Administración Pública aumentada: bases normativas y técnicas para la implementación de inteligencia artificial en la contratación estatal costarricense

Referencia: Sánchez Zamora, Khevin y Montero Acuña, Mariana. «Administración Pública aumentada: bases normativas y técnicas para la implementación de inteligencia artificial en la contratación estatal costarricense». Revista Estudiantil Hermenéutica, Edición XXVI, No. 26, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, junio 2025, pp. 75–144.

Acceso a la revista completa: Edición 26 — Revista Estudiantil Hermenéutica (Google Drive)

Sumario

Este estudio examina la viabilidad jurídica y técnica de implementar sistemas de inteligencia artificial (IA) en los procedimientos de contratación pública costarricense. Partiendo del análisis del marco normativo vigente, encabezado por la Ley General de Contratación Pública (No. 9986), se determina que la legislación actual no solo permite, sino que favorece la incorporación de tecnologías avanzadas en los procesos de compras estatales. La investigación se sitúa en el contexto de una tendencia global hacia la modernización de la gestión pública mediante herramientas tecnológicas, reconociendo que la contratación administrativa constituye uno de los ámbitos donde la IA puede generar un impacto transformador de mayor alcance, dada la magnitud de los recursos públicos involucrados, la complejidad de los procedimientos y la necesidad permanente de garantizar la probidad y la eficiencia en el uso de los fondos del Estado.

El análisis del marco normativo vigente revela que la Ley General de Contratación Pública (No. 9986) incorpora principios y disposiciones que resultan compatibles con la adopción de tecnologías de inteligencia artificial. Los principios de eficiencia, transparencia, publicidad y libre concurrencia que rigen la contratación administrativa no solo no se ven amenazados por la incorporación de herramientas de IA, sino que encuentran en estas tecnologías un medio potencialmente eficaz para su fortalecimiento y materialización práctica. La ley promueve la utilización de medios electrónicos en los procedimientos de contratación, lo cual sienta las bases normativas para una eventual integración de sistemas más sofisticados que los actualmente empleados. De este modo, la investigación demuestra que no existe un obstáculo jurídico de rango legal que impida la implementación de IA en este ámbito, sino que, por el contrario, la propia legislación impulsa la modernización tecnológica como mecanismo para mejorar la gestión de las compras públicas.

Deficiencias estructurales del sistema actual

La investigación identifica deficiencias estructurales en el sistema actual —incluyendo la burocracia excesiva, la fragmentación administrativa, la vulnerabilidad a la corrupción y los rezagos en la digitalización— que podrían ser atendidas mediante la implementación de IA. La burocracia excesiva se manifiesta en la multiplicidad de trámites, requisitos formales y etapas procedimentales que prolongan innecesariamente los procesos de contratación, generando atrasos que afectan tanto a la Administración como a los proveedores y, en última instancia, a los ciudadanos que dependen de los bienes y servicios que el Estado debe procurar. La fragmentación administrativa se expresa en la dispersión de competencias y la falta de coordinación entre las distintas entidades y órganos que intervienen en los procesos de contratación, lo que dificulta la visión integral del gasto público y facilita la duplicación de esfuerzos. La vulnerabilidad a la corrupción constituye una de las preocupaciones más acuciantes, dado que la opacidad de ciertos procesos, la discrecionalidad en la evaluación de ofertas y la limitada capacidad de fiscalización en tiempo real crean condiciones que pueden ser aprovechadas para prácticas irregulares. Los rezagos en la digitalización, por su parte, evidencian que, a pesar de la existencia del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), persisten procesos manuales, registros físicos y prácticas análogas que limitan la eficiencia y la trazabilidad de las actuaciones administrativas.

Fortalecimiento de los principios rectores mediante IA

Se demuestra cómo la inteligencia artificial puede fortalecer los principios rectores de la contratación administrativa: mejorando la transparencia mediante trazabilidad algorítmica y detección temprana de anomalías; potenciando la libre concurrencia a través de evaluaciones objetivas y automatizadas; y optimizando la eficiencia del gasto público mediante análisis predictivo y automatización de tareas rutinarias.

En lo que respecta a la transparencia, la IA ofrece la posibilidad de implementar mecanismos de trazabilidad algorítmica que permitan registrar de forma automática e inmutable cada decisión, criterio y paso del proceso de contratación, generando un historial completo y auditable que reduce significativamente los espacios de opacidad. La detección temprana de anomalías constituye otra contribución relevante, puesto que los sistemas de IA pueden analizar patrones en grandes volúmenes de datos para identificar comportamientos atípicos que podrían indicar colusión entre oferentes, manipulación de pliegos de condiciones o irregularidades en la evaluación de propuestas. Estas capacidades de detección operan de manera continua y sistemática, superando las limitaciones inherentes a la fiscalización humana, que por su naturaleza resulta intermitente y selectiva.

