos de reforma que agregan reglas propias para los proveedores de activos virtuales a un reglamento que ya regía para otros sujetos obligados.
| Artículo | Qué establece |
|---|---|
| Título y art. 2 | El reglamento se aplica también a los sujetos del artículo 15 quater de la Ley 7786. |
| Art. 3 | Define «activo virtual» y «PSAV» con las cuatro actividades de la ley: intercambio, transferencia, custodia o administración, y servicios financieros ligados a la emisión, oferta o venta de activos virtuales. |
| Art. 5 | La gestión del riesgo debe considerar el tipo de activo, las billeteras autoalojadas o no custodiadas, las herramientas que dificultan la trazabilidad, las direcciones incluidas en listas de organismos internacionales y los activos vinculados con delitos. |
| Art. 6 | Antes de incorporar un activo, servicio o tecnología, una evaluación de riesgo que considere, entre otros factores, el anonimato, lo transfronterizo y los mecanismos de custodia; se revisa ante cambios relevantes. |
| Arts. 7 y 9 | Identificación del cliente habitual y del beneficiario final; al ocasional, desde US$1.000 en una operación o acumulados en un mes calendario. El umbral no exime ante sospechas, dudas o fraccionamiento. Prohibidos los clientes anónimos. |
| Art. 10 | La información del cliente debe permitir asociar sus direcciones, cuentas o billeteras con la identidad verificada. |
| Art. 20 bis (nuevo) | Registros completos y verificables con siete datos mínimos por operación; bajo el umbral, la información necesaria para su trazabilidad; criterios para detectar operaciones fraccionadas. |
| Art. 21 bis (nuevo) | Regla de viaje: nombre, número de referencia, dirección, país, identificación y, para personas físicas, fecha y lugar de nacimiento; completa desde US$1.000. Procedimientos para billeteras autoalojadas. |
| Arts. 24 y 25 | La SUGEF decidirá, según el riesgo, si exige un oficial de cumplimiento o autoriza una estructura diferenciada con una persona responsable ante ella y ante la UIF. |
| Art. 36 | Monitoreo con señales de alerta propias de los activos virtuales: billeteras de terceros sin justificación, jurisdicciones de riesgo, fraccionamiento y vínculos con listas internacionales. |
| Art. 40 | Informar las cuentas, billeteras, custodios y demás mecanismos que usa el proveedor, y separar los recursos propios de los de sus clientes. |
| Art. 43 | El congelamiento inmediato de bienes de personas designadas por el Consejo de Seguridad de la ONU incluye los activos virtuales. |
| Transitorio y disposición final | Rige desde su publicación, con seis meses para adecuar políticas, procedimientos, controles y sistemas de monitoreo. |
Fuente: CONASSIF, artículo 12 del acta de la sesión 2064-2026, del 9 de noviembre de 2026, Alcance 149 a La Gaceta 214, 11 de noviembre de 2026, págs. 545 a 555.
Quién es proveedor de servicios de activos virtuales
El artículo 3 incorpora dos definiciones. Un activo virtual es una «representación digital de valor o fondo que se puede comercializar o transferir digitalmente y puede ser utilizado para realizar pagos o inversiones, sin que esto signifique que sean reconocidos como moneda de curso legal en el país o divisa por el Banco Central de Costa Rica».
Un PSAV es la persona física o jurídica que, «como negocio y de forma habitual y profesional, sea para sí misma o en nombre de un tercero», realiza una o más de cuatro actividades:
- el intercambio entre activos virtuales y monedas de curso legal, o entre activos virtuales;
- la transferencia de activos virtuales entre direcciones, cuentas o billeteras, aunque no haya conversión;
- la custodia, el depósito, la administración o el control de activos virtuales;
- los servicios financieros relacionados con la emisión, comercialización, oferta o venta de activos virtuales.
La fórmula «para sí misma o en nombre de un tercero» es la que más preguntas genera: operar solo con fondos propios no excluye, por sí mismo, del régimen cuando la actividad es habitual y constituye el negocio.
