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Guía práctica

Ley Marco de Acceso a la Información Pública (Ley 10554): plazos, límites y qué hacer si no responden

Desde el 1 de noviembre de 2024 toda institución pública debe entregar la información que se le pida en 10 días hábiles, con una sola ampliación de hasta un mes. Esta guía explica quién está obligado, qué se puede pedir, qué pueden negar, la transparencia activa y el amparo cuando no responden.

La Ley Marco de Acceso a la Información Pública es la Ley N.° 10554 de 23 de octubre de 2024, publicada en el Alcance N.° 178 a La Gaceta N.° 205 del 1 de noviembre de 2024 y vigente desde ese día. Desarrolla el artículo 30 de la Constitución Política, que dispone: «Se garantiza el libre acceso a los departamentos administrativos con propósitos de información sobre asuntos de interés público. Quedan a salvo los secretos de Estado.» Su regla central está en el artículo 10: la institución debe entregar la información en un plazo no mayor de 10 días hábiles, contado a partir de la fecha de recepción de la solicitud, con una sola ampliación de hasta un mes que debe avisarse dentro de esos 10 días. Si no responde, la persona puede acudir a la Sala Constitucional con un recurso de amparo.

La ley tiene 19 artículos y un transitorio, y al 28 de octubre de 2026 no ha sido reformada; su texto vigente está en SINALEVI. Esta guía explica quién está obligado a dar información, qué se puede pedir, cómo presentar la solicitud, qué información pueden negar, qué debe publicar cada institución sin que nadie lo pida y qué ha dicho la Sala Constitucional. Complementa nuestra guía sobre el derecho de petición, que trata el artículo 27 de la Constitución y la Ley 9097.


Quién está obligado a entregar información

El artículo 4 reconoce el derecho a «toda persona física o jurídica que solicita información de carácter público, de manera verbal o escrita». Del otro lado, el artículo 5 enumera a los sujetos obligados: «a) La Administración central. b) Los Poderes Legislativo, Judicial y el Tribunal Supremo de Elecciones, cuando realicen funciones administrativas. c) La Administración descentralizada (institucional y territorial), instituciones autónomas y municipalidades, y las demás entidades de derecho público.»

El mismo artículo alcanza a sujetos privados. Son sujetos obligados «las personas jurídicas de derecho privado, sus apoderados, administradores, gerentes y representantes legales, y las personas físicas que custodien, administren o exploten fondos, bienes o servicios de la Administración Pública, por cualquier título o modalidad de gestión», y la ley incluye en esa categoría a los partidos políticos. Las empresas públicas en competencia siguen obligadas, pero deben «separar la información de acceso público de aquella de carácter sensible o confidencial, enmarcada en el secreto industrial, comercial o económico».

El último párrafo del artículo 5 excluye a los sujetos de derecho privado prestadores de un servicio público, «sin perjuicio de la obligación que les corresponde de brindar información a las personas usuarias sobre las condiciones operativas del servicio público que prestan». Frente a esos sujetos sigue disponible la vía de la Ley 9097 y del amparo contra sujetos de derecho privado, que explica la guía del derecho de petición.


Qué información se puede pedir

La ley parte de una presunción. Según el principio de transparencia del artículo 2, inciso a), «toda la información en poder de los sujetos obligados de esta ley se presume pública, a menos que esté sujeta a los límites de confidencialidad, privacidad y las excepciones señaladas en la legislación», en la Constitución, en los tratados de derechos humanos y en otras disposiciones de rango legal. El artículo 18 completa la idea: «Todo material producido por un funcionario público o funcionaria pública, en el ejercicio de sus funciones, se tendrá bajo el dominio público, con excepción de los datos personales», y sin perjuicio de los límites constitucionales, internacionales y legales.

La ley distingue un tipo de información que debe salir de inmediato. El artículo 10 dispone que, «En caso de tratarse de información pública preconstituida, el sujeto obligado deberá brindar lo solicitado de forma inmediata», y la define como «aquella que se encuentra en los registros físicos y digitales de las administraciones públicas y que es de fácil acceso». Si lo pedido ya está publicado en la página web institucional, el artículo 8 permite a la Administración indicar «en forma sencilla, sobre la forma de acceder a la información».

