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Guía práctica

Ley 10889 y el fraude bancario: cuándo responde el banco

Desde el 22 de abril de 2026, las entidades financieras responden sin culpa por el dinero que un tercero no autorizado sustrae de sus cuentas, salvo que se configure una eximente legal. Esta guía explica la Ley 10889, el reclamo ante la entidad y sus plazos, quién debe probar, el reglamento de la Sugef, las vías para reclamar y lo que ha resuelto la Sala Primera.

Por
Lic. Khevin Alberto Sánchez Zamora
Licenciado en Derecho por la Universidad de Costa Rica, Abogado Asociado de Corporación GC.

Desde el 22 de abril de 2026, los bancos, las cooperativas de ahorro y crédito y las demás entidades financieras supervisadas responden por el dinero que un tercero no autorizado sustrae de las cuentas de sus clientes, sin que importe la culpa ni el mecanismo usado para la sustracción, salvo que se configure una eximente prevista en la legislación. Así lo dispone el artículo 35 de la Ley del Consumidor, reformado por la Ley 10889. La persona afectada debe reclamar ante la entidad en un plazo máximo de 30 días naturales desde los hechos, con el formulario de la entidad y una copia de la denuncia ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ). La entidad tiene 30 días naturales para resolver; si se atrasa, debe pagar una compensación de un salario base, y si deja pasar 120 días naturales sin resolver, debe devolver el dinero.

La Ley 10889, de 23 de marzo de 2026, se publicó en el Alcance 40 a La Gaceta N.° 73 del 22 de abril de 2026 y rige desde esa fecha. Tiene 15 artículos y 3 transitorios, y la Sugef, en su circular SGF-OFC-0740-2026, la menciona como la ley «conocida como Ley de Fraudes electrónicos». Esta guía explica qué dice la ley, cómo es el reclamo, quién debe probar, qué agregó el reglamento de la Sugef, ante quién se reclama si la entidad no paga, qué resolvió la Sala Primera en los casos anteriores a la ley, qué sigue abierto y en qué estado está la acción de inconstitucionalidad, con datos al 28 de octubre de 2026.


Qué dice la ley: la entidad responde sin culpa

El artículo 35 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor (Ley N.° 7472) ya obligaba al productor, al proveedor y al comerciante a responder «independientemente de la existencia de culpa» por los daños de sus bienes y servicios, y liberaba solo a «quien demuestre que ha sido ajeno al daño». El artículo 1 de la Ley 10889 le agregó un párrafo dedicado a las entidades financieras:

«Las entidades financieras, fiscalizadas de acuerdo con la Ley 7558, Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, de 3 de noviembre de 1995, ya sean públicas o privadas, que en el ejercicio de su actividad de intermediación financiera ofrezcan servicios financieros a las personas consumidoras, responderán, independientemente de la existencia de culpa, por los daños y perjuicios ocasionados por la sustracción de dinero o del patrimonio de las cuentas o la inadecuada custodia de sus fondos, cuando estas acciones provengan de un tercero ilegítimo que no se encuentre autorizado por el titular de la cuenta, independientemente del mecanismo utilizado para la sustracción. Las entidades financieras supervisadas no serán responsables, cuando se configure alguna eximente dispuesta en la legislación.»

El párrafo hace tres cosas. Nombra a las entidades financieras como sujeto específico de la responsabilidad; incluye, junto a la sustracción, la «inadecuada custodia de sus fondos»; y declara irrelevante el mecanismo con que se hizo la sustracción. Conserva, en cambio, la salida por «alguna eximente dispuesta en la legislación», que remite, entre otras, a la culpa de la víctima, el hecho de un tercero y la fuerza mayor.

La Sala Primera había aplicado el párrafo primero del mismo artículo a la banca por internet en la sentencia 300-F-S1-2009, redactada por el magistrado Óscar Eduardo González Camacho. Esa sentencia encuadró la relación entre el banco y su cliente como relación de consumo, aplicó la teoría del riesgo creado con la prueba de la eximente a cargo del banco y trató el mecanismo que identifica al cliente como parte del servicio. La Ley 10889 llevó esa regla al texto legal.

A quién se aplica. El artículo 2 de la ley define a las entidades financieras como las «supervisadas, así definidas en la Ley 7558». La circular SGF-OFC-0740-2026 de la Sugef dirige la ley a los bancos del Estado, los bancos creados por leyes especiales, los bancos privados, las financieras no bancarias, otras entidades financieras, las cooperativas de ahorro y crédito y las entidades autorizadas del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda.

SINPE y tarjetas. La ley no nombra el SINPE ni distingue por producto. La cobertura de las transferencias sale de la frase «independientemente del mecanismo utilizado para la sustracción». El artículo 8 impone además al Banco Central un deber propio: «deberá crear mecanismos robustos de seguridad informática, para prevenir fraudes facilitados o cometidos a través de sus plataformas de pagos».

La ley creó también el delito de autofraude (artículo 9): quien engañe a una entidad simulando un fraude u ocultando su participación en él, para obtener un beneficio económico, enfrenta prisión de 2 meses a 3 años si lo defraudado no excede 10 salarios base, y de 6 meses a 10 años si los excede.