El umbral de US$1.000, acumulado por mes
La reforma fija el monto que la ley dejó en manos del CONASSIF. El proveedor identifica y verifica siempre a sus clientes habituales y a sus beneficiarios finales. Al cliente ocasional lo identifica cuando participa en operaciones «que, en conjunto, igualen o superen la suma de USD 1.000,00 […] durante un mes calendario», convertidas con el tipo de cambio de referencia de venta del Banco Central vigente al momento de la operación (artículos 7 y 9). La cifra no es nueva en el reglamento: el 13-19 ya usaba US$1.000 para las transferencias de dinero, mientras que la Ley 7786 mantiene en US$10.000 el umbral general de su artículo 16.
El umbral no funciona como un piso absoluto. El texto aprobado agregó que «no exime al PSAV de identificar al cliente y verificar su identidad cuando existan sospechas de LC/FT/FPADM, dudas sobre la veracidad o suficiencia de la información obtenida, indicios de fraccionamiento u otras señales de alerta». El artículo 9 prohíbe además operar con clientes anónimos o con nombres ficticios, y el artículo 10 exige que la información del cliente permita asociar sus direcciones, cuentas o billeteras con la identidad verificada.
La regla de viaje
El artículo 21 bis incorpora la llamada regla de viaje del GAFI: la información del originador y del beneficiario debe acompañar cada transferencia de activos virtuales. Desde US$1.000, en una operación o acumulados en un mes, viaja la información completa:
- el nombre completo o la razón social del originador y del beneficiario;
- un número único de referencia de la transacción;
- la dirección del originador, el país, el número de identificación y, si es persona física, la fecha y el lugar de nacimiento;
- en las personas jurídicas, la cédula jurídica o el identificador oficial equivalente del país de constitución.
Por debajo de ese monto deben viajar, al menos, los nombres y las direcciones, cuentas o billeteras utilizadas, o un número único de referencia. Cuando el proveedor actúa como originador, beneficiario o intermediario debe conservar evidencia de lo transmitido, dar seguimiento a otros proveedores que envían información deficiente de forma reiterada y transmitir la información al siguiente participante de la cadena. Las transferencias desde o hacia billeteras autoalojadas o no custodiadas con información incompleta o inconsistente requieren procedimientos documentados para aceptarlas, restringirlas, rechazarlas, suspenderlas, monitorearlas o reportarlas.
Registros y trazabilidad
El nuevo artículo 20 bis exige registros «completos, exactos, actualizados y verificables» de las operaciones con activos virtuales, con siete datos mínimos: la identificación del cliente y del beneficiario final, la fecha y la hora, el tipo de servicio, el tipo de activo, el monto en activo virtual y en dólares, las direcciones o identificadores que permiten rastrearla, y la información sobre su origen, destino y propósito. Para las operaciones inferiores al umbral basta «la información necesaria para identificar la operación y asegurar su trazabilidad». Los proveedores deben poder detectar operaciones fraccionadas atendiendo, entre otros criterios, a la identidad del cliente, la «proximidad temporal», el propósito y el origen y destino de los activos.
Riesgo, monitoreo y nuevas tecnologías
La gestión del riesgo debe considerar factores propios del sector: el tipo de activo virtual, las billeteras autoalojadas, las tecnologías que dificultan identificar el origen o el destino de las transacciones y las direcciones incluidas en listas de organismos internacionales o vinculadas con delitos (artículo 5). Cada activo, servicio o tecnología nueva exige una evaluación previa que considere, entre otros factores, el anonimato, el carácter transfronterizo y los mecanismos de custodia (artículo 6). El monitoreo debe incluir señales de alerta como el uso reiterado de billeteras de terceros sin justificación, las transferencias con jurisdicciones de riesgo y el fraccionamiento (artículo 36), con herramientas proporcionales al tamaño y al riesgo de cada proveedor.
Oficial de cumplimiento o estructura diferenciada
La reforma no impone un modelo único. Según el artículo 24, la SUGEF «considerará las condiciones y características del sujeto obligado con un enfoque basado en riesgos» para exigirle al proveedor un oficial de cumplimiento o autorizarle una estructura diferenciada. En ese segundo caso, el artículo 25 obliga a documentar las funciones de quienes la integran y a designar a una persona responsable ante la SUGEF y la Unidad de Inteligencia Financiera, con al menos los requisitos de la persona de enlace.
