Derecho de petición en Costa Rica: el plazo de diez días y el amparo cuando no responden
Toda persona puede pedir a una institución pública y tiene derecho a una respuesta en diez días hábiles. Esta guía explica la Ley 9097, qué peticiones cubre y cuáles no, cómo presentarlas, qué debe tener la respuesta y qué hace la Sala Constitucional cuando la institución calla.
Toda persona puede dirigir una solicitud a una institución pública y tiene derecho a que se la contesten. El artículo 27 de la Constitución Política garantiza «la libertad de petición, en forma individual o colectiva, ante cualquier funcionario público o entidad oficial, y el derecho a obtener pronta resolución», y la Ley de Regulación del Derecho de Petición (Ley N.° 9097) fija el plazo: diez días hábiles, contados desde el día siguiente a la recepción. Si la institución no responde en ese plazo, la persona puede acudir a la Sala Constitucional con un recurso de amparo.
La ley se publicó en el Alcance 49 a La Gaceta N.° 52 del 14 de marzo de 2013 y no ha sido reformada. Esta guía explica qué peticiones cubre, cómo presentarlas, qué debe tener la respuesta, qué ocurre cuando la institución calla y qué ha dicho la Sala Constitucional en más de tres décadas de jurisprudencia.
Qué garantiza el derecho de petición
El artículo 27 protege dos cosas a la vez: el derecho a pedir y el derecho a una respuesta. La Sala lo fijó en el voto 2000-000163, que sigue siendo la referencia: la persona tiene derecho a que la Administración le conteste a ella, por escrito y en plazo, y «éste lo que requiere, y tiene derecho a exigir, no es que se dé una respuesta, sino que se le dé a él una respuesta, aunque no necesariamente favorable a sus intereses». En el mismo voto aclaró que «no es dable estimar que el silencio negativo sea respuesta».
La respuesta tiene que ser sustantiva y llegar a quien pidió. En 2026 la Sala acogió un amparo contra un ministerio que tenía listo un informe con la respuesta desde hacía dos meses y no lo había comunicado: el derecho «no se satisface con cualquier comunicación formal, sino con una contestación oportuna, congruente y materialmente referida a lo solicitado» (voto 2026-018254). La fórmula que la Sala repite hoy es la del voto 2025-012278: «el deber de resolver no implica la obtención de una respuesta favorable o no, pero sí la necesaria congruencia entre el objeto de lo pedido y el de lo contestado».
Quién puede pedir y ante quién
El artículo 1 de la Ley 9097 reconoce el derecho a toda persona «independientemente de su nacionalidad», en forma individual o colectiva, y prohíbe que de su ejercicio se derive «ningún perjuicio o sanción para el peticionario».
La petición puede dirigirse a cualquier institución, administración o autoridad pública, central o descentralizada, incluidas las municipalidades, las instituciones autónomas y las empresas públicas, «respecto de las materias de su competencia» (artículo 2). El mismo artículo la extiende a los sujetos privados que «ejerciten alguna actividad de interés público, administren y/o manejen fondos públicos o ejerzan alguna potestad pública de forma temporal o permanente». La Sala ha aplicado esa regla a una fundación que administra recursos del sistema de vivienda (voto 2018-020343) y a una concesionaria de obra pública que se negó a entregar el video de un incidente en un peaje (voto 2026-016184). La ha negado frente a una cooperativa de ahorro en su giro privado, porque el derecho «solamente puede ser ejercitado ante las distintas Administraciones Públicas o entes en ejercicio de potestades Públicas» (voto 2022-027730).
Qué peticiones entran en la ley y cuáles no
Esta es la distinción que más importa antes de presentar una petición, y la que decide adónde se reclama si no hay respuesta. El artículo 3 abre el objeto a «cualquier asunto, materia o información de naturaleza pública», pero excluye «aquellas solicitudes, quejas o sugerencias para cuya satisfacción el ordenamiento jurídico establezca un procedimiento administrativo específico y plazos distintos de los regulados en la presente ley».