El derecho recae sobre información que existe. La Sala Constitucional precisó que «el derecho de acceso a la información pública se refiere a información preexistente y no obliga a la Administración a producir un estudio técnico, jurídico o comparativo que no conste en sus registros»; si ese análisis no existe, «la autoridad deberá indicarlo expresamente y entregar los datos y documentos disponibles» (voto 2026-029979). El artículo 15 reconoce a la persona el derecho a ser informada de si los documentos están o no en poder del sujeto obligado.


Cómo presentar la solicitud

La solicitud puede hacerse «por cualquier medio escrito, electrónico o material, que permita constatar la solicitud y sin necesidad de justificar las razones por las que se solicita la información» (artículo 11). Los requisitos son cuatro, y la ley los enumera como los únicos: «el nombre de la persona, el número de identificación, la información que solicita y el medio para recibir notificaciones por el cual recibirá la información» (artículo 10). El artículo 11 añade que en la solicitud «debe prevalecer, a favor del solicitante, la informalidad, celeridad y eficiencia del sujeto obligado». La ley no exige firma.

Cada sujeto obligado debe «disponer un correo electrónico oficial y un formulario específico y accesible en la página electrónica Institucional» para recibir y atender las solicitudes (artículo 8). Al recibirla, la oficina «deberá extender inmediatamente un comprobante de acuse de recibido, con indicación de la fecha de recibo de la solicitud, el nombre de quien la recibe y la descripción de la solicitud» (artículo 12). Ese comprobante fija la fecha desde la que corre el plazo y conviene conservarlo.

El acceso es gratuito mientras no se requiera reproducir la información; los costos de reproducción corren por cuenta de quien la solicita (artículo 13).


El plazo de 10 días hábiles y la prórroga de hasta un mes

El artículo 10 dispone que la información «deberá entregarse en un plazo no mayor de diez días hábiles, a toda persona física o jurídica, contado a partir de la fecha de recepción de la solicitud». La redacción difiere de la Ley 9097, que cuenta su plazo «a partir del día siguiente de la recepción»; conviene tener presente esa diferencia al calcular el vencimiento.

La ley admite una ampliación por complejidad. Si la autoridad necesita más tiempo, «deberá informar al solicitante, en el plazo inicial de los diez días hábiles, con la debida justificación e indicando de cuánto será la ampliación, que deberá ser razonable, proporcional y no podrá exceder de forma excepcional el plazo de un mes». La prórroga tiene, por tanto, cuatro condiciones: se comunica dentro de los 10 días, se justifica, indica su duración y no pasa de un mes. Cómo ha aplicado la Sala cada una de ellas se explica más abajo, en el apartado de jurisprudencia.


Si la solicitud no es clara: la aclaración

Cuando lo solicitado no se describe con claridad, la persona funcionaria encargada debe pedir que se corrija «en el plazo de tres días, contado a partir de la recepción de la petición», y la persona solicitante cuenta con «el plazo de cinco días hábiles a partir de la notificación de la prevención» para aclarar. El plazo para atender la solicitud «comenzará a regir a partir del momento en que el funcionario encargado tenga por cumplida la prevención» (artículo 10). La ley habla de 3 días para la institución, sin calificarlos, y de 5 días hábiles para la persona.


Qué información pueden negar: los límites del artículo 6

El artículo 6 fija la regla y la excepción: «La regla general es garantizar el derecho de acceso a la información pública y su excepción los límites que son aquellos que están establecidos en la Constitución Política de la República de Costa Rica, en la normativa internacional aprobada por la Asamblea Legislativa y en las leyes, conforme al principio de reserva de ley.» Y agrega: «La materia referida a los límites al derecho de acceso a la información pública debe ser interpretada en forma restrictiva, pues la regla general será su acceso.»