El reclamo ante la entidad, paso a paso

Bloqueo y código de recepción

Cada entidad debe ofrecer el servicio de reclamo en sus agencias y por canales telefónicos, tecnológicos y de autogestión «durante los trescientos sesenta y cinco días del año y las veinticuatro horas del día» (artículo 4). Al recibir el reclamo, debe entregar de inmediato un número o código con la fecha y la hora, bloquear de inmediato el producto para transacciones electrónicas, ofrecer una alternativa contingente y confirmar el bloqueo y el código por el medio registrado.

El aviso tiene un efecto importante. El último párrafo del artículo 3 dispone que, cuando las transacciones no autorizadas «ocurran con posterioridad al reclamo presentado ante la entidad financiera, esta será responsable de dichas transacciones y de sus consecuencias económicas».

El plazo de 30 días para reclamar

El artículo 3 fija el plazo:

«En los casos en que el usuario financiero rechace haber autorizado una operación en la que ha sido víctima de estafa, fraudes electrónicos y rebajos no autorizados, o que denuncie que su cuenta ha sido utilizada por terceros para realizar estas acciones en perjuicio de terceros, podrá presentar su reclamo ante las entidades financieras, en el plazo máximo de treinta días naturales, posteriores a la comisión de los hechos; para ello debe seguirse el siguiente procedimiento.»

El reclamo se presenta con el formulario sencillo que la entidad debe tener disponible, y «deberá acompañarse de una copia de la denuncia interpuesta ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ)».

Qué debe investigar la entidad

La entidad tiene 30 días naturales desde la presentación para investigar y resolver, y puede ampliar ese plazo «por una única vez, hasta por diez días hábiles adicionales», siempre que lo comunique a la persona «tres días antes del vencimiento del plazo original».

La investigación tiene un orden. Primero, la entidad debe demostrar que cumple la normativa de controles de la Sugef y que sus sistemas «no fueron ni han sido vulnerados», considerando 11 controles mínimos: los patrones transaccionales del cliente, sus dispositivos y navegadores habituales, las variables del dispositivo, las formas de autenticación habituales, las redes y el comportamiento de uso (incluida «la forma de teclear del usuario financiero, movimiento del mouse»), el uso de un mismo dispositivo en cuentas de distintas personas, los dispositivos usados antes en estafas, los parámetros para aprobar o denegar transacciones y la confirmación previa de las transacciones atípicas, entre otros. Solo después analiza la conducta del cliente: «Habiendo comprobado el cumplimiento de los requerimientos mencionados anteriormente, las entidades financieras procederán con el análisis del comportamiento de la persona usuaria en los hechos investigados.»

Las únicas causas de rechazo

El artículo 3, inciso b), permite rechazar el reclamo solo si la entidad «cuente con elementos probatorios propios y específicos para cada una de las denuncias analizadas que permita determinar fehacientemente» alguna de tres situaciones: el autofraude, que la ley define como la acción intencional de una persona para inducir a error a la entidad y obtener un beneficio; el dolo, entendido como «toda conducta deliberada de una persona orientada a cometer un acto ilícito, con pleno conocimiento de su ilegalidad»; y la transferencia entre cuentas del mismo titular.

Si el reclamo procede

La entidad debe acreditar los fondos «en un plazo máximo de diez días naturales, una vez comunicada la resolución», y eliminar «cualquier cobro de intereses o cargos aplicados a la persona usuaria, como consecuencia de la estafa sufrida, y resarcirle los montos ya rebajados por ese concepto junto con los intereses correspondientes».

Si la entidad rechaza el reclamo

La resolución que deniega debe contener «las evidencias e incidentes de seguridad (análisis forense o bitácora elaborado bajo los parámetros señalados por la Sugef)», y la entidad debe enviar copia al OIJ y a la Sugef. La ley encarga a la Sugef validar, «mediante acto razonado en un plazo de diez días hábiles», si la decisión está respaldada en las pruebas. Si la Sugef no la ratifica, la entidad debe restituir los fondos en 10 días hábiles, y conserva la posibilidad de demandar para que se declare improcedente el pago; si la confirma, la persona afectada puede «elevar su reclamación contra la entidad financiera, ante las instancias judiciales competentes». Esta validación está suspendida desde junio de 2026, como se explica más abajo.

Si la entidad no resuelve a tiempo

El artículo 5 fija dos consecuencias:

«Cuando las entidades financieras resuelvan el reclamo en forma extemporánea, el usuario financiero afectado será acreedor a una compensación equivalente a un salario base fijado por la Ley 7337, de 5 de mayo de 1993, que crea concepto salario base para delitos especiales del Código Penal, la cual deberá ser acreditada en la cuenta del titular en un plazo máximo de diez días naturales, a partir del incumplimiento por parte de la entidad financiera. Lo anterior sin perjuicio de la procedencia o no de su reclamo principal.

