Dominio Público y Concesiones Demaniales

Los bienes de dominio público están sujetos a un régimen de protección reforzada que los distingue de los bienes patrimoniales de la Administración. El artículo 261 del Código Civil establece que los bienes de dominio público son aquellos que por ley están destinados de un modo permanente a cualquier servicio de utilidad general. El artículo 262 dispone que estos bienes son inalienables y no pueden adquirirse por prescripción. La jurisprudencia constitucional ha reiterado que los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad constituyen el núcleo esencial del régimen demanial y se aplican a todos los bienes de dominio público, con independencia de su naturaleza específica.

La concesión de uso es el título jurídico mediante el cual la Administración otorga a un particular el derecho de utilizar un bien de dominio público de manera exclusiva durante un plazo determinado, sujeto a las condiciones que establezca el acto concesional. Los artículos 154 a 160 de la Ley General de la Administración Pública regulan el régimen general de las concesiones administrativas. La concesión no transfiere la propiedad del bien, sino que otorga un derecho de uso que coexiste con la titularidad demanial del Estado. El concesionario adquiere un derecho subjetivo cuya estabilidad depende del cumplimiento de las obligaciones establecidas en el acto concesional y de la subsistencia del interés público que motivó su otorgamiento.

El permiso de uso es un acto administrativo unilateral mediante el cual la Administración autoriza a un particular a utilizar un bien de dominio público de forma temporal y precaria. A diferencia de la concesión, el permiso de uso no genera un derecho subjetivo en favor del permisionario, sino una situación de tolerancia administrativa que puede ser revocada en cualquier momento por razones de interés público, sin que proceda indemnización alguna. El artículo 154 de la Ley General de la Administración Pública y el artículo 62 del Código Municipal regulan estos permisos. La precariedad del título implica que la Administración conserva en todo momento la potestad de revocar el permiso cuando así lo exija el interés público.

La revocatoria de una concesión demanial es el acto administrativo mediante el cual la Administración extingue el derecho del concesionario antes del vencimiento del plazo originalmente establecido. La revocatoria puede fundarse en razones de interés público sobrevenido o en el incumplimiento de las obligaciones del concesionario. La caducidad, por su parte, opera como consecuencia automática del incumplimiento grave de las condiciones del acto concesional. Los artículos 154 a 160 de la LGAP establecen el marco general de extinción de las concesiones. Cuando la revocatoria obedece a razones de interés público y no a incumplimiento del concesionario, este tiene derecho a una indemnización integral conforme al artículo 48 de la Ley 6043 y la jurisprudencia constitucional aplicable.

La Administración titular del dominio público está facultada para ordenar y ejecutar el desalojo de quienes ocupen bienes demaniales sin título legítimo. El artículo 8 del Código Municipal otorga a las municipalidades la potestad de recuperar administrativamente los bienes de dominio público que se encuentren en posesión indebida de particulares. En materia de zona marítimo terrestre, el artículo 13 de la Ley 6043 dispone que las autoridades deben impedir las ocupaciones ilegales, y el artículo 57 establece las sanciones aplicables a quienes ocupen o construyan en la zona pública sin autorización. El desalojo administrativo debe respetar el debido proceso y puede ser impugnado ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

Cuando la Administración revoca una concesión demanial por razones de interés público —no por incumplimiento del concesionario—, surge el derecho a una indemnización integral en favor del concesionario afectado. El artículo 45 de la Constitución Política establece el derecho a la propiedad, del cual la jurisprudencia ha derivado la protección de los derechos patrimoniales adquiridos al amparo de una concesión legítima. Los artículos 190 a 194 de la Ley General de la Administración Pública regulan la responsabilidad patrimonial de la Administración por su funcionamiento legítimo, que comprende la obligación de indemnizar cuando se produce un sacrificio especial del administrado en beneficio del interés público. La indemnización debe cubrir el daño efectivamente causado, incluyendo el daño emergente y el lucro cesante demostrados.