La ley no tiene un catálogo propio de excepciones. Remite a los límites que ya existen en la Constitución, como el secreto de Estado del artículo 30 y la intimidad del artículo 24, en los tratados y en las leyes especiales, como la Ley 8968 de protección de datos personales. Fue una decisión deliberada. El dictamen afirmativo de mayoría de la Comisión de Asuntos Jurídicos, de 4 de octubre de 2023, explica que los límites de proyectos anteriores «se constituían en conceptos jurídicos indeterminados y restrictivos para el acceso» y que, con la nueva redacción, «quedan como límites únicamente los establecidos en la Constitución Política (como el secreto de Estado), normativa internacional aprobada por la Asamblea Legislativa y en las leyes, todo con base en el principio de reserva de ley».

Toda negativa debe estar motivada. Cuando un sujeto obligado deniegue en forma total o parcial una solicitud, «este deberá motivar el acto y especificar con base en cuál límite y normativa sustenta su resolución negativa» (artículo 6).


Datos personales

El artículo 18 excluye del dominio público los datos personales, y la Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales (Ley N.° 8968) define cuáles se protegen. Su artículo 9 distingue los datos sensibles, que nadie está obligado a suministrar; los datos de acceso restringido, que «aun formando parte de registros de acceso al público, no son de acceso irrestricto por ser de interés solo para su titular o para la Administración Pública»; y los datos de acceso irrestricto, de los que excluye «la dirección exacta de la residencia […], la fotografía, los números de teléfono privados».

La protección de esos datos no vuelve secreta toda la información en que aparecen personas. La Sala Constitucional sostuvo que «el derecho de acceso a la información pública no es absoluto. Debe armonizarse con el derecho a la intimidad reconocido en el artículo 24 de la Constitución Política y con la autodeterminación informativa regulada por la Ley No. 8968», y en el mismo voto aclaró que «esa obligación de confidencialidad no convierte automáticamente en reservada toda la información administrativa relacionada con organizaciones sindicales» (voto 2026-029979). La Procuraduría General de la República, consultada sobre los videos de las cámaras de seguridad de una municipalidad, concluyó que esas grabaciones «no son información pública de acceso irrestricto» y que toda entrega requiere «acto administrativo motivado, en el cual se realice un juicio de ponderación entre el derecho de acceso a la información pública y el derecho a la autodeterminación informativa, conforme a la Ley N.° 8968, la Ley N.° 10554 y la jurisprudencia constitucional citada» (dictamen C-078-2026, vinculante para la municipalidad consultante).

La ley, por su parte, obliga a publicar el índice salarial y las planillas con el salario bruto de las personas funcionarias públicas (artículo 16, incisos j y k).


Lo que cada institución debe publicar sin que se lo pidan

El artículo 16 impone la transparencia activa: los sujetos obligados de naturaleza pública deben publicar en su sitio web, «al menos», una lista de 21 rubros. Entre ellos están el marco normativo, la estructura orgánica, el directorio, los trámites y requisitos, el «Listado de funcionarios institucionales», los puestos y su reclutamiento, las planillas, los planes y presupuestos y su ejecución, la información de auditoría interna, las actas de los órganos colegiados «salvo expresa disposición legal», los viajes y viáticos, los subsidios y becas, y «Toda la información de las etapas de los procesos de contratación administrativas de la institución». La publicación «será en formato abierto, interoperable y accesible».

La omisión de publicar esa información es amparable según el artículo 14, inciso d), que por error remite al artículo 17 cuando la publicación oficiosa está regulada en el 16.


Qué hacer si no responden: Contraloría de Servicios y amparo

La ley no creó un órgano garante externo. La atención de las solicitudes y de las quejas queda dentro de cada institución: el artículo 9 permite designar a la Contraloría de Servicios o, en su defecto, a «cualquier otra oficina existente destinada a la atención de los habitantes», que tendrá competencia «para atender las quejas relacionadas con la falta de atención de las solicitudes de información pública». Cada institución debe además incluir en su informe anual una sección de acceso a la información con las estadísticas de solicitudes, los plazos de atención y los amparos (artículo 17).

