Comercio Internacional y Derecho Aduanero

Las investigaciones antidumping tienen por objeto determinar si las importaciones de un producto se realizan a precios inferiores a su valor normal en el país de origen (dumping) y si dicha práctica causa un daño importante a la producción nacional. La Ley 7638 atribuye al Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) la competencia para conducir las investigaciones de prácticas desleales de comercio internacional. El procedimiento se rige por el Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del GATT de 1994 (Acuerdo Antidumping de la OMC), cuyos artículos 1 a 15 establecen los requisitos de inicio, los métodos de determinación del dumping y del daño, las medidas provisionales y los derechos definitivos aplicables. La solicitud de investigación puede ser presentada por la rama de producción nacional afectada o iniciarse de oficio.

Las medidas de salvaguardia son instrumentos de defensa comercial que permiten restringir temporalmente las importaciones de un producto cuando estas se incrementan en cantidades tales que causan o amenazan causar un daño grave a la producción nacional. La Ley 7473 regula el procedimiento para la aplicación de medidas de salvaguardia en Costa Rica, conforme al Acuerdo sobre Salvaguardias de la OMC. Los artículos 1 a 18 de la Ley 7473 establecen los requisitos de inicio de la investigación, los criterios para la determinación del daño grave, las medidas provisionales de urgencia y las medidas definitivas que pueden consistir en la elevación de aranceles o la imposición de contingentes cuantitativos por un período que no exceda de cuatro años, prorrogable en circunstancias excepcionales.

La solución de controversias comerciales internacionales se canaliza a través de los mecanismos institucionales establecidos en los acuerdos multilaterales y bilaterales. El Entendimiento relativo a las Normas y Procedimientos por los que se rige la Solución de Diferencias de la OMC establece un sistema vinculante de paneles y apelación para resolver las disputas entre Estados miembros sobre la interpretación y aplicación de los acuerdos comerciales multilaterales. En el ámbito regional, el Capítulo 20 del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos (DR-CAFTA) establece un mecanismo de consultas y paneles arbitrales para resolver las controversias entre las partes sobre la aplicación del tratado.

La Ley 7472 regula la promoción de la competencia y la represión de las prácticas monopolísticas en el mercado costarricense. Los artículos 11 a 28 establecen el régimen de prohibiciones de prácticas anticompetitivas, distinguiendo entre prácticas monopolísticas absolutas (art. 11) —como la fijación concertada de precios y la repartición de mercados— y prácticas monopolísticas relativas (art. 12) —como el abuso de posición dominante. La Comisión para Promover la Competencia (COPROCOM) es el órgano encargado de investigar y sancionar las prácticas anticompetitivas. Sus resoluciones pueden imponer multas y ordenar la cesación de las conductas anticompetitivas. Contra las resoluciones de COPROCOM proceden los recursos administrativos y, posteriormente, la impugnación ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

Las medidas sanitarias y fitosanitarias son regulaciones que los Estados aplican para proteger la vida y salud de las personas, los animales y los vegetales frente a los riesgos derivados de las importaciones. El Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC establece que estas medidas deben basarse en principios científicos y no constituir restricciones encubiertas al comercio internacional. En Costa Rica, el Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA), creado por la Ley 8495, y el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), regulado por la Ley 7664, son los órganos competentes para emitir los requisitos sanitarios y fitosanitarios aplicables a las importaciones y exportaciones de productos de origen animal y vegetal, respectivamente.

La valoración aduanera es el procedimiento mediante el cual se determina el valor en aduana de las mercancías importadas para efectos del cálculo de los derechos arancelarios. La Ley General de Aduanas (Ley N.° 7557) regula en sus artículos 230 a 256 los métodos de valoración aduanera, adoptando el sistema del Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VII del GATT de 1994 (Acuerdo de Valoración de la OMC). El método principal es el valor de transacción, y subsidiariamente se aplican los métodos alternativos que el Acuerdo establece. La clasificación arancelaria, por su parte, consiste en la determinación de la partida y subpartida del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías que corresponde al producto importado, lo cual determina la tarifa arancelaria aplicable. Las resoluciones de valoración y clasificación son impugnables ante la autoridad aduanera y, agotada la vía administrativa, ante la jurisdicción contencioso-administrativa.