Cuentas, billeteras y congelamiento
El artículo 40 obliga a informar, además de las cuentas bancarias, las cuentas ante otros proveedores, las billeteras, los custodios y «cualquier otro mecanismo» usado para recibir o mover fondos o activos virtuales, y a mantener información que permita separar los recursos propios de los de los clientes. El artículo 43 extiende el congelamiento inmediato de bienes de personas designadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a los activos virtuales. La ley, en su artículo 33 bis, habla de «productos financieros, dinero, activos y bienes muebles o inmuebles»; el reglamento los nombra expresamente.
Lo que cambió entre la consulta y el texto aprobado
El CONASSIF sometió la reforma a consulta pública el 5 de octubre, en el Alcance 134, por diez días hábiles. El texto que aprobó el 9 de noviembre no es idéntico al consultado: endureció el umbral, precisó la regla de viaje y amplió los registros.
Lo que cambió entre la consulta de octubre y el texto aprobado
El CONASSIF endureció el umbral y precisó la regla de viaje. La definición de proveedor, el oficial de cumplimiento y el congelamiento quedaron como se consultaron.
| Tema | Texto consultado (5-10) | Texto aprobado (11-11) |
|---|---|---|
| Umbral de US$1.000 | Por operación única u operaciones múltiples. | Por operación única o acumulado durante un mes calendario, con el tipo de cambio de referencia del BCCR. |
| Por debajo del umbral | Nada expreso en la identificación del cliente. | El umbral no exime ante sospechas, dudas sobre la información o indicios de fraccionamiento. |
| Regla de viaje | Remitía a los lineamientos generales. | Enumera los datos del originador y del beneficiario que deben viajar con la transferencia. |
| Registros | Solo para las operaciones sujetas al umbral. | También bajo el umbral, la información necesaria para identificar la operación y asegurar su trazabilidad. |
| Listas | «Listas de sanciones internacionales». | «Listas emitidas por organismos internacionales en materia de LC/FT/FPADM». |
| Transitorio | Agregaba un segundo transitorio. | Deroga el transitorio anterior y deja uno solo: seis meses de adecuación. |
Fuente: Cotejo propio de los textos publicados en el Alcance 134 (5 de octubre de 2026) y el Alcance 149 (11 de noviembre de 2026).
El cambio de mayor efecto práctico es el acumulado mensual. Con el texto consultado, el umbral se medía por operación o por operaciones múltiples; con el aprobado, cinco operaciones de US$250 de un mismo cliente ocasional en el mismo mes cruzan la línea de los US$1.000. A eso se suma la regla expresa de que las sospechas y el fraccionamiento obligan a identificar aunque no se alcance el monto.
Desde cuándo rige y qué significan los seis meses
La disposición final cuarta dispone que la reforma «entrará en vigor a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta, sin perjuicio de los plazos de adecuación previstos en las disposiciones transitorias». Rige, por tanto, desde el 11 de noviembre de 2026.
La única disposición transitoria da a los proveedores seis meses «para implementar y adecuar sus políticas, procedimientos, controles internos, sistemas de monitoreo y demás medidas en línea con los requerimientos de este Reglamento», contados «a partir del día siguiente a la entrada en vigor de la reforma». El plazo corre desde el 12 de noviembre de 2026 y vence en mayo de 2027. La misma reforma derogó la antigua disposición transitoria sobre la designación temporal de la persona de enlace.
Ese plazo lo concede el reglamento. La Ley 10961 rige desde el 19 de setiembre y no trae un régimen transitorio para quien ya opera.
Lo que todavía falta
Las piezas que el régimen todavía no tiene
Verificado el 18 de noviembre de 2026 en La Gaceta y en el portal de normativa, comunicados y circulares de la SUGEF.