La tutela externa es el recurso de amparo. El artículo 14 dispone que el derecho de acceso, «como derecho fundamental de origen constitucional, será siempre susceptible de tutela judicial mediante el recurso de amparo», en especial en estos supuestos: la omisión de entregar la información en el plazo del artículo 10; la información «ambigua o parcial, sin justificación» que «constituya una negativa de respuesta»; las actuaciones materiales o los actos que afecten el derecho de acceso y el principio de transparencia; la omisión de la publicación oficiosa; y «Cualquier otro supuesto establecido por ley». El amparo se presenta ante la Sala Constitucional, en forma gratuita y sin necesidad de abogado, como explica nuestra guía del recurso de amparo.

El artículo 15 fija una escala disciplinaria propia para las personas funcionarias que vulneren los derechos de quien pide información: apercibimiento oral por la primera infracción, amonestación por escrito ante cuatro o más infracciones en un año y suspensión de 3 a 5 días sin goce de salario cuando la infracción constituya falta grave. El superior jerárquico puede además abrir procedimientos contra quienes «hayan rechazado solicitudes de acceso a la información pública y que provoquen una condena por violación de este derecho fundamental por parte de la Sala Constitucional».


El reglamento pendiente y lo que ordenó la Sala

El artículo 19 dispuso: «El Poder Ejecutivo reglamentará esta ley en un plazo de seis meses a partir de su publicación.» El plazo venció el 1 de mayo de 2025 sin reglamento. En el voto 2026-011637, de 27 de marzo de 2026, la Sala Constitucional declaró con lugar un amparo contra el Ministerio de la Presidencia por esa omisión, porque «provoca, como ya se indicó, una evidente inseguridad jurídica en cuanto a los umbrales de excepción a la regla básica de que debe haber una amplia publicidad y transmisión de la información pública, incluida la ambiental», y le ordenó emitir el reglamento «dentro del plazo de dos meses, contado a partir de la notificación de esta sentencia». A petición del ministro, la resolución 2026-025496, de 8 de julio de 2026, amplió ese plazo «por el término de dos meses, contado a partir del 14 de julio de 2026».

En octubre de 2026 el Poder Ejecutivo divulgó un proyecto de reglamento. Mientras no se publique en La Gaceta, rige la ley sola, y la Sala la aplica directamente en cada amparo, como muestran los votos citados en esta guía.


El secreto de Estado y el decreto de 2026

En agosto de 2026 el Poder Ejecutivo declaró secreto de Estado la información de varios órganos de seguridad (Decreto Ejecutivo N.° 45870-MSP, publicado en el Alcance N.° 104 a La Gaceta N.° 149 del 10 de agosto de 2026) y en octubre reformó esa declaratoria (Decreto Ejecutivo N.° 45962-MSP, La Gaceta N.° 197 del 19 de octubre de 2026) para limitarla a los casos en que la divulgación ponga en riesgo la labor policial o la vida de las personas y excluir la contratación ordinaria y la ejecución general del presupuesto. La Sala Constitucional dio curso el 4 de setiembre de 2026 a una acción de inconstitucionalidad contra el decreto original, que está pendiente.

La Sala ha dicho de forma reiterada que el secreto de Estado se interpreta restrictivamente y está sujeto a reserva de ley; cómo se aplicará ese criterio a este decreto lo decidirá la sentencia. En su jurisprudencia general, la Sala sostuvo desde 2003 que «El secreto de Estado en cuanto constituye una excepción a los principios o valores constitucionales de la transparencia y la publicidad de los poderes públicos y su gestión debe ser interpretado y aplicado, en todo momento, de forma restrictiva» (voto 2003-00136). En el voto 2024-004616, adoptado por mayoría frente al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, reiteró que «La aplicación del secreto de Estado está sujeta al principio de reserva de ley y a una interpretación restrictiva» y fijó un método: «antes de optar por no dar nada, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto debió recabar la información pedida y analizarla, para así poder clasificar cuáles datos se mantenían como secreto de Estado y cuáles no».


Lo que ha dicho la Sala Constitucional

El contenido del artículo 30. El voto 2003-00136 sigue siendo la referencia sobre el derecho de acceso. La Sala explicó que «El numeral 30 de la Constitución Política, evidentemente, se refiere al derecho de acceso ad extra, puesto que, es absolutamente independiente de la existencia de un procedimiento administrativo», y que «el propósito del constituyente fue reducir a su mínima expresión el secreto administrativo y ampliar la transparencia y publicidad administrativas». El acceso de las partes a su propio expediente es otra figura, regulada en los artículos 272 a 274 de la Ley General de la Administración Pública.

