Compliance Público y Anticorrupción
Programas de cumplimiento para contratistas del Estado y defensa ante CGR y Ministerio Público
El compliance público anticorrupción es el conjunto de políticas, procedimientos y controles internos que una empresa implementa para prevenir y detectar actos de corrupción en su relación con la Administración Pública. En Costa Rica, la convergencia de la Ley de Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas (Ley N.° 9699), la Ley General de Contratación Pública (Ley N.° 9986) y la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito (Ley N.° 8422) ha transformado el compliance de una opción voluntaria a un imperativo empresarial con consecuencias jurídicas concretas.
Corporación GC diseña programas de compliance que resisten escrutinio judicial, porque nuestro equipo conoce exactamente qué evalúan los tribunales al determinar la efectividad de un programa de cumplimiento.
Programas de compliance bajo Ley 9699
Ley N.° 9699, art. 8La Ley de Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas (Ley N.° 9699) establece que las empresas pueden ser penalmente responsables por delitos cometidos en su nombre o beneficio por sus representantes, directores o empleados. El artículo 8 establece que la existencia de un programa de compliance efectivo previo a la comisión del delito constituye una circunstancia atenuante que permite la reducción de hasta el 40% de las multas, las cuales pueden alcanzar hasta 10,000 salarios base (~₡4,500 millones).
Corporación GC estructura programas que cumplen los requisitos judicialmente exigibles: código de conducta, canal de denuncias, debida diligencia de contrapartes, capacitación documentada, auditoría periódica y órgano de cumplimiento independiente.
Compliance en contratación pública
Ley N.° 9986; SICOPLa Ley General de Contratación Pública (Ley N.° 9986, vigente desde diciembre 2022) establece un régimen de prohibiciones, inhabilidades y sanciones para los contratistas del Estado. Con más de 48,000 proveedores registrados en SICOP (plataforma digital unificada de compras públicas), el cumplimiento de las obligaciones de la Ley N.° 9986 es condición necesaria para participar en el mercado de contratación estatal.
Asesoramos en la preparación de ofertas conformes al marco normativo, la implementación de controles internos contra prácticas colusorias y la defensa ante inhabilitaciones o sanciones de la CGR derivadas de irregularidades en procedimientos de contratación.
Defensa ante CGR y Ministerio Público
Ley N.° 7428; Ley N.° 8422La Contraloría General de la República (CGR), conforme a la Ley Orgánica de la CGR (Ley N.° 7428), ejerce fiscalización sobre el uso de fondos públicos e investiga irregularidades en la contratación administrativa. Cuando las investigaciones derivan en responsabilidad penal, el caso se traslada al Ministerio Público conforme a la Ley N.° 8422 (Anticorrupción).
Corporación GC representa a empresas y directivos investigados tanto en la fase administrativa ante CGR (procedimientos de responsabilidad conforme al art. 68 y siguientes de la Ley N.° 7428) como en la fase penal ante el Ministerio Público, garantizando el respeto de las garantías del debido proceso.
Cumplimiento OCDE y prevención de lavado
Convención Anticohecho OCDE; Ley N.° 8204Con la adhesión de Costa Rica a la OCDE en 2021, el país se comprometió a cumplir la Convención Anticohecho de la OCDE (ratificada en 2017) y a fortalecer los mecanismos de prevención de lavado de capitales conforme a la Ley N.° 8204. Las empresas que contratan con el Estado deben implementar debida diligencia reforzada respecto de sus socios, subcontratistas y cadena de suministro.
Diseñamos políticas de debida diligencia de contrapartes (KYC corporativo), matrices de riesgo anticorrupción adaptadas al sector de actividad, y protocolos de reporte conforme a los estándares OCDE y las recomendaciones del GAFI/GAFILAT.
Preguntas frecuentes sobre compliance público
¿Mi empresa necesita un programa de compliance para contratar con el Estado?
Aunque la Ley N.° 9986 no impone un programa de compliance como requisito formal de elegibilidad, la Ley N.° 9699 de Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas convierte al compliance en un escudo jurídico esencial: permite reducir hasta un 40% las multas penales corporativas. Tras el Caso Cochinilla (₡78,000 millones en fondos malversados, 80+ sospechosos), toda empresa que participe en contratación pública enfrenta un riesgo reputacional y penal significativo sin un programa de cumplimiento documentado.
¿Qué beneficio concreto tiene el programa de compliance ante los tribunales?
El artículo 8 de la Ley N.° 9699 establece que un programa de compliance efectivo, preexistente a la comisión del delito, constituye una circunstancia atenuante que permite al juez reducir la sanción hasta en un 40%. Para que el programa sea considerado efectivo, debe ser integral, documentado, implementado efectivamente y sometido a auditoría periódica. Corporación GC diseña programas que cumplen estos requisitos porque conocemos los criterios judiciales de evaluación.
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