Si transcurren ciento veinte días naturales desde que se presentó el reclamo ante la entidad financiera, sin que esta resuelva el reclamo, le precluirá la posibilidad de resolver sobre su procedencia y deberá proceder con la restitución de los fondos en un plazo máximo de diez días naturales, sin perjuicio de la posibilidad de presentar una acción judicial para reclamar el monto entregado.»

El salario base de 2026 es de ¢462.200, fijado por el Consejo Superior del Poder Judicial en la sesión 113-2025 del 16 de diciembre de 2025, «a partir del 1° de enero del 2026». Se actualiza cada enero. La compensación se debe aunque el reclamo de fondo no proceda.

El artículo 13 obliga además a las entidades a tener políticas para «reconocer al cliente la suma sustraída, independientemente del análisis de las particularidades del caso, cuando el monto sea inferior al definido en dichas políticas». El umbral lo fija cada entidad.

PasoPlazoCómo se cuentaNorma
Presentar el reclamo30 díasNaturales, desde los hechosLey 10889, art. 3
Resolver el reclamo30 días, prorrogables una vez por 10Naturales; la prórroga en días hábiles, avisada 3 días antesLey 10889, art. 3
Acreditar los fondos si procede10 díasNaturales, desde la comunicaciónLey 10889, art. 3
Validación de la Sugef si la entidad rechaza10 díasHábiles, desde que recibe el informe (suspendida)Ley 10889, art. 3
Restituir si la Sugef no ratifica el rechazo10 díasHábilesLey 10889, art. 3
Compensación por atraso1 salario base, acreditado en 10 díasNaturales, desde el incumplimientoLey 10889, art. 5
Restitución por falta de resoluciónA los 120 días; restituir en 10NaturalesLey 10889, art. 5
Denuncia ante la Comisión Nacional del Consumidor6 meses, ampliables 6 másDesde la falta o desde que se conocióLey 7472, art. 56

Fraudes ocurridos antes del 22 de abril de 2026

El Transitorio III dispone que las entidades «deberán resolver todas las reclamaciones administrativas que, a la fecha de entrada en vigencia de esta ley, se encuentren pendientes de resolución», y que «Dicha revisión deberá realizarse conforme a los procedimientos y plazos establecidos en la presente ley». Los otros dos transitorios dieron 6 meses a la Sugef para actualizar su normativa y a las entidades para poner en operación el protocolo de atención a víctimas; al leerlos, tenga presente que remiten a los artículos 8 y 9 cuando esos contenidos quedaron en los artículos 10 y 11.


Quién tiene que probar

La exposición de motivos del proyecto explicaba que los juicios por estafas electrónicas «requieren pruebas periciales onerosas, como las derivadas de auditorías informáticas», y que por eso era necesario «establecer la inversión de la carga de la prueba a favor de las personas estafadas». La ley lo hizo en dos normas.

El artículo 6 adicionó un inciso al artículo 298 de la Ley General de la Administración Pública (la ley lo llama inciso 3, aunque quedó rotulado como b), y el artículo 7 adicionó un inciso 3 al artículo 41.1 del Código Procesal Civil. Ambos dicen lo mismo:

«En los casos relacionados con la defensa al consumidor, ambiente, fraudes electrónicos personales o de cualquier tipo de entidad financiera, tanto a nivel administrativo como judicial, regirá la inversión de la carga de la prueba en favor de las personas consumidoras afectadas.»

El inciso alcanza la defensa del consumidor y el ambiente en general, además de los fraudes financieros. En el Código Procesal Civil siguen vigentes los dos párrafos de cierre del artículo 41.1, que mandan tener presente «la disponibilidad y facilidad probatoria que corresponde a cada una de las partes». La Sala Primera ya repartía la carga por facilidad probatoria en estos casos desde 2008 y 2009; la novedad es que la inversión está ahora escrita en la ley procesal y en la Ley General de la Administración Pública.


El reglamento de la Sugef y la validación suspendida

El Acuerdo SUGEF 5-26

El «Reglamento sobre aspectos mínimos de control para prevenir y mitigar estafas informáticas en perjuicio de los usuarios financieros», Acuerdo SUGEF 5-26, fue aprobado por la resolución SGF-RES-0036-2026 del 11 de agosto de 2026 y se publicó en el Alcance 122 a La Gaceta N.° 172 del 11 de setiembre de 2026. Rige desde su publicación.

El reglamento repite el procedimiento de la ley y le agrega detalle. Su artículo 9 condiciona el rechazo del reclamo a que la entidad, al comprobar la causa de rechazo, «cumplió con las disposiciones establecidas en el presente reglamento para prevenir y mitigar la ocurrencia de estafas informáticas». El artículo 12 desarrolla el análisis multifactorial y la confirmación previa de transacciones atípicas, y los artículos 13 a 18 regulan la autenticación robusta, la protección de la información, la notificación de transacciones, la prohibición de enlaces en las notificaciones, el bloqueo preventivo de fondos de transferencias «cuyo origen o destino se presuma que corresponde a una estafa informática» y el bloqueo temporal por autogestión del cliente.