La prórroga debe tener fecha. En el voto 2025-033907 la Sala acogió un amparo contra la Contraloría de Servicios de un ministerio que, «si bien comunicó al solicitante que el trámite requería un tiempo mayor, omitió señalar con precisión el nuevo plazo de respuesta». En el mismo voto advirtió que «las limitaciones de personal o la carga de trabajo no constituyen motivos válidos para restringir el acceso a datos públicos, dado que las obligaciones en materia de transparencia son de carácter objetivo y no pueden supeditarse a deficiencias administrativas». En sentido inverso, declaró sin lugar un amparo contra un colegio profesional que, antes del recurso, había avisado que entregaría las actas en un plazo «no mayor de un mes» para anonimizar la información sensible: «Tal respuesta se ajusta a los parámetros establecidos por este Tribunal» (voto 2026-010108). Vencido el plazo ampliado sin respuesta, el amparo procede (voto 2026-022460).

Sin firma digital ni presencialidad. La Sala ha considerado contraria al artículo 11 la exigencia de firma digital. En el voto 2025-026704 señaló que «la exigencia inicial de presentar la gestión con firma digital o en formato físico resulta contraria al principio de informalidad que rige este procedimiento y constituye una traba innecesaria para el ejercicio del derecho de acceso a la información», y en el voto 2026-022685 precisó que la solicitud electrónica «no puede quedar supeditada, como regla general, a la utilización exclusiva de firma digital certificada, cuando por otros medios resulte posible identificar razonablemente a la persona gestionante y conocer el contenido de su petición». Siguió ese criterio frente a una municipalidad en el voto 2026-001767. Frente al Registro Civil, que exigía presentarse en persona, declaró que «la exigencia de presencialidad constituye una restricción carente de sustento legal, desproporcionada e incompatible con las obligaciones establecidas en la Ley Marco de Acceso a la Información Pública» y le ordenó habilitar una dirección electrónica para recibir gestiones (voto 2025-041184).

El canal oficial importa. La Sala declaró sin lugar un amparo cuyo autor envió la solicitud a correos que «no son el canal oficial de recepción y trámite administrativo del colegio recurrido», porque así «no se puede acreditar que exista una solicitud formalmente incoada ante la instancia recurrida» (voto 2026-014483). Enviar la solicitud al correo oficial o al formulario institucional evita esa discusión.

Prestadores privados de servicios públicos. La exclusión del artículo 5 no alcanza la información sobre la operación del servicio. La Sala acogió un amparo contra una ASADA porque la información pedida se circunscribía «a la esfera estrictamente operativa del servicio público delegado», y añadió que el derecho «no admite condicionamientos ajenos a la solicitud planteada ni puede quedar supeditado a contingencias procesales vinculadas con terceros» (voto 2025-035691). En otro caso admitió la solicitud de una persona que no era asociada ni usuaria de la ASADA, porque de su gestión «se desprende un interés legítimo asociado a la prestación del servicio que brinda la ASADA sobre la información que se pretende» (voto 2026-023557).

La respuesta completa. En el voto 2026-029979, el más completo sobre la Ley 10554 entre los consultados para esta guía, la Sala trató la respuesta ambigua o parcial sin justificación como una negativa, reconoció el derecho a saber si los documentos existen y señaló que, en aplicación del artículo 16, la institución «debía proporcionar los requisitos vigentes o indicar el sitio institucional exacto donde se encuentran disponibles, sin que la Ley n.° 8968 pueda ser invocada como obstáculo».


Diferencia con el derecho de petición

El derecho de petición y el derecho de acceso a la información se ejercen a menudo en la misma gestión, y la Sala suele resolverlos juntos, como «los derechos de petición y acceso a la información, consagrados en los artículos 27 y 30 de la Constitución Política» (voto 2025-033907). El legislador de la Ley 10554 los separó con claridad. El dictamen de la Comisión de Asuntos Jurídicos advierte: «En esta materia es muy importante distinguir entre los derechos fundamentales del derecho de petición y el derecho de acceso a la información pública.» El artículo 27 garantiza una respuesta sobre cualquier asunto; el artículo 30 garantiza el acceso a información de interés público, con los límites del secreto de Estado y de la intimidad.

