Alianzas Público-Privadas e Infraestructura

La Ley 7762 regula hoy tres figuras contractuales (art. 1, reformado por la Ley 9701): la concesión de obra pública, en la que la Administración encarga a un tercero el diseño, la planificación, el financiamiento, la construcción, la conservación, ampliación o reparación de un inmueble público, a cambio de contraprestaciones cobradas a los usuarios, a los beneficiarios o pagadas por la propia Administración; la concesión de obra con servicio público, que agrega a lo anterior la explotación del servicio; y la optimización de activos de infraestructura —incorporada por la Ley 9701 de 2019—, en la que se entrega un bien inmueble público preexistente para su operación, mantenimiento, ampliación o reparación, con explotación, y a cambio de un pago inicial o diferido del concesionario que la Administración debe invertir en proyectos de obra pública y servicios conexos.

En el régimen actual, la Administración concedente es el Poder Ejecutivo, las empresas públicas y el sector descentralizado territorial e institucional (art. 5). Cuando la concesión está dentro del ámbito del Poder Ejecutivo, el Consejo Nacional de Concesiones (CNC) —órgano con desconcentración máxima adscrito al MOPT (art. 6)— actúa como entidad técnica competente en la contratación y, cuando se requiera, durante la ejecución. El contrato lo suscriben el ministro del ramo, el ministro de Hacienda, el presidente de la República y el CNC.

La Secretaría Técnica del CNC (arts. 8 y 9) prepara los actos preparatorios, contrata los estudios, confecciona el cartel, vigila el cumplimiento del concesionario, impone las sanciones del régimen sancionatorio y ejecuta los trámites previos a la expropiación conforme a la Ley N.° 7495.

La adjudicación se hace por licitación pública (art. 23), guiada por los principios de eficiencia, publicidad, igualdad y libre competencia. La Secretaría Técnica del CNC realiza los estudios y eleva el cartel (art. 21) para aprobación del Consejo. La selección se hace por uno o varios factores del artículo 28 (valor presente de ingresos, tarifa, plazo, monto de subsidio, pagos al Estado, ingresos mínimos garantizados, puntaje técnico, reducciones por rentabilidad excesiva).

Firme la adjudicación, el adjudicatario constituye en noventa días naturales la sociedad anónima nacional con la que se firma el contrato (art. 31), que debe ser refrendado por la Contraloría General de la República (art. 30). La Ley 7762 excluye expresamente al CNC de la aplicación del artículo 20 de la Ley Orgánica de la CGR (art. 64.1.b), por lo que el refrendo en concesiones tiene un régimen propio dentro del marco general.

Contra el cartel cabe recurso de objeción ante la Contraloría General de la República, dentro del primer tercio del plazo para presentar ofertas; la CGR debe resolver dentro de los treinta días naturales siguientes y, si no resuelve, la objeción se tiene por acogida favorablemente en los términos del recurrente (art. 34). Quien pudiendo recurrir no lo hiciere no podrá luego usar esos argumentos en la apelación.

Contra el acto de adjudicación cabe recurso de apelación ante la CGR dentro de los diez días hábiles siguientes a la publicación del acuerdo en La Gaceta. Se resuelve en cuarenta días hábiles desde el auto inicial de traslado, prorrogables hasta por quince más en casos calificados; vencido el plazo sin resolución, se tiene por confirmado el acto de adjudicación recurrido (art. 35). La resolución agota la vía administrativa, y el acto final es impugnable sin efecto suspensivo ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

Las controversias derivadas del contrato de concesión y los actos del Consejo Nacional de Concesiones, del MOPT o de la Contraloría que afecten su ejecución se discuten en sede contencioso-administrativa. La demanda admite las pretensiones del artículo 42 del CPCA —anulación del acto, restablecimiento de la situación jurídica, indemnización por daños y perjuicios—, y la urgencia se atiende con las medidas cautelares del artículo 19 del mismo Código.

En lo patrimonial es la vía natural para reclamar el restablecimiento del equilibrio económico-financiero del contrato y las indemnizaciones derivadas del hecho del príncipe, de la fuerza mayor o de decisiones de la Administración que sacrifican especialmente al concesionario. Aplica el régimen de responsabilidad de la Administración de la LGAP (arts. 190 a 194), con sus reglas sobre conducta lícita e ilícita, daño cierto y efectivo y los límites del artículo 194 sobre lucro cesante en la conducta lícita.

El expediente N.° 24.009, Ley Marco de las Asociaciones Público-Privadas, fue aprobado en primer debate el 19 de mayo de 2026; veinte diputados presentaron una consulta facultativa de constitucionalidad ante la Sala Constitucional, lo que suspende el trámite legislativo y bloquea el segundo debate hasta que la Sala se pronuncie. Aun cuando supere ese tamiz y se publique, la propia ley rige a partir de su reglamentación, que el Poder Ejecutivo tiene hasta doce meses para emitir.

Cuando entre en vigor, derogará la Ley 7762, sustituirá al CNC por la Agencia Nacional de Asociaciones Público-Privadas (ANAPP) —con personalidad jurídica instrumental y patrimonio propio, junto con una Dirección General de APP (DGAPP)—, reordenará el ciclo de vida del proyecto en fases de preinversión, inversión y postinversión integradas al Sistema Nacional de Inversión Pública (Ley N.° 10.441), e introducirá expresamente el principio de «valor por el dinero» y un régimen de compromisos firmes y contingentes con tope plurianual a cargo del Ministerio de Hacienda. La adjudicación se hará por licitación mayor con invitación internacional según la Ley General de Contratación Pública (Ley N.° 9986). Los transitorios resguardan los contratos vigentes bajo la Ley 7762: los ya formalizados o en ejecución continúan bajo ese régimen, salvo acuerdo conjunto de las partes para migrar.