El Anexo 1 fija lo que la entidad debe remitir a la Sugef cuando deniega un reclamo por encima de su umbral, entre otras cosas la bitácora del doble factor de autenticación «o en su defecto que el cliente no tiene configurado el doble factor», la bitácora de notificación del inicio de sesión y de la transacción, y el registro de incidentes de ciberseguridad del día.

La suspensión de la validación

El 4 de junio de 2026, por la acción de inconstitucionalidad contra la ley, la Sugef comunicó en la circular SGF-OFC-0831-2026 que «suspenderá la emisión y notificación del acto razonado correspondiente hasta que la Sala Constitucional resuelva la acción interpuesta o precise el alcance de los efectos procesales aplicables». El 4 de setiembre de 2026, en la circular SGF-OFC-1146-2026, aclaró que la suspensión «se limita a la emisión y notificación del acto razonado final de ratificación o no ratificación» y que «no suspende la vigencia general de la Ley N.° 10889»; las entidades deben seguir remitiendo las denegatorias.

En la práctica, al 28 de octubre de 2026 siguen aplicándose el reclamo, los plazos de 30 y 120 días, la compensación por atraso y la restitución a los 120 días. Lo que no está operando es la validación de la Sugef de los rechazos, de modo que quien recibe hoy una denegatoria cuenta con la vía judicial y con la de la Comisión Nacional del Consumidor.


Dónde reclamar fuera de la entidad

El artículo 15 de la Ley 10889 dispone que la persona afectada «podrá acudir a la vía administrativa o vía judicial que corresponda, en cualquier momento que lo estime conveniente». El artículo 46 de la Ley 7472 agrega que el consumidor puede acudir a una u otra vía «sin que estas se excluyan entre sí, excepto si se opta por la vía judicial».

La Comisión Nacional del Consumidor. Es un órgano de máxima desconcentración del Ministerio de Economía, Industria y Comercio. Puede «Ordenar, cuando proceda, la devolución del dinero o del producto» (artículo 53, inciso e, de la Ley 7472), pero no tiene competencia para conocer «del resarcimiento de daños y perjuicios», que queda para los tribunales. La denuncia no requiere formalidades ni autenticación, y «caduca en el plazo de seis meses, desde el acaecimiento de la falta o desde que esta se conoció», plazo que puede ampliarse «por seis meses más, siempre y cuando el consumidor demuestre que dentro de los primeros seis meses el proveedor denunciado no resolvió a satisfacción» (artículo 56).

La vía judicial. El artículo 46 de la Ley 7472 dispone que «En la vía judicial debe seguirse el proceso sumario establecido en el Código Procesal Civil». Las demandas por fraude electrónico contra los bancos públicos se han tramitado como procesos de conocimiento ante el Tribunal Contencioso Administrativo, que en varios casos anuló además el oficio con que el banco rechazó el reclamo (así consta en la sentencia 1538-F-S1-2024 de la Sala Primera y en la 4198-2026 del propio Tribunal). Contra las entidades privadas, la vía es la civil.

La Sugef. En la Ley 10889, su papel es validar los rechazos (función hoy suspendida) y sancionar a la entidad que incumple (artículo 14). No resarce a la víctima.

El amparo. En 2026, la Sala Constitucional rechazó de plano al menos cuatro amparos contra bancos por fraudes y cargos no reconocidos, entre ellos uno que invocaba el Transitorio III y otro por una sustracción por SINPE, porque el conflicto, «al ser de índole privada, son propios de discutirse en la vía de legalidad ordinaria» (voto 2026-022861; en el mismo sentido, votos 2026-022981, 2026-024623 y 2026-034533).


Lo que resolvió la Sala Primera antes de la ley

Las sentencias que siguen resuelven fraudes ocurridos antes del 22 de abril de 2026, con el artículo 35 en su texto anterior. Al 28 de octubre de 2026 no hemos encontrado una sentencia de la Sala Primera que aplique la Ley 10889. La línea parte de la 300-F-S1-2009 y tiene dos vertientes.

El banco debe probar la autenticación de cada operación

Cuando el banco alega que las operaciones se hicieron con las credenciales del cliente, la Sala le exige demostrarlo operación por operación. En la sentencia 1538-F-S1-2024 confirmó la condena del Banco Nacional porque «debía demostrar que en cada una de las transacciones realizadas en las cuentas de la actora se dieron las comprobaciones de seguridad requeridas para autorizar las mismas».

En la 1701-F-S1-2025, ante cinco transferencias hechas en 7 minutos desde una dirección IP de Panamá por ₡4.400.000, la Sala rechazó el recurso del banco y precisó que el uso de contraseñas de un solo uso no basta si los registros no permiten reconstruir la sesión: «La falta de registros que den cuenta del momento de inicio y finalización de la sesión, o que acrediten que las contraseñas de un solo uso fueron efectivamente solicitadas y utilizadas, impide concluir —como pretende el recurrente— que el acceso fue legítimo y atribuible exclusivamente al cliente». Descartó también el hecho de un tercero: «no hay una verdadera ajenidad cuando el tercero se sirve del canal dispuesto por el proveedor para cometer el acto lesivo». Son las mismas bitácoras que hoy el Anexo 1 del Acuerdo SUGEF 5-26 exige al banco que deniega un reclamo.