Derecho de peticiónAcceso a la información pública
Base constitucionalArtículo 27Artículo 30
LeyLey 9097, de 2012Ley 10554, de 2024
Qué garantizaUna respuesta pronta y congruente sobre cualquier asuntoLa entrega de información de interés público
RequisitosPor escrito, con nombre, identificación, objeto, destinatario y firma (art. 4)Nombre, identificación, información solicitada y medio para recibirla, sin firma (arts. 10 y 11)
Plazo10 días hábiles desde el día siguiente a la recepción (art. 6)10 días hábiles desde la fecha de recepción; lo preconstituido, de inmediato (art. 10)
AmpliaciónHasta 5 días hábiles, con respuesta parcial dentro del plazo (art. 11 f)Hasta un mes, avisada dentro de los 10 días con justificación y duración (art. 10)
Qué queda fueraLas solicitudes con procedimiento y plazo propios (art. 3)La información protegida por la Constitución, los tratados o la ley, con interpretación restrictiva (art. 6)
Si no respondenAmparo (art. 12)Queja interna (art. 9) y amparo (art. 14)

La Ley 10554 no derogó ni reformó la Ley 9097, que sigue vigente. La mecánica del amparo por falta de respuesta, sus plazos y sus efectos están desarrollados en la guía del derecho de petición.


De dónde salió la ley: el expediente 23.113

La Ley 10554 nació del expediente legislativo N.° 23.113, presentado el 16 de mayo de 2022 por el diputado Alejandro José Pacheco Castro y publicado en el Alcance N.° 105 a La Gaceta N.° 96 del 25 de mayo de 2022. Su exposición de motivos recordaba 10 proyectos anteriores, entre ellos el expediente 20.799, que «llegó a su trámite final, siendo aprobado por la Asamblea Legislativa, pero fue vetado por el Poder Ejecutivo», y explicaba la necesidad de una ley marco: «no tenemos en el ordenamiento jurídico costarricense una ley marco de acceso a la información pública, que es necesaria para sistematizar y fortalecer la libertad de expresión y el acceso de los ciudadanos y de los medios de comunicación colectiva a la información de naturaleza pública.»

El plazo pasó de 5 a 10 días. El proyecto original decía: «La información deberá entregarse en un plazo no mayor de cinco días hábiles a toda persona física o jurídica, cuando la información esté preconstruida o disponible en archivos. En caso de que sea solicitada por algún medio de comunicación o prensa deberá ser entregada en un plazo de cuarenta y ocho horas.» Varias instituciones consultadas pidieron alinear el plazo con la Ley 9097 y con la Ley de la Jurisdicción Constitucional, y una de ellas objetó que «no se justifica que a los medios de prensa se les dé un trato preferencial en relación con el plazo (48 horas), en detrimento de los derechos de los demás ciudadanos». El dictamen afirmativo de mayoría de 4 de octubre de 2023 resolvió: «Se mantiene el plazo de 10 días hábiles para responder a los administrados, sin hacer ningún tipo de distinción en cuanto a quién hace la solicitud de información.»

La prórroga de un mes viene del Decreto 40200. El texto dictaminado conservaba la prórroga de 5 días del proyecto. En su informe AL-DEST-IJU-099-2024, de 20 de marzo de 2024, el Departamento de Servicios Técnicos transcribió el artículo 5 del Decreto Ejecutivo N.° 40200-MP-MEIC-MC, de 2017, que ya fijaba 10 días hábiles y una ampliación que «no podrá exceder de forma excepcional el plazo de un mes», y recomendó «revisar la razonabilidad del plazo que se propone en el texto, a la luz de la norma vigente en el reglamento para esos efectos». El texto actualizado del 27 de agosto de 2024, posterior al segundo informe de mociones, ya traía esa misma redacción, que es la del artículo 10 vigente.