| Pieza | Estado |
|---|---|
| La regla del trámite de inscripción | El Acuerdo SUGEF 11-18 se reformó el 2 de noviembre sin los proveedores de activos virtuales. La SUGEF respondió en la consulta que el artículo 15 quater «será considerado en otra reforma». |
| Plataforma, formularios y fecha de apertura | Sin anuncio de la SUGEF al 18 de noviembre de 2026. |
| Los lineamientos generales | El artículo 5 reformado remite a ellos; no se han emitido para estos proveedores. |
| El canon de supervisión | La ley obliga a contribuir al costo de la supervisión; ninguna norma fija todavía el monto. |
| Antecedentes de socios y beneficiarios finales | La ley ordena a la SUGEF establecer medidas para comprobarlos; la reforma no las incluye. |
| Registro único y listas publicadas | Previstos en el artículo 15 quater, sin desarrollo reglamentario. |
| La matriz de observaciones de la consulta | No publicada ni localizada al 18 de noviembre de 2026. |
| El texto consolidado en el sitio de la SUGEF | Sigue publicada la versión 6 del 13-19, de 2024. |
Fuente: Alcances 148 y 149 a La Gaceta (9 y 11 de noviembre de 2026; respuesta de la SUGEF a las observaciones 40 y 41 de la consulta del Acuerdo 11-18, pág. 468 del Alcance 149); sitio de la SUGEF.
La pieza decisiva es la primera. El 2 de noviembre, una semana antes de aprobar el 13-19, el CONASSIF reformó el Acuerdo SUGEF 11-18, el reglamento que regula la inscripción, para crear el registro de las organizaciones sin fines de lucro. Una cooperativa pidió en la consulta incorporar el artículo 15 quater y aclarar el régimen de inscripción de los proveedores de activos virtuales. La SUGEF respondió: «No procede. Lo relacionado con el artículo 15 quater, será considerado en otra reforma a este reglamento (Acuerdo Sugef 11-18), no corresponde a la presente modificación» (Alcance 149, pág. 468).
El resultado es un régimen a medio armar. La ley obliga a inscribirse desde el 19 de setiembre y sanciona a quien «se niegue» a hacerlo. Los bancos no pueden mantener relaciones comerciales con proveedores no inscritos. Las obligaciones de prevención ya tienen reglamento y plazo. Pero el trámite de inscripción todavía no tiene regla, formulario ni ventana, y ningún proveedor puede, por ahora, cumplir esa parte de la ley.
Hay otro desajuste menos visible. El 13-19 reformado define «sujeto obligado» y «sujeto inscrito» remitiendo al Acuerdo 11-18, y el 11-18, incluso después de su reforma de noviembre, define ambos conceptos solo por los artículos 15 y 15 bis de la ley. El alcance del 13-19 ya incluye el 15 quater; sus definiciones prestadas, todavía no.
El artículo 15 quater encarga además a la SUGEF y al CONASSIF otras tareas que la reforma no desarrolla: las medidas para «comprobar los antecedentes de los participantes, asociados y beneficiarios finales» del proveedor, el registro centralizado y único con sus listas, las eventuales limitaciones para operar con proveedores no regulados en ninguna jurisdicción y las reglas para los fideicomisos que administren activos virtuales.
Tampoco hay todavía lineamientos generales para estos proveedores, aunque el artículo 5 reformado remite a ellos, ni una cifra para el canon de supervisión. La SUGEF no ha publicado la matriz de observaciones de la consulta del 13-19, y en su portal de normativa sigue disponible la versión de 2024 del reglamento. Por eso conviene leer la reforma en La Gaceta.
Los bancos y la Sala Constitucional
La relación con los bancos es el punto en que el régimen se vuelve tangible. Desde el 19 de setiembre, el artículo 15 quater prohíbe a las entidades financieras mantener relaciones comerciales con proveedores no inscritos, y el artículo 81 sanciona a la entidad que lo haga. Sin un registro en funcionamiento, los bancos no tienen todavía contra qué verificar esa inscripción.
Mientras tanto, la Sala Constitucional ha mantenido una línea constante en los amparos de personas cuyas cuentas fueron cerradas, bloqueadas o rechazadas por fondos de origen cripto. El banco puede negarse a abrir una cuenta, pero «debe brindar al solicitante las razones en las que basa su decisión, siendo que esta debe ser con base en causa legítima, sustentada en elementos objetivos y razonables» (voto 16596-2024), y el amparo prospera solo cuando falta esa motivación. Lo demás, si el bloqueo procede o si la justificación de los fondos es suficiente, es materia de la vía ordinaria, porque a la Sala no le corresponde «fungir como contralor de esas relaciones contractuales privadas» (votos 16616-2025 y 17459-2026; en el mismo sentido, 3008-2024).