La Sala venía haciendo esa distinción desde mucho antes. La petición pura y simple, como pedir información, una copia, una explicación o una gestión sencilla, se rige por el artículo 27 y los diez días. Los reclamos y recursos, que exigen verificar hechos y recibir prueba, se rigen por el artículo 41 de la Constitución y por el plazo del procedimiento respectivo (voto 1998-008349). La Sala reconoce que esa «tesis que fue recogida en el numeral 3 de la Ley de Regulación del Derecho de Petición N° 9097», y agrega una tercera categoría: las consultas que piden un criterio jurídico, del tipo ¿me corresponde tal beneficio?, no se amparan por ninguna de las dos vías (voto 2024-023399).
Desde 2008, cuando entró en vigor el Código Procesal Contencioso-Administrativo, la demora en resolver un procedimiento o un recurso se considera «una evidente cuestión de legalidad ordinaria» que se discute ante el Tribunal Contencioso Administrativo (voto 2008-002545). La Sala lo ha aplicado a una gestión ante la Dirección de Valoraciones Administrativas y Tributarias del Ministerio de Hacienda, sujeta a su propio plazo de dos meses (voto 2022-003969), y a una denuncia ante una municipalidad para que investigara un oficio (voto 2025-036175).
| Qué se pidió | Plazo para responder | Dónde se reclama si no responden |
|---|---|---|
| Información, copia, explicación o gestión sencilla | 10 días hábiles (Ley 9097, art. 6; LJC, art. 32) | Recurso de amparo ante la Sala Constitucional |
| Recurso, reclamo o trámite con procedimiento propio | El de la ley que lo regula; en el procedimiento administrativo general, dos meses (LGAP, art. 261) | Por regla, la jurisdicción contencioso-administrativa |
| Permiso, licencia o autorización | Un mes; vencido, opera el silencio positivo (LGAP, arts. 330 y 331) | Se ejerce el derecho que nace del silencio |
| Consulta que pide un criterio jurídico | Sin plazo de petición | La Sala no la ampara (voto 2024-023399) |
La Sala conserva algunas excepciones en las que sí ampara la mora en un trámite por el artículo 41, entre ellas asuntos de personas menores de edad, ambiente, salarios, pensiones del régimen no contributivo, agua potable y personas adultas mayores, según enumera la nota del magistrado Castillo Víquez en el voto 2022-003969.
Cómo presentar una petición
El artículo 4 fija los únicos requisitos: la petición se formula por escrito e incluye «el nombre, la cédula o el documento de identidad, el objeto y el destinatario de la petición», con la firma del peticionario. Para las peticiones colectivas, firman todos. Todo lo demás queda bajo el principio de informalidad: ningún reglamento, orden ni circular puede añadir trabas. La Sala declaró constitucionales esos requisitos y aclaró que el objeto «es lo que se pide», sin necesidad de explicar para qué (voto 2018-014645). Durante el trámite legislativo se eliminó además la exigencia de señalar un medio para notificaciones, aunque en la práctica conviene indicarlo para recibir la respuesta.
La petición puede enviarse por correo electrónico cuando se dirige a la dirección institucional habilitada para recibir gestiones, que suele publicarse en la página web de la institución (voto 2008-009670). Conviene guardar el correo enviado o el acuse como prueba de la fecha.
Si la petición está incompleta, la institución puede pedir que se corrija en cinco días hábiles, con la advertencia de archivarla si no se hace (artículo 7). Si la institución se considera incompetente, debe remitir la petición a la competente en cinco días hábiles y avisar al peticionario (artículo 10). Si la institución considera que la gestión tiene un procedimiento propio, la resolución de inadmisión debe indicar «las disposiciones a cuyo amparo deba sustanciarse, así como el órgano competente para ella» (artículo 9).
El plazo de diez días hábiles
El artículo 6 obliga a la institución a acusar recibo y a «responder en el plazo improrrogable de diez días hábiles contado a partir del día siguiente de la recepción». Los días hábiles excluyen sábados, domingos y feriados. Una petición recibida el lunes 2 de noviembre de 2026, por ejemplo, empieza a contarse el martes 3, y el plazo vence el lunes 16 de noviembre. El artículo 11 exige además que la respuesta esté notificada dentro de ese plazo.
La ley prevé una sola prórroga, para peticiones complejas: la institución entrega una respuesta parcial dentro de los diez días, explica la situación y puede tomar «un plazo adicional máximo de cinco días hábiles para su respuesta definitiva» (artículo 11, inciso f). Un aviso genérico de que se responderá oportunamente, sin respuesta parcial, no cumple la ley.