En cuanto a la libre concurrencia, la IA puede contribuir a la eliminación de barreras de acceso y sesgos en la evaluación de ofertas. Los sistemas automatizados de evaluación permiten aplicar criterios objetivos de forma consistente, reduciendo el margen de discrecionalidad que puede derivar en favoritismos o exclusiones injustificadas. Asimismo, herramientas de IA pueden facilitar la difusión de oportunidades de contratación a un mayor número de potenciales oferentes, ampliando la base de participación y promoviendo condiciones más equitativas de competencia.

Respecto a la eficiencia del gasto público, el análisis predictivo permite estimar con mayor precisión los costos, plazos y riesgos asociados a los procesos de contratación, lo que facilita una planificación más informada y una asignación más racional de los recursos. La automatización de tareas rutinarias —como la verificación de requisitos formales, la clasificación de documentos, la generación de reportes y la notificación a las partes— libera recursos humanos que pueden ser redirigidos hacia funciones de mayor valor agregado, como el análisis estratégico y la supervisión cualitativa de los procesos.

Mecanismos de control y fiscalización

El estudio propone mecanismos de control y fiscalización que garanticen la integridad del sistema, tales como la supervisión humana permanente, auditorías algorítmicas periódicas, controles legales específicos y la participación ciudadana en el monitoreo. La supervisión humana permanente implica que ningún sistema de IA debe operar de manera autónoma en la toma de decisiones que afecten la contratación pública; las recomendaciones algorítmicas deben estar siempre sujetas a la revisión, validación o rechazo por parte de funcionarios públicos capacitados y responsables. Las auditorías algorítmicas periódicas constituyen un mecanismo indispensable para verificar que los sistemas de IA funcionan conforme a los parámetros establecidos, no han desarrollado sesgos inadvertidos y continúan cumpliendo con los estándares de calidad, equidad y transparencia exigidos por la normativa. Los controles legales específicos comprenden la definición clara de responsabilidades en caso de errores o daños derivados de la actuación de sistemas de IA, así como la creación de mecanismos de impugnación que permitan a los oferentes cuestionar decisiones influenciadas por herramientas algorítmicas. La participación ciudadana en el monitoreo se concibe como un complemento de la fiscalización institucional, habilitando canales mediante los cuales la sociedad civil pueda acceder a información sobre el funcionamiento de los sistemas de IA empleados en la contratación pública y reportar posibles irregularidades.

Recomendaciones

Las recomendaciones incluyen desarrollar proyectos piloto controlados, elaborar un marco normativo complementario, fortalecer las capacidades institucionales e implementar salvaguardas éticas y de ciberseguridad. Los proyectos piloto controlados se proponen como el primer paso para una implementación responsable, permitiendo evaluar el desempeño de los sistemas de IA en condiciones reales pero acotadas, identificar desafíos prácticos y ajustar los diseños antes de proceder a una adopción generalizada. La elaboración de un marco normativo complementario busca llenar los vacíos existentes en la regulación, estableciendo directrices específicas para el desarrollo, adquisición, implementación y operación de sistemas de IA en la contratación pública, incluyendo estándares de calidad de datos, requisitos de transparencia algorítmica y protocolos de gestión de riesgos. El fortalecimiento de las capacidades institucionales abarca la formación del personal público en competencias digitales y en la comprensión de los fundamentos de la IA, así como la dotación de infraestructura tecnológica adecuada y la creación de equipos interdisciplinarios que combinen conocimientos jurídicos, tecnológicos y de gestión pública. Las salvaguardas éticas y de ciberseguridad comprenden la adopción de principios de diseño centrado en el ser humano, la protección de datos personales, la prevención de sesgos discriminatorios y la implementación de medidas de seguridad informática que protejan la integridad y confidencialidad de la información procesada por los sistemas de IA.

Conclusión

Se concluye que la implementación de IA en la contratación pública costarricense es jurídicamente viable, técnicamente factible y deseable desde la perspectiva de modernización administrativa, representando una oportunidad para colocar a Costa Rica a la vanguardia regional en gestión pública innovadora y transparente. Esta conclusión se fundamenta en la convergencia de tres factores determinantes: primero, la existencia de un marco legal que no solo no prohíbe sino que promueve la incorporación de tecnologías avanzadas en los procesos de contratación; segundo, la disponibilidad de tecnologías de IA cuyas capacidades se alinean con las necesidades identificadas en el sistema de compras públicas; y tercero, la existencia de una voluntad institucional de modernización que, canalizada adecuadamente, puede traducirse en mejoras sustanciales en la transparencia, la competitividad y la eficiencia de la contratación estatal. La investigación subraya que esta implementación debe ser gradual, supervisada y sujeta a evaluación continua, para asegurar que los beneficios prometidos se materialicen sin comprometer los principios fundamentales que rigen la actividad contractual del Estado.

Palabras clave: inteligencia artificial; contratación pública; administración pública; transparencia administrativa; eficiencia gubernamental; SICOP; digitalización estatal; derecho administrativo; transformación digital.