Sobre la inscripción misma hay un precedente útil, dictado para otro sujeto obligado. Cuando la Cámara de Corredores de Bienes Raíces impugnó su incorporación a la supervisión de la SUGEF, la Sala resolvió que la inscripción «no constituye una regulación desproporcionada, ni hace nugatorio el ejercicio de esa actividad» (voto 15543-2020). Ningún voto ha interpretado todavía el artículo 15 quater.
Cómo se compara con el estándar del GAFI
La Recomendación 15 del GAFI y su nota interpretativa piden que los proveedores de activos virtuales tengan licencia o se registren, que los supervise una autoridad competente con un enfoque basado en riesgos y que apliquen las medidas preventivas de las recomendaciones 10 a 21. La reforma costarricense sigue ese diseño en tres puntos:
- El umbral. La nota interpretativa fija en «USD/EUR 1 000» el umbral de la debida diligencia para las transacciones ocasionales, y la reforma adopta los mismos US$1.000, con el agregado del acumulado mensual.
- La regla de viaje. El artículo 21 bis traslada la Recomendación 16, la de las transferencias, a los activos virtuales. Según la séptima actualización focalizada del GAFI, de julio de 2026, el 83 % de las jurisdicciones encuestadas ya ha legislado esa regla.
- El modelo de registro. Costa Rica optó por un registro sin licencia, una de las dos vías que admite el estándar.
El GAFI anunció el 30 de octubre de 2026 una revisión focalizada de la implementación de la Recomendación 15, con primeros resultados en junio de 2027. Para Costa Rica, la reforma llega en medio de la evaluación de quinta ronda, en la que se medirán tanto la norma como su eficacia en la práctica. La Evaluación Nacional de Riesgos del Instituto Costarricense sobre Drogas califica el uso ilícito de activos virtuales como un riesgo de nivel medio y lo describe como un «riesgo emergente con supervisión incipiente de PSAV en Costa Rica».
Qué significa para quien ya opera
La ley ya rige y el reglamento de prevención también. Mientras se habilita la inscripción, el plazo de seis meses es el tiempo para tener en orden el programa de prevención que la SUGEF va a supervisar: la evaluación de riesgos, la debida diligencia con el nuevo umbral, la regla de viaje, los registros y la separación de fondos. La relación con los bancos ya depende de ese programa, porque la ley les prohíbe operar con proveedores no inscritos y ellos aplican su propia debida diligencia.
Las preguntas que decide cada caso son concretas: si el modelo de negocio encaja en alguna de las cuatro actividades, si la operación con fondos propios es habitual, qué estructura de cumplimiento le pedirá la SUGEF y cómo resolver la regla de viaje con contrapartes de otras jurisdicciones. Las respuestas dependen de cada operación. El área de regulación fintech y criptoactivos reúne el trabajo de la firma en esta materia, y la guía sobre el registro VASP explica las sanciones de la Ley 10961.
Fuentes
- Reforma del Acuerdo SUGEF 13-19 (texto aprobado)CONASSIF, artículo 12 del acta de la sesión 2064-2026, del 09-11-2026; Alcance 149 a La Gaceta 214 del 11-11-2026, págs. 545 a 555. Rige desde su publicación; disposición transitoria única de seis meses
- Reforma del Acuerdo SUGEF 13-19 (texto sometido a consulta)CONASSIF, artículo 9 del acta de la sesión 2053-2026, del 28-09-2026; Alcance 134 a La Gaceta 187 del 05-10-2026, pág. 106; diez días hábiles para observaciones
- Ley 7786, sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismoArts. 15, 15 bis, 15 quater, 16, 33 bis y 81. Versión 14 de 14 de SINALEVI, con la reforma de la Ley 10961
- Ley 10961Sancionada el 09-06-2026; Alcance 78 a La Gaceta 113 del 19-06-2026. Adiciona el art. 15 quater a la Ley 7786 y reforma sus arts. 16, 16 bis, 25, 33, 33 bis, 81, 86 y 123; art. 4: reglamentación y vigencia
- Acuerdo SUGEF 13-19 (versión anterior a la reforma)Versión 6, del 24-05-2024, publicada en el portal de normativa vigente de la SUGEF
- Reforma del Acuerdo SUGEF 11-18 (inscripción y registro de OSFL)CONASSIF, artículo 8 del acta de la sesión 2062-2026, del 02-11-2026; Alcance 148 a La Gaceta 212 del 09-11-2026. Su resolución motivada, en el Alcance 149, responde en la pág. 468 que el art. 15 quater «será considerado en otra reforma»
- Voto 15543-2020Sala Constitucional19-08-2020Inscripción ante la SUGEFRechaza la acción de la Cámara de Corredores de Bienes Raíces: la inscripción ante la SUGEF del art. 15 bis no es una regulación desproporcionada ni impide ejercer la actividad.