En la 1299-F-S1-2025 quedó firme una condena fundada en que «las formas de autenticación, al ser pactadas entre el Banco y el cliente o consumidor por medio de contratos de adhesión, conllevan riesgos en su utilización que deben ser asumidos por la entidad prestataria del servicio».

En 2026, el Tribunal Contencioso Administrativo condenó al Banco Popular a reintegrar ₡10.800.000 a una persona adulta mayor que pidió auxilio en la sucursal mientras ocurría el fraude: el banco trasladó fondos entre cuentas y dejó abierto el canal digital, y 14 minutos después empezó la sustracción (sentencia 4198-2026, sin firmeza que conste). Es la primera resolución que invoca la Ley 10889, y el caso ilustra el deber de bloqueo inmediato que hoy fija el artículo 4.

La culpa de la víctima en la ingeniería social

La otra vertiente libera al banco cuando el propio cliente entregó sus datos a un estafador. La Sala lo funda en que la responsabilidad objetiva «debe relacionarse a un riesgo interno de la empresa» y queda excluida «si el evento dañino se debe a un factor externo a la organización» (sentencia 225-F-S1-2023). En la misma sentencia dejó una salvedad: «Si la entidad financiera no toma las medidas necesarias y adecuadas para proteger a sus clientes frente a cualquier tipo de criminalidad que tenga por objetivo a personas consumidoras de servicios bancarios, a pesar de tener conocimiento de tal amenaza, allí sí sería autora de una conducta que podría dar lugar a responsabilidad de su parte.»

En la 893-F-S1-2024, un caso de llamada de un supuesto funcionario, la Sala explicó de dónde sale la eximente en materia de consumo: «la misma Ley Núm. 7472 remite de forma expresa para lo no previsto en ella, lo dispuesto en la LGAP, el cual regula dicha eximente de responsabilidad». Y en la 781-F-S1-2025 reconoció su propio giro: «con el paso del tiempo y su cambio de integración se ha decantado por un criterio que atiende al análisis específico del caso concreto, las pruebas que constan en autos y no a una aplicación tajante de la responsabilidad objetiva dentro de los contratos de consumo».

Dos sentencias de 2026 muestran cómo se aplica. En la 1055-F-S1-2026, sobre hechos de abril de 2020, una clienta digitó su clave en un enlace tras la llamada de un falso funcionario de Hacienda; el banco le avisó por correo de la matrícula de 14 cuentas, ella respondió a ese correo y no llamó al número indicado. El Tribunal había repartido el daño al 50 %; la Sala casó y declaró sin lugar la demanda, porque «una persona con la diligencia media, al no recibir ninguna respuesta, debió de comunicarse directamente con la entidad bancaria». La sentencia, dictada 3 meses después de la vigencia de la Ley 10889, no la menciona, y descartó por poco viables la matrícula demorada de cuentas y el bloqueo automático de movimientos atípicos que proponía el Tribunal. Hoy, el artículo 3 de la ley y el artículo 12 del Acuerdo SUGEF 5-26 exigen a las entidades el análisis de patrones transaccionales y la confirmación previa de las transacciones atípicas.

En la 789-F-S1-2026, una clienta en el extranjero fue contactada por WhatsApp con el logo del banco; la Sala acogió la culpa de la víctima, pero calificó de «enteramente cuestionable, injustificable e inaceptable» la política del banco de enviar alertas de transacciones solo a los clientes inscritos para recibirlas. La notificación de transacciones la regula hoy el artículo 15 del Acuerdo SUGEF 5-26. La sentencia 2007-F-S1-2022 y el voto salvado del magistrado López Casal en la 1892-F-S1-2023, que completan esta línea, se comentan en la ficha de la 300-F-S1-2009.


La pregunta abierta: ¿la culpa de la víctima sigue liberando al banco?

Con la Ley 10889, la respuesta todavía no está dada. El texto apunta en dos direcciones. El artículo 35 conserva la frase «cuando se configure alguna eximente dispuesta en la legislación», sin enumerar cuáles, y la Sala Primera ha entendido que la culpa de la víctima llega a la materia de consumo por remisión a la Ley General de la Administración Pública. El artículo 3, en cambio, solo permite a la entidad rechazar el reclamo por autofraude, dolo o transferencia entre cuentas del mismo titular.

El trámite legislativo aporta un dato. En la sesión del 25 de febrero de 2026, la Comisión Legislativa Plena Tercera aprobó, 10 votos a 5, la moción 6-15, que eliminó una cuarta causa de rechazo (las transferencias al cónyuge, al conviviente y a familiares), y rechazó, 9 votos a 6, la moción 5-15, que agregaba como causa de rechazo: «5. Cuando haya existido culpa grave, entendida como el descuido por parte del reclamante en la precaución necesaria para evitar un daño». Al defenderla, la diputada proponente sostuvo: «Igual estamos dejando claro que es el banco quien va a tener que demostrar que la persona hizo autofraude; no al revés. Estamos cambiando la carga de la prueba.» Ese voto dejó el descuido del cliente fuera de las causas de rechazo del procedimiento ante la entidad. Si la culpa de la víctima sigue operando en juicio por la vía del artículo 35 es una cuestión que ningún tribunal ha resuelto.

La Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito llevó el punto a la Sala Constitucional: su acción alega que «el inciso b del artículo 3 elimina la culpa de la víctima como eximente de responsabilidad».


La acción de inconstitucionalidad en trámite

La Asociación Bancaria Costarricense impugnó los artículos 3, 5 y 8 (párrafos 1 y 2) de la ley en el expediente 26-017324-0007-CO. La Presidencia de la Sala Constitucional le dio curso el 28 de mayo de 2026. La Asociación alega, entre otras cosas, que el artículo 8 restringe la intimidad y la autodeterminación informativa y requería votación calificada del Plenario, que el procedimiento del artículo 3 y la restitución a los 120 días equivalen a un solve et repete y que la compensación del artículo 5 es una sanción automática.

Al darle curso, la Sala advirtió que en este tipo de acción «no opera el efecto suspensivo de la interposición». Cuando la Sugef pidió que se precisara qué actos quedaban suspendidos, la Sala declaró no ha lugar la gestión porque la resolución de curso «es clara en advertir cuáles son los efectos que produce la resolución de curso de este proceso y no es la de suspender la vigencia de la normativa en general ahí impugnada», y dejó a «la instancia de legalidad ordinaria» determinar qué actuaciones se ven alcanzadas (voto 2026-023067).

El 24 de junio de 2026 se le acumuló la acción de la Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito, que alega además que el artículo 5 establece «una indemnización punitiva», y el 1 de julio de 2026 la de la Cámara de Bancos e Instituciones Financieras, que impugna la ley completa por un vicio de procedimiento: el proyecto de 3 artículos se convirtió en uno de 15 artículos y 3 transitorios. El 14 de julio de 2026 la acción se tuvo por ampliada en esos términos.

La Procuraduría General rindió su informe el 15 de junio de 2026, sobre la acción de la Asociación Bancaria, y recomendó «declarar sin lugar la presente acción de inconstitucionalidad por el fondo»; sobre la compensación, destacó «el carácter compensatorio —y no sancionatorio— de la medida». La decisión corresponde a la Sala. Al 28 de octubre de 2026 la Sala no ha dictado sentencia de fondo.


De dónde salió la ley: el expediente 23.908

El proyecto lo presentaron el 29 de agosto de 2023 el diputado Óscar Izquierdo Sandí y otros diputados, y se publicó en La Gaceta N.° 186 del 10 de octubre de 2023. Tenía 3 artículos: la reforma del artículo 35 de la Ley 7472 y la inversión de la carga de la prueba en la Ley General de la Administración Pública y en el Código Procesal Civil. El texto propuesto del artículo 35 suprimía la frase «Solo se libera quien demuestre que ha sido ajeno al daño». La exposición de motivos describía el problema así: las víctimas «recurren a la vía judicial, y en virtud de que no existe una norma expresa que faculte al operador jurídico a dar una sentencia justa, donde se responsabilice a la entidad bancaria de incumplimiento de deber de eficaz custodia, casi siempre terminan perdiendo su capital y patrimonio».

La Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Jurídicos dictaminó el 29 de octubre de 2024 un texto sustitutivo que admitía dos eximentes, el autofraude y el cumplimiento de los estándares de ciberseguridad de la Sugef, con 60 días hábiles para resolver los reclamos. Durante 2025, las mociones de fondo del Plenario hicieron oscilar el texto entre una sola eximente y las dos. El Departamento de Servicios Técnicos advirtió en su informe AL-DEST-IJU-097-2025, del 13 de marzo de 2025, «eventuales roces con los principios constitucionales de seguridad jurídica, razonabilidad y tipicidad».

El texto definitivo nació en la Comisión Legislativa Plena Tercera, que el 22 de octubre de 2025 aprobó, 13 votos a 0, la moción de texto sustitutivo 27-7. Esa moción creó el procedimiento actual (30 días para reclamar y 30 para resolver, validación de la Sugef, compensación de un salario base y preclusión a los 120 días), remitió en el artículo 35 a «alguna eximente dispuesta en la legislación» y llevó las causas cerradas de rechazo al artículo 3. La comisión votó el primer debate el 25 de febrero de 2026 y el segundo el 4 de marzo de 2026, por 14 votos a 0. La ley se sancionó el 23 de marzo de 2026. Su aprobación en Comisión Plena, con potestad legislativa plena, es el trámite que impugna la Cámara de Bancos.


Preguntas frecuentes

¿Desde cuándo rige la Ley 10889?

Desde el 22 de abril de 2026, fecha de su publicación en el Alcance 40 a La Gaceta N.° 73. Los reclamos que estaban pendientes a esa fecha se resuelven con el procedimiento y los plazos de la nueva ley (Transitorio III).

¿Qué debo hacer primero si me sustrajeron dinero?