La Sala, por su parte, sigue aplicando la válvula del artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, que le permite apreciar «las razones que se aduzcan para considerar insuficiente ese plazo». En su práctica, si la institución no puede responder en diez días, debe explicar dentro de ese plazo, en forma «profusa y detallada», por qué no puede y en qué fecha lo hará; si lo hace y esa fecha no ha vencido, el amparo presentado antes se rechaza por «prematuro» (voto 2019-023244). Antes de acudir a la Sala el día once, conviene revisar si la institución ya dio esa explicación.
Qué debe tener la respuesta
El artículo 11 exige que la contestación recoja «los términos en los que la petición ha sido tomada en consideración» e incorpore «las razones y los motivos por los que se acuerda acceder a la petición o no hacerlo». La institución puede negar lo que se pide, siempre que lo diga, lo motive y lo notifique.
El artículo 12 trata como falta de respuesta, entre otros supuestos, la contestación que omite esos requisitos mínimos y la que «sea ambigua o parcial, sin justificación de su inexactitud o parcialidad en la entrega de la información». Tampoco basta trasladar la gestión a otra oficina: la Sala advirtió desde 1998 que el deber de tramitar no puede entenderse satisfecho «con el mero acuse de recibo y traslado de la gestión al órgano competente» (voto 1998-008349).
Qué hacer si no responden: el amparo
El artículo 12 de la Ley 9097 confirma que el derecho de petición «será siempre susceptible de tutela judicial mediante el recurso de amparo», en particular cuando la institución omite contestar en el plazo del artículo 6. Para presentarlo no hace falta agotar la vía administrativa (artículo 31 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional), y puede interponerse «en cualquier tiempo mientras subsista la violación» (artículo 35). Se presenta ante la Sala Constitucional, en forma gratuita y sin necesidad de abogado, como explica nuestra guía del recurso de amparo.
Cuando la Sala acoge el amparo por una omisión, la sentencia ordena realizar lo omitido «para lo cual se otorgará un plazo prudencial perentorio» (artículo 49). En la práctica, ordena responder en tres a ocho días, nombra al funcionario responsable y le advierte las consecuencias de desobedecer (votos 2018-020343, 2025-012278 y 2026-016184). La sentencia condena además en abstracto a la institución al pago de los daños, los perjuicios y las costas, que se liquidan después (artículo 51); frente a un sujeto privado, en la vía civil.
Hay un matiz que conviene conocer. Si la institución responde apenas la notifican del amparo, el artículo 52 manda declararlo con lugar «únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes», y la mayoría actual de la Sala resuelve en esos casos «sin condenatoria en costas, daños o perjuicios» (voto 2025-027481, con votos salvados). El amparo consigue la respuesta; la condena depende de que la institución siga en silencio.
Si después de la sentencia la institución sigue sin responder, o responde con evasivas, no hace falta otro amparo: se presenta una gestión de desobediencia en el mismo expediente. La Sala requiere al superior y, si persiste el incumplimiento, envía el caso al Ministerio Público (voto 2024-026301). El artículo 71 castiga la desobediencia a una orden de amparo con prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa.
La Ley 9097 prevé también una sanción personal: el funcionario que no responda en plazo una «petición pura y simple» será sancionado con el cinco por ciento del salario base mensual (artículo 13). La ley no dice qué órgano la impone ni con qué procedimiento.
De dónde salió el plazo de diez días
La Ley 9097 nació del expediente legislativo 17.961, presentado por el diputado Rodolfo Sotomayor Aguilar en enero de 2011 y publicado en el Alcance 32 a La Gaceta N.° 117 del 17 de junio de 2011. Su exposición de motivos explicaba que el derecho de petición era «uno de los que más se ejerce ante la jurisdicción constitucional» y buscaba obligar a la Administración a responder «en primera instancia (sede administrativa, sin necesidad de acudir a la vía jurisdiccional constitucional)», con inspiración en la ley orgánica española del derecho de petición.