La Defensoría como órgano garante quedó fuera. El proyecto original creaba oficinas de acceso con un oficial de acceso a la información y disponía que «La Defensoría de los Habitantes de la República de Costa Rica, como órgano garante, podrá dar seguimiento y emitir recomendaciones a los sujetos obligados». El texto sustitutivo de 2023 eliminó ambas figuras; Servicios Técnicos lo constató así: «El artículo 18 sobre órgano garante se elimina». Varias entidades consultadas habían objetado el costo de crear oficinas y plazas nuevas. Por eso la supervisión quedó en la Contraloría de Servicios de cada institución y la tutela externa, en el amparo.

La Asamblea aprobó la ley en primer debate el 23 de setiembre de 2024 y en segundo debate el 8 de octubre de 2024; se sancionó el 23 de octubre de ese año.


Preguntas frecuentes

¿Cuánto tiempo tiene una institución para entregar la información?

10 días hábiles desde la fecha de recepción de la solicitud. Puede ampliar el plazo hasta un mes si lo avisa dentro de esos 10 días, con justificación y con la duración. La información preconstituida se entrega de inmediato (artículo 10).

¿Tengo que firmar la solicitud o explicar para qué quiero la información?

No. Bastan su nombre, su número de identificación, la información que pide y el medio para recibirla (artículos 10 y 11). La Sala Constitucional ha considerado una traba exigir firma digital o presentarse en persona.

¿Una empresa privada está obligada?

Si custodia, administra o explota fondos, bienes o servicios de la Administración Pública, sí (artículo 5). Los partidos políticos también lo están. Los privados que prestan un servicio público quedan excluidos, salvo en la información sobre las condiciones operativas del servicio.

¿Qué información pueden negarme?

Solo la protegida por la Constitución, un tratado o una ley, como el secreto de Estado o los datos personales. La negativa debe estar motivada e indicar el límite y la norma en que se sustenta (artículo 6).

¿Qué hago si no me responden?

Presentar una queja ante la Contraloría de Servicios de la institución y un recurso de amparo ante la Sala Constitucional (artículos 9 y 14). El amparo procede también si la respuesta es ambigua o parcial sin justificación.

¿Hay reglamento de la Ley 10554?

Al 28 de octubre de 2026 no se ha publicado. La Sala Constitucional ordenó emitirlo (voto 2026-011637) y, mientras tanto, aplica la ley directamente.