La ley regula tres actuaciones: reportar a la entidad por cualquiera de sus canales, que deben funcionar las 24 horas, y pedir el código de recepción con fecha y hora; denunciar ante el OIJ; y presentar el reclamo con el formulario de la entidad y la copia de la denuncia dentro de los 30 días naturales siguientes a los hechos.

¿En cuánto tiempo me deben devolver el dinero?

La entidad tiene 30 días naturales para resolver, prorrogables una vez por 10 días hábiles. Si el reclamo procede, acredita los fondos en 10 días naturales. Si resuelve tarde, le debe un salario base de compensación (¢462.200 en 2026), y si pasan 120 días naturales sin resolver, debe restituir en 10 días naturales.

¿La ley cubre las transferencias por SINPE?

La ley no nombra el SINPE, pero hace responder a la entidad «independientemente del mecanismo utilizado para la sustracción», y obliga al Banco Central a reforzar la seguridad de sus plataformas de pago (artículo 8).

¿Qué pasa si la entidad rechaza mi reclamo?

Debe fundamentar el rechazo con evidencia forense y enviar copia a la Sugef y al OIJ. La validación de la Sugef está suspendida desde el 4 de junio de 2026, de modo que hoy quedan la vía judicial y la denuncia ante la Comisión Nacional del Consumidor, que puede ordenar la devolución del dinero pero no condenar a daños y perjuicios.

¿Responde el banco si yo entregué mis datos a un estafador?

En los casos anteriores a la ley, la Sala Primera ha liberado al banco por culpa de la víctima. Con la Ley 10889, la culpa del cliente no figura entre las causas para rechazar el reclamo ante la entidad, pero el artículo 35 conserva las eximentes legales, y ningún tribunal ha resuelto todavía cómo se combinan.


