Compliance Público y Anticorrupción

La Ley 8422 considera servidor público a toda persona que presta servicios en órganos y entes de la Administración Pública, estatal y no estatal —en virtud de un acto de investidura y con independencia del carácter remunerado o permanente de la actividad—, y extiende sus disposiciones a apoderados, administradores, gerentes y representantes legales de personas jurídicas que custodien, administren o exploten fondos, bienes o servicios de la Administración Pública, por cualquier título o modalidad de gestión (art. 2). El deber de probidad obliga a orientar la gestión a la satisfacción del interés público, con rectitud, buena fe e imparcialidad (art. 3); su infracción es justa causa para la separación del cargo sin responsabilidad patronal (art. 4).

El régimen preventivo establece tres anillos. Primero, la prohibición de ejercer profesiones liberales para una lista de altos funcionarios y jefaturas técnicas (art. 14), con su compensación económica (art. 15). Segundo, la prohibición de desempeñar simultáneamente más de un cargo público remunerado (art. 17), con las salvedades de docencia, sesiones de junta directiva sin superposición horaria y autorización de la CGR para más de tres puestos colegiados. Tercero, las incompatibilidades del artículo 18 —cargos directivos en empresas privadas, representación, apoderamiento y participación accionaria en entidades que compitan con la institución o que reciban recursos del Estado—, levantables solo de manera fundada por la CGR (art. 19).

La obligación de declarar la situación patrimonial alcanza a un universo amplio: presidente y vicepresidentes; diputados; ministros y viceministros; magistrados, jueces y fiscales; contralor y subcontralor; defensor de los habitantes; procurador general; regulador general; superintendentes e intendentes de SUGEF, SUGEVAL, SUGESE y SUPEN; presidentes ejecutivos, gerentes, subgerentes y auditores internos de toda la Administración Pública y empresas públicas; alcaldes y regidores municipales; y, por el reglamento, todos los empleados que custodien, administren, fiscalicen o recauden fondos públicos, los que aprueben erogaciones, los empleados de aduanas y quienes tramitan licitaciones (art. 21). La declaración inicial se presenta dentro de los treinta días hábiles del nombramiento; la anual, en los primeros quince días hábiles de mayo; y la final, en los treinta días hábiles posteriores al cese (art. 22). Su contenido se detalla en el artículo 29: inmuebles y muebles con sus citas registrales, participaciones societarias, bonos, certificados, cuentas, fondos de pensión, salarios y rentas, activos intangibles, pasivos y todo otro interés patrimonial.

La Ley N.° 10523 de 2024 reformó el artículo 34 para reforzar la verificación: la CGR informa al Banco Central, al menos una vez al año, los nombres y las cédulas de todos los funcionarios obligados; el Banco Central, en quince días hábiles, debe remitir un informe que detalle las personas o estructuras jurídicas en las que esos funcionarios aparezcan como accionistas o beneficiarios finales —con fechas de inicio y de fin—, a partir del Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales. Esa información es confidencial frente a terceros, pero permite a la Contraloría contrastar la realidad patrimonial con lo declarado y detectar simulación (art. 32). Quien tenga una declaración jurada pendiente no puede acceder a un nuevo cargo público (art. 36).

Los obsequios recibidos por un funcionario público como gesto de cortesía o costumbre diplomática son bienes de la Nación cuando su valor supera un salario base, según la definición de la Ley N.° 7337; se exceptúan condecoraciones y premios honoríficos, culturales, académicos o científicos (art. 20). La apropiación o retención de obsequios que el funcionario debió entregar al Estado es delito y se sanciona con prisión de uno a dos años (art. 54).

El artículo 53 regula la conocida «puerta giratoria»: dentro del año siguiente a la celebración de un contrato administrativo mayor o igual que el límite para la licitación pública en la entidad donde sirvió, el funcionario no puede aceptar empleo remunerado ni participación accionaria con la persona física o jurídica favorecida si tuvo participación en alguna fase del diseño, las especificaciones técnicas, los planos, la selección, la adjudicación, los recursos administrativos o la fiscalización de la ejecución. La sanción es de cien a ciento cincuenta días multa.

Las causales de responsabilidad administrativa se enumeran en el artículo 38: incumplir prohibiciones e incompatibilidades; desplegar actividades que comprometan la imparcialidad o generen conflicto de intereses; favorecer al cónyuge o pariente hasta el tercer grado; debilitar el control interno; infringir el régimen de obsequios; asesorar con inexcusable negligencia; no presentar declaración jurada previo apercibimiento; faltar a la veracidad o simular en la declaración; violar la confidencialidad de las declaraciones; percibir retribuciones indebidas; incumplir la prohibición del artículo 17, entre otras. Las sanciones son tres: amonestación escrita publicada en La Gaceta, suspensión sin goce de salario de quince a treinta días y separación del cargo sin responsabilidad patronal o cancelación de credencial cuando corresponda (art. 39).