Fuentes

Normativa
  1. Constitución PolíticaArts. 24 (intimidad), 27 (petición) y 30 (acceso a la información y secretos de Estado)
  2. Ley Marco de Acceso a la Información PúblicaLey N.° 10554 de 23-10-2024, Alcance N.° 178 a La Gaceta N.° 205 de 01-11-2024; 19 artículos y un transitorio, sin reformas (versión 1 de 1)
  3. Ley N.° 10554 en La GacetaAlcance N.° 178 a La Gaceta N.° 205, 1 de noviembre de 2024 (Imprenta Nacional)
  4. Ley de Regulación del Derecho de PeticiónLey N.° 9097, arts. 3, 4, 6 y 11 (comparación con la Ley 10554)
  5. Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos PersonalesLey N.° 8968 de 07-07-2011, La Gaceta N.° 170 de 05-09-2011, art. 9 (categorías de datos)
  6. Ley General de la Administración PúblicaLey N.° 6227, arts. 272 a 274 (acceso de las partes al expediente)
  7. Declaratoria de Secreto de EstadoDecreto Ejecutivo N.° 45870-MSP de 27-07-2026, Alcance N.° 104 a La Gaceta N.° 149 de 10-08-2026
  8. Reforma de la Declaratoria de Secreto de EstadoDecreto Ejecutivo N.° 45962-MSP de 09-10-2026, La Gaceta N.° 197 de 19-10-2026 (reforma los arts. 2 y 3 del Decreto 45870-MSP)
Jurisprudencia
  1. Voto 2024-004616Sala Constitucional20-02-2024Secreto de EstadoPor mayoría, acogió el amparo contra el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto: el secreto de Estado está sujeto a reserva de ley y a interpretación restrictiva, y la información debe analizarse para clasificar qué datos se reservan.
  2. Voto 2025-026704Sala Constitucional22-08-2025Firma digitalExigir la firma digital o el formato físico contraría el principio de informalidad del art. 11 de la Ley 10554 y es una traba innecesaria.
  3. Voto 2025-033907Sala Constitucional17-10-2025Prórroga sin fechaAvisar que el trámite requiere más tiempo sin precisar el nuevo plazo incumple el art. 10; la carga de trabajo no justifica la demora.
  4. Voto 2025-035691Sala Constitucional31-10-2025Prestadores privados de servicio públicoAcogió el amparo contra una ASADA: la información sobre la esfera operativa del servicio delegado es exigible según el art. 5.
  5. Voto 2025-041184Sala Constitucional11-12-2025PresencialidadExigir presentarse en persona carece de sustento legal; ordenó al Registro Civil habilitar una dirección electrónica para recibir solicitudes.
  6. Voto 2026-001767Sala Constitucional16-01-2026Firma digitalAcogió el amparo contra una municipalidad que condicionó la atención de la solicitud a la firma digital.
  7. Voto 2026-010108Sala Constitucional20-03-2026Prórroga razonableDeclaró sin lugar el amparo: la ampliación de hasta un mes, comunicada antes del recurso para anonimizar información sensible, se ajusta a la ley.
  8. Voto 2026-011637Sala Constitucional27-03-2026Falta de reglamentoLa omisión de reglamentar la Ley 10554 lesiona el derecho de acceso; ordenó al ministro de la Presidencia emitir el reglamento en dos meses.
  9. Resolución 2026-025496Sala Constitucional08-07-2026Falta de reglamentoA petición del ministro, amplió por dos meses, contados desde el 14-07-2026, el plazo para emitir el reglamento.
  10. Voto 2026-014483Sala Constitucional24-04-2026Canal oficialDeclaró sin lugar el amparo: la solicitud se envió a correos que no eran el canal oficial de recepción.
  11. Voto 2026-022460Sala Constitucional19-06-2026Plazo ampliado vencidoVencido el plazo ampliado sin entregar la información, hay lesión de los arts. 27 y 30 de la Constitución.
  12. Voto 2026-022685Sala Constitucional19-06-2026Firma digitalLa solicitud electrónica no puede supeditarse, como regla general, a la firma digital cuando es posible identificar razonablemente a la persona.
  13. Voto 2026-023557Sala Constitucional26-06-2026Prestadores privados de servicio públicoAcogió el amparo contra una ASADA aunque el solicitante no era asociado ni usuario, por su interés legítimo en la prestación del servicio.
  14. Voto 2026-029979Sala Constitucional06-08-2026Contenido de la respuesta y datos personalesLa respuesta ambigua o parcial sin justificación equivale a negativa; el acceso se armoniza con la Ley 8968 sin volver reservada toda la información; se refiere a información preexistente.
Procuraduría General de la República
  1. Dictamen C-078-202628-05-2026, a la Municipalidad de Vásquez de Coronado: las grabaciones de cámaras de seguridad no son de acceso irrestricto y su entrega exige un acto motivado de ponderación
Otra jurisprudencia citada
  1. Voto 2003-00136Sala Constitucional, 15-01-2003, exp. 02-002774-0007-CO: contenido del art. 30 de la Constitución (acceso ad extra) e interpretación restrictiva del secreto de Estado
Antecedentes legislativos
  1. Expediente 23.113Proyecto de Ley Marco de Acceso a la Información Pública, Alcance N.° 105 a La Gaceta N.° 96 de 25-05-2022
  2. Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos JurídicosSesión ordinaria N.° 18 y dictamen afirmativo de mayoría, 04-10-2023
  3. Departamento de Servicios TécnicosInforme AL-DEST-IJU-099-2024, 20-03-2024
  4. PlenarioPrimer debate 23-09-2024; segundo debate 08-10-2024

Textos normativos: SINALEVI, versión vigente al 28 de octubre de 2026, y La Gaceta. Jurisprudencia: Nexus del Poder Judicial. Antecedentes: Sistema de Información Legislativa. Cotejo al 28 de octubre de 2026.


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