El proyecto original fijaba diez días naturales y proponía reformar el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional para llevar también allí el plazo a días naturales, «todo en favor del administrado y de la economía en el procedimiento». La Comisión de Asuntos Jurídicos cambió el plan el 31 de julio de 2012: sus mociones pasaron todos los plazos a días hábiles, eliminaron la reforma de la ley constitucional y crearon la prórroga de cinco días con respuesta parcial, que recogió una recomendación del Departamento de Servicios Técnicos. Ningún documento del expediente explica con palabras propias el paso a días hábiles; lo que muestran es que, al abandonar la reforma del artículo 32, la ley quedó alineada con el plazo que la jurisdicción constitucional ya aplicaba desde 1989. La ley se aprobó en segundo debate el 10 de octubre de 2012.
Petición, silencio positivo y acceso a la información
Tres figuras se confunden con frecuencia. El silencio positivo opera en las solicitudes de permisos, licencias y autorizaciones: si la Administración no resuelve en un mes desde que recibe la solicitud con los requisitos legales, el permiso se entiende otorgado (artículos 330 y 331 de la Ley General de la Administración Pública). El silencio negativo del artículo 261 de esa ley permite tener por rechazada una petición para recurrir o demandar, pero la Sala ha dicho que no equivale a una respuesta (voto 2000-000163). Las solicitudes de información pública se rigen hoy también por la Ley Marco de Acceso a la Información Pública (Ley N.° 10554), con el mismo plazo de diez días hábiles, una prórroga de hasta un mes que debe avisarse dentro de ese plazo y sin exigir firma; cuando lo pedido es información pública, la Sala analiza el caso con los artículos 27 y 30 de la Constitución (voto 2025-012278).
Preguntas frecuentes
¿Cuánto tiempo tiene una institución para responder?
Diez días hábiles desde el día siguiente a la recepción (artículo 6 de la Ley 9097). Si la petición es compleja, puede dar una respuesta parcial en ese plazo y tomar hasta cinco días hábiles más para la definitiva (artículo 11, inciso f).
¿Tienen que darme la razón?
No. Deben responder por escrito, en plazo, notificando la respuesta, con las razones de lo que deciden y refiriéndose a lo que se pidió. La respuesta puede ser negativa.
¿Qué peticiones no se rigen por la Ley 9097?
Las que tienen un procedimiento y un plazo propios: recursos, reclamos, permisos y licencias, gestiones tributarias, pensiones o denuncias que abren investigación (artículo 3). Su demora se reclama, por regla, en la jurisdicción contencioso-administrativa.
¿Qué hago si no me responden?
Presentar un recurso de amparo ante la Sala Constitucional, sin agotar la vía administrativa. Si lo acoge, la Sala ordena responder en pocos días y condena a la institución en costas, daños y perjuicios, salvo que responda al ser notificada del recurso.
¿Puedo pedir por correo electrónico?
Sí, si la petición se envía a la dirección oficial que la institución dispone para recibir gestiones. Conviene guardar el correo enviado como prueba de la fecha.
¿Puedo ejercer este derecho ante una empresa privada?
Solo si ejerce una actividad de interés público, maneja fondos públicos o ejerce potestades públicas, como una concesionaria de obra pública (artículo 2). Una empresa o una cooperativa en su giro comercial no está obligada.
Fuentes
- Constitución PolíticaArts. 27 (petición y pronta resolución), 30 (información pública) y 41 (justicia pronta)
- Ley de Regulación del Derecho de PeticiónLey N.° 9097 de 26-10-2012, Alcance 49 a La Gaceta N.° 52 de 14-03-2013, arts. 1 a 13
- Ley de la Jurisdicción ConstitucionalLey N.° 7135, arts. 31, 32, 35, 49, 51, 52, 57 y 71
- Ley General de la Administración PúblicaLey N.° 6227, arts. 261, 330 y 331 (plazo del procedimiento y silencio)
- Voto 1998-008349Sala Constitucional24-11-1998Petición y reclamoLa petición pura y simple se rige por el art. 27 y los diez días; los reclamos y recursos, por el art. 41 y el plazo del procedimiento. El acuse de recibo y el traslado no satisfacen el deber de responder.
- Voto 2000-000163Sala Constitucional07-01-2000Contenido del derechoEl derecho exige una respuesta formal, en plazo y notificada al peticionario, aunque no sea favorable; el silencio negativo no es respuesta.