La potestad disciplinaria la ejerce el órgano competente en cada entidad, pero la Contraloría también puede tramitar el procedimiento y, en materia de Hacienda Pública, requerir vinculantemente a la entidad la aplicación de la sanción que determine (art. 40). Las infracciones requieren dolo o culpa grave; se ponderan la lesión a los intereses económicos, el resultado obtenido por el autor, el impacto en el servicio público, la reincidencia en los cuatro años anteriores y el rango y funciones del servidor (art. 41). Cuando la infracción se atribuye a un miembro de los Supremos Poderes, la CGR informa al órgano que constitucionalmente puede sancionarlo (art. 43). La prescripción remite al artículo 43 de la Ley General de Control Interno y al artículo 71 de la Ley Orgánica de la CGR (art. 44).

El capítulo V tipifica el núcleo penal especial de la corrupción en Costa Rica: enriquecimiento ilícito, con prisión de tres a seis años (art. 45); falsedad en la declaración jurada, de seis meses a un año (art. 46); legislación o administración en provecho propio, de uno a ocho años (art. 48); sobreprecio irregular en la adquisición, enajenación o concesión de bienes, obras o servicios, de tres a diez años (art. 49); falsedad en la recepción de bienes y servicios contratados, de dos a ocho años, con agravante de un tercio cuando se entorpece el servicio (art. 50); pago irregular de contratos administrativos, de uno a tres años (art. 51); y tráfico de influencias, de dos a cinco años, con agravante de un tercio cuando la influencia proviene del presidente, vicepresidentes, ministros, contralor, fiscal general, defensor o dirigentes nacionales de partidos políticos (art. 52).

Completan el catálogo el reconocimiento ilegal de beneficios laborales (art. 56), la influencia en contra de la Hacienda Pública (art. 57, de dos a ocho años), el fraude de ley en la función administrativa (art. 58, de uno a cinco años) y el soborno transnacional (art. 55, de cuatro a doce años, hasta catorce cuando el funcionario extranjero ejecuta un acto contrario a sus deberes, con multa de hasta quince veces el valor del beneficio cuando el autor es persona física). Como pena accesoria, el juez puede imponer inhabilitación para empleo o cargo público de uno a diez años (art. 59). La violación de la privacidad de las declaraciones juradas se sanciona con prisión de tres a cinco años (art. 60).

La Ley N.° 10373 de 2023 adicionó a la Ley 8422 todo un capítulo VI sobre persecución penal moderna. El Ministerio Público puede usar la inteligencia financiera de la Unidad de Inteligencia Financiera del Instituto Costarricense sobre Drogas como fuente de información, con todas las facultades de la Ley N.° 7786 (art. 63), y solicitar al juez —en cualquier momento, sin notificación ni audiencia previas— medidas cautelares para preservar bienes, productos o instrumentos relacionados con el eventual comiso (art. 65). El artículo 67 estableció el resguardo cautelar inmediato: cuando la UIF lo comunica formalmente, las entidades financieras y el Registro Nacional deben congelar o inmovilizar productos, dinero, activos y bienes muebles o inmuebles vinculados a la investigación, e informar a la UIF en veinticuatro horas; el Ministerio Público tiene diez días hábiles para solicitar al juez la medida formal, que se resuelve en cinco días hábiles. El decomiso opera sobre todo bien o instrumento utilizado o proveniente del delito, incluidas acciones, aportes de capital y patrimonio de personas jurídicas vinculadas (art. 68).

El destino del dinero decomisado (art. 70) está redistribuido para fortalecer la persecución: el Instituto Costarricense sobre Drogas administra los fondos y transfiere el 30% al Ministerio Público para investigación y combate de la corrupción, 30% a la sección especializada del OIJ, 15% al propio ICD y 25% al Área de Procuraduría de Ética Pública. La Ley N.° 10691 de 2025 reformó el artículo 62 de la Ley 8422: la interrupción de la prescripción reinicia íntegros los plazos del CPP, sin reducción; se añaden causales de interrupción —declaratoria de ilegalidad de la función administrativa y anulación de actos y contratos vinculados—; se suspende el plazo mientras dure una asistencia legal internacional; y el plazo de prescripción de los delitos del título XV del Código Penal y del capítulo V de la Ley 8422 remite al inciso d) del artículo 31 del CPP.