Fuentes

Normativa
  1. Protección a las personas consumidoras en la custodia de su dinero que administra cualquier entidad financiera en Costa Rica, ya sea pública o privada, autorizada para este finLey N.° 10889 de 23-03-2026, Alcance 40 a La Gaceta N.° 73 de 22-04-2026, arts. 1 a 15 y transitorios I a III
  2. Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del ConsumidorLey N.° 7472, arts. 35 (reformado por el art. 1 de la Ley 10889), 46, 47, 53 y 56
  3. Ley General de la Administración PúblicaLey N.° 6227, art. 298, inciso adicionado por el art. 6 de la Ley 10889 (inversión de la carga de la prueba)
  4. Código Procesal CivilLey N.° 9342, art. 41.1, inciso 3 adicionado por el art. 7 de la Ley 10889
  5. Reglamento sobre aspectos mínimos de control para prevenir y mitigar estafas informáticas en perjuicio de los usuarios financierosAcuerdo SUGEF 5-26, resolución SGF-RES-0036-2026 de 11-08-2026, Alcance 122 a La Gaceta N.° 172 de 11-09-2026, arts. 6 a 18 y Anexo 1
Jurisprudencia
  1. Sentencia 300-F-S1-2009Sala Primera26-03-2009Banca por internet y responsabilidad objetivaEncuadró la relación entre el banco y su cliente como relación de consumo, aplicó el riesgo creado del art. 35 de la Ley 7472 con la prueba de la eximente a cargo del banco y trató el mecanismo de identificación como parte del servicio.Redactó el magistrado González Camacho.
  2. Sentencia 225-F-S1-2023Sala Primera16-02-2023Riesgo interno y factor externoLa responsabilidad objetiva opera frente a un riesgo interno de la empresa y queda excluida ante un factor externo, salvo que la entidad no tome las medidas adecuadas frente a una amenaza conocida.
  3. Sentencia 893-F-S1-2024Sala Primera04-07-2024Culpa de la víctima en el consumoLa culpa de la víctima opera en las relaciones de consumo porque la Ley 7472 remite a la LGAP; sin lugar el recurso del cliente en un caso de phishing telefónico.
  4. Sentencia 1538-F-S1-2024Sala Primera24-10-2024Seguridad de cada transacciónEl banco debía demostrar las comprobaciones de seguridad de cada una de las transacciones; confirma la condena y la anulación del oficio que rechazó el reclamo.
  5. Sentencia 781-F-S1-2025Sala Primera02-05-2025Examen del caso concretoLa Sala reconoce que, con su cambio de integración, atiende al análisis del caso concreto y no aplica de forma tajante la responsabilidad objetiva en los contratos de consumo.
  6. Sentencia 1299-F-S1-2025Sala Primera18-09-2025Métodos de autenticaciónLas formas de autenticación pactadas en contratos de adhesión conllevan riesgos que asume la entidad; rechazo de plano del recurso del banco.
  7. Sentencia 1701-F-S1-2025Sala Primera18-11-2025Bitácoras y contraseñas de un solo usoSin registros que reconstruyan la sesión y el uso de las contraseñas de un solo uso no puede concluirse que el acceso fue legítimo; el tercero que usa el canal del banco no es ajeno al servicio.
  8. Sentencia 789-F-S1-2026Sala Primera04-06-2026Alertas y culpa de la víctimaAcoge la culpa de la víctima contactada por WhatsApp, y reprocha al banco enviar alertas de transacciones solo a los clientes inscritos.
  9. Sentencia 1055-F-S1-2026Sala Primera22-07-2026Ingeniería social, hechos de 2020Casa el reparto del daño al 50 % y declara sin lugar la demanda por culpa de la víctima, que digitó su clave en un enlace y no llamó al banco tras el aviso de matrícula de cuentas.
  10. Sentencia 4198-2026Tribunal Contencioso Administrativo24-06-2026Falta de bloqueoCondena al banco al reintegro y anula las resoluciones que rechazaron el reclamo: supo del fraude en la sucursal y dejó abierto el canal digital. Primera resolución que invoca la Ley 10889; sin firmeza que conste.
  11. Resolución 2026-092609Sala Constitucional28-05-2026Curso de la acción contra la Ley 10889Da curso a la acción de la Asociación Bancaria Costarricense contra los arts. 3, 5 y 8 (exp. 26-017324-0007-CO); en la acción directa por intereses corporativos no opera el efecto suspensivo de la interposición.
  12. Voto 2026-023067Sala Constitucional24-06-2026Gestión de la SugefDeclara no ha lugar la gestión de la Sugef: la resolución de curso no suspende la vigencia de la normativa impugnada, y qué actuaciones se ven alcanzadas corresponde a la legalidad ordinaria.
  13. Voto 2026-023171Sala Constitucional24-06-2026AcumulaciónAcumula la acción de la Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito, que alega que el art. 3 b) elimina la culpa de la víctima como eximente y que el art. 5 es una indemnización punitiva.
  14. Voto 2026-024647Sala Constitucional01-07-2026AcumulaciónAcumula la acción de la Cámara de Bancos e Instituciones Financieras contra la totalidad de la ley por vicio de procedimiento.
  15. Voto 2026-022861Sala Constitucional19-06-2026Amparo improcedenteRechazo de plano: el conflicto con el banco por un reclamo pendiente es de legalidad ordinaria.
  16. Voto 2026-022981Sala Constitucional19-06-2026Amparo improcedenteRechazo de plano: los cargos de tarjeta discutidos son un diferendo contractual de legalidad ordinaria.
  17. Voto 2026-024623Sala Constitucional30-06-2026Amparo improcedenteRechazo de plano de un amparo por un fraude de abril de 2026 y la negativa del banco a remitir el expediente a la Sugef; lo mismo respecto de lo resuelto por la Sugef.
  18. Voto 2026-034533Sala Constitucional08-09-2026Amparo improcedenteRechazo de plano de un amparo por una sustracción por SINPE y un reclamo cerrado sin investigación interna.
Procuraduría General de la República
  1. Informe a la Sala Constitucional, exp. 26-017324-0007-CO15-06-2026, recomienda declarar sin lugar por el fondo la acción de la Asociación Bancaria Costarricense
Sugef
  1. Circular SGF-OFC-0740-2026Sistema TSA como único canal para recibir las resoluciones denegatorias de la Ley 10889
  2. Circular SGF-OFC-0831-202604-06-2026, suspensión del acto razonado de validación de las denegatorias
  3. Circular SGF-OFC-1146-202604-09-2026, alcance de la suspensión; la Ley 10889 sigue vigente
Salario base
  1. Consejo Superior del Poder JudicialSesión 113-2025 de 16-12-2025, art. LXV: salario base de ¢462.200 a partir del 1 de enero de 2026 (Ley N.° 7337)
Antecedentes legislativos
  1. Expediente 23.908Proyecto de ley, La Gaceta N.° 186 de 10-10-2023, pp. 2-7 (exposición de motivos)
  2. Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos JurídicosDictamen afirmativo de mayoría con texto sustitutivo, 29-10-2024
  3. Departamento de Servicios TécnicosInforme AL-DEST-IJU-097-2025, 13-03-2025
  4. Comisión Legislativa Plena TerceraSesiones n.º 7 (22-10-2025, moción de texto sustitutivo 27-7), n.º 15 (25-02-2026, mociones 5-15 y 6-15 y primer debate) y n.º 16 (04-03-2026, segundo debate)

Textos normativos: SINALEVI, versión vigente al 28 de octubre de 2026; Acuerdo SUGEF 5-26 cotejado con el Alcance 122 a La Gaceta. Jurisprudencia: Nexus del Poder Judicial. Expediente legislativo: SIL de la Asamblea Legislativa. Cotejo al 28 de octubre de 2026.


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Temas: Ley 10889 · Fraude bancario · Ley del Consumidor · Sugef · Sala Primera · Responsabilidad objetiva

Contenido informativo, revisado al 28 de octubre de 2026. Su aplicación a un caso concreto depende del expediente. Política editorial.

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Sobre el autor
Lic. Khevin Alberto Sánchez Zamora
Lic. Khevin Alberto Sánchez Zamora

Abogado Asociado · Corporación GC

Licenciado en Derecho por la Universidad de Costa Rica, Abogado Asociado de Corporación GC.

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Área de práctica
Litigio Contencioso AdministrativoDemandas contra el Estado y entes públicos ante el Tribunal Contencioso Administrativo

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