- Voto 2008-002545Sala Constitucional22-02-2008Legalidad ordinariaCon la entrada en vigor del CPCA, la demora en resolver un procedimiento o un recurso es una cuestión de legalidad ordinaria que se discute en lo contencioso.
- Voto 2008-009670Sala Constitucional13-06-2008Petición por correo electrónicoLa petición electrónica vale cuando se dirige al correo institucional dispuesto para recibir solicitudes.
- Voto 2018-014645Sala Constitucional05-09-2018Requisitos de la peticiónDeclaró sin lugar la acción contra el art. 4 de la Ley 9097: exigir objeto y destinatario es razonable, y el objeto es lo que se pide.
- Voto 2018-020343Sala Constitucional07-12-2018Sujetos privadosAcogió el amparo contra una fundación que administra fondos públicos: está en los supuestos del art. 57 LJC.
- Voto 2019-023244Sala Constitucional22-11-2019Explicación dentro del plazoSi la Administración explica dentro de los diez días por qué no puede responder y fija un plazo, el amparo presentado antes de su vencimiento es prematuro.
- Voto 2022-003969Sala Constitucional18-02-2022Materia tributariaUna gestión tributaria con plazo propio de dos meses se rige por el art. 41 y queda para lo contencioso; la Ley 9097 no cambió esa línea.
- Voto 2022-027730Sala Constitucional18-11-2022Sujetos privadosRechazó el amparo contra una cooperativa de ahorro en su giro privado: no está en los supuestos del art. 2 de la Ley 9097.
- Voto 2024-023399Sala Constitucional16-08-2024Tres categoríasDistinguió la petición pura y simple, los reclamos y recursos del art. 41 y las consultas jurídicas, que no se amparan por ninguna de las dos vías.
- Voto 2024-026301Sala Constitucional11-09-2024DesobedienciaAcogió una gestión de desobediencia contra un hogar de ancianos que recibe fondos públicos y ordenó testimoniar piezas al Ministerio Público.
- Voto 2025-012278Sala Constitucional25-04-2025Plazo y congruenciaDiez días hábiles, salvo plazo especial; la respuesta no tiene que ser favorable, pero sí congruente con lo pedido.
- Voto 2025-027481Sala Constitucional29-08-2025Respuesta durante el amparoSi la Administración responde al ser notificada del amparo, la mayoría lo declara con lugar sin condena en costas, daños ni perjuicios (con votos salvados).
- Voto 2025-036175Sala Constitucional31-10-2025Materia municipalUna denuncia con solicitud de investigación ante una municipalidad cae en el art. 41 y se remite a lo contencioso.
- Voto 2026-016184Sala Constitucional07-05-2026Concesionaria de obra públicaAcogió el amparo contra una concesionaria que no entregó información sobre la prestación del servicio público concesionado.
- Voto 2026-018254Sala Constitucional22-05-2026Respuesta efectivamente comunicadaLa respuesta debe ser oportuna, congruente y llegar al peticionario; las descoordinaciones internas no se trasladan al administrado.
- Expediente 17.961Proyecto de ley sobre regulación del derecho de petición, Alcance 32 a La Gaceta N.° 117 de 17-06-2011
- Departamento de Servicios TécnicosInforme ST.220-2011 J, 26-10-2011
- Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos JurídicosSesión ordinaria n.º 14 y dictamen afirmativo unánime, 31-07-2012
- Comisión Legislativa Plena SegundaSesiones n.º 9 (26-09-2012) y n.º 11 (10-10-2012)
Textos normativos: SINALEVI, versión vigente al 28 de octubre de 2026. Jurisprudencia: Nexus del Poder Judicial. Cotejo al 28 de octubre de 2026.
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Temas: Derecho de petición · Ley 9097 · Recurso de amparo · Sala Constitucional · Pronta respuesta · Artículo 27 de la Constitución
Contenido informativo, revisado al 28 de octubre de 2026. Su aplicación a un caso concreto depende del expediente. Política editorial.
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Abogado Asociado · Corporación GC
Licenciado en Derecho por la Universidad de Costa Rica, Abogado Asociado de Corporación GC.
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