- Voto 3008-2024Sala Constitucional06-02-2024Cuentas y venta de criptoactivosRechazo de plano: si las cuentas congeladas por fondos de una venta de bitcoins tienen procedencia lícita es un conflicto de legalidad que corresponde a la vía común.
- Voto 16596-2024Sala Constitucional14-06-2024Denegatoria de cuentaParcialmente con lugar solo por falta de motivación: el banco puede denegar la apertura, pero con causa legítima, objetiva y razonable que debe comunicar al solicitante.
- Voto 16616-2025Sala Constitucional30-05-2025Justificación de fondosRechazo de plano: la Sala no funge como contralora de las relaciones contractuales entre banco y cliente; el reclamo va a la vía ordinaria.
- Voto 17459-2026Sala Constitucional15-05-2026Bloqueo por venta P2PRechazo de plano: el bloqueo y la justificación de fondos se enmarcan en la relación comercial y no son materia de amparo.
- Opinión jurídica OJ-090-202505-06-2025: proyecto que incorporó el art. 15 quater a la Ley 7786 para atender la Recomendación 15 del GAFI; lo estima viable (no vinculante)
- Dictamen C-196-202405-09-2024: la supervisión de la SUGEF sobre los sujetos de la Ley 7786 no es financiera, sino en materia de prevención de la legitimación de capitales
- GAFI, Recomendaciones 15 y 16 y nota interpretativa de la Recomendación 15Traducción oficial del GAFILAT, actualización a agosto de 2025: registro o licencia, supervisión basada en riesgo, umbral de USD/EUR 1.000 y regla de viaje
- GAFI, séptima actualización focalizada sobre activos virtualesComunicado del 16-07-2026: el 83 % de las jurisdicciones encuestadas ha legislado la regla de viaje
- GAFI, revisión focalizada de la Recomendación 15Anuncio del 30-10-2026; primeros resultados en junio de 2027
- GAFILAT, Decimocuarto Informe de Seguimiento Intensificado y Cuarto Informe de Recalificación de Cumplimiento Técnico de Costa RicaEnero de 2023: la Recomendación 15 se recalifica como «No Cumplida»
- GAFILAT, último informe de seguimiento intensificado de Costa Rica para la cuarta rondaEnero de 2024: la Recomendación 15 se mantiene en «No Cumplida»
- Instituto Costarricense sobre Drogas, Evaluación Nacional de Riesgos de Legitimación de CapitalesActualización 2025, publicada en 2026: el uso ilícito de activos virtuales figura como riesgo de nivel medio
Textos normativos: La Gaceta (Imprenta Nacional), SINALEVI y portal de normativa de la SUGEF. Jurisprudencia: Nexus del Poder Judicial. Pronunciamientos: Procuraduría General de la República. Estándares: GAFI y GAFILAT. Verificación del estado de la inscripción (normativa en consulta, comunicados y circulares de la SUGEF) al 18 de noviembre de 2026.
Preguntas frecuentes
¿Qué es el Acuerdo SUGEF 13-19?
Es el reglamento del CONASSIF para la prevención de la legitimación de capitales, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva que se aplica a los sujetos obligados de los artículos 15 y 15 bis de la Ley 7786: casinos, casas de empeño, remesadoras, inmobiliarias, abogados y contadores en ciertas actividades, entre otros. Desde la reforma publicada el 11 de noviembre de 2026 se aplica también a los proveedores de servicios de activos virtuales del artículo 15 quater.
¿Desde cuándo rige la reforma del Acuerdo SUGEF 13-19 para activos virtuales?
Desde su publicación en el Alcance 149 a La Gaceta 214, el 11 de noviembre de 2026. El CONASSIF la aprobó el 9 de noviembre, en el artículo 12 de la sesión 2064-2026. Los proveedores de servicios de activos virtuales tienen seis meses, contados desde el día siguiente a la entrada en vigor, para adecuar sus políticas, procedimientos, controles y sistemas de monitoreo, es decir, hasta mayo de 2027.
¿Quién es un proveedor de servicios de activos virtuales (PSAV) según la SUGEF?
La persona física o jurídica que, como negocio y de forma habitual y profesional, para sí misma o en nombre de un tercero, realiza una o más de estas actividades: intercambio entre activos virtuales y monedas de curso legal o entre activos virtuales; transferencias de activos virtuales; custodia, depósito, administración o control de activos virtuales; y servicios financieros relacionados con la emisión, comercialización, oferta o venta de activos virtuales.
¿Cuál es el umbral de la debida diligencia para los PSAV?
US$1.000 o su equivalente, en una operación única o en operaciones que en conjunto alcancen esa suma durante un mes calendario, convertidos con el tipo de cambio de referencia de venta del Banco Central vigente al momento de la operación. Desde ese monto debe identificarse al cliente ocasional y viaja la información completa en las transferencias. El umbral no exime de identificar al cliente cuando hay sospechas, dudas sobre la información o indicios de fraccionamiento, y los clientes habituales se identifican siempre.
¿Qué es la regla de viaje en la reforma del 13-19?
Es la obligación de obtener, conservar y transmitir información del originador y del beneficiario en cada transferencia de activos virtuales (artículo 21 bis). Desde US$1.000 debe viajar la información completa: nombre o razón social, número único de referencia, dirección, país, número de identificación y, en personas físicas, fecha y lugar de nacimiento, o la cédula jurídica en personas jurídicas. Por debajo de ese monto, al menos los nombres y las direcciones, cuentas o billeteras utilizadas.
¿Ya se puede inscribir un PSAV ante la SUGEF?
Al 18 de noviembre de 2026 no hay trámite habilitado. La reforma del 13-19 regula las obligaciones de prevención, pero el procedimiento de inscripción corresponde al Acuerdo SUGEF 11-18, que se reformó el 2 de noviembre de 2026 sin incluir a los proveedores de activos virtuales. En esa reforma, la SUGEF respondió que lo relativo al artículo 15 quater será considerado en otra reforma del 11-18. No hay plataforma, formulario ni fecha de apertura anunciados.
¿La inscripción ante la SUGEF es una licencia para operar con criptoactivos?
No. El artículo 15 quater de la Ley 7786 dispone que la inscripción no representa una autorización de operación, y el considerando VI de la reforma lo reitera: la inscripción no constituye una autorización o licencia para operar, ni implica la validación, aprobación o respaldo de los servicios o actividades del proveedor. Es un registro para la supervisión de la prevención de la legitimación de capitales.
¿Todo PSAV debe tener un oficial de cumplimiento?
La reforma deja la decisión a la SUGEF. Según los artículos 24 y 25 reformados, la Superintendencia considerará las condiciones y características del proveedor, con un enfoque basado en riesgos, para exigirle un oficial de cumplimiento o autorizarle una estructura diferenciada. En ese segundo caso, el proveedor debe documentar las funciones de quienes la integran y designar a una persona responsable de la comunicación con la SUGEF y la Unidad de Inteligencia Financiera.
Temas: Acuerdo SUGEF 13-19 · PSAV · VASP · Activos Virtuales · Ley 10961 · Ley 7786 · CONASSIF · SUGEF · Regla de Viaje · Prevención de Legitimación de Capitales
Contenido informativo, revisado al 18 de noviembre de 2026. Su aplicación a un caso concreto depende del expediente. Política editorial.
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Abogado Asociado · Corporación GC
Licenciado en Derecho por la Universidad de Costa Rica, Abogado Asociado de